La presente investigación cuestiona los criterios que deben seguirse para determinar la existencia de peligrosismo procesal por la pertenencia de un investigado a una organización criminal. Luego del análisis de quince autos de prisión preventiva, advertimos la existencia de criterios jurisprudenciales deficientes y la ausencia de una valoración judicial rigurosa y racional sobre los presupuestos de la prisión preventiva en el extremo de la pertenencia a una organización criminal. Frente a ello, la tesis propone tres criterios de valoración judicial consecutivos que permitirán crear una metodología de análisis acorde con el respeto de los principios y garantías procesales propios de un Estado de derecho. El primer criterio se concentra en el presupuesto de análisis, el segundo en los presupuestos de la prisión preventiva, y el tercero en la validación del análisis de los dos criterios previos. / This paper questions the criteria that should be followed by judges to determinate detention due to the existence of a criminal organization. After the analysis of fifteen pretrial detention orders, we noticed the existence of deficient jurisprudential criteria and the absence of a rigorous and rational judicial assessment in pretrial detention cases of criminal organization. Faced with this, this dissertation proposes three consecutive judicial criteria that should work as a methodology of judicial analysis in accordance with the principles and procedural guarantees of the rule of law. The first criterion focuses on the requirements of analysis, the second on the elements of pretrial detention, and the third on the validation of the analysis of the two previous criteria.

De acuerdo a las convenciones internacionales contra la corrupción y el principio Constitucional de proscripción de la corrupción el proceso penal peruano tiene los fines de perseguir y sancionar los delitos y con mayor razón si se trata de gran corrupción, juzgando a los responsables en los plazos establecidos y sancionarlos dando un mensaje a la sociedad de confiabilidad en el sistema democrático. Es probable que en el Perú el procesal penal contra la gran corrupción presente obstáculos que conlleve a que la población tenga desconfianza en la administración de justicia y se cree un clima de impunidad no evitando que la gran corrupción llegue a vulnerar derechos humanos si no es sancionada en su oportunidad. Para identificar ello este trabajo desarrolla que debemos entender por gran corrupción y porque su naturaleza procesal es compleja describiendo sus características y su tratamiento procesal penal como una organización criminal de acuerdo a la ley No 30077, siendo que los obstáculos que se han presentado de acuerdo al modelo acusatorio- adversarial, es el Ministerio Público y sus fiscales quienes deben afrontarlos para obtener elementos de convicción y asegurar la prueba para construir un caso que sea llevado a juicio con éxito y cumplir con los fines del proceso penal. / According to the international conventions against corruption and the Constitutional principle of proscription of corruption, the Peruvian criminal process has the purpose of prosecuting and punishing crimes and even more so in the case of grand corruption, judging those responsible within the established deadlines. and punish them by giving a message to society of reliability in the democratic system. It is probable that in Peru the criminal procedure against grand corruption presents obstacles that lead the population to have distrust in the administration of justice and a climate of impunity is created, not preventing grand corruption from violating human rights if it is not sanctioned. at your opportunity. To identify this, this work develops that we must understand grand corruption and because its procedural nature is complex, describing its characteristics and its criminal procedural treatment as a criminal organization according to Law No. 30077, being that the obstacles that have arisen according to the accusatory-adversarial model, it is the Public Ministry and its prosecutors who must face them to obtain elements of conviction and secure the evidence to build a case that is successfully brought to trial and fulfill the purposes of the criminal process. / Trabajo académico

La disminución o exención de la pena que se otorgue como incentivo a quien, habiendo participado en cierto hecho delictivo, coopera activamente en la obtención de pruebas y en la identificación de los demás intervinientes en ese y otros hechos, constituye una práctica extendida en diferentes países para hacer frente a determinadas formas de criminalidad. Bajo la premisa de que se trata de una herramienta eficaz para hacerse de información sustancial, esta práctica ha pasado a protagonizar la persecución del crimen, y, al estar exenta de controles suficientes, parece destellar ciertas notas de arbitrariedad. En nuestro país, esta práctica se sostiene a través de la colaboración eficaz, instrumento que ha acompañado la política criminal del Estado desde la época del terrorismo hasta la fecha. En los últimos años, ha cobrado especial notoriedad en razón a su empleo en los denominados casos emblemáticos –investigaciones de especial trascendencia–, y ello ha puesto en evidencia su volatilidad, al punto de cuestionarse su legitimidad en el marco de un Estado social y democrático de Derecho. ¿Es posible mantener un equilibrio entre el sistema de garantías y principios que definen la persecución penal en nuestro país, y la efectividad y eficacia que puede ofrecer esta forma de hacer frente a la delincuencia? Este trabajo parte de la premisa de que toda decisión político criminal debe afirmar el objetivo estatal recogido en nuestra Constitución y respetar el orden jurídico en ella establecido, sin que ello signifique dejar de responder a una realidad social. Por ello, se propone que la colaboración eficaz precise de límites que aseguren su empleo como una herramienta de justicia por encima de uno de poder político. Para alcanzar ese objetivo, se propone identificar las bases constitucionales sobre las cuales se construye la justicia penal en nuestro país. Bajo este esquema, es posible deducir en qué medida estas se reflejan en la justicia premial materializada a través de la colaboración eficaz, y, de ser el caso, proponer las modificaciones que correspondan.

While research increasingly recognizes the importance of civilian agency and strategies in influencing conflict dynamics and reducing civilian victimization in the context of armed conflict, research has until now not investigated whether civilians also have the capacity to limit organized criminal violence. This study thus aims to answer under which conditions civilians can protect themselves from and influence levels of organized criminal violence and draws on the literatures on civilian self-protection and autonomy strategies in the context of armed conflict, as well as on organized criminal governance and violence. I argue that civilian communities with high levels of social organization will experience lower levels of violence, as they are more likely to mount successful collective strategies that influence costs and benefits for organized crime groups to use violence. Using the method of structured focused comparison, this hypothesis is tested on the Colombian municipalities San Juan de Arama, Vistahermosa and Granada. The results show some support for the theorized relationship. In general, municipalities with higher levels of social organization experienced lower levels of organized criminal violence, but this relationship appears to be moderated by levels of civil war violence. Due to the explorative character of this study, more research is warranted.

La presente investigación está centrada en la acción frente a la inseguridad ciudadana, particularmente sobre las políticas contra la extorsión establecidas por el estado peruano. El texto explora algunos de los limitados datos estadísticos disponibles, recurriendo también al trabajo de campo mediante entrevistas a operadores, funcionarios, y especialistas involucrados en el proceso de investigación policial de la extorsión. Es así como se entiende la naturaleza de este delito, sus principales modalidades y los limitantes más comunes a la acción policial. Se han descubierto problemas relacionados a los recursos humanos disponibles por la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia del Callao, además de problemas para la logística y descoordinaciones con las demás instituciones involucradas en el proceso. A partir de los problemas descubiertos, se han establecido una serie de causas como la falta de capacitación del personal policial y su escaso número, la falta de equipos adecuados para realizar las investigaciones, y normas que obstaculizan la acción policial. Finalmente, la acción del Estado frente a la extorsión configurada en un problema público, a través de políticas públicas, permitió el análisis de las mismas a partir de enfoques teóricos de implementación. / Tesis

In late 2007, President of Mexico Felipe Calderon Hinojosa implemented a policy of direct confrontation with crime organizations, this decision generated a climate of widespread insecurity and increased high-impact crimes such as arbitrary executions, torture and forced disappearan- ces. In this context of violence some groups of society hired paramilitaries in San Pedro Garza García, Nuevo León and created self-defenses in some cities of Michoacán to protect their rights. This problem exhibited the incapacity of the State to provide public security and the situation of some territories formally under the rule of law but materially controlled by the organized crime. / A finales de 2007, el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, implementó una política de confrontación directa con la delincuencia organizada. Esta decisión propició un clima de inseguridad generalizada y se incrementaron los delitos de alto impacto como las ejecuciones arbitrarias, la tortura y la desaparición forzada. En este contexto de violencia, algunos grupos de la sociedad recurrieron a la seguridad privada a través de la contratación de paramilitares en San Pedro Garza García, en Nuevo León, y la formación de autodefensas en algunos municipios de Michoacán.  Este problema exhibió la incapacidad del Estado para proveer seguridad pública y la situación de algunos territorios que formalmente estaban gobernados por los poderes constituidos, pero materialmente estaban subyugados en un orden normativo paralelo contrario a laconstitución y, en algunas ocasiones, controlados totalmente por el crimen organizado.

This study aimed to understand the experience of young men and women with drug trafficking and the impact on drug use, involvement in criminal groups and insecurity. A case study design was utilized, with a focus group of 10 male and female participants. Results show that violence and insecurity generated by drug trafficking has encouraged the young people to avoid consumption of illegal drugs, or opt for easily accessible drugs to cope with the constant attempts by members of organized crime to recruit them. / El objetivo de esta investigación es conocer la experiencia de hombres y mujeres jóvenes con respecto al narcotráfico y su impacto en el consumo de drogas, la participación en grupos delictivos y la inseguridad. El diseño fue un estudio de caso, en el que se realizó un grupo focal con 10 participantes. Los resultados indican que la violencia e inseguridad generada por el narcotráfico ha motivado a las y los jóvenes a alejarse del consumo de drogas ilegales, u optar por drogas de fácil acceso, como estrategia de afrontamiento frente a los constantes intentos realizados por integrantes del crimen organizado para reclutar a los jóvenes. / O objetivo desta pesquisa é entender a experiência de homens e mulheres jovens com relação ao narcotráfico e seu impacto sobre o uso de drogas, a participação em grupos criminosos e a insegurança. O desenho da pesquisa foi um estudo de caso em que se realizou um grupo focal com 10 participantes. Os resultados indicam que a violência e insegurança produzidas pelo narcotráfico têm incentivado os jovens para se afastar do consumo de drogas ilegais, ou optar por drogas de fácil acesso, como estratégia para lidar com as constantes tentativas dos membros do crime organizado para recrutar jovens.

La presente investigación analizará las causas que generan una deficiente investigación practicada por el fiscal y la policía en la provincia de Trujillo departamento de La Libertad en el periodo comprendido entre el 2017 - 2019, en la investigación contra el crimen organizado, toda vez que ésta afecta significativamente a las diferentes esferas del Estado Peruano y a muchos países mundialmente. El país en las dos últimas décadas ha tenido un crecimiento económico, con buenos ingresos monetarios para las pequeñas, medias y grandes empresas, y ante este crecimiento, se ha visto la aparición de organizaciones criminales que mutaron de bandas criminales o pandillas callejeras a organizaciones criminales y que se aprovechan de estas empresas, para realizar su accionar delictivo en forma violenta, creando un estado de inseguridad creciente que afecta gravemente al país, y los operadores de justicia son los llamados a contrarrestarlos, pero que se vuelve difícil de cumplir, porque existen discrepancias por diferentes motivos entre la PNP, Ministerio Público y Poder Judicial que no les permite articular convenientemente sus funciones y se reflejan en investigaciones deficientes que permiten que los integrantes de las organizaciones criminales continúen operando impunemente con el clima consecuente de inseguridad e impunidad. El presente trabajo de investigación atribuye como principales causas del problema la desconfianza, celos profesionales, duplicidad de funciones, falta de capacitación del personal, por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional, debiendo articular sus actividades para lograr sus objetivos, a través de un protocolo de intervención conjunta entre los operadores de justicia antes mencionados, donde se establezca el respeto mutuo de los roles de cada institución en la lucha contra el crimen organizado en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Que se implante por disposición del Comando, en la lucha contra el crimen organizado, la Inteligencia Operativa Policial, es decir concentrar en las unidades especializadas, la inteligencia y la investigación criminal, en un solo equipo que concatena la búsqueda de información, procesamiento de la misma, intervenciones, detenciones y la reunión de los elementos de convicción para fortalecer la acción penal del Fiscal y lograrse un binomio efectivo ( PNP y MP), como resultado de una articulación adecuada en las investigaciones del crimen organizado. / The objective of this investigation is to analyze the causes that generate a deficient investigation carried out by the prosecutor and the police in the province of Trujillo, department of freedom, against organized crime. Since organized crime significantly affects the different spheres of the Peruvian State, and worldwide. The country in the last two decades has had economic growth, with good monetary income for small, medium and large companies, and given this economic growth, the appearance of criminal organizations has been seen, which have mutated from criminal gangs or street gangs to criminal organizations, and that take advantage of these companies, to carry out their criminal actions in a violent way, creating a state of growing insecurity that seriously affects the country, and justice operators are called to counter, but it becomes difficult to comply, because there are discrepancies for different reasons between the Police, the Public Ministry and the Judiciary, which do not allow them to properly articulate their own functions and are reflected in poor investigations, which allow members of criminal organizations to continue operating with impunity with the consequent climate of insecurity and impunity. This project attributes as the main causes of the problem mistrust, professional jealousy, duplication of functions, lack of training of personnel, by the public ministry and the national police, and to achieve its objectives, establish a protocol for joint intervention between the ministry public and national police, where mutual respect for the roles of each institution is established, in the fight against organized crime in the application of the new Penal procedural code. That the Police Operational Intelligence, that is to say, concentrate in specialized units, intelligence and criminal investigation, in a single team that concatenates the search for information, the same, interventions, arrests and the gathering of the elements of conviction to strengthen the criminal action of the Prosecutor and achieve an effective pairing (PNP Y MP), as a result of an adequate articulation in organized crime investigations.

El Derecho va cambiando según las necesidades que deba afrontar la sociedad, y con ello, van surgiendo nuevos tipos penales, otros van actualizándose, e incluso se crean nuevas formas de combatir el delito a través de procesos especiales. Siendo esto así, debemos ir a la par de estas actualizaciones, analizando y cuestionando lo nuevo que nos trae el Derecho. Es por eso que, el objetivo de este trabajo es, sobretodo, despejar las dudas más recurrentes que existen sobre un proceso creado para combatir “bienes” que contribuyen a la corrupción, que el Derecho Penal y Procesal Penal recién están conociendo, y que cobra protagonismo en la Casación N° 1408-2017-PUNO: el proceso de extinción de dominio aplicado a procesos de naturaleza compleja como de lavado de activos cuyo delito previo -en el caso- reside en la minería ilegal. Después de todo, sin el conocimiento pleno de sus alcances y propósitos, existirá la posibilidad de que se emitan sentencias que contravengan derechos fundamentales o que supongan una situación de impunidad. Es por este motivo que se realizará un análisis con respecto al proceso de extinción de dominio, para entender cuál es su objeto de aplicación (sobre todo en los casos de minería ilegal y lavado de activos), sus limitaciones, y cómo es su tratamiento respecto de los terceros de buena fe, para después compararlo con los modelos instaurados en Colombia y México, determinando cuáles son sus aciertos y desaciertos, y, en ese sentido, presentar recomendaciones para un proceso que considero no se le ha otorgado la importancia debida en la lucha contra la corrupción. / We know that Law is changing according to the needs that society must face, and with this, new criminal types are emerging, others are being updated, and new ways of combating crime are even created through special processes. Clarity, we must go hand in hand with these updates, analyzing and questioning what is new that Law brings us. This is why the objective of this work is, above all, to clear up the most recurrent doubts that exist about a process created to combat “assets” that contribute to corruption, that Criminal Law and Criminal Procedure are just learning about, and that charges prominence in Cassation 1408-2017-PUNO: the domain extinction action applied to processes of complex nature such as money laundering whose previous crime -in the case- lies in illegal mining. After all, without full knowledge of its scope and purposes, there will be possibility that sentences will be issued that violate fundamental rights or imply a situation of impunity. It is for this reason that an analysis will be carried out with respect to the domain extinction action, to understand what is its object of application (especially in cases of illegal mining and money laundering), its limitations, and how is its treatment regarding of third parties in good faith, to later compare it with the models established in Colombia and Mexico, determining what their successes and failures are, and, in that sense, present recommendations for a process that, I believe, has not been given due importance in the fight against corruption.

A pesar de las dificultades conceptuales y metodológicas para abordar el crimen organizado, existe evidencia empírica de una mayor concentración de delitos asociados a este fenómeno en algunos territorios. En el caso peruano, algunos de ellos, especialmente asociados al crimen predatorio, se concentran en las ciudades de la costa norte y centro (sicariato, extorsión, homicidio calificado). Tal es el caso de Trujillo (departamento de La Libertad), donde existe una importante atención mediática, del Estado y de algunos estudios al fenómeno de la violencia y el crimen organizado, mas no una comprensión de la relación entre dicha concentración delictiva y el territorio. Por ello, esta investigación busca, desde una aproximación cualitativa, comprender el funcionamiento de la organización social en un distrito de Trujillo (Florencia de Mora) que ha tenido una presencia importante de organizaciones criminales en las últimas décadas. Responde, por un lado, cómo ha sido la organización social del barrio en los últimos años y, por otro, cómo ha sido la presencia del crimen organizado en él. Además, busca comprender cómo los actores legales e ilegales se relacionan en este territorio y, con ello, identificar los mecanismos a través de los cuales organizaciones criminales dedicadas al crimen predatorio violento se han mantenido y transformado. Se encuentra que, en este caso, tanto la organización social barrial como la organización criminal han atravesado a lo largo de las últimas décadas un tránsito que va de lo comunitario/cohesionado a lo individual/disperso, cambiando las estructuras criminales en el mismo sentido en que han cambiado los niveles de eficacia colectiva. / Tesis