Th.--Droit--Bordeaux, 1955.

Mi interés por la realización del presente trabajo nace de las inquietudes surgidas a raíz del conflicto entre Israel y Palestina, más de tres años atrás. Profundizar un poco en el tema, así como recordar algunas lecciones de Derecho Internacional Público, me llevó a reflexionar e interrogarme sobre el derecho que tiene el pueblo palestino para formar un Estado propio o para autodeterminarse como mejor le parezca, sin ninguna clase de injerencia externa. En todo caso, deshojando las múltiples connotaciones y aristas de este conflicto, fue la percepción de cómo el vínculo identitario de las personas constituía un poderoso motor capaz de emprender toda clase de empresas colectivas, el factor motivador determinante para seguir ahondando en el tema. Así, profundizando en mis conocimientos y estudiando otros casos, como el de los vascos en España, los tamiles en Sri Lanka, los kurdos (divididos en 4 Estados distintos), los tibetanos en China entre otros, se hizo más notorio para mí cómo este vínculo identitario o el sentimiento de afinidad o pertenencia de una persona hacia un grupo humano determinado, era uno de los factores subyacentes más trascendentales (sino el más importante) para poder comprender la mayoría de los conflictos entre grupos humanos vigentes o latentes en la actualidad en el mundo. Resulta claro que éste no es un fenómeno nuevo en la historia. No sería posible explicar el devenir de la misma sin entender cuan poderoso condicionante y catalizador para las personas ha sido el vínculo identitario, desde los albores de la civilización humana. La formación de los Estados modernos representaría el producto contemporáneo más avanzado de acuerdo a esta forma de interpretar los cursos de la historia. / Tesis

Texte remanié de: Thèse de doctorat--Droit--Paris 2, 2002. / Bibliogr. p. 407-427. Index.

El proyecto del estudio del impacto ambiental constituye el primer esfuerzo para satisfacer las necesidades de contar con los estudios para obtener playas estables que colmen las expectativas de los usuarios, para lo cual se propondrá la alternativa más viable de la estabilización de las zonas de playas, basada en la determinación de la información hidro – ocenográfica; para crear una zona de aguas calmadas y protegidas de maretazos y el acondicionamiento del terreno ribereño con la presencia de áreas arenadas. Por tanto, el acondicionamiento de la obra será un factor determinante en el ámbito turístico, en donde, la zona podría crecer económicamente y aumentar el atractivo turístico. Por tal razón es muy importante realizar los estudios preliminares de las condiciones marítimas, y el impacto ambiental de las obras civiles, porque en ellos se sustentará los diseños y obras de ingeniería ha realizarse.

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Magíster en Gestión y Políticas Públicas / Reconocer y garantizar los derechos de los pueblos indígenas hoy en día constituye uno de los mayores desafíos para los Estados. Las demandas de los pueblos indígenas se enmarcan principalmente en torno al reconocimiento de sus derechos colectivos, fundamentalmente sus identidades colectivas, relación con la tierra y su efectiva participación en temas que les afecta. Dentro de los principales instrumentos de carácter vinculante se encuentra el Convenio 169 de la OIT, el cual despliega una serie de derechos y mecanismo que los Estados signatarios deben hacer cumplir a través de su institucionalidad pública, por medio de políticas públicas transversales que den respuesta a las demandas más sentidas por sus pueblos indígenas. Este estudio de caso describe y analiza el desarrollo de la institucionalidad pública de Guatemala y Chile en los últimos 20 años, orientada a los pueblos indígenas. Para ello se realizó un recorrido histórico sobre los hitos más representativos para los pueblos indígenas de cada país, el cual permitió conocer sus antecedentes políticos e institucionales y los diferentes instrumentos normativos desarrollados en favor de los pueblos indígenas. Este recorrido permitió insumar el marco conceptual y describir la trayectoria institucional de ambos países, dejando en evidencia que gran parte de la institucionalidad pública en materia indígena que actualmente tienen, responde a coyunturas políticas, en donde las relaciones entre pueblos indígenas y Estado, estaban debilitadas; en Guatemala se debía al conflicto armado interno de 36 años y en Chile por su régimen de dictadura, la transición hacia un sistema democrático en ambos países dio lugar a la generación de acuerdos políticos, que en el transcurso del tiempo fueron utilizados para la creación de una institucionalidad formal en favor de los pueblos indígenas. Pese a la voluntad mostrada por los distintos gobiernos a lo largo de los últimos 20 años, aún quedan grandes desafío y demandas pendientes de ser atendidas. En el caso de Guatemala se observa la necesidad de dotar principalmente de recursos humanos y financieros a las instituciones ya establecidas a partir de los Acuerdos de Paz, que si bien registran avances, principalmente impulsando reformas normativas, la realidad cotidiana de la población indígena ha cambiado muy poco. En Chile, el principal desafío está vinculado al reconocimiento constitucional y a garantizar el uso de la consulta, como mecanismo de participación legitimada principalmente por el Convenio 169 de la OIT, que versa en que los pueblos indígenas puedan participar de manera informada, previa y libre en los proceso de desarrollo y formulación de políticas que les afecte. Además es necesario comprender que el énfasis de estos mecanismos de participación (consulta, mesas, diálogos ciudadanos), no deben de estar puesto en el procedimiento sino en alcanzar acuerdos para el debido reconocimiento y ejercicios de los derechos de los pueblos indígenas.

Thesis (Ph. D.)--University of Wisconsin--Madison, 1996. / Typescript. eContent provider-neutral record in process. Description based on print version record. Includes bibliographical references (leaves 308-324).

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene como objeto central analizar algunas de las consecuencias normativas que, a nivel constitucional, se deducen de la asunción del denominado Estado Social y Constitucional de Derecho. Para ello, luego de un capítulo introductorio, el capítulo II describe algunos de los presupuestos que conformaron el Estado de Derecho en las postrimerías del siglo XVIII, con el fin que los capítulos III y IV puedan dar cuenta de la transformación que en los siglos siguientes experimentó esta configuración inicial. Así, en estos capítulos se describen, respectivamente, los procesos que llevaron a la socialización y constitucionalización del Derecho. Junto con ello, en los capítulos III y IV se analizan algunas de las consecuencias constitucionales que supone la consolidación del modelo del Estado Social y Constitucional de Derecho, como son la aparición de derechos sociales y de prestación, el surgimiento de derechos colectivos y de bienestar, la adopción de mandatos o cláusulas de estado social y de fuerza vinculante de la Constitución y el desarrollo de un procedimiento establecido para la garantía jurisdiccional de la Constitución, entre otros. Adicionalmente, en el capítulo V se analiza una de las cuestiones que ha generado mayor discusión en relación a las consecuencias normativas del paradigma del Estado Constitucional de Derecho como la referida a los alcances del rol que debe ejercer el TC en el control de constitucionalidad de la ley. Dado que a través de esta memoria se constata que la asunción Estado Social y Constitucional de Derecho ha traído aparejada una pérdida de relevancia del legislador democrático dentro del sistema de fuentes y que ello significa costos importantes no sólo desde un punto de vista político, sino que también para la pretensión de formalización del Derecho, se sugieren distintos acomodos institucionales que permitan algún nivel de complementariedad entre los presupuestos del Estado Social y Constitucional de Derecho y la regla de mayoría

Propone completar un vacío doctrinario con respecto a la perención, a fin de facilitar a los operadores de justicia la mejor interpretación de las normas que la regulan. En Perú, a diferencia de todas las demás legislaciones procesales, la perención tiene dos consecuencias, que van más allá del cese de toda actividad procesal i) Una moratoria, por la cual el actor de un proceso judicial que concluyó por perención no puede volver a pretender lo mismo por un período de un año; y, ii) La extinción del derecho reclamado, cuando se incurre en perención por segunda vez. Por ello, términos de perención, tenemos que explorar dos tipos de motivos; en primer lugar, si se justifica que la perención siga vigente en las legislaciones procesales, y más aún en aquellas, como la peruana, que contemplan el impulso de oficio como un deber del juez; y, en segundo lugar, si las consecuencias de la perención peruana (la moratoria y la extinción del derecho pretendido) tienen un sustento atendible. / Tesis

En el presente proyecto se hace una evaluación a los métodos y procesos constructivos empleados en nuestro medio para el emplazamiento de muros de contención de hormigón ciclópeo, asimismo, se realiza el análisis de las actuales especificaciones técnicas del Gobierno Municipal de La Paz referente a este tipo de obras, esto ha permitido identificar una serie de deficiencias tales como malas practicas constructivas, escasez de estudios de suelos e insuficiencia de ensayos de control de calidad. En consecuencia se plantean criterios para que el GMLP modifique los pliegos de especificaciones técnicas y también considere la capacitación de profesionales y de obreros dedicados a la construcción de obras civiles