Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto analizar descriptivamente el sentido y alcance de los principios económicos fundamentales consagrados en la Constitución de 1980. Para este cometido, se revisarán las construcciones doctrinarias de la materia, en donde se distingue una línea interpretativa dominante, caracterizada por ser la línea primordial en las cátedras de Derecho Económico y Derecho Constitucional Económico. En el cuerpo de esta memoria, se analizan en primer lugar, los antecedentes y la historia del establecimiento de los principios económicos fundamentales en la Constitución de 1980, a decir: la Declaración de Principios de 1974; las políticas económicas implementadas desde la dictadura; en Derecho Económico, la vinculación entre Orden Público Económico y Economía Social de Mercado; y por último, la particular formulación de los principios en la Constitución. Luego en un segundo capítulo, se revisan descriptivamente cada uno de los principios económicos considerados fundamentales, sus características generales, sus respectivas consagraciones y protecciones ofrecidas por el sistema constitucional y normativo. Finalmente, se indican las conclusiones en torno a la línea interpretativa de la doctrina dominante y sus consecuencias, en atención a que hasta la fecha, los principios económicos fundamentales siguen manteniendo su formato o redacción original, y su sentido y alcance construidos hace ya más de 40 años.

Analiza la protección constitucional del consumidor en las constituciones de 1979 y 1993 y las características del mercado de servicios públicos en el Perú, para establecer las diferencias entre los consumidores de servicios públicos regulados y los consumidores de otros mercados, para medir el nivel de protección que brinda el actual marco constitucional al consumidor de servicios esenciales y proponer una reforma parcial de la Constitución basado en el principio de igualdad que procura trato diferenciado a sujetos de derecho que se encuentra en desigualdad de condiciones. Para ello, utilizando el método funcional, no solo se examinan los antecedentes normativos y constitucionales del sistema de protección, sino que mediante el estudio de la teoría de la noción de servicios públicos, se indaga en los acontecimiento sociales, económicos y políticos de la crisis del servicio público en el Perú, valiéndose para ello de información estadística de organismos reguladores y el agente de la competencia (INDECOPI). Además de entrevistas a especialistas en derecho constitucional, derecho administrativo y derecho de protección al consumir. Para finalmente contrastar la hipótesis de investigación a través del procesamiento de la información, lo que permite proponer una fórmula de reforma constitucional que postula el reconocimiento de los derechos del consumidor de servicios públicos y la autonomía constitucional de los organismos reguladores. / Tesis

Memoria para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

Busca determiar si el control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional de las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura es una amenaza para su libertad e independencia. Además, se va buscar determinar las posibles contradicciones y la posible falta de uniformidad en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, en el control de las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de la Magistratura; finalmente, establecer los límites respecto a la forma de actuar del Tribunal Constitucional, como garante de la Constitución. El estudio es básicamente de naturaleza aplicada, por cuanto su sustento es doctrinal, con estudio de la bibliografía y hemerografía pertinentes, jurisprudencia, legislación como también lleva a cabo una investigación empírica aplicada a través de una encuesta dirigida a 96 encuestados fruto de una estrategia probabilística. / Tesis

Tesis (doctor en derecho)

De modo general, las entidades del sistema financiero tienen la obligación de evaluar las operaciones que conforman su cartera crediticia, tomando en cuenta varios factores, entre estos, la capacidad del pago del solicitante. No obstante, las particularidades de los créditos hipotecarios exigen analizar si la edad es o no un criterio compatible con la Constitución para efectos de decidir su otorgamiento, al amparo de la libertad de contratar y otras razones de índole constitucional; o si, por el contrario, estamos frente a un supuesto de discriminación o vulneración del derecho a la igualdad. Sobre la base de un enfoque jurisprudencial y argumentativo, la presente investigación tiene como objeto principal demostrar que, desde una perspectiva constitucional, resulta válido que las entidades del sistema financiero establezcan diferenciaciones por razón de la edad en el otorgamiento de créditos hipotecarios, ya que, los derechos en conflicto no solo se limitan a la libertad de contratar y al derecho a la igualdad, sino que, por la propia naturaleza de la actividad financiera, los recursos que se utilizan en este sector provienen de ahorros del público, cuya protección deriva de un mandato expreso de la Constitución, cuyo fin último apunta a prevenir el riesgo sistémico en el país, tomando como referencia la última crisis global de 2008 que precisamente surgió en el campo de los créditos hipotecarios; y, además, porque en el ordenamiento jurídico de nivel constitucional, el ejercicio de algunos derechos relacionados a la participación en la vida política del país está condicionado a tener una edad mínima o máxima, lo que permite asociar este concepto a la aptitud o capacidad de las personas para desenvolverse en ciertos ámbitos, siendo este un criterio aplicable válidamente en la evaluación de créditos hipotecarios, tomando en cuenta las particularidades de este producto financiero asociadas al factor riesgo.

Partiendo de la actividad deportiva como una actividad integradora de la persona, se abordan algunos temas directamente relacionados con dicha actividad como lo son su la protección constitucional, los derechos fundamentales en conflicto, la regulación administrativa de dicha actividad, así como otros aspectos esenciales como la protección penal del deporte (infracciones penales), medidas cautelares limitadoras de derechos fundamentales del deportista dentro del proceso penal y una referencia a las personas jurídicas.

El presente tema surge de la necesidad de encontrar en el ordenamiento jurídico nacional, el adecuado respaldo para la protección de los derechos de la persona jurídica en el ámbito constitucional. Esta muchas veces ve afectados sus derechos, debido a que no encuentra otra vía donde acudir, más que el proceso ordinario de la vía judicial, viéndose limitada para defender sus derechos reconocidos en la Constitución. Por ello encontramos crucial esta problemática de integración de la persona jurídica en los procesos constitucionales a partir del reconocimiento explícito del fundamento de atribución de sus derechos regulados en la Constitución. Para llegar a entender que los derechos que se encuentran regulados en la Constitución le son aplicables a la persona jurídica, en virtud de su naturaleza y personalidad jurídica; proponemos en este trabajo la teoría de los derechos constitucionalmente reconocidos de la persona jurídica. Para ello hemos acudido a temas básicos de Derecho Natural, Filosofía del Derecho, Derecho Constitucional y Derecho de la Persona Jurídica, con la finalidad de demostrar en qué momento se presenta la diversificación de un Derecho fundamental, de un Derecho constitucionalmente reconocido, entendiendo a este último como atribuible a la persona jurídica y por ende a la debida defensa procesal constitucional de la misma.La importancia que representa un derecho constitucionalmente reconocido en la Constitución es trascendental; debido a que éste, es un derecho propio de la persona jurídica en razón de su naturaleza jurídica, pero que al mismo tiempo se ve reconocido en el ordenamiento jurídico constitucional, esto a pesar de no haber sido regulado para la persona jurídica, sin embargo es factible de ser ejercido por ella en razón de la naturaleza misma del derecho (Ej. Derecho al debido proceso). Es así, que esta evidente realidad jurídica, permite el libre acceso de la persona jurídica a los mecanismos de defensa en el ámbito procesal constitucional, con la eficacia e inmediatez que estos representan.

En la actualidad el Derecho continúa en constante cambio, por ser una ciencia social es consecuente que conforme evolucione la sociedad, el derecho y la forma de aplicarlo se fundamente en distintas posiciones argumentativas. Siendo el Perú un Estado Constitucional de Derecho, se acentúan las exigencias de justicia para tutelar los derechos fundamentales y la labor del juez en la resolución de conflictos se torna más compleja, al tener que analizar y valorar la norma para resolver un caso concreto, interpretándola con discrecionalidad e independencia y validándola constitucionalmente; puesto que al emitirse una sentencia, esta debe brindar soluciones razonables y justas lo que no necesariamente significa interpretar de manera literal la norma. Es así que a partir del siglo XXI, se deja de lado la interpretación literal de la norma, es decir un positivismo normativista, transformándose en una interpretación argumentativa; debido a que la norma en algunas ocasiones puede tener vacíos o lagunas, puesto que los jueces no solo aplican el derecho, sino que a veces directamente crean un nuevo derecho, lo cual origina diferentes posiciones en la hermenéutica jurídica, debido a que el juez en ese proceso interpretativo no puede caer en arbitrariedades. Conforme se contrasta con la realidad peruana, se emiten múltiples pronunciamientos de interpretación de parte de los jueces del Poder Judicial mediante precedentes vinculantes y plenos jurisdiccionales, sin embargo al existir diferentes posiciones al momento de interpretar, no se puede señalar si llegan a invadir facultades más allá de lo que la Constitución les proporciona, es por ello que se hace necesario implementar mecanismos de control o parámetros interpretativos, de aquello en donde reposa el desplazamiento del polo de tensión: entre la creación judicial y la discrecionalidad judicial.

En nuestra realidad actual, la normativa constitucional y legal presenta “vacíos” respecto a la regulación del estado de emergencia. Tales vacíos conllevan a que el poder ejecutivo, específicamente el Presidente de la República en ejercicio de sus facultades discrecionales, vulnere el carácter instrumental o excepcional del estado de excepción. Por tal razón, planteamos la propuesta de Reforma Constitucional del artículo 137 inciso 1, de la Constitución Política del Perú, a fin de regular las facultades atribuidas al Presidente de la República cuando declara el estado de emergencia. Estas facultades solo podrán ser utilizadas cuando las circunstancias extraordinarias no puedan ser conjuradas o combatidas por los medios ordinarios de control y persuasión con que cuenta el Estado.