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Con la presente Tesis se han identificado diversas críticas a la labor del Tribunal Constitucional, las cuales lo califican como un ente jurisdiccional esencialmente formalista al momento de resolver los procesos de inconstitucionalidad contra ordenanzas regionales y locales que fueron expedidas para proteger el derecho al medio ambiente, toda vez que antes de apelar al principio de protección a los derechos humanos se sirve del principio de competencia para declarar la invalidez de las mismas. Frente a ello, la presente Tesis identifica el problema implícito en lo señalado, bajo la siguiente pregunta:¿Debe el Tribunal Constitucional tutelar el derecho al medio ambiente declarando la invalidez de ordenanzas regionales y/o locales que buscan proteger el mencionado derecho pero que contravienen el principio de competencia? Ante tal pregunta, la hipótesis del presente trabajo es que el Tribunal Constitucional ejerce un rol de tutela del derecho al medio ambiente, al declarar la invalidez de las ordenanzas regionales y/o locales viciadas de incompetencia que buscan proteger el mencionado derecho cuando –adicionalmente- exhorta a las entidades competentes para actuar a favor del mismo. Para demostrar la referida hipótesis, bajo una visión jurídica y de las ciencias políticas, con la presente Tesis se desarrolla el correspondiente Objetivo General, el cual consiste en demostrar que el Tribunal Constitucional debe ejercer el rol de garante del derecho al medio ambiente al declarar la invalidez de ordenanzas regionales y/o locales que buscaban proteger el referido derecho pero que se encontraban viciadas de incompetencia, siempre y cuando exhorte a los entes competentes para que cumplan con su labor de tutela del derecho al medio ambiente en el marco de sus competencias. Para llegar a tal fin general, en el desarrollo del presente trabajo se abordan los siguiente Objetivos Específicos: Específico 1: Demostrar que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional tienen repercusiones en la resolución de conflictos sociales al resolver controversias relacionadas al derecho al medio ambiente. Específico 2: Demostrar que el Tribunal Constitucional, al tomar conocimiento de los procesos de inconstitucionalidad iniciados entre los años 2005 al 2016 contra ordenanzas regionales y/o locales expedidas para proteger derechos humanos en general y, en específico, el derecho al medio ambiente, en algunos casos resolvió la controversia únicamente apelando al principio de competencia y en otros apelando también al principio de garantía de los derechos humanos. Específico 3: Demostrar que el hecho que el Tribunal Constitucional haya apelado al principio de competencia al analizar la validez de las ordenanzas regionales y locales que buscan proteger el derecho al medio ambiente tiene tanto una justificación jurídica como también una explicación política. Específico 4: Demostrar que resulta correcto que el Tribunal Constitucional no deje de aplicar el principio de competencia, por más que la norma viciada de incompetencia busque proteger el derecho al medio ambiente. Específico 5: Demostrar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha desarrollado diversos criterios que permiten hacer compatible el principio de garantía de los derechos humanos con el principio de competencia tanto a nivel argumentativo como a nivel decisorio. Sobre esto último, se busca demostrar que las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una ordenanza regional o local también podrán proteger el derecho al medio ambiente si es que se exhorta a los entes a cumplir con sus competencias sobre la materia. / Tesis

El presente trabajo académico analiza el alcance del derecho constitucional a la igualdad remunerativa en la elaboración, aprobación y posterior aplicación de escalas salariales en el empleo público, a fin de identificar aquellos factores de diferenciación salarial que vulneran dicho derecho, esto al basarse en un criterio de carezca de una justificación objetiva o razonable. Específicamente, se estudia dos regímenes laborales, el régimen de la actividad privada regulada por el Decreto Legislativo N° 728, y el régimen de contratación administrativa de servicios (CAS) regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, pues en éstos no existe un sistema único homologado de remuneraciones. Para tal efecto, se realiza una revisión de la doctrina especializada que nos permita identificar los criterios de diferenciación salarial que resultan válidos constitucionalmente, y luego se examina la casuística recaída en los fallos de tribunales peruanos. El trabajo concluye que no existe una regulación que establezca lineamientos claros y objetivos para la elaboración de escalas salariales en el empleo público, pues la legislación solo se limita a normar el piso mínimo y el tope máximo de remuneración que puede percibir un servidor público, ello ocasiona que las escalas varíen sustancialmente de una Entidad a otra, e incluso dentro de una misma organización, lo cual trasgrede el derecho a la igualdad remunerativa. Así también, se apuntala que se vulnera el derecho a la igualdad remunerativa cuando la organización estatal aprueba una escala remunerativa que establece mayores salarios solo para un régimen laboral, aun cuando coexistan, dentro de aquella, dos o más regímenes laborales. De igual manera, se contraviene el derecho a la igualdad salarial cuando se aplica una nueva escala salarial a los nuevos trabajadores y no a los antiguos, tal y como se encuentra regulado en la actual legislación sobre régimen CAS. / Trabajo académico

Los tribunales constitucionales están difundidos y consolidados institucionalmente en la mayoría de las democracias, de modo que el debate sobre la legitimidad democrática de la justicia constitucional no debe se concentrar exclusivamente en la cuestión normativa sobre qué tipo de poder deben tener estos tribunales, sino también envolver el problema sobre cómo ellos de hecho ejercen ese poder, lo que suscita un análisis de sus prácticas de decisión y de argumentación, que hoy representan un elemento fundamental de su autoridad y credibilidad institucionales y reivindica un papel teórico crucial de las teorías del discurso y de la argumentación jurídica. Sin embargo, estas teorías siempre se caracterizaron por ser esencialmente normativas y analíticas y enfocaren en la justificación de las decisiones por el juez individual. Esta tesis de doctorado construye algunas bases de una teoría de la argumentación jurídica que sea más empírica para comprender cómo los tribunales constitucionales de hecho argumentan y deciden, y más pragmática para ofrecer propuestas de perfeccionamiento institucional. El foco de análisis no incide en la fundamentación desarrollada monológicamente en los textos de las decisiones, sino en las prácticas de deliberación entre los magistrados, como discursos argumentativos de carácter intersubjetivo e interactivo en el ámbito de los órganos colegiados de los tribunales constitucionales, en los cuales ganan relevo los aspectos dialécticos y retóricos de la argumentación. La tesis está dividida en tres partes. La Parte I relaciona las temáticas de la jurisdicción constitucional, de la democracia (deliberativa) y de la argumentación jurídica, estableciendo una conexión entre los distintos campos de estudio de la teoría constitucional, de la teoría política y de la teoría de la argumentación jurídica, y trabaja con algunas premisas que pueden servir de base para la construcción de una teoría de la argumentación constitucional, o sea, una teoría sobre las prácticas argumentativas de los tribunales constitucionales, en las cuales tiene aspecto central la deliberación entre los magistrados. La Parte II presenta los resultados de la investigación empírica cualitativa realizada en el Tribunal Constitucional de España y en el Supremo Tribunal Federal de Brasil, especialmente con entrevistas a los magistrados de estos tribunales, describiendo los aspectos más importantes de sus prácticas deliberativas, las cuales corresponden a dos modelos distintos en el plano del derecho comparado: el modelo de deliberación secreta y de decisión per curiam y el modelo de deliberación pública y de decisión seriatim. La Parte III es destinada a la reflexión sobre algunos desafíos analíticos de la teoría de la argumentación constitucional frente a los aspectos institucionales de la deliberación en los tribunales constitucionales revelados en la Parte II. Finalmente, colocando el acento en el campo pragmático de la teoría, se formula un decálogo de directrices para el perfeccionamiento institucional de la capacidad deliberativa de los tribunales analizados.

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Aborda el problema de la falta de tipificación de las infracciones constitucionales en el juicio político peruano. Para ello, hace un análisis de la acusación constitucional expresada en el antejuicio y el juicio político, en el desarrollo de esta figura jurídica en la doctrina nacional y comparada, así como en la legislación peruana y extranjera, como también en el desarrollo jurisprudencial que ha tenido en el Tribunal Constitucional Peruano. Propone, como principal solución, una reforma constitucional y una modificación en el Reglamento del Congreso de la República. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Las medidas de seguridad se encuentran contempladas como una de las posibles reacciones jurídicas ante la comisión del delito. A diferencia de la pena, impuesta sobre la base de la culpabilidad, la medida de seguridad se funda en la peligrosidad del individuo. Esta memoria analizará esta institución a la luz del derecho constitucional y de la dogmática penal. Así, partiendo desde los consensos elementales exigibles dentro de un estado democrático de derecho, se realizará un examen crítico de la regulación legal y reglamentaria de las medidas de seguridad en el ordenamiento nacional, detectando sus principales falencias e inconsistencias, así como las diversas vulneraciones a los derechos fundamentales que pueden ocasionarse con su imposición.

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En nuestro contexto, uno de los fenómenos con mayor incidencia en la mutación de los atributos y funciones estatales es el proceso de integración europea. Un proceso, como sabemos, que adquiere una formulación jurídica específica: la Unión Europea, que tiene como núcleo la realidad institucional que le ofrece la Comunidad Europea.¿Qué alcance tiene la transformación del Estado operada a partir de su pertenencia a esa nueva entidad comunitaria? ¿De qué manera quedan afectadas las posibilidades de vigencia de los principios del constitucionalismo democrático? ¿Qué implicaciones constitucionales se derivan de la noción de integración que incorpora el art. 93 de la Constitución española?A la hora de abordar el análisis de las implicaciones jurídicas del proceso de integración comunitaria, existen en el actual panorama doctrinal y jurisprudencial dos grandes posicionamientos: las visiones representadas por el monismo comunitarista del Tribunal de Justicia de la Comunidad, y las visiones representadas por el Tribunal Constitucional alemán, seguidas en buena parte por el Tribunal Constitucional español.Las dos perspectivas recién mencionadas aunque enfrentadas en cuanto a resultados son coincidentes por lo que a los planteamientos de fondo se refiere. Ambas concuerdan en una visión monista según la cual debe poder identificarse el ordenamiento, el órgano o institución, que tenga la última palabra y asegure así la coherencia de un sistema que en último extremo debe resultar unitario.El presente trabajo viene motivado principalmente por la consideración del carácter insatisfactorio de los planteamientos recién recogidos. Se considera, por un lado, que se trata de perspectivas insuficientes a la hora de describir las verdaderas implicaciones del proceso de integración europea. Por otra parte, se cree que de tal insuficiencia nace además una incapacidad prescriptiva de cara a proponer los instrumentos jurídicos que deban asegurar la vigencia de los principios propios del constitucionalismo, esto es, la exigencia del control y limitación de los distintos centros de poder, así como la existencia de cauces reales de participación popular en la toma de decisiones políticas (legitimación democrática de origen y de desarrollo), partiendo del ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.La quiebra del principio de unidad ordinamental, obliga a repensar la idea de Estado tanto por lo que respecta a sus distintos atributos o fragmentos (pueblo, poder y territorio), como por lo que se refiere a sus funciones. Y es desde tal replanteamiento desde el que se deberá enfocar el análisis de las implicaciones del proceso de integración comunitaria.La tesis se enfrenta al reto de proponer un planteamiento teórico distinto, que consiste básicamente en fundamentar la separación ordinamental y asumir las consecuencias que se derivan de la autonomía de los sistemas comunitario y estatales, propuesta enfrentada con la actual línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional español. Desde tal perspectiva, los ejes fundamentales de la propuesta son dos> la consideración de la recíproca, aunque mutuamente condicionada, autonomía de los ordenamientos en presencia; la dinámica de la interrelación como pauta de explicación de la relación entre ordenamientos autónomos.Frente a los enfoques monistas, se propone una perspectiva distinta que rechaza la existencia de dos lógicas contradictorias, la de la integración y la de la soberanía estatal, apostando por la visión global de la interrelación de dos realidades que, referidas ambas a unos mismos destinatarios finales, no pueden ser entendidas la una sin la otra.Detrás de estas cuestiones se sitúa uno de los principales interrogantes que la integración comunitaria nos plantea: ¿resulta posible la vigencia de los principios del constitucionalismo democrático en un marco político supraestatal? / In our context, one of the phenomena with the greatest influence in the mutation of the state's attributes and functions is the process of European integration. As we know, it is a process that acquires a specific juridical formulation: The European Union, which has as its nucleus the institutional reality that the European Community offers.How far-reaching is the state transformation as part of this new common entity? In what ways are the democratic constitutional principles affected? What are constitutional implications resulting from the conception of integration that incorporates Article 93 of the Spanish Constitution?In analyzing the juridical implications of the European integration process, two major positions emerge in the current doctrinal and jurisprudence panorama. One is the communitarian monist beliefs represented by the European Court of Justice; the other, the statist monist view represented by the German Constitutional Court and that the Spanish Constitutional Court also follows.Although the two previously mentioned perspectives are dissimilar in terms of results, they coincide in their fundamental expositions. Both concur in their monist view, which, correspondingly, can identify the legal order, organ or institution that has the last word and can assure, then, a coherent system that above all else has to be united.This work comes about as a result of a dissatisfaction with these two conceptions. On one hand, it is considered that they are inadequate to describe the real implications of the European integration process. On the other hand, it is believed that this deficiency results in a prescriptive incapacity upon proposing judicial tools that should ensure the validity of the constitutional principles. That is to say, the necessity of control and limitation of the different hubs of power, as is the existence of real channels for popular participation in making political decisions (original and developing democratic legitimation), starting from an effective exercise of fundamental rights.The failure of a uniform legal order principle calls for rethinking the idea of the State, as much for its different attributes or fragments (people, power and territory) as for its functions. It is from this position that the analysis of the implications of the European integration process has to be focused.This thesis faces the challenge of proposing a different theoretical view that basically consists in justifying the separation of the legal order and assuming the consequences that arise from European and state system autonomy. This proposal is at odds with the current line of jurisprudence of the Spanish Constitutional Court. From this point of view, there are two central arguments: the consideration of autonomy - albeit mutually conditioned - of the present legal orders; and the dynamics of its inter-relation as a starting point for a description of the relationship between autonomous legal orders.A different perspective is offered to counter that of the monist school of thought. This view rejects the existence of two contradictory doctrines of integration and state sovereignty, and advocates the global vision of inter-relation of two realities that neither, being directed to the same final destination , can be understood one without the other.From under these issues arises one of the major questions that the European integration presents: Is the validity of the democratic constitutional principle within a supra-state political frame possible?