En nuestro siglo XXI la prueba del daño moral en nuestra Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha sido vacilante creando a todas luces inseguridad para el justiciable. La cantidad de Ejecutorias de la prueba del daño moral expedidas por los Magistrados de la Sala Civil de nuestra Corte Suprema ha tenido criterios muy variados, por lo que la percepción que tiene el justiciable respecto del Poder Judicial no ha sido muy bien vista. Esta problemática es muy compleja porque se circunscribe en la parte afectiva del ser humano y que muy pocos doctrinarios peruanos han sido sensibles de percibir y escribir sobre dicho problema. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En el Capítulo I, explicamos la relación existente entre el enfoque tradicional que se ha dado al estudio del derecho de daños y nuestro enfoque de «responsabilidad personal» y damos cuenta de la estructura básica del derecho de daños en términos de correlatividad, intereses protegidos, conductas sancionadas y sanciones. En los Capítulos 2, 3 y 4 respectivamente, ofrecemos explicaciones acerca de los diversos tipos de conductas que el derecho de daños sanciona, de las diversas clases de intereses que protege, y de las sanciones mediante las cuales se materializa dicha protección y sanción. En el Capítulo 5, hilamos los cabos de los tres Capítulos precedentes y mostramos la forma en que los diversos intereses protegidos y las varias clases de conductas sancionadas por el derecho de daños se combinan en supuestos de responsabilidad, definidos en términos de intereses protegidos y conductas sancionadas que gatillan las diversas sanciones disponibles en el derecho de daños. Como es evidente, el derecho de daños no es el único que puede ser descrito en función de la ética de la responsabilidad personal, como tampoco es el único que cuenta con una estructura correlativa. El Capítulo 6 se hace cargo de dos complejas preguntas que surgen a propósito de nuestro enfoque: qué cosa, si acaso existe, es la que cohesiona lo que tradicionalmente se conoce como derecho de daños, qué es lo que le da «unidad»; y, en qué forma, de haberla, es que se distingue ese cuerpo normativo de otros que también abordan la responsabilidad personal (como el derecho contractual). El argumento básico de este Capítulo consiste en que las categorías jurídicas, como ilícito civil y contrato, sólo sirven, si es que sirven para algo, para efectos pedagógicos y para facilitar el acceso a materiales jurídicos. Esta conclusión no será bien recibida por aquellos que pretenden, por las razones que sea, preservar la precisión conceptual en las divisiones de las diversas áreas del derecho civil. Entre otras cosas, tiene consecuencias relevantes a propósito de la concurrencia de responsabilidades y en cuanto al análisis del denominado «derecho de las obligaciones». Por último, en el Capítulo 7, exploramos las implicancias de nuestro enfoque para la relación entre doctrina, reglas y principios del derecho de daños, por una parte, y las funciones y efectos del derecho, por la otra. Esta relación es compleja porque los abogados que ejercen la profesión y sus clientes frecuentemente pretenden invocar el derecho de daños con finalidades pragmáticas, lo que muchas veces entra en conflicto con los principios de responsabilidad personal que subyacen a esa doctrina. La tesis central de este Capítulo consiste en que tanto el sentido como el valor del derecho de daños, visto como un conjunto de reglas éticas y principios de responsabilidad personal, solamente pueden ser comprendidos adecuadamente en tanto se consideren sus funciones y efectos. Lo anterior se debe a que existe una relación simbiótica entre las reglas y principios del derecho de daños y sus funciones y efectos.

Manifiesta que en el ordenamiento peruano existe la creencia generalizada, sobre todo en la jurisprudencia, que la antijuridicidad es un elemento constitutivo en el análisis de la responsabilidad civil. La presente investigación es un intento por evidenciar que tanto desde una perspectiva normativa como lógica la antijuridicidad no condiciona la imposición de una obligación resarcitoria en el responsable. Como consecuencia de lo anterior se afirma que los actos lícitos dañosos, a diferencia de los ordenamientos jurídicos en donde la antijuridicidad condiciona la responsabilidad civil, son actos generadores de responsabilidad propiamente dichos. Sin embargo, dada la particular naturaleza los intereses que se ven confrontados cuando el daño es causado por una actividad lícita, se sostiene que existen particulares características del tratamiento de un acto lícito dañoso, tal como lo sería la improcedencia de mecanismos de tutela tales como la inhibitoria o la remoción del ilícito, así como el hecho que la indemnización no se rija por el principio de la reparación integral de la víctima. / Tesis

Ingeniero Civil / El objetivo de este trabajo es reunir los antecedentes de los efectos del terremoto más grande registrado en la historia, ocurrido en las cercanías de la ciudad de Valdivia el día 22 de mayo de 1960 (Mw = 9.5), y del mayor de sus precursores, ocurrido el día 21 de mayo en la zona de la bahía de Arauco al sur de la ciudad de Concepción. Con los antecedentes reunidos, se estimaron las intensidades macrosísmicas a partir de los daños informados principalmente por la prensa de la época e informes técnicos en 109 localidades ubicadas dentro del área de daños de ambos terremotos. Con este propósito se utilizó el método propuesto por la escala MSK de intensidades adaptado a las características de las construcciones chilenas. De las intensidades obtenidas se concluye que en ambos eventos se produjeron intensidades máximas cercanas a un grado IMSK=VIII si se descartan las localidades donde se presentan efectos de condiciones locales desfavorables. La diferencia entre ambos terremotos se observa más bien en la gran extensión de la zona donde los daños permiten estimar una intensidad macrosísmica de grado VII-VIII para el terremoto del día 22 de mayo. Teniendo en cuenta estos valores de la intensidad macrosísmica, se confirma que el daño estructural en las construcciones con diseño sísmico existentes en la zona de daños, fue moderado como lo destacan los informes de los ingenieros que visitaron la zona afectada por el terremoto. Además se pudo comprobar que las intensidades macrosísmicas del terremoto del día 21 se atenúan con la distancia medida desde la localidad de interés hasta el trazo de la línea de falla, ubicada a la misma profundidad que el foco del sismo, según una ley representada por la fórmula siguiente: . No ocurre lo mismo con el gran terremoto del día 22 de mayo, en el cual la atenuación queda mejor representada al usar la distancia entre la localidad y la aspereza más cercana, obteniéndose una ley de atenuación de intensidades del tipo exponencial: . En este caso, “Dh” es la mínima distancia entre la localidad de interés hasta una de las cuatro asperezas dominantes de este evento.

La regulación de la calidad y particularmente de la seguridad de una gran cantidad de bienes y servicios destinados al consumo se ha constituido en una práctica generalizada. Buena parte de dicho marco regulatorio se fundamenta en los problemas de información que suelen provocar que el consumidor no reciba la calidad esperada y, aún más, que sufra otros daños que no fueron previstos al momento de tomar la decisión. El espectro de instrumentos regulatorios en este campo es muy amplio y las variantes empíricas son diversas. En particular, la regulación de la calidad presenta alternativas para afrontar el control de los riesgos que van desde la aplicación de la responsabilidad por productos (“product liability”), entre los mecanismos basados en incentivos, hasta la regulación directa de la seguridad del producto (“product safety”), en sus diferentes modalidades, entre los mecanismos de command-and-control. Esta tesis desarrolla una discusión de los instrumentos orientados a la protección del consumidor, que regulan la calidad del producto. Con el empleo de las herramientas teóricas del Law & Economics, se procura evaluar si son útiles para atender el objetivo de eficiencia. Sus conclusiones pretenden contribuir a la formulación de políticas públicas y al diseño de propuestas de reforma institucional en esta área. Los escenarios de riesgo, alcanzados en general por problemas de información asimétrica, han sido en general ya tratados en la literatura; por su parte los de incertidumbre o ambigüedad que son más frecuentes en los procesos de innovación de productos, no resultan captados por el marco teórico usual y presentan un desarrollo escaso particularmente en su faz de aplicación. Por este motivo, el trabajo se centrará en el estudio del funcionamiento de la responsabilidad por productos en un escenario de incertidumbre, que resulta más abarcativo que el tradicional y comprende casos frecuentes en la realidad. Para ello se desarrolla un modelo con preferencias del tipo α- MMEU (maximin expected-utility), para determinar si la responsabilidad por productos es un instrumento adecuado para el control de daños en estos escenarios. Adicionalmente, se presenta un modelo para analizar la estructura de incentivos de las empresas para producir información, bajo la aplicación de un sistema de responsabilidad que prevea los llamados riesgos del desarrollo. / Regulation of quality and specially safety of goods and services for consumption has become a widespread activity. Much of this regulatory framework is based on information problems that often causes the consumer does not receive the expected quality and, moreover, suffers other damages that were not foreseen when making the decision. The spectrum of regulatory instruments in this field is very broad and empirical variants are diverse. In particular, regulation of quality presents alternatives for dealing with the control of risks ranging from the application of product liability, between the market- based- mechanisms, to direct regulation of product safety , in different forms, between the command-and-control mechanisms. This thesis develops a discussion of the instruments of product quality regulation, designed for consumer´s protection. Using the theoretical tools of Law & Economics, it attempts to assess whether they are useful to meet the goal of efficiency. Its findings are intended to contribute to the formulation of public policies and the design of proposals for institutional reform in this area. The risk scenarios, usually achieved by asymmetric information problems, have generally been treated in the literature; meanwhile the uncertainty or ambiguity, that is more frequent in the process of product innovation, is not captured by the usual theoretical framework and presents a particularly poor application development. For this reason, the work will focus on studying the functioning of product liability under uncertainty, which is more comprehensive than the traditional way and also includes frequent cases in reality. A model is developed with α- MMEU (maximin expected-utility) preferences to determine if product liability is an appropriate tool for damage control in these scenarios. Additionally, a model is presented to analyze the structure of incentives for firms to produce information on the implementation of hindsight liability.

El trabajo presentado para optar por el título de Segunda Especialidad en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social desarrolla los elementos constitutivos de la responsabilidad del empleador ante las indemnizaciones por daños y perjuicios que se deriven de los accidentes de trabajo. Para ello, debemos recordar que el Derecho del Trabajo tiene como uno de los principales principios, el principio protector; que a su vez tiene como principal fundamento buscar un nivel de equilibrio entre el trabajador y el empleador. Una de las principales desigualdades entre el empleador y el trabajador se presenta en el ámbito jurídico, debido al poder económico del primero y a las dificultades probatorias del segundo. Así, a raíz de esta disparidad en el poder, han surgido diversas figuras legales, a través de las cuales se busca instaurar normas que apelan a la “desigualdad” con el objeto de alcanzar un nivel de equilibrio entre el empleador y el trabajador. A través del principio protector el empleador adquiere una obligación general, que consiste en la de proteger y velar por el bienestar y seguridad del trabajador subordinado. El principio protector, si bien tiene un enunciado bastante general, se ha ido concretizando a través de las obligaciones específicas que se le han ido imponiendo al empleador en función a las actividades que realiza, a la par de los avances y evolución de la Seguridad y Salud Ocupacional en materia de regulación. / Trabajo académico

El daño moral, regulado en el artículo 1984 del Código Civil, al ser aquel que afecta la esfera psíquica del ser humano especialmente la esfera de los sentimientos de la persona (una gran pena, un gran dolor, una frustración). Tiene dificultades en su probanza dada su naturaleza, ello a pesar que el Sistema de Valoración de la prueba adoptado por nuestro Código Procesal Civil en el artículo 197º vigente ha otorgado mayores herramientas al juzgador para valorar el daño moral y establecer una reparación civil equivalente al menoscabo ocasionado. En tal contexto, la presente investigación intenta dar solución a las dificultades que se presentan al momento de probar el daño moral extracontractual a través de los conocimientos doctrinales sobre la prueba indirecta, la que consiste en partir de varios indicios, verificar que dichos indicios estén debidamente probados y a través de las máximas de la experiencia dar un determinado hecho por probado o no y se llega a una conclusión. La prueba indirecta, dada la dificultad que recrea la valoración del daño moral extracontractual, tiene bondades que bien pueden servir para que el juzgador pueda resolver los conflictos puestos a su conocimiento con mejor criterio y con mayores elementos de motivación. / Tesis

Un fenómeno social que viene ocurriendo en la actualidad a nivel globalizado, es que debido al constante desarrollo de la sociedad, instituciones jurídicas que eran relevantes en antaño, hayan perdido solidez e importancia jurídica actualmente, y en algunos casos, desaparezcan del sistema jurídico por haber quedado en desuso. Uno de aquellos supuestos que conocemos como esponsales, fue considerado como un paso obligatorio del matrimonio, percepción que ahora ha cambiado, debido a esa incesante transformación de la sociedad. Tal desgaste de su valía implica su desaparición del sistema normativo, pues la norma no debe regular supuestos no evidentes, más aún, si se entiende que al producirse el rompimiento de la promesa de matrimonio se produce un daño, que es absolutamente factible de amparo en sede indemnizatoria. / Tesis

Ingeniero Civil Mecánico / El objetivo de este trabajo es desarrollar un algoritmo capaz de detectar, localizar y cuantificar daños en una estructura simple en tiempo real, considerando como daño la disminución en la rigidez en uno o más elementos. Para ello se propuso utilizar Redes Neuronales Artificiales (RNA), que son métodos no explícitos utilizados en problemas de aproximación de curvas, clasificación e identificación de parámetros. Se plantea utilizar como información de entrada del algoritmo las frecuencias de antiresonancia, obteniendo como resultado la disminución de rigidez efectiva para cada elemento de la estructura. El entrenamiento y validación de la red neuronal se realiza en cuatro etapas, las que se señalan a continuación: La determinación de las frecuencias características, resonantes y antiresonantes. Generación de patrones de entrenamiento. El diseño y entrenamiento de la RNA. La validación analítica y experimental, del algoritmo de detección de daños. En la realización de este trabajo se ha conseguido entrenar redes neuronales capaces de detectar hasta 2 daños simultáneos entre 20 posibles ubicaciones a lo largo de una viga. Los resultados fueron validados con datos de vigas experimentales, a las que se les introdujo daño de forma artificial. La red utilizada es una red neuronal multicapa de una capa oculta, que presenta un 32,64% de falsos negativos, 8,36% de falsos positivos y un 7.96% de daños mal cuantificados a nivel global. Los posibles usos de redes neuronales en aplicaciones de detección de daños en tiempo real y los resultados obtenidos, motivan futuros estudios que se pueden centrar en la búsqueda de mejores resultados haciendo uso de mejores diseños de redes neuronales o mejores formas de modelar el ruido experimental. También es necesario explorar los modos en que estos algoritmos se puedan aplicar a estructuras más grandes y complejas.

El objetivo principal de esta investigación consiste en describir las funciones sociales que realizan las reglas en materia de acciones de incidencia colectiva en el Derecho del consumidor argentino. Los objetivos específicos son: 1.- Identificar las funciones sociales que esas reglas fomentan acudiendo a la metodología que brinda el Análisis Económico del Derecho en su vertiente positiva. 2.- Analizar los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional argentina, la Ley de Defensa del Consumidor, las reglas jurisprudenciales que emanan del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Halabi” y los principales estatutos provinciales. 3.- Completar las lagunas jurídicas que puedan identificarse en ese sistema, contemplando otras normas en el Derecho argentino, normas del Derecho comparado, normas de proyectos de ley y doctrina. 4.- Caracterizar e identificar distintas funciones sociales que promueven esas normas, tales como el acceso a la justicia, la prevención de daños, la compensación de los damnificados, la reducción en los costos de administración del proceso y la eficiencia. En este trabajo demostraremos las siguientes hipótesis principales: 1.- Las conductas de los consumidores, usuarios y proveedores inciden sobre la probabilidad y gravedad de los daños masivos. 2.- Las reglas del Derecho procesal inciden sobre la conducta de los consumidores afectados, proveedores, asociaciones de defensa de los consumidores, otros legitimados colectivos y operadores del Derecho (abogados, jueces y fiscales). 3.- El proceso civil clásico o individual es una herramienta ineficaz para dar cumplimiento a ciertos objetivos sociales al menos en dos situaciones problemáticas: los daños de menor cuantía, característicos de las relaciones de consumo y los daños masivos. 4.- El instituto de las acciones de incidencia colectiva, regulado en la Ley de Defensa del Consumidor es un instrumento que promueve distintas funciones sociales: acceso a la justicia, la prevención y reparación de daños, la reducción de costos de administración y la resolución eficiente de los conflictos colectivos. 5.- Las alternativas existentes en materia de legitimación, facultad de optar por la exclusión del proceso, extensión de los efectos de la cosa juzgada, notificación, obligatoriedad de la mediación prejudicial, requisito de pluralidad relevante, regulación de honorarios, costas y pautas para la reparación económica impiden efectuar una descripción unívoca de los efectos sociales de las acciones de incidencia colectiva y obligan a describir un amplio sistema de consecuencias que las distintas reglas jurídicas provocan. / The main goal of this investigation is to describe the social functions that rules about class actions in Argentine Consumer Law promote. The specific goals are: 1.- To identify the social functions that those rules promote by using the positive Economic Analysis of Law method. 2.- To analyze articles 42 and 43 of the Argentine National Constitution, Argentine Consumer Statute, the judicial doctrine of Supreme Court’s leading case “Halabi” and the main province statutes. 3.- To fill the legal gaps that could be identified in the system, considering other rules in Argentine Law, Comparate Law, Statute Law projects and doctrine. 4.- To characterize and identify different social functions that those rules promote, such as access to Justice, deterrence, compensation, reduction in administrative costs and efficiency. In this work we will demonstrate the following main hypothesis: 1.- Customers and suppliers’ conducts affect the probability and gravity of mass torts. 2.- Procedural rules affect the conduct of customers, victims, suppliers, consumer associations, other individuals with standing to sue and legal professionals (attorneys, judges and prosecutors). 3.- The classical or individual Civil Procedure is an inadequate tool to give accomplishment to certain social goals at least in two problematic situations: small claims, characteristic of consumer relationships, and mass torts. 4.- The class action regulated in the Consumer Statute is a tool which promotes different social functions: access to Justice, deterrence and compensation, reduction of administrative costs, and efficient solution of conflicts. 5.- The alternatives which exist in standing, opting out, res judicata, notification, mandatory prejudicial settlement, numerosity, legal fees, costs and rules of restitution make impossible to give an univocal description of the social effects of class actions and obligue to describe a wide system of consequences promoted by different legal rules.