El nuestro, es un Estado Constitucional de Derecho, y por ende el control es un elemento indispensable para su funcionamiento. El control responde al propósito de racionalizar el ejercicio del poder, de cualquier forma en que el poder se manifieste, para evitar el abuso y la arbitrariedad. Entre los diversos tipos de control, el control jurisdiccional es el prototipo de control optado por nuestro ordenamiento jurídico. El poder jurisdiccional, no está exceptuado de control, por ende, tampoco la jurisdicción arbitral. La presente investigación centra su estudio en el control jurisdiccional de la jurisdicción arbitral. Esto supone determinar: la naturaleza jurídica del arbitraje, si es revisable el fondo del laudo arbitral, y si el control de fondo del laudo arbitral, afecta la garantía del control exigida para la jurisdicción. En nuestro ordenamiento jurídico, el control de fondo del laudo arbitral no ha tenido siempre la misma intensidad o presupuestos de procedencia. El control de forma se ha mantenido siempre en nuestro ordenamiento jurídico; ahora junto a un control de fondo restringido. Lo que constituye una singularidad, en relación a tres ordenamientos jurídicos a fines, en los que si esta permito el control de fondo del laudo arbitral con mayor intensidad o amplitud de presupuestos de procedencia. El control de forma del laudo arbitral y revisabilidad restringida de fondo del mismo, son insuficientes para cumplir con la finalidad del control y ello ha favorecido a que los árbitros tomen decisiones irritas y arbitrarias. Por ello afirmó que este control de fondo restringido y de forma del laudo arbitral, es incompatible con el Estado Constitucional de Derecho. En específico, en la investigación me ocupo del control del laudo arbitral, por la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional para determinar si es compatible con el necesario control exigido en el Estado Constitucional de Derecho.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo consiste en un análisis de los fallos del Tribunal Constitucional respecto a la prueba como una garantía mínima e indispensable dentro del debido proceso. Para lograr lo anterior, nuestra memoria comienza con una investigación exhaustiva del debido proceso y sus garantías, rescatando su concepto y regulación, señalados por la doctrina, jurisprudencia y tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Además, estudiamos a fondo una garantía específica que es el derecho a la prueba, tomando en consideración el concepto de prueba, su aplicación en el derecho chileno y su carácter de derecho relativo. Finalmente, el tercer capítulo versa sobre un análisis concreto de diversos fallos del Tribunal Constitucional relativos a materias penales, administrativas, procesales, de quiebra y tributarias, cuyo fin es obtener directrices respecto a cómo esta Magistratura se ha pronunciado respecto a la prueba dentro de un debido proceso, y si procede, ver la evolución histórica de la postura del Tribunal al respecto

Resulta trascendente observar como cuestión previa al tema de investigación, que en la experiencia jurídica, el resumen procesal se da a través de tres construcciones teóricas: DERECHO-TUTELA-EFICACIA. El derecho regula la relación de los ciudadanos con el Estado. La tutela es el instrumento para hacer efectivos los derechos reconocidos a los ciudadanos y salvaguardar las infracciones jurídicas. La eficacia es la obtención de una respuesta cierta y fundada en derecho con plenas consecuencias jurídicas.

Hablar de proceso –en su acepción judicial – es considerarlo como aquel instrumento que tiene el Estado para administrar justicia respecto a los conflictos intersubjetivos de intereses de sus integrantes. En atención a esta noble función, nuestra Constitución ha incorporado determinadas instituciones procesales y algunos principios fundamentales del proceso. Todo proceso, independientemente del tipo al que se refiera, debe llevarse adelante con todas las garantías, ante un juez actúe con imparcialidad e independencia, el que debe decidir en un plazo razonable y, sobre todo, que tal decisión sea objetiva y justa. Por ello nos encontramos frente a la aspiración en alcanzar un proceso justo, o como también es conocido un debido proceso. La presente tesis tendrá como perímetro de su investigación al proceso de ejecución, en razón de que sobre este proceso existen pocos trabajos que brillen por su rigurosidad analítica, pese a que aquél presenta una compleja problemática. El proceso de ejecución en el contexto del sistema procesal tiene una gran importancia, por cuanto constituye —o debería constituir— el instrumento para que los acreedores, frente a la renuencia de sus deudores, puedan recuperar en forma efectiva sus créditos. Y de su efectividad, no pocas veces, depende la efectividad misma de todo el sistema procesal. Es más, los procesos de ejecución, en el conjunto de la carga procesal de nuestros Juzgados —tanto de Paz Letrados como Especializados— , representan un elevado porcentaje. Por ello, frente a la gran “difusión” de procesos de ejecución existente ante nuestros órganos jurisdiccionales, sorprende la ausencia de su estudio analítico y en particular de un aspecto que ha pasado un tanto desapercibido: ¿es realmente justo nuestro proceso de ejecución? / Tesis

Actividad formativa equivalente a tesis para optar al grado de mag?ster en derecho / Las omn?modas facultades conferidas a la autoridad migratoria en el Decreto Ley N? 1.094 de 1975 y en su respectivo Reglamento, actualmente vigentes en nuestro ordenamiento interno, le han permitido a ?sta especialmente calificar a su pleno arbitrio los casos en que un extranjero incurre en situaciones que habilitan su expulsi?n, gatillando en ese caso un procedimiento breve que permite librarse del extranjero en forma r?pida, y sin mayores sobresaltos para la Administraci?n. A ra?z de lo anterior, a lo largo de los a?os de vigencia de nuestra legislaci?n migratoria, nuestros Tribunales Superiores de Justicia han ido actuando poco a poco como verdaderos catalizadores frente a las excelsas atribuciones de la autoridad, toda vez que se ha realizado que la situaci?n de un extranjero en Chile se encuentra igualmente resguardada por los derechos y garant?as expl?citamente establecidos en nuestra Carta Fundamental. De este modo, y en aras de dar aplicaci?n pr?ctica al cat?logo garantista all? contenido tanto las Cortes de Apelaciones como la Corte Suprema, no obstante cumplir la autoridad migratoria con los requerimientos objetivos para disponer la expulsi?n del migrante, han comenzado a exigir la satisfacci?n de principios que son propios de las garant?as contenidas en nuestra Constituci?n Pol?tica. As? las cosas, en este ?ltimo tiempo (especialmente a partir del a?o 2013), nuestros Tribunales Superiores de Justicia, han declarado sin efecto un sinn?mero de ?rdenes expulsivas ya dispuestas por el Ministerio del Interior ya por las respectivas Intendencias Regionales, y ello ha ocurrido precisamente cuando la Administraci?n no ha dado cumplimiento a la garant?a del Debido Proceso. Ha sido de modo especial en torno a esta ?ltima garant?a que se ha erigido toda una jurisprudencia nacional en relaci?n al ejercicio de la facultad expulsiva. En esa l?nea, y de modo particular la Excma. Corte Suprema, ha venido permitiendo que los afectados con aquella medida no s?lo puedan reclamar contra aquella por v?a del recurso especial de reclamaci?n, sino que asimismo por medio del recurso de amparo y de protecci?n, lo que permite asegurar la doble gradualidad en su revisi?n. Asimismo, se ha ido exigiendo que las conductas que son constitutivas de la causal de expulsi?n queda entregada a la determinaci?n y calificaci?n judicial o bien, administrativa, pero todo dentro de un procedimiento que permite asegurar el resguardo del debido proceso, a la luz del cual resulte cierto que el extranjero ha contado con garant?as m?nimas, tales como: debido emplazamiento, defensa letrada, oportunidad procesal para ofrecer pruebas, posibilidad de recurrir en contra de lo resuelto. La jurisprudencia reciente acu?ada a pulso por nuestros Tribunales de Justicia ha sido recogida por los proyectos de ley sobre materia migratoria que hoy se encuentran en plena tramitaci?n ante nuestro Congreso Nacional. Mientras dichos textos no se conviertan en ley, la labor de los Tribunales Superiores de Justicia seguir? siendo determinante a la hora de dar debida protecci?n al migrante frente al poder desbordante de la Administraci?n, constituyendo hoy el ?nico freno existente. Palabras claves: orden de expulsi?n, debido proceso, derechos y garant?as fundamentales, motivaci?n, proporcionalidad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 16/03/2019

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis tiene por objeto analizar el concepto de Debido Proceso y su vinculación con el Derecho Administrativo. Conocida es la aplicación de dicha garantía en materia jurisdiccional, sin embargo, menos clara es la manera en que se aplica en el ámbito del Derecho de la Administración del Estado. Para un análisis adecuado de esta garantía, se estudia desde la construcción histórica del concepto hasta la manera en que la jurisprudencia, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema lo han entendido. Por medio del análisis jurisprudencial, se pretende dar respuesta principalmente a dos preguntas definitorias para determinar la manera en que el Debido Proceso se manifiesta en las decisiones administrativas; en primer lugar, si es que existe un Debido Proceso que sea autónomo del concepto ampliamente conocido en materia jurisdiccional; y en segundo lugar, si este concepto de Debido Proceso Administrativo autónomo puede extrapolarse y ser exigido no solamente en el área administrativa sancionadora sino que en todo tipo de actos administrativos.

El documento digital no refiere asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Aborda el estudio del debido proceso en las sentencias nacionales como supranacionales, que imponen a los pliegos obligaciones de carácter económico que no han sido efectivizadas por parte del Estado peruano. El incumplimiento de sentencias judiciales que imponen cargas restitutorias al Estado peruano es sistemático, especialmente, aunque no en forma exclusiva, cuando estas son de contenido patrimonial. De ello han dado cuenta sendos informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2000 y 2011) y la Defensoría del Pueblo (1998, 1999, 2006 y 2007), así como diversas sentencias del Tribunal Constitucional. Lamentablemente, a pesar de que estos organismos han formulado recomendaciones precisas para superar este problema, la situación no se ha solucionado. / Tesis

En el presente artículo el autor analiza las implicancias del nuevo Decreto Legislativo 1341 que modifica la ley de Contrataciones del Estado en referencia a condicionar el Recurso de Anulación mediante una carta fianza solidaria en favor de la entidad. Dentro de las implicancias tenemos la discriminación que se generaría entre contratista y entidad, pues se estaría violando el Principio de Equidad, así como también siendo este recurso la única via pata cuestionar cualquier error formal, condicionarlo impediría que cualquier persona pueda recurrir al Derecho de la anulación y por ende el acceso a la justicia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En este trabajo nos hemos propuesto demostrar que un proceso penal, dentro del nuevo sistema procesal penal, es anulable a causa del actuar negligente del abogado defensor, pues se estaría vulnerando la garantía del derecho a defensa técnica contenida en el artículo 19, Nº 3, inciso 2, de la Constitución Política de la República. Desarrollamos el trabajo basándonos en los principios del proceso penal y la implicancia que estos tienen en relación a lo que debe entenderse por derecho a defensa técnica dentro del contexto de un Estado de Derecho. El primer capítulo se centra en los fines del proceso penal dentro de éste modelo de Estado. El segundo capítulo busca explicar los principios que estructuran el nuevo sistema procesal penal, en especial, el principio acusatorio y de aportación de parte. Veremos: El principio acusatorio como derivación del sistema acusatorio, su evolución en la doctrina comparada; el principio de contradicción; el principio de aportación de parte; y la manifestación de éstos principios en el Código Procesal Penal. Los capítulos tercero y cuarto tratan sobre el derecho a defensa en general y el derecho a defensa técnica respectivamente. Veremos: Desde que momento nace la garantía a defensa del imputado; la posibilidad de la defensa del imputado a realizar una investigación independiente a la que realiza el Ministerio Público; el derecho a la defensa y el debido proceso; el concepto de defensa técnica y su evolución el la jurisprudencia comparada. Los capítulos quinto y sexto se centran en la defensa técnica dentro de nuestro país y los remedios procesales que existen en caso que sea vulnerada