La presente investigación doctoral fue elaborada en el año 2006 y reformulada en diciembre de 2010, elegí el tema “LA INFRACCION DEL DEBIDO PROCESO EN PROCESOS POR TERRORISMO” porque durante siete años [1998 a 2004] trabajé en la Sala Penal Nacional para casos de Terrorismo donde tuve la oportunidad de presenciar el juzgamiento de procesados por este delito, como el caso Lori Berenson Mejía en el nuevo juzgamiento llevado a cabo por los Jueces del Poder Judicial, así como viajar a diversos Establecimientos penales país, entre ellos, a Challapalca, Yanamayo, Quencoro, Cachiche, para llevar a cabo juicio orales por delito de terrorismo, así también desempeñar el cargo de Coordinadora a Nivel Nacional a raíz de la promulgación de los Decretos Legislativos 922 y 926 que declaró la nulidad de los procesos por delito de traición a la patria llevados a cabo por el fuero militar, el primero, y la nulidad de los juzgamientos llevados a cabo por los jueces sin rostro del Poder Judicial, el segundo, como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad realizada por el Tribunal Constitucional, por lo que se me encargó primero conocer todos los casos que se tramitaron en el fuero privativo militar por delito de traición a la patria, siendo un total de 306 expedientes, para luego se proceda a declarar la nulidad del proceso y dictar un nuevo auto de inicio del mismo, asimismo conocer todos los procesos que a nivel nacional habían sido sentenciados por delito de terrorismo por jueces sin rostro del Poder Judicial para iniciar un nuevo juzgamiento respetando las reglas del debido proceso tal como lo dispusieron tanto las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como las diversas sentencias del Tribunal Constitucional Peruano. Este tema lo considero de mucha importancia porque es a partir de los casos por delito de terrorismo que los operadores jurídicos le dan una real dimensión a la aplicación de las reglas del debido proceso en un procedimiento penal, ya que antes de ello por ejemplo la motivación de resoluciones judiciales era nula o escasa, como en el caso, de las Ejecutorias de la Corte Suprema en la que la fundamentación se reducía a mostrarse conforme con lo opinado por el fiscal supremo en un no haber nulidad, sin explicar las razones de su decisión, así ocurrió también al momento de fundamentar un mandato de detención, no se explicaba las presencia de los tres presupuestos concurrentes para dictar detención, no se tomaba en cuenta que la detención era la excepción y la libertad la regla, tampoco se aplicaba el principio procesal del Non Bis In Idem el mismo que solo se aplicaba o conocía en su vertiente material y no procesal, desconociendo que con su aplicación se podía evitar la doble persecución múltiple o sucesiva de un proceso penal en trámite, tampoco se respetaba el derecho de defensa en sus diversas manifestaciones, de esta manera considero que conocer los principios procesales del debido proceso, nos permite administrar una justicia constitucionalizada, aún cuando contemos con normas inconstitucionales, como en el caso de los procesos sumarios. En este orden de ideas, debo señalar que el manejo de estos principios procesales, me han servido de guía para resolver casos penales cuando se presentaban vacíos legales en la aplicación de las normas procesales, en mi condición de Juez Especializado en lo Penal Titular de la Corte Superior de Justicia de Loreto .

Basta mencionar a los derechos humanos para darnos cuenta que estamos entrando en un terreno directamente vinculado con la justicia y esto porque en la actualidad existe ya un consenso respecto a que la justicia consiste básicamente en respetar los derechos humanos. En nuestro país, la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución, el Código de los Niños y Adolescentes y las demás leyes específicas reconocen los Derechos Humanos de la infancia, y han plasmado legalmente su nueva condición jurídica acorde a la doctrina de la protección integral: niño y adolescente como sujeto activo de derechos y deberes. Es decir capaz de exigir el respeto irrestricto de sus derechos y además capaz de asumir la responsabilidad de los actos que comete de acuerdo a su edad Ciertamente, nadie ha puesto en duda ni en cuestionamiento el reconocimiento de los Derechos de los Niños y adolescentes; no obstante, no se ha alcanzado el mismo consenso al momento de viabilizar su ejercicio progresivo y concreto de acuerdo a su condición jurídica plasmada legalmente. Es decir, con el reconocimiento internacional y nacional de los Derechos de los Niños, el problema se ha desplazado del nivel teórico al cotidiano, de manera que ya no se trata de derechos más o derechos menos; sino, de cómo se ejercen los derechos ya reconocidos, como se efectivizan en el día a día. / Basta mencionar a los derechos humanos para darnos cuenta que estamos entrando en un terreno directamente vinculado con la justicia y esto porque en la actualidad existe ya un consenso respecto a que la justicia consiste básicamente en respetar los derechos humanos. En nuestro país, la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución, el Código de los Niños y Adolescentes y las demás leyes específicas reconocen los Derechos Humanos de la infancia, y han plasmado legalmente su nueva condición jurídica acorde a la doctrina de la protección integral: niño y adolescente como sujeto activo de derechos y deberes. Es decir capaz de exigir el respeto irrestricto de 31 sus derechos y además capaz de asumir la responsabilidad de los actos que comete de acuerdo a su edad. Ciertamente, nadie ha puesto en duda ni en cuestionamiento el reconocimiento de los Derechos de los Niños y adolescentes; no obstante, no se ha alcanzado el mismo consenso al momento de viabilizar su ejercicio progresivo y concreto de acuerdo a su condición jurídica plasmada legalmente. Es decir, con el reconocimiento internacional y nacional de los Derechos de los Niños, el problema se ha desplazado del nivel teórico al cotidiano, de manera que ya no se trata de derechos más o derechos menos; sino, de cómo se ejercen los derechos ya reconocidos, como se efectivizan en el día a día. El momento en el que un adolescente necesita más de sus derechos y tal vez más lejos los tiene, es cuando ingresa al sistema penal, pues su vulnerabilidad de sujeto en proceso de desarrollo se ve acentuada intensamente por la circunstancia en la que se encuentra. Lamentablemente, los derechos humanos del adolescente que infringe la ley son las más de las veces, difícilmente respetados y garantizados. Esta situación, cuestiona el mismo concepto de estado de derecho, pues no podemos afirmar la existencia de un estado de derecho cuando pese al reconocimiento lírico que hace la ley de los derechos humanos que le corresponden al adolescente como parte de la infancia, categoría jurídico social diferenciada; dicho reconocimiento legal, no se traduce en el respeto de sus garantías, ni capacidad jurídica en el día a día y más aún cuando el estado le pide cuentas frente a la comisión de un delito o falta. La presente tesis persigue el cuestionamiento de la vigencia de los derechos humanos específicos, desde el respeto del debido proceso, de los adolescentes en conflicto con la ley penal, analizando el grado de cumplimiento o incumplimiento de sus derechos dada la mayor vulnerabilidad en la que se encuentran por encontrarse sometidos al sistema penal. La hipótesis de trabajo que hemos manejado es que a pesar de que nuestro país se ha adscrito a un modelo garantista en la Justicia Penal Juvenil, basado en la doctrina de la Protección Integral; la práctica nos permite observar que el modelo teórico por el que la legislación ha optado dista mucho de la realidad. Cuatro interrogantes desarrollan la formulación anterior, y son objeto de verificación en la presente investigación: 1.- ¿Se respeta el debido proceso en la etapa policial, fiscal, juzgamiento y ejecución de las sanciones aplicadas a los adolescentes? 32 2.- La redacción de la legislación peruana en materia de adolescentes infractores posibilita una interpretación garantista del debido proceso. 3.- ¿Cómo incide la intervención de los operadores de derecho en el respecto, inobservancia del debido proceso? 4. ¿Cuáles son los niveles de participación del adolescente en el proceso y su incidencia en el respeto del debido proceso? En el primer capítulo de esta investigación desarrollamos, la forma como ha evolucionado la visión del adolescente en conflicto con la ley penal, desde la doctrina de la situación irregular y la forma como la doctrina de la protección integral, se complementa con las categorías del derecho penal de mínima intervención. En el segundo capítulo hacemos un análisis del proceso penal seguido al adolescente en conflicto con la ley penal, y el largo camino recorrido hacia la consagración del debido proceso como derecho humano específico, elemento dinámico de la protección de sus derechos, ensayando una línea a de interpretación trasversal desde la doctrina de la protección integral. En el tercer capítulo y siendo la finalidad de toda tesis la solución de un problema no solo teórico y sobre todo fáctico y teniendo en cuenta además que en el campo jurídico especializado, se han hecho pocos estudios sobre el debido proceso en el juzgamiento de los adolescentes infractores sobre la base del análisis de expedientes judiciales abordamos el contenido del debido proceso y su funcionamiento dentro de la práctica judicial, y desde la perspectiva de los mismos adolescentes. En este sentido, hemos aplicado una ficha documental como instrumento de medición sobre una muestra 64 expedientes Judiciales en ejecución del año 2004, (32 de cada juzgado y 16 de cada secretaría) del distrito Judicial de Lima, para determinar, las principales causas de la inobservancia del debido proceso, la posible conexión de la misma con la ineficiente legislación procesal en la materia, a fin de describir la problemática y explorar alternativas de solución que posibiliten su respeto. Finalmente en el cuarto capítulo, señalamos los aspectos que deben ser tomados en cuenta teniendo como elemento central a la observancia del debido proceso, para la reconstrucción del modelo de intervención penal juvenil. Agradecemos la oportunidad que hemos tenido de enriquecer nuestro trabajo con el aporte valioso y espontáneo de los mismos adolescentes sometidos a la Justicia Penal Juvenil, mediante la aplicación de una encuesta y una reunión Focus Group. De este modo hemos identificado su nivel de comprensión y participación en el proceso judicial y recogido sus opiniones sobre el sistema penal juvenil. Asimismo, agradecemos la valiosa colaboración de los Jueces del Distrito Judicial de Lima, Dres. Elizabeth Minaya Huayaney Juez Titular del Tercer Juzgado de Familia Especializado en lo Penal y Dr. Carlos Suárez Chávez, Juez Titular del Quinto Juzgado de Familia Especializado en lo Penal, así como de los Especialistas Legales Doctores Carla Valera, Edita Huamán, Maria Izquierdo y Betsabeth Santiago por las facilidades brindadas en la ejecución de la investigación, así como al Director del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, Profesor Garamendia y al Asesor del mismo, Miguel Ordóñez por facilitarnos la comunicación personal y espontánea con los adolescentes. Nuestro especial reconocimiento al Dr. Victor Cubas Villanueva, asesor de esta tesis, por su comprensión, sus valiosas sugerencias, por la confianza y el apoyo brindados en el desarrollo de esta investigación.

La presente investigación versa sobre la institución denominada Individualización judicial de la pena, partiendo básicamente de la forma cómo las Salas Penales con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima vienen fijando las penas en los casos de sentencias condenatorias. La individualización judicial de la pena constituye un elemento fundamental en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, pues a través de ella se determinará la pena concreta a imponerse al agente delictivo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta tesis es un análisis tanto de la legislación vigente a la fecha como de los principios procesales pertinentes, para determinar si el árbitro arbitrador goza de la facultad para dictar diligencias probatorias de oficio en el caso que nada se diga en las bases del procedimiento arbitral. En base al método dogmático tradicional, se pasa revista a las normas legales vigentes sobre la materia, a la jurisprudencia nacional, y a los principios jurídicos pertinentes. Adicionalmente, se compara tanto la experiencia nacional como el derecho comparado pertinente. Finalmente, se analiza el alcance de la discusión existente en el contexto de la reforma procesal civil que a la fecha está en tramitación, para formular propuestas sobre el tema pensando en el nuevo marco normativo que se ha anunciado respecto del arbitraje interno

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta investigación consta de una memoria, la cual pretende examinar los fundamentos, expresión normativa y aspectos críticos del principio de la buena fe en los procedimientos laborales chilenos. En el primer capítulo nos aproximaremos al origen histórico del concepto de la Buena Fe, para esto será necesario hacer una mirada más amplia a la disputa argumentativa entre las corrientes publicistas y garantistas del proceso, viendo como la hegemonía una sobre otra es el fenómeno que propicia la inclusión en los distintos ordenamientos del concepto de la buena fe; en el segundo capítulo, veremos el sentido moralizante e ideológico del proceso que conlleva la existencia del concepto en comento, el carácter de concepto jurídicamente indeterminado, su lugar dentro de las distintas teorías del proceso, los deberes en los cuales se expresa y, especialmente el mecanismo de análisis propuesto por Damaska. En el tercer capítulo, identificaremos las manifestaciones normativas de este principio en el procedimiento laboral chileno actual, desde las más generales a normas particulares que lo consagren, desentrañando, a partir de los elementos avanzados en este trabajo, las ideas detrás de las normas y sus consecuencias prácticas. Se finalizará el presente trabajo con las naturales y lógicas conclusiones que correspondan.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este ensayo intenta resolver -mediante un estudio y razonamiento argumental en base a convenciones internacionales (con especial atención en la Convención Americana de Derechos Humanos), la legislación chilena vigente, la jurisprudencia tanto internacional como nacional y las opiniones de la doctrina más autorizada en el tema; interrogantes muy debatidas en las últimas décadas en América Latina, tales como la existencia o no de un derecho al recurso, la posibilidad de aplicar las garantías judiciales mínimas de las convenciones internacionales a materias extra sancionatorias, la compatibilidad de los valores de la oralidad e inmediación con los recursos ordinarios, o la eventual vulneración de las normas internacionales procesales en nuestros procedimientos reformados, para, finalmente, determinar qué figura recursiva se adapta mejor a las exigencias del debido proceso y el juicio justo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto determinar cómo deben valorar la prueba los árbitros arbitradores en los juicios que están sometidos a su conocimiento. Para ello, se revisarán tanto los aspectos más relevantes del arbitraje y la figura de los árbitros arbitradores, como las nociones fundamentales respecto de la prueba civil en general y asimismo los distintos sistemas de valoración de las pruebas. Teniendo claros estos conceptos generales, se realizará un análisis de los mismos a efectos de establecer el sistema de valoración de las pruebas que deberán utilizar los arbitradores en sus juicios, tomando en cuenta también los medios de impugnación disponibles para las partes respecto de los fallos de éstos árbitros y los principios generales del debido proceso.

En esta oportunidad, el doctor Sagüés nos introduce en la búsqueda de los antecedentes del derecho procesal constitucional desde la Constitución de Bedoya de 1808. Se analiza los derechos y garantías que desarrollaron lo que hoy en día concebimos como el procedimiento constitucional. Posteriormente se realiza un análisis de la constitución de Cádiz de 1812 y como regulo el procedimiento, sus garantías y prerrogativas. Se culmina el artículo desarrollando los principales institutos del derecho procesal constitucional como los recursos de nulidad, un análisis del habeas corpus y las garantías del debido proceso. On this occasion, Dr. Sagüés introduces us into finding the history on constitutional procedural law starting with the Constitution of Bedoya (1808). He analyzes the rights and guarantees that developed of what today we think of as the constitutional procedure. Subsequently, an analysis of the Constitution of Cadiz of 1812 is done as how it regulated the procedure, its guarantees and prerogatives. The article ends developing the main provisions of constitutional procedural law such as invalid resources, an analysis of habeas corpus and guarantees of due process.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene por objeto analizar el estado de la legislación chilena en materia de solución de conflictos, específicamente en relación al contrato de seguro. El segundo objetivo de este trabajo es determinar si el método empleado por el legislador a través de la ley 20.667 de 9 de Mayo de 2013 se adecúa a los estándares del debido proceso legal. Para dicho cometido, en un inicio se abordarán las generalidades del contrato de seguro. Posteriormente, se analizarán los aspectos del arbitraje, su relación con el derecho comercial y en particular con el contrato de seguro. Luego, se desarrollarán los aspectos del debido proceso legal y la manera como se cristaliza dicha garantía fundamental en el arbitraje. Finalmente, se realizará un análisis práctico del derecho de seguros a la luz de la jurisprudencia y de la doctrina nacional

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El propósito central de este trabajo consiste en analizar el principio de objetividad que debe guiar la actividad persecutora del Ministerio Público como órgano exclusivo a cargo de la dirección de la investigación penal. Éste es concebido por nuestro sistema procesal penal como una consecuencia directa del principio de legalidad y viene a entregar una directriz fundamental que debe guiar la actividad investigativa del Ministerio Público, lo que se traduce en el deber de investigar con igual celo tanto aquellos hechos o circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, como también aquellos que le eximan de ella, la extingan o atenúen. Lo anterior nos plantea inmediatamente la idea de que nuestro legislador ha entendido la función del Ministerio Público no como un persecutor a ultranza, sino muy por el contrario, éste tendría una función consistente en ser lo que algunos llaman “custodio de la ley”, imprimiéndole características, que en opinión de parte de la doctrina lo alejan de su real misión en el sistema procesal penal, razón por la que se han formulado fuertes críticas respecto de su existencia, postulándose incluso su abolición de nuestro sistema y su reemplazo por otros principios que impliquen deberes acordes con la misión del Ministerio Público como ente persecutor. Nuestro estudio se basará en analizar las distintas críticas que se han formulado al respecto y comprobar que tan razonables resultan ser éstas, para formular finalmente una propuesta al respecto