Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo trata sobre la institución del Amicus Curiae en los procedimientos ambientales, frente a las normas del Debido Proceso Legal

El presente artículo aborda el tema de la fijación de los puntos controvertidos durante la etapa Postulatoria, los cuales a juicio del autor permitirán definir los lineamientos del proceso y concretamente la posterior etapa Probatoria. Para lograrlo, el autor  sostiene que es necesario un correcto saneamiento del proceso, interpretando las pretensiones y contrapretensiones de las partes con el fin de determinar si hay un conflicto de intereses que genere incertidumbre jurídica. De esta forma, el juez se aleja de particularidades que no forman parte del fondo de la litis. This article addresses the issue of fixing controversial points during the stage of pleadings, which allow defining the process guidelines and specifically the subsequent Evidentiary Stage. to achieve this, the author submits that it is necessary to a proper sanitation of the process, by interpreting the claims and counterclaims of the parties in order to determine whether there is a conflict of interest that generates legal uncertainty. In this way, the judge is far from particularities that are not part of the background of the dispute.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Durante muchos años, la víctima de un ilícito fue desatendida por el ordenamiento jurídico penal, sin embargo, en el último tiempo, su figura ha cobrado gran relevancia, particularmente en lo que dice relación a la participación dentro del proceso y a los derechos que ésta posee; fruto de ello, diversos países han elaborado leyes de carácter general, centradas en ella, que tienen por objeto la consagración de novedosos derechos, la creación de órganos o institucionalidad nueva a cargo de su aseguramiento, y el establecimiento de complejos deberes para éstos. En el presente trabajo, analizaremos la legislación procesal penal de cuatro países, a saber, Chile, España, México y Argentina, y las respectivas leyes de víctima que los últimos tres han promulgado; con el objetivo, de comparar el catálogo de derechos consagrados a favor del ofendido por el delito, las diversas formas de participación que tiene, y cómo se configura -y concreta- su derecho a la reparación. Todo ello, orientado a buscar aspectos positivos, que puedan replicarse, favoreciendo el tratamiento jurídico de la víctima en nuestro país.

El artículo estudia la cuestión relativa a la procedencia de impugnar mediante el proceso de amparo resoluciones judiciales definitivas recaídas en procesos judiciales ordinarias, a la luz de los criterios del Tribunal Constitucional que han ampliado los supuesto de procedencia a las resoluciones que vulneran cualquiera de los derechos fundamentales y no solo los referidos a la tutela procesal efectiva, sino, asimismo, a la impugnación de las resoluciones judiciales emanadas de un primer proceso de amparo. En este último caso se analiza, también, el caso peculiar del «amparo contra amparo» en materia laboral, que plantea la interesante cuestión de la procedencia de un nuevo amparo en caso que el que vendría a ser el segundo vulnere el precedente vinculante establecido en la STC 004650-2007-PA/TC.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La situación no es diferente en la realidad nacional. De un tiempo a esta parte, varios procedimientos de uso común han sido profundamente modificados por el legislador, específicamente, a través de la reforma en materia procesal penal; las reformas en los procedimientos ante los tribunales de familia y en materia laboral. En su régimen recursivo, las modificaciones han pasado por suprimir el recurso de nulidad (casación) y dejar sólo el de apelación; o viceversa. Inclusive, en los nuevos procedimientos, progresivamente se ha reducido la posibilidad de recurrir de apelación hasta casi suprimirlo, dejando sólo el recurso de nulidad como recursus propiamente tal, y se han creado nuevos recursos en determinados procedimientos (a modo ejemplar, el nuevo recurso de unificación de jurisprudencia en materia laboral). Así las cosas, el primer objetivo de esta memoria es exponer y contrastar el régimen recursivo de los principales procedimientos de nuestra legislación, circunscrito a la doble instancia y la anulación. Luego de realizado este análisis, revisaremos sí estos cambios en nuestro sistema, cumplen con las garantías procesales consagradas en la constitución que informan a los recursos. Para ello, a fin de alcanzar las respuestas a todas las inquietudes planteadas, resulta imprescindible analizar y comprender cuáles son los fines de los regímenes recursivos en la dogmática procesal: sus fines constitucionales, el principio de certeza jurídica, y el derecho a la defensa técnica. Todo ello será abordado en el primer capítulo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La investigación que se presenta a continuación tuvo como objetivo determinar si el derecho a defensa y al debido proceso han sido respetados durante la aplicación de medidas disciplinarias, en la fase de ejecución de sanciones, a los adultos condenados a penas privativas de libertad en Chile. Para este efecto, el marco teórico se construyó a partir del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de la respectiva normativa nacional referente al sistema penitenciario. El marco teórico fue analizado en función de la práctica, en particular, las medidas disciplinarias aplicadas por Gendarmería de Chile. Para lo último, se solicitó información sobre los procedimientos de aplicación de sanciones disciplinarias en dos centros penitenciarios de la Región Metropolitana, esto es, el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur y el Centro de Orientación Femenina. El estudio concluye revelando que en el procedimiento y aplicación de sanciones administrativas se han presentado una serie de falencias, tanto a nivel normativo como práctico, en relación a las obligaciones internacionales contraídas por Chile. Por lo anterior, se finaliza presentando una serie de propuestas que tienen como objeto final, contribuir a erradicar las incongruencias del actual sistema penitenciario. Esperamos que el presente estudio permita una reflexión y base para la modificación del actual sistema de medidas disciplinarias así como el mejoramiento de estándares -tanto de derechos humanos como procesales-, ya que estas medidas también tienen por objetivo la rehabilitación y reinserción de las personas adultas condenadas a penas privativas de libertad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Dirección del Trabajo es uno de los principales actores dentro de la construcción positiva del ordenamiento jurídico laboral, mediante el ejercicio de las facultades legales que le han sido conferidas, así como también, a través del vertiginoso avance de la jurisprudencia administrativa sentada por medio de sus respectivos dictámenes. Dentro de los lineamientos u orientaciones del Derecho Laboral, la Dirección del Trabajo cumple un rol fiscalizador, en cuanto a la protección de los derechos esenciales establecidos en forma específica en el área laboral, por el constituyente y por el legislador, en favor de empleadores y trabajadores.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente proyecto de memoria, tiene por objeto analizar desde un punto de vista crítico, el procedimiento monitorio chileno y la denominada “sentencia anticipada”, implementados con ocasión de las leyes N° 20.087 -que sustituye el procedimiento laboral contemplado en el Libro V del Código del Trabajo-, y 20.023 – que modifica la Ley Nº 17.322, El Código del Trabajo y el D.L. Nº 3.500, DE 1980- siendo esta última una reforma de la primera.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / La Constitución prescribe que todo órgano que ejerce jurisdicción debe fundar su sentencia en un proceso previo y legalmente tramitado, por otro lado, la regulación de los arbitradores otorga entera libertad a las partes para que junto con el árbitro fijen las normas de procedimiento, pudiendo no ajustarse al debido proceso. Esta investigación consistió en establecer qué normas de debido proceso constitucional deben ser aplicadas por el arbitrador. A través del método dogmático jurídico se sistematizaron textos normativos y doctrinarios, analizando las normas de procedimiento de los arbitradores en distintos países. Se examinó la jurisprudencia nacional a través de los recursos de queja interpuestos en contra de los arbitradores a fin de determinar la suficiencia de sus normas

Tesis (grado de magíster en derecho) / La democracia, como régimen político imperante y universalmente aceptado funda su estabilidad en factores los cuales, debidamente administrados, van a dar fuerza y permanencia a sus cimientos más esenciales, permitiendo la existencia de buenos y legítimos gobiernos, con un aparato administrativo que funciona correctamente y que consecuentemente hace perdurable la institucionalidad nacional. Por ello, es legítimo sostener, que la democracia es el único régimen dotado de la capacidad de dar seguridad y garantía a los derechos fundamentales de la personas, y en este contexto debemos entender que las obligaciones estatales dentro del marco democrático no se circunscriben a las relaciones entre los ciudadanos, sino también en cuanto el Estado, detentador un poder punitivo único y que ejerce en razón de que el pueblo se lo ha entregado y acepta que así sea, poder el cual puede presentarse de varias formas según el contexto de su aplicación. Así, en el derecho penal, tenemos al Estado sancionando al infractor de normas que se fundamentan en una idea de paz social, cuyo quebrantamiento está sujeto a las penas legalmente reguladas y mediante un procedimiento también establecido, pero al que la Constitución ha venido en asegurar que debe respetar ciertos parámetros que hacen que el sujeto que será sancionado, lo sea al menos de una forma racional y justa, tanto en cuanto a la sanción propiamente tal, como en la forma como se va a llegar a determinar las circunstancias que configuran su actuar delictual, hasta la sanción que se le habrá de aplicar por aquello. Y este poder punitivo también puede vislumbrarse en otros ámbitos del derecho público, así por ejemplo, la Administración tiene la facultad para aplicar sanciones a hechos que sin ser delito, constituyen una consecuencia de la regulación de ciertos aspectos, por ejemplo, de actividades de servicios públicos, en lo que aparece fiscalizando o regulando en virtud de algún título de intervención administrativa; aspectos, los cuales, en que puede relacionarse con los administrados en el ejercicio de su poder punitivo, y que, por cierto, debe hacerlo de un modo que no vulnere las otras garantías que se le han entregado a las personas.