Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Actualmente en Chile, el procedimiento de expulsión de extranjeros se encuentra regulado en el Decreto Ley N° 1094 de 1975. Esta norma no se adecúa a las exigencias mínimas de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a garantizar un debido proceso y el derecho a recurrir. No debiese sorprendernos que un Decreto Ley promulgado en pleno auge de la dictadura militar chilena haya ignorado los derechos fundamentales de las personas. Lo realmente llamativo es que en el siglo XXI, con el desarrollo que han experimentado los Derechos Humanos, con las obligaciones que el Estado Chileno ha suscrito en la materia, aun se siga aplicando esta normativa. Al decretarse la expulsión de un extranjero, éste queda prácticamente en absoluta indefensión, ya que no podrá ejercer las prerrogativas mínimas que configuran el derecho a tener un debido proceso, el Poder Judicial ha intentado contrarrestar esta situación, pero los instrumentos procesales no son los idóneos y el legislador aún no modifica esta situación.

In the face of a conflict, citizens can follow different ways to solve it. But, how justice is configurated in the conclusion of a specific conflict? what guarantee that the procedure of the mechanism is fair? We can think here in the due process of law; nevertheless, due process of law does not reach all mechanisms of conflict resolution.This paper, therefore, focuses in the study of the role of justice in (i) the procedural scope of judicial process and ADR mechanisms; and in (ii) the conflict resolution generated by them. / Ante un conflicto, los ciudadanos pueden seguir diversas vías para dar solución al mismo. Pero, ¿cómo se configura la justicia en la conclusión de un conflicto en específico? ¿qué garantiza que el procedimiento del mecanismo sea uno justo?. Podemos pensar aquí en el debido proceso; no obstante, éste no alcanza a todos los mecanismos de resolución de conflictos.Este artículo, por consiguiente, se enfoca en estudiar cuál es el rol de la justicia en (i) el ámbito procedimental del proceso judicial y de los MARCs; así como en (ii) la resolución al conflicto generada por aquéllos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo contiene un análisis del nuevo Título IV de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, incorporado por el artículo 32 de la Ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. En particular, realizaremos un análisis jurídico de dicho Título IV y las características que presentan el debido proceso administrativo clásico y el proceso de participación. En primer lugar, analizaremos la normativa de participación ciudadana respecto de los Ministerios Secretaría General de Gobierno, de Educación y del Medio Ambiente; en seguida veremos si existe relación entre esos textos legales con la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; y, en tercer lugar, estableceremos las fortalezas y precariedades del debido proceso de participación ciudadana actualmente vigente. Como cuarto aspecto, y en función de las conclusiones a que nos lleven dichos análisis, propondremos algunas modificaciones legales que tengan por objeto elevar progresivamente los índices de participación en el Gobierno Central de Chile. Finalmente, además del estudio jurídico a que hemos hecho referencia, llevaremos a cabo un análisis práctico que evalúe la aplicación del Título IV desde su publicación en 2011 hasta el año 2017, respecto de las tres carteras de Estado antes mencionadas. Para ello, efectuaremos un estudio individual y comparativo que dé cuenta de las fortalezas y debilidades de la participación ciudadana desde su implementación. Esta tesis pretende servir de complemento al estudio del derecho y proceso de participación ciudadana que actualmente vivimos en nuestro país

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer un análisis crítico del sistema de investigación, prueba y sanción de la colusión, desde la óptica del Derecho Constitucional y la teoría de los derechos fundamentales. En efecto, en estas páginas se analizará la constitucionalidad de la aplicación –vía extensión dogmática- de principios del debido proceso penal y de sus altos estándares de prueba y de convicción a procesos infraccionales por colusión, así como también se examinará la constitucionalidad de las nuevas atribuciones intrusivas de la FNE y del mecanismo de delación compensada, ambos incorporados recientemente a nuestro estatuto de libre competencia por la Ley 20.361, publicada en el Diario Oficial de fecha 13 de julio de 2009. La metodología que se utilizará consiste en describir objetivamente los principios, reglas técnicas, mecanismos y prerrogativas de la autoridad que forman parte del sistema de investigación, prueba y sanción del ilícito colusivo, para luego efectuar reflexiones constitucionales que permitan justificar, criticar o rechazar el empleo de aquéllos, sobre la base de la exigencia irrenunciable del Estado de derecho de respetar las garantías fundamentales. El resultado obtenido concluye que, en el caso chileno, tanto el antiguo sistema de investigación, prueba y sanción de la colusión como algunos de los mecanismos que recientemente han sido institucionalizados para acreditar la existencia de carteles presentan vicios constitucionales por innecesaria conculcación de derechos fundamentales y/o falta de certeza jurídica, que sólo pueden ser enfrentados y subsanados mediante la correcta aplicación de las normas y principios que recoge nuestra CPR.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo nace producto de la expresión de un fenómeno social en creciente expansión durante la última década: el aumento de la migración de personas hacia nuestro país. Una de las razones por las que este trabajo se referirá al fenómeno ya descrito, es por que no hemos encontrado una respuesta legal en nuestro derecho interno que se encuentre acorde a la normativa internacional de derechos humanos y, creemos también, tampoco a los principios y garantías propias de nuestra normativa constitucional. Manifestación concreta de ello puede verse en la expulsión de inmigrantes por parte de la administración, materia que será el estudio principal de este trabajo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Esta tesis de pregrado analiza las posibilidades de acción que tienen las partes en un procedimiento ordinario laboral de reforma cuando la sentencia que dicta la Corte de Apelaciones, pronunciándose sobre un recurso de nulidad, se dicta con prescindencia de los requisitos legales o bien cuando emana de un procedimiento viciado por haberse omitido las formalidades esenciales que la ley establece. Primero se hace una relación histórica del recurso de unificación de jurisprudencia, junto con una explicación somera de los principios que inspiran el proceso laboral actual. Luego se hace una explicación de lo que es el recurso de unificación de jurisprudencia, que es el recurso que la ley establece contra la sentencia de nulidad dictada en el proceso laboral reformado. En tercer lugar, se hace una revisión de la literatura actual sobre este recurso, exponiéndose las principales críticas que ha recibido, constatándose la inexistencia de referencias sobre lo limitado del recurso de unificación ante los errores in procedendo. Finalmente, se analizan diversos mecanismos existentes en la legislación para la corrección de los vicios, específicamente el recurso de vi queja, el recurso de casación en la forma y las facultades correctoras del procedimiento, estableciéndose que éste último el mejor de los medios para la corrección de los vicios y la cautela del debido proceso

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / A finales de la década del 2000, el justicia laboral chilena fue completamente reformada, estableciendo un procedimiento de carácter oral y concentrado, dirigido por un juez unipersonal. Tomando como referencia el sistema recursivo del proceso penal reformado, se estableció un recurso de nulidad contra las sentencias definitivas, el cual justifica la revisión de la sentencia definitiva por parte de los Tribunales Superiores (en términos generales) por la infracción del derecho objetivo, y no por el agravio causado a los litigantes. El recurso de apelación se encuentra limitado a cierto tipo de resoluciones, excluyendo las sentencias definitivas, y a ciertos casos establecidos en la ley. En el trabajo se analizará, desde garantismo, si dicha estructura de recursos satisface el derecho al recurso (integrante del Debido Proceso), tomando como referencia principal la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas respecto a esta materia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La investigación muestra las vinculaciones existentes entre el debido proceso y el derecho de acceso a la información pública consagrado por la Ley 20.285. Se trata de analizar las vías procesales previstas en esta ley y verificar si dan satisfacción a los imperativos del debido proceso legal y las contribuciones del derecho de acceso a la información pública a la concreción de los imperativos del debido proceso legal, especialmente en lo que dice relación a la pesquisa de pruebas y documentos que podrían servir al derecho a la defensa de una persona. En la exposición, en primer lugar se analiza el concepto de debido proceso, su evolución histórica y su recepción tanto en tratados internacionales como en el Derecho chileno. A continuación se analiza el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública como un derecho humano y como derecho fundamental en el derecho comparado, para asimismo verificar su tratamiento tanto en la normativa internacional como a nivel nacional, especialmente en los aspectos relativos al procedimiento establecido para acceder a información pública por parte de la legislación chilena. Finalmente y a objeto de ilustrar cómo se han aplicado estas normas se revisan una serie de sentencias de tribunales chilenos que dan cuenta de las distintas relaciones existentes entre el debido proceso y el derecho de acceso a la información pública, tanto dentro del procedimiento de solicitud de información como en la utilización de dicho procedimiento para evaluar el seguimiento de un debido proceso en otros procedimientos

Memoria para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo consiste en un análisis de los fallos de la Corte Suprema respecto de las causas reenviadas por la Corte de Apelaciones de Santiago, en cuanto a la fundamentación de recursos de nulidad en materia penal, por no estar de acuerdo a la causal del articulo 373 A), sino al 373 E), con el objeto de extraer el criterio utilizado por el máximo tribunal de nuestro país. Para ello, en esta tesis se realizara una exhaustiva descripción del debido proceso y sus garantías, tal y como fueron invocadas por los recurrentes en los diversos casos, para proseguir con un análisis de las sentencias del año 2016 y finalizar con las conclusiones que de ello deriven

En el Perú, la Ley General del Inspección del Trabajo no prevé la aplicación del principio del debido procedimiento durante el desarrollo de las inspecciones laborales, pese a que sí hace mención a su observancia en los procedimientos sancionadores que se deriven de las actas de infracción emitidas por los inspectores de trabajo. Lo anterior genera la interrogante acerca de la aplicación de las garantías que conforman el principio del debido procedimiento por parte de los inspectores de trabajo al momento de realizar sus actuaciones inspectivas de investigación, especialmente si el ejercicio de la facultad supervisora por parte del Administración Pública genera un gravamen sobre los sujetos fiscalizados. Así, se formuló como hipótesis que durante las inspecciones laborales debían aplicarse las garantías del debido procedimiento, siempre que su naturaleza permita que desplieguen sus efectos. Para realizar dicho examen se revisó tanto la bibliografía especializada en derecho administrativo como en inspección del trabajo, además se utilizaron las resoluciones administrativas emitidas por la SUNAFIL, autoridad central del Sistema de Inspección del Trabajo. Del análisis se observó como la inobservancia de algunas garantías del debido procedimiento por parte de los inspectores de trabajo, fue vista por los órganos sancionadores de la SUNAFIL como una vulneración a los derechos de los inspeccionados, dejando sin efecto las multas propuestas por los inspectores de trabajo. Finalmente, la presente investigación ha permitido conocer las garantías que deben ser observadas por los inspectores, aun cuando la Ley General de Inspección del Trabajo no exija expresamente su observancia.