El presente informe tiene por finalidad examinar si el laudo arbitral cuestionado en el proceso judicial de anulación iniciado bajo el Expediente N° 155-2012 fue válidamente anulado de manera parcial. Primero, examinaremos el derecho a la debida motivación de los laudos como garantía del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, por la cual, si bien el fondo de la motivación de los laudos no se puede revisar en sede judicial, los árbitros deberán demostrar los razonamientos que los llevaron a laudar en favor de la parte vencedora. Segundo, se analizará el derecho a la prueba en sede arbitral, y determinaremos cuál es el estándar de valoración probatoria que puede ser cuestionado en el proceso de anulación. Tercero, desarrollaremos el derecho a ser juzgado por un árbitro imparcial e independiente como garantía del debido proceso arbitral, en el marco de un viaje realizado entre un árbitro y uno de los letrados que representaba a una de las partes del proceso, el cual no fue revelado ante la solicitud de la presunta parte afectada por dicha circunstancia. En ese sentido, examinaremos si la parte afectada por dicha falta de revelación podía utilizar algún medio impugnatorio para cuestionar dicha supuesta falta de imparcialidad e independencia, luego del cierre de instrucción del arbitraje y la fijación del plazo para laudar. / The purpose of this report is to examine if the arbitral award challenged in the annulment proceeding in Case No. 155-2012 was validly partially annulled. First, we will examine the right to the motivation of the awards as a constitutionally protected content of the right to effective judicial protection, which, although the merits of the motivation of the awards cannot be reviewed in court, the arbitrators must demonstrate the reasoning that led them to the award in favor of one of the parties. Second, we will analyze the right to evidence in arbitration, and we will determine what is the standard of evidentiary assessment that can be challenged in the annulment process. Third, we will explain the right to be judged by an impartial and independent arbitrator as a right of the due process of arbitration, in the context of a trip made between an arbitrator and one of the lawyers representing one of the parties to the arbitration, which was not disclosed at the request of the alleged party affected by such circumstance. In this regard, we will examine whether the party affected by such non-disclosure could use any means to challenge such alleged lack of impartiality and independence, after the closing of the arbitration proceedings and the setting of the time limit for the award.

El problema principal consiste en establecer si se vulneró el derecho del demandante a una debida motivación que justifique que la Sala Comercial declare fundado el recurso de anulación interpuesto contra el cuarto punto resolutivo del laudo. El mencionado punto resolutivo condenó a la Entidad al pago del íntegro de los costos del arbitraje1 tras determinar que no existió pacto entre las partes sobre la distribución de dichos costos y que no hubo una “parte vencida” en el proceso. Por tal motivo, el árbitro evaluó la distribución de los costos aplicando de manera supletoria el artículo 73.1° de la Ley de Arbitraje (en adelante, LDA). Para analizar el problema central, se empleará la LDA en lo referente a la motivación del laudo y los límites de la revisión judicial (artículos 56.1° y 62.2° respectivamente), a la luz de la jurisprudencia constitucional sobre la motivación en sede arbitral, en tanto nuestro ordenamiento permite el control de la motivación del laudo cuando se vulnera el debido proceso. En consecuencia, las Salas Comerciales deben interpretar las causales de anulación del artículo 63.1° sistemáticamente con la duodécima disposición complementaria de la LDA, pues el recurso de anulación es una vía igualmente satisfactoria para controlar la debida motivación arbitral. Finalmente, conforme al artículo 73.1°, se sostiene que el pago de los costos arbitrales le correspondía a la demandada, dado que fue la parte vencida del arbitraje, al haberse declarado la caducidad de oficio de sus pretensiones. / The main problem is to establish whether the plaintiff's right to due motivation was violated and if its alleged violation justifies the Commercial Court’s decision to declare the annulment appeal filed against the fourth operative paragraph of the award well founded. The aforementioned operative paragraph condemned the Entity to pay the full costs of the arbitration after determining that there was no agreement between the parties on the distribution of said costs and that there was no “losing party” in the process. For this reason, the arbitrator evaluated the distribution of costs by additionally applying article 73.1 of the Arbitration Law (hereinafter, AL). To analyze the central problem, the AL will be used in relation to the motivation of the award and the limits of judicial review (articles 56.1° and 62.2° respectively), in light of the constitutional jurisprudence on the motivation in arbitration, in Both our legal system allows control of the motivation of the award when due process is violated. Consequently, the Commercial Court must interpret the grounds for annulment of article 63.1° systematically with the twelfth complementary provision of the AL, since the annulment appeal is an equally satisfactory way to control the due arbitration motivation. Finally, in accordance with article 73.1°, it is maintained that the payment of the arbitration costs corresponded to the defendant, given that it was the losing party in the arbitration, as the expiration of its claims had been declared ex officio.

El problema principal planteado tiene como finalidad evidenciar la importancia del reclamo expreso previo como requisito de procedencia de las demandas de anulación de laudo arbitral, salvo excepciones. El Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, ha establecido que cuando existan irregularidades en el marco del arbitraje ya sea en el incumplimiento de las reglas pactadas por las partes o en aquellas garantías del debido proceso que resulten aplicables, el interesado tendrá que advertir la existencia de estas afectaciones buscando que los árbitros reviertan esta situación cuando sea posible. Caso contrario, la norma señala expresamente que cuando no se haya formulado este reclamo de manera expresa y oportuna, el laudo arbitral que sea emitido no podrá ser cuestionado por aquellas afectaciones que no hayan sido advertidas durante el trámite del arbitraje. En el presente caso observamos como el demandante solicita la anulación del laudo arbitral alegando que los árbitros incumplieron las reglas que las partes habían pactado en el arbitraje. No obstante, hemos demostrado cómo este reclamo no fue formulado de forma oportuna y, por ende, el demandante toleró las afectaciones sufridas en el arbitraje. De esta forma, ante la ausencia de un reclamo expreso previo, la demanda de anulación de laudo arbitral debió ser desestimada en tanto no se cumplió con un requisito de procedencia establecida en la normativa nacional que regula el arbitraje. / The main problem raised has as objective to put in evidence the importance of the prior and express claim as a requirement of precedence of the Lawsuits for annulment of arbitral award. The Legislative Decree No. 1071, Legislative Decree that regulates arbitration, has established that when irregularities exist in the context of the arbitration, either in the breach of the rules agreed by the parties or in those guarantees of due process that are applicable, the interested party will have to warn of the existence of these affectations and ask the arbitrators to revert that the arbitrators revert this situation whenever possible. Otherwise, the norm dictates that when there is no reclaim formulated in an express and timely manner, the arbitration decision that is issued may not be challenged by those defects that have not been noticed during the arbitration proceedings. In the present case, we observe how the claimant requests the annulment of the arbitration award alleging that the arbitrators failed to comply with the rules that the parties had agreed upon in the arbitration. However, we have shown how this claim was not formulated on time and, therefore, the claimant tolerated the damages suffered in the arbitration. Thus, in the absence of a prior and express claim, the claim for annulment of the arbitration award should have been dismissed since it did not comply with a procedural requirement established in the national legislation governing arbitration.

En el presente informe jurídico se aborda la acción de revisión interpuesta por Ricardo Ávalo Flores, contra la sentencia que lo condenó como autor del delito de libramiento indebido. La argumentación central se basa en determinar que la Corte Suprema no valoró la prueba nueva presentada por el accionante, ni motivó correctamente la sentencia, conforme a las garantías del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Se advierte una deficiente valoración sobre la alegada vulneración del derecho de defensa, al haber sido asesorado por un abogado que no contaba con título válido. Además, se evidencian deficiencias en la valoración probatoria realizada por la Corte Suprema, al no aplicar rigurosamente sus propios criterios jurisprudenciales e incurrir en errores fácticos. Finalmente, se identifican falencias en la debida motivación de la sentencia, al omitir la valoración de pruebas críticas, utilizar falacias y generalizaciones sin sustento probatorio, y no abordar correctamente las cuestiones centrales planteadas por el accionante. / This legal report addresses the review action filed by Ricardo Ávalo Flores against the sentence that convicted him as the perpetrator of the crime of improper drafting. The central argument is based on determining that the Supreme Court did not evaluate the new evidence presented by the petitioner, nor did it properly justify the sentence, in accordance with the guarantees of due process and effective judicial protection. There is a deficient assessment of the alleged violation of the right to defense, as the defendant was advised by a lawyer who did not have a valid license. Furthermore, there are evident deficiencies in the evidentiary assessment conducted by the Supreme Court, as it did not rigorously apply its own jurisprudential criteria and incurred factual errors. Finally, shortcomings are identified in the proper justification of the sentence, as it omits the evaluation of critical evidence, uses fallacies and generalizations without evidentiary support, and does not correctly address the central issues raised by the petitioner.

El presente informe aborda el análisis del recurso resuelto en la Casación Nº2817- 2009-LA LIBERTAD emitido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, que aborda el tema de valoración de medios probatorios extemporáneos y la primacía del principio de búsqueda de verdad, bajo el argumento de cumplir con el fin del proceso. El desarrollo del informe permitirá analizar lo resuelto en primera y segunda instancia, así como en casación, identificando los problemas jurídicos existentes y emitir una opinión en base al análisis realizado. El análisis gira en torno a la vulneración del principio de preclusión en materia probatoria, con el fin de garantizar el principio de búsqueda de verdad durante el proceso, amparada en el numeral tercero del Título Preliminar del Código Procesal Civil, y si esta justificación es suficiente para que la Corte Suprema ordene la inaplicación tácita de la regla establecida en el artículo 374° del Código Procesal Civil, siendo una norma vigente y constitucional. El desarrollo del informe también permite analizar temas como la debida motivación de resoluciones judiciales, prueba de oficio y si la aplicación de sexta regla establecida en la Sentencia del X Pleno Casatorio Civil serviría como fundamento jurídico para argumentar la primacía de la búsqueda de verdad sobre toda regla establecida. / This report addresses the analysis of the appeal resolved in Cassation No. 2817- 2009-LA LIBERTAD issued by the Permanent Civil Chamber of the Supreme Court of Justice of Lima, which addresses the issue of assessment of extemporaneous evidence and the primacy of the principle of seeking the truth, under the argument of complying with the purpose of the process. The development of the report will allow analyzing what has been resolved in the first and second instance, as well as in cassation, identifying the existing legal problems and issuing an opinion based on the analysis made. The analysis revolves around the infraction of the principle of preclusion in evidentiary matters, in order to guarantee the principle of the search for truth during the process, protected in the third numeral of the Preliminary Title of the Code of Civil Procedure, and if this justification is sufficient for the Supreme Court to order the tacit inapplication of the rule established in article 374° of the Code of Civil Procedure, being a current and constitutional rule. The development of the report also allows analyzing issues such as the due motivation of judicial resolutions, ex officio evidence and whether the application of the sixth rule established in the X Plenary Civil Cassation Ruling would serve as a legal basis to argue the primacy of the search for truth over any established rule.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El documento electrónico se enfrenta a un aura de supuesta ilicitud en el proceso civil basada en la desconfianza técnica por parte de los operadores jurídicos al mismo, así como por la eventual vulneración de derechos fundamentales producto de la divulgación no autorizada de su contenido. Ahora bien, ¿por qué hemos de limitarnos a aceptar dichos prejuicios, obviando el impacto probatorio que pueda llegar a tener un documento de tales características? Resignarse a mantener esa preconcepción es insostenible porque se le quita al proceso la oportunidad de lograr ser un mecanismo eficaz y eficiente para la solución de los conflictos jurídicos suscitados, sobre todo cuando el documento electrónico puede marcar la diferencia entre tener o no por acreditado un hecho y, con ello, ganar o perder un juicio. Sin duda se requiere poner fin al reproche injustificado hacia el documento electrónico, para que así los litigantes y jueces puedan realizar su labor en forma adecuada, apreciando el documento electrónico de acuerdo con su verdadera naturaleza, despojada de tabúes y falsas interpretaciones que llevan a la restricción de su uso. Para ello, será necesario hallar, dentro de las herramientas procesales disponibles en nuestro ordenamiento jurídico, un mecanismo que, sin afectar el debido proceso, permita lograr dicho cometido, para lo cual será clave poder recurrir al uso combinado de ciertos medios probatorios, en conjunto con el documento electrónico, consagrados en nuestra legislación adjetiva.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El fenómeno del terrorismo constituye uno de los mayores desafíos para el Estado en la actualidad, debiendo reaccionar con severidad ante un delito de especial gravedad, contrario esencialmente a los derechos humanos y que pretende intimidar enviando un mensaje de violencia con una finalidad política, pero que a la vez debe ser tipificado con especial rigurosidad en la ley penal, de manera que se cumpla con el principio de legalidad y no se confunda con delitos comunes y que a su vez debe ser juzgado respetando las garantías de un debido proceso. A través de un estudio del debido proceso y el terrorismo, el presente trabajo tiene por finalidad realizar un análisis de la sentencia dictada por la Corte Interamericana en “Norín Catrimán y otros vs. Chile”, para detectar las deficiencias de la ley antiterrorista y las garantías vulneradas con su aplicación, elaborar propuestas y recomendaciones para su modificación y establecer criterios jurisprudenciales para el juzgamiento de delitos de terrorismo.