Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el marco del procedimiento administrativo sancionador la prueba cumple un papel fundamental al permitir que la decisión que ahí se emita sea conforme a las garantías de un debido proceso. Uno de los propósitos de este trabajo es analizar los aspectos generales de la actividad probatoria dentro del procedimiento administrativo sancionador, tanto desde la perspectiva de la autoridad como del presunto infractor, a la luz de lo establecido en la legislación chilena. Para ello, me centraré en la interpretación de la Ley N°19.880, buscando establecer un marco común y supletorio para aquellos aspectos atingentes a la prueba que no han sido regulados en la normativa específica del órgano responsable del procedimiento. Otro de los propósitos de este trabajo será analizar el poco estudiado periodo de informaciones previas, considerando que en la práctica gran parte de los antecedentes incorporados por la autoridad al procedimiento fueron recabados dentro de él. En esta parte, las conclusiones se guiarán conforme a lo dispuesto en la carta fundamental, especialmente en cuanto al derecho a defensa. Lo anterior, a falta de una regulación especial por parte del legislador. Palabras claves: Procedimiento administrativo sancionador; debido proceso; derecho a defensa; periodo de información previa; prueba en el procedimiento administrativo sancionador.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo trata sobre el procedimiento al cual se deben enfrentar los extranjeros al momento de regularizar su situación migratoria (desde la entrada al país), si es necesario que este cumpla con los estándares modernos de un debido proceso y si, en caso de ser así, efectivamente cumple con dicho estándar. Así, el trabajo compara lo que se entiende por un debido procedimiento administrativo, lo que señala la legislación migratoria vigente y lo que ha sucedido en la práctica, analizando diversos casos. Finalmente, se expondrá si efectivamente con la actual legislación migratoria es posible lograr dichos estándares o si, por el contrario, se deben realizar cambios legislativos y cuál sería la profundidad de estos. / 20/11/2019

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Uno de los cambios sustanciales introducidos por la reforma laboral promulgada en el año 2016 fue la calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia. Al respecto, el presente trabajo se propone realizar una revisión del procedimiento de cada uno, al mismo tiempo que detallar la discusión suscitada recientemente en la jurisprudencia en torno a la procedencia de la reclamación judicial sobre la sentencia que se pronuncia al respecto y las posturas y principales argumentos que han tenido diversos fallos, para finalizar con un análisis sobre el resguardo a diversos derechos que integran la tutela judicial efectiva y el debido proceso en el procedimiento en cuestión

Busca la verdad por el cual los procesos de terrorismo transgredieron el principio del debido proceso, a fin de determinar la importancia de este principio procesal en el tiempo, así como de incorporar un correctivo en la legislación peruana, acorde a los tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos suscritos y aprobados por el Perú. Este tema es considerado de mucha importancia porque es a partir de los casos por delito de terrorismo que los operadores jurídicos le dan una real dimensión a la aplicación de las reglas del debido proceso en un procedimiento penal, ya que antes de ello por ejemplo la motivación de resoluciones judiciales era nula o escasa, como en el caso, de las Ejecutorias de la Corte Suprema en la que la fundamentación se reducía a mostrarse conforme con lo opinado por el fiscal supremo en un no haber nulidad, sin explicar las razones de su decisión, así ocurrió también al momento de fundamentar un mandato de detención, no se explicaba las presencia de los tres presupuestos concurrentes para dictar detención, no se tomaba en cuenta que la detención era la excepción y la libertad la regla, tampoco se aplicaba el principio procesal del Non Bis In Idem el mismo que solo se aplicaba o conocía en su vertiente material y no procesal, desconociendo que con su aplicación se podía evitar la doble persecución múltiple o sucesiva de un proceso penal en trámite, tampoco se respetaba el derecho de defensa en sus diversas manifestaciones, de esta manera considero que conocer los principios procesales del debido proceso, permite administrar una justicia constitucionalizada, aún cuando se contenga con normas inconstitucionales, como en el caso de los procesos sumarios. / Tesis

La investigación desarrolla un caso denunciado en el año 2015 ante el INDECOPI debido a que una clínica no habría tramitado correctamente una solicitud de aborto terapéutico y porque habría discriminado por razones de género a la solicitante. En ese sentido, en primer lugar, se analizará el procedimiento llevado a cabo por el INDECOPI y advertir si en la resolución del caso, se vulneraron principios del procedimiento administrativo; en segundo lugar, se analizará si jurídicamente, en nuestro país, existe la obligatoriedad de evaluar la salud mental de la gestante y qué deberá entenderse como “evitar un mal grave y permanente a la salud” en el marco de un aborto terapéutico. Y finalmente, determinar el alcance de la discriminación por razones de género en el ámbito mercantil y si es que la clínica a través del personal médico utilizó estereotipos de género al negar el servicio solicitado que ameritaba el estadio médico de la gestante. Para la realización de esta investigación se tomó en cuenta que el presente caso nos permite evaluar posibles sesgos y perjuicios de género en el tratamiento de las solicitudes de aborto terapéutico y otros procedimientos relacionados con este, vislumbrando la falta de capacidad que ha tenido el Estado, primero, para fiscalizar el real cumplimiento de los protocolos establecidos con relación al aborto terapéutico desde el 2014, por parte de los establecimientos privados y públicos del sector salud. Y segundo, para proceder a la persecución de una falta administrativa sin revictimización de la persona agraviada.

El presente documento tiene por objeto exponer y analizar los problemas jurídicos advertidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia condenatoria emitida por la Corte Suprema contra la ciudadana Giuliana Flor de María Llamoja Hilares, quien apeló ante el supremo interprete de la constitución porque consideró afectado su derecho a una tutela jurisdiccional efectiva en su variante del Debido Proceso. De ahí la trascendencia de la sentencia del expediente n.º 00728-2008-PHC/TC, que pese a haber sido emitida hace poco más de catorce años sigue vigente, pues la jurisprudencia actual producida por la judicatura y la fiscalía evidencia que los magistrados al momento de resolver sus casos incurren en deficiencias argumentativas y expositivas, lo que produce un alto rechazo social, erosionando la confianza ciudadana en sus operadores jurisdiccionales, lo que precisamente fue advertido por los tribunos del TC. En ese sentido, este trabajo busca profundizar y explicar con detalle los principales temas penales y constitucionales discutidos en el dictamen, destacando los problemas advertidos como la debida motivación de las sentencias judiciales, el estándar probatorio, la rehabilitación del condenado, el análisis de la prueba indiciaria, la presunción de inocencia e in dubio pro reo, entre otros. Así pues, la sentencia en cuestión resulta una fuente valiosa y actual de cómo debe resolverse una litis, pues muestra el derrotero que debe seguir el operador jurídico para no incurrir en vicios de constitucionalidad que afecten los derechos fundamentales de las partes sometidas a juicio y anulan las decisiones

Este informe trata sobre la Resolución 14 del 27 de diciembre de 2013 proferida en el Expediente Nº 014923-2013-0-1801-JR-CI-05, que declaró nulo, todo lo actuado por la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión del gobierno del expresidente García entre los años 2006 y 2011 a partir de la expedición de la citación del 8 de marzo de 2013, incluyendo todos los actos posteriores a la indicada citación, referidos exclusivamente al expresidente. El informe aborda los principios del debido proceso que deben respetar las comisiones parlamentarias, los alcances y límites del control constitucional aplicables al Poder Legislativo cuando investiga; y, finalmente, las características mínimas que debe tener la citación a cualquier persona que sea objeto de investigación parlamentaria. Se plantea que el control constitucional de los actos de las comisiones investigadoras del Congreso está dotado de una intensidad distinta al control que alcanza a las comisiones que tienen potestad sancionadora; y precisa que las características de una citación serán distintas dependiendo del avance que tenga la comisión investigadora. El informe construye un marco teórico relativo a las comisiones investigadoras del Congreso, los alcances del control constitucional de los actos de éstas, para, finalmente, delimitar los estándares mínimos que deben tenerse presentes al citar a una persona cuyos actos son materia de investigación. El informe concluye analizando el pronunciamiento judicial mencionado, y ensayando criterios alternativos al control constitucional de los actos desarrollados por las comisiones investigadoras, mediante una propuesta que recoge – y a su vez distingue – de otros criterios jurisprudenciales desarrollados por el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El presente Expediente versa sobre la Demanda de Divorcio por Causal; la misma que fue interpuesta por la señora Melina Esmeralda Mena Gil contra el señor Erick Alfredo Castillo Castillo. En ese sentido, se expondrán los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda de separación de hecho. Asimismo, se darán a conocer las decisiones tomadas por las autoridades judiciales en primera y segunda instancia. Finalmente, se extraerá del presente expediente la materia controvertida, la misma que será analizada a través de jurisprudencia y doctrina avocada a la separación de hecho como causal de divorcio. / Trabajo de suficiencia profesional

El presente informe se analizará la Casación Nº 2264-2010 HUAURA emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, a razón del proceso de Divorcio interpuesto por el señor Ruiz Palacios, estando a que las sentencias de los órganos inferiores contravinieron las normas el debido proceso al inaplicar el artículo 333 y realizar una incorrecta valoración de los medios probatorios obrantes en el expediente, impidiendo al demandante tener una sentencia conforme a ley. A través del presente informe, se analizará lo resuelto en el proceso en el juzgado y la Sala Superior, así como lo resuelto por la Sala Suprema en casación, para poder identificar problemas jurídicos y brindar una respuesta a los mismos. El análisis se centra en el error por parte de los órganos inferiores al momento de identificar las causales de divorcio y su aplicación y la incorrecta valoración de los medios de prueba. / This report will analyze Cassation Nº 2264-2010 HUAURA issued by the Permanent Civil Chamber of the Supreme Court of Justice of Lima, in regards to the Divorce process filed by Mr. Ruiz Palacios, being that the statements made by the Lower Courts contravened the rules of the due process by the misapplication of article 333 and, thus, made an incorrect assessment of the evidence offered in the file, which resulted in preventing the plaintiff from having a sentence in accordance with the law. Through the aforementioned report, an analysis will be provided in regards to the resolution made by the Court and the Superior Chamber, so as what was resolved by the Supreme Chamber in Cassation, looking forward to identifying legal loopholes and issuing a tackling response to them. The analysis will pivot in the mistake made by the Lower Courts when recognizing the grounds of divorce and their further application, as well as the mistaken assessment of the means of proof.

En el caso materia del expediente privado, que tiene por pretensión el desalojo por ocupación precaria, el mismo que se tramita en la vía del proceso sumarísimo, teniendo como partes procesales a dos personas naturales. Dicho bien inmueble es fruto de una sucesión intestada y sobre el mismo se siguió una división, partición y adjudicación. Además, debemos tener en cuenta que durante el trámite del proceso se acompaña procesos contenciosos administrativos, así como antecedentes registrales a fin de acreditar su posesión. No obstante, es importante indicar que en la sentencia emitida a nivel de Juzgado no se pronunció sobre los puntos controvertidos fijados en la audiencia única. Del mismo modo, a nivel de Sala Civil se llega a resolver el proceso haciendo una valoración inadecuada sobre el título a lo que refiere en el presente proceso, que no hace referencia a un título de propiedad. En este sentido en ambas instancias se ha incurrido en la infracción al principio de la debida motivación lo cual conlleva a la vulneración de un debido proceso. Sin embargo, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de casación cuya resolución fue declarar fundado el recurso, casaron la sentencia de vista, y actuando en sede de instancia revocaron la sentencia apelada que declara improcedente la demanda y reformándola la declararon infundada. En consecuencia, el fallo emitido por la Corte Suprema fue acorde a derecho y reafirmó lo señalado en el IV Pleno Casatorio Civil, en el presente caso. / Trabajo de suficiencia profesional