Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En el moderno Estado Constitucional la libertad constituye el valor sobre el cual se asienta la organización política societaria, pues configura el límite natural al poder público. Sin embargo, a menudo somos testigos de como la actividad estatal – específicamente la Administración - infiere en nuestras vidas, afectando, por consiguiente, nuestra libertad; ya sea positiva o negativamente. Precisamente, la actividad del Estado limitativa de derechos, se denomina actividad de policía. Ahora bien, la policía actúa utilizando diversas técnicas, que se diferencian entre sí, por la distinta forma en que afectan la libertad de los privados, es decir, más o menos intensamente. En este sentido, una de las técnicas de intervención más represivas es la autorización, la que podemos definir, en primera instancia, como un acto administrativo que habilita a los particulares para desarrollar una determinada actividad; esto significa, que en múltiples supuestos, es imperioso obtener un acto de consentimiento de la autoridad administrativa, pues sin él sería imposible desarrollar la actividad que en cada caso se pretende efectuar. Pero, ¿por qué es necesario obtener una autorización para ejercer una actividad determinada?, ¿ no somos acaso libres para elegir y realizar la actividad que deseemos?, de no ser así, ¿no basta ampararnos, para ejercer la actividad que pretendemos, en la disposición constitucional que consagra la libertad de empresa?. El presente estudio pretende responder éstas y otras interrogantes que surgen en torno al tema. Con tal objeto, nos abocaremos a analizar la situación existente en la doctrina comparada, principalmente española, ya que nuestro país carece de estudios al respecto. Debemos hacer presente, que esta memoria más que un diagnóstico, ofrece una exposición de planteamientos de varios tratadistas, quienes analizan la autorización a partir de su propia realidad jurídica. No obstante, esperamos que constituya un real aporte, de manera que sea el inicio para futuros y más acabados análisis, que al mismo tiempo configuren una herramienta que permitan comprender y vislumbrar la importancia de un adecuado manejo de esta técnica.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su tesis en el Portal de Tesis Electrónicas. / Hasta la dictación de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, N°19.880 (LBPA), en el año dos mil tres, habían conceptos tan relevantes como el de acto administrativo, que no tenían una definición legal expresa, en norma general, sino, sólo las contenidas en la jurisprudencia administrativa expresada en dictámenes de la Contraloría General de la República ( CGR ), institución que tantas veces ha debido suplir por esa vía los vacíos que nuestro ordenamiento presenta en materias de nuestra disciplina. Otro de los temas que vino a tratar de forma orgánica y completa la ( LBPA ), fue el tópico de la presente memoria, esto es, los modos de extinguir los efectos de los actos de la Administración Pública.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En primer lugar, es esta una tesis cuyo objeto de interés es la estructura de legitimación de la sanción administrativa, no del procedimiento de cognición y atribución de la misma. Muchas veces, al abordar al Derecho Administrativo Sancionador, se confunden criterios sustantivos con los puramente procesales, tratando ambos aspectos de la cuestión- de suyo diferentes y gobernados por plataformas normativas diferentes- en una sola línea argumental, por lo mismo confusa. Nosotros, en cambio, desde ya advertimos que las consideraciones que informarán el desarrollo del presente texto se enmarcan en un objetivo netamente sustantivo, aun cuando nos haremos cargo de algunos aspectos procedimentales tangenciales a nuestro estudio

A pesar de reconocerse en Chile potestades sancionadoras a la Administración desde el comienzo mismo de la República y de crecer éstas elefantiásicamente en las últimas décadas, el Derecho Administrativo Sancionador, esto es, aquella rama del Derecho Público, y específicamente del Derecho Administrativo, que ha de regular quién, cómo y con qué límites las puede ejercer, es aún incipiente. Tan incipiente es el Derecho Administrativo Sancionador en nuestro medio que la doctrina aún discute cómo denominar esta materia. Y lo es tanto que, reconozcámoslo con cierta desazón, la doctrina se ha detenido extensa e inoficiosamente en la discusión sobre la ontología de la sanción -¿es o no pena?-, bajo el supuesto, absolutamente errado, de que de ella depende la aplicación o no de los principios inspiradores del Derecho Penal al Derecho Administrativo Sancionador. Y peor aun, parte importante de nuestra doctrina ha comenzado la construcción dogmática del Derecho Administrativo Sancionador a partir de la elaboración que al respecto ha efectuado la doctrina española e incluso llevándola a extremos inaceptables, en circunstancias que las bases conceptuales y normativas –especialmente constitucionales- de ésta son sustancialmente distintas a las nuestras. Error lamentablemente habitual en nuestra doctrina

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente memoria estudia el error de hecho en el Derecho Administrativo. Centra su análisis en la génesis, distinción y nomenclatura que se utiliza respecto de esta figura en el derecho comparado y lo contrapone con la existente en el derecho nacional, fundamentalmente en torno a las normas y principios de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado. Finalmente, se realiza un examen jurisprudencial administrativo en base a los dictámenes de la Contraloría General de la República durante los últimos 10 años donde es posible advertir los elementos prevalentes del error de hecho, sus tipos y características más distintivas.

[EN] There were missing manuals about the Spatial Planning (Ordenación Del Territorio) from a comparative point of view between the Autonomous Communities and also between European countries. At the same time, a review was needed of what happened on this matter since the Constitution of 1978. Similarly, it should be considered with the perspective of the past years, the validity and effectiveness, or the lack of it, of the system and its level of implementation. It was also necessary to evaluate the work of the constitutional jurisprudence that has been shaping and creating a clear environment on this subject with the involvement of Constitutional Court (Tribunal Constitucional) at the time of defining the power and competencies between the Nation and the Autonomous Communities (Sentence 61/97 January 20th) Starting with its concept of a combination of contents planner of public actions and as stated in the European Regional/Spatial Planning Charter -as an economic, social, cultural and ecological policies' spatial expression of the whole society-, it is from where it's carried out a comparative study with France, Germany, United Kingdom or Italy itself, countries that have been working for years in order to regulate the Spatial Planning. United States should also be mentioned as the focus of this discipline's beginning. Continuing with this comparative study at a national level Valencia deserves special interest, highlighting the Law 5/2014 of July 25h, (LOTUP) and the attempt of setting long term objectives for the Spatial Strategy. The Community of Madrid is an example of bad practise (mala praxis) due to the fact that, even though Madrid has a Spatial Planning Law, its content has not been implemented.On the contrary, special attention should be made to Navarra, which has a very efficient Spatial Strategy, and Catalonia, which has implemented the Barcelona's Metropolitan Plan (Plan Metropolitano de Barcelona) To summarize, and taking into account the above mentioned exceptions, the system fails. The solution, as explained in the Thesis, is further impetus and new proposals. / [ES] Faltaban manuales, que trataran la Ordenación del Territorio desde un punto de vista comparativo entre Comunidades Autónomas y entre países de ámbito europeo. Al mismo tiempo, debía hacerse una revisión de lo que ha ocurrido en esta materia desde la Constitución de 1978. De igual modo, debía valorarse con la perspectiva de estos años, la validez y eficacia, o no, del sistema y su grado de implantación. Era igualmente necesario valorar la labor de la jurisprudencia constitucional, que ha ido moldeando y creando un entorno claro de esta materia, interviniendo el Tribunal Constitucional, a la hora de delimitar las competencias, entre el Estado y las CCAA (Sentencia 61/97 de 20 de enero). Partiendo de su concepto como conjunto de actuaciones públicas de contenido planificador y como destaca la Carta Europea de Ordenación del Territorio, como expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad, es desde donde se lleva a cabo un estudio comparativo, con Francia, Alemania, Reino Unido o la propia Italia, que llevan años regulando la Ordenación del Territorio. También debe mencionarse Estados Unidos como foco de origen de esta disciplina. Continuando con ese estudio comparativo, a nivel nacional, especial interés se le da a Valencia, donde destaca la novedad de la Ley 5/2014, de 25 de julio, (LOTUP), y los intentos de fijar objetivos a largo plazo con la Estrategia Territorial. Ejemplo de mala praxis, es la Comunidad de Madrid, donde a pesar de tener una Ley de Ordenación muy primeriza, luego no se ha visto reflejado en ninguna acción real. Destacan al contrario, Navarra, con una eficaz Estrategia Territorial. O Cataluña, con entre otros, el Plan Metropolitano de Barcelona. En general, y con excepciones que se describen, el sistema falla. Deben darse nuevos impulsos, llevar a cabo nuevas propuestas, que en la Tesis se reflejan. / [CAT] Faltaven manuals, que tractaren l' Ordenació del Territori des d'un punt de vista comparatiu entre Comunitats Autònomes i entre països d'àmbit europeu. Alhora, s'havia de fer una revisió del que ha ocorregut en aquesta matèria des de la Constitució de 1978. De la mateixa manera, s'havia de valorar amb la perspectiva d'aquestos anys, la validesa i eficàcia, o no, del sistema i del seu grau d'implantació. Era igualment necessari valorar la tasca de la jurisprudència constitucional, que ha anat modelant i creant un entorn clar d' aquesta matèria, intervenint el Tribunal Constitucional, a l'hora de delimitar les competències, entre l'Estat i les CCAA (Sentència 61/97 de 20 de gener). Partint del seu concepte com a conjunt d'actuacions públiques de contingut planificador i com destaca la Carta Europea d'Ordenació del Territori, com a expressió espacial de la política econòmica, social, cultural i ecològica de tota la societat, és des d'on es duu a terme un estudi comparatiu amb França, Alemanya, el Regne Unit o la pròpia Itàlia, que duen anys regulant l' Ordenació del Territori. També cal mencionar els Estats Units com a focus d'origen d'aquesta disciplina. Continuant amb aquest estudi comparatiu, a nivell nacional, especial interés se li dóna a València, on destaca la novetat de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, (LOTUP), i els intents de fixar objectius a llarg termini amb l'Estratègia Territorial. Exemple de mala praxis, és la Comunitat de Madrid, on a pesar de tindre una Llei d'Ordenació molt primerenca, després no s'ha vist reflectit en cap acció real. Destaquen pel contrari Navarra, amb una eficaç Estratègia Territorial. O Catalunya, amb entre d' altres, el Pla Metropolità de Barcelona. En general, i amb excepcions que es descriuen, el sistema falla. S'ha de donar nous impulsos, dur a terme noves propostes, que en la Tesi es reflecteixen. / Solar Rodríguez-Porrero, JD. (2016). Perspectivas de la ordenación del territorio en el marco de las comunicaciones autonomas. Propuestas y modelos [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/62362 / TESIS

Actividad formativa equivalente a tesis (magíster en derecho con menciones) / La Potestad organizativa del Estado en los Ministerios es una atribución que el ordenamiento jurídico entrega al Presidente de la República y a ciertas autoridades administrativas que les permite intervenir en la dirección y organización de los organismos que administran desde su instalación y durante toda su vigencia. El Tribunal Constitucional Chileno1 la define como la atribución que el ordenamiento jurídico entrega a ciertas autoridades para intervenir en el diseño de la organización. La definición de Potestad organizativa del Estado se ha construido tomando como base el estudio y análisis de una serie de normas dictadas desde el comienzo de la República, pasando por las Constituciones Políticas, leyes y jurisprudencia tanto judicial como administrativa, cuya evolución obedece a diferentes etapas históricas y realidades administrativas. En las siguientes líneas se expondrán los preceptos que han sido fuente de la fisonomía institucional de los Ministerios como órganos de la Administración y las diferentes instituciones o potestades estatales que han intervenido en dicha conformación. Desde 1810 a la fecha, la Potestad organizativa se ha manifestado en las Carteras de Gobierno, a través del poder constituyente, el órgano legislativo, sentencias del Tribunal Constitucional, dictámenes de la Contraloría General de la República, Reglamentos del Presidente de la República y también, y en el último tiempo, a través de actos administrativos de los propios Ministros y Subsecretarios. El tránsito de estas manifestaciones jurídicas desde el origen hasta el día de hoy, devela normas que han ido consolidándose en la institución sobre un contexto originalmente rígido en su regulación hasta la existencia de una mayor flexibilidad al momento de crear y organizar un Ministerio. En el presente trabajo se observarán las diferentes manifestaciones que la potestad organizativa del Estado ha tenido y tiene hasta el día de hoy en la materia.

Los desafíos ecológicos contemporáneos están insertos en el contexto de la sociedad del riesgo, escenario que emergió de la modernidad en la transición para la posmodernidad. Este período se caracteriza por la complejidad y la incertidumbre, lo que hace frágil la estabilidad que hasta entonces se imponía a los vínculos causales. Pero, las incertidumbres del conocimiento científico no pueden utilizarse como excusa contra la responsabilidad por daños ambientales y tampoco pueden atribuir responsabilidad a quien no dio causa alguna al hecho nocivo. Por lo tanto, en situaciones de complejidad, en el ámbito probatorio, es posible establecer indicadores de probabilidad para establecer niveles de responsabilidad. De hecho, abordar las demandas de responsabilidad ambiental no se limita a esbozar una nueva teoría del nexo causal, calzada únicamente en las instituciones tradicionales del derecho material, exigiéndose un análisis conjugado del derecho probatorio pertinente. En este contexto, la causalidad fundada en probabilidades posibilita una solución que trasciende los modelos estancos de responsabilidad total o de plena exoneración, admitiéndose valores que flotan entre esos extremos en un ambiente de causalidad probable, indicativo de grados de incertidumbre. Además, las medidas preventivas que se adopten deben incidir en el resultado final de la responsabilidad, o sea: cuanto un agente aporte de pruebas que coloquen en evidencia la minimización de riesgos de causar daño ambiental es inversamente proporcional a su parte de responsabilidad. Por otro lado, daños de alta magnitud o elevada diseminación, respecto de que los responsables no sean adecuadamente determinables, pueden ser colocados en evidencia por medio de estudios científicos. Aquí no se busca algo al respecto de la causalidad para el caso concreto y es posible, entonces, dispensar de la prueba de pericia, a partir de una presunción de causalidad. Tal presunción solamente será invertida si el operador comprueba que adoptó las medidas preventivas de daños fundadas técnicamente en la mejor tecnología disponible. La propuesta, por lo tanto, es que la solución conjugue teoría de la causalidad, repercusión procesal de medidas preventivas y contexto probatorio del caso concreto.

A presente Tese tem como tema a apresentação de mecanismos transnacionais multidimensionais baseados na Solidariedade sustentável, na Economia e na Governança Ambiental para o combate à Pobreza mundial, cujo objetivo institucional é a obtenção de título de Doutora pelo Curso de Doutorado em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, inserindo-se na área de concentração “Constitucionalismo, Transnacionalidade e Produção do Direito”, vinculando-se à linha de pesquisa “Estado, Transnacionalidade e Sustentabilidade”, com dupla titulação pela Universidade de Alicante – UA/Espanha pela linha de pesquisa “Derecho ambiental y de la sostenibilidad”. O seu objeto é a Pobreza mundial e a atuação do direito frente à realidade transnacional, estabelecendo-se como objetivo geral apresentar mecanismos transnacionais multidimensionais para a erradicação da Pobreza mundial a partir de critérios solidário sustentáveis, econômicos e de Governança Ambiental. E objetivos específicos: a) Identificar o problema objeto da pesquisa, a Pobreza mundial, analisando o histórico e o tratamento jurídico do combate à Pobreza a partir de seu aspecto global e a crise socioambiental mundial vivenciada, criando um conceito jurídico de Pobreza multifacetado que sirva de base para a pesquisa; b) Compreender as Políticas Globais de Redução da Pobreza e o tratamento jurídico do seu combate a partir da visão dos direitos sociais, do mínimo existencial e do socioambientalismo; c) Verificar quatro das teorias unidimensionais de erradicação da Pobreza já existentes: a Solidariedade, a Sustentabilidade, a Economia e a Governança Ambiental; d) Compreender a base conceitual do Direito Transnacional e as demandas desterritorializadas a partir da Transnacionalidade, do Transconstitucionalismo e do Transjudicialismo. Para tanto, o trabalho foi dividido em três partes, a primeira que visa a apresentar o grande problema de pesquisa, que é a Pobreza mundial, a segunda que apresenta as teorias unidimensionais existentes para a erradicação da Pobreza, e a terceira e última parte que conjuga os estudos do Direito Transnacional a uma proposta de criação de mecanismos multidimensionais transnacionais para a erradicação da Pobreza mundial. No que tange à metodologia, o método utilizado na fase de investigação foi o indutivo; na fase de tratamento dos dados, o cartesiano, e no relatório da pesquisa, expresso na presente tese, a base lógica indutiva. Nas diversas fases da pesquisa foram acionadas as técnicas do Referente, da Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica.

En el Perú y, en particular, en Lima Metropolitana se observa una situación de mayor demanda hídrica y menor disponibilidad a causa de diferentes factores, como son la distribución asimétrica del recurso, crecimiento demográfico acelerado, altos niveles de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y el uso y consumo irresponsable, entre otros. A ello se suman las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global, que agravan la situación de escasez hídrica. Así, surge la imperiosa necesidad de obtener recursos hídricos no convencionales, como la reutilización de aguas residuales tratadas, pues constituye una fuente adicional hídrica, pues si se plantea su desarrollo de manera apropiada, permitirá reducir la presión que se ejerce sobre las fuentes naturales de agua. Ante dicho contexto, es pertinente establecer un régimen jurídico especial referente a la reutilización de las aguas residuales tratadas, considerada como una alternativa eficaz permanente que incrementa la oferta del recurso hídrico. En ese sentido, la presente investigación comprende el estudio y análisis de la situación hídrica en el Perú, a partir de una revisión e interpretación del ordenamiento jurídico que establece su regulación y gestión. Del mismo modo, se describen los aspectos técnicos y administrativos, abordando las responsabilidades de los actores involucrados en el tema hídrico. Posteriormente, se analiza el marco normativo que rige la reutilización de aguas residuales, valorando los aspectos técnicos administrativos de su regulación, con el objetivo de mostrar su régimen jurídico. Asimismo, se pretende justificar la importancia de la reutilización de aguas residuales ante la problemática hídrica en Lima Metropolitana, así como el diagnóstico de los impactos que producen sobre su población y el medio ambiente. En general, se busca identificar el nivel de desarrollo de la reutilización de las aguas residuales en el Perú, y verificar el grado de eficacia ante las necesidades de la población. Además de analizar la incidencia de la normativa ambiental que permite la explotación de la reutilización de aguas residuales; describir los impactos ambientales de la reutilización de aguas residuales en el país.