Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la presente memoria se busca profundizar en el estudio del factor tiempo dentro de los procedimientos administrativo-sancionatorios, su origen, incidencia, consecuencias y necesario respeto para que éste sea conforme a derecho, estudiando tanto la normativa, doctrina y jurisprudencia atingente al caso. En dicho trabajo, se le otorga especial énfasis a reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Chile, a propósito de que ésta ha acuñado una nueva figura extintiva denominada “decaimiento del procedimiento administrativosancionador”, que extingue el procedimiento administrativo-sancionador. Así, es que dicho estudio busca reivindicar la necesidad de que todo procedimiento administrativo-sancionador se desarrolle dentro de límites temporales que den pleno respeto a los derechos y garantías de todo ciudadano.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El Estado a través de órganos denominados Superintendencias realiza la labor de supervigilancia que le encomienda la Constitución. En particular, en materia de pensiones esta labor es realizada por la Superintendencia de Pensiones la que en términos generales, controla, fiscaliza, resuelve los conflictos en el ámbito administrativo y regula la actuación, de las entidades públicas, y especialmente privadas que intervienen en la gestión del sistema, y sanciona. El presente estudio se centra en la potestad fiscalizadora y sancionadora de la Superintendencia de Pensiones, analizando en primer lugar, a la Superintendencia desde un punto de vista de su estructura orgánica, continuando con el análisis del procedimiento a través del cual se concretan dichas funciones; y finalizando con la exposición de los principales criterios utilizados por la jurisprudencia administrativa y judicial en casos concretos de aplicación de sanciones por parte de dicha entidad

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El presente trabajo de investigación pretende analizar la eficacia de dos mecanismos de simplificación administrativa empleados en los procedimientos de otorgamiento de licencias de edificación tramitados ante la Municipalidad Metropolitana de Lima; estos son: la aprobación automática y el silencio administrativo positivo. Se parte de la hipótesis que dicha municipalidad desnaturaliza los referidos mecanismos de simplificación administrativa puesto que desconoce y/o obstaculiza los efectos de estos en los procedimientos administrativos sobre licencia de edificación de su competencia. Este tema resulta relevante ya que la actuación de las municipalidades en los procedimientos sobre autorizaciones administrativas para edificar es un factor determinante para contar con un desarrollo urbano ordenado y con los estándares de seguridad suficientes, así como para tutelar los intereses de los administrados sin generar inseguridad jurídica para los mismos. La investigación se sustenta en el análisis de la doctrina sobre las técnicas de la aprobación automática y del silencio administrativo positivo; en el análisis de la regulación de los procedimientos administrativos sobre licencias de edificación; sobre el análisis de pronunciamientos del Tribunal Constitucional y; sobre el análisis de resoluciones administrativas emitidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se concluye que los servidores encargados de la tramitación de los procedimientos y/o de realizar las acciones de verificación administrativa con posterioridad a la emisión de la licencia de edificación realizan una serie de actuaciones propias de un procedimiento administrativo en trámite, desconociendo la existencia de una resolución ficta que otorga la licencia de edificación ya sea por aprobación automática o por silencio administrativo positivo, quitándole vigencia a dichos mecanismos; lo que implica vulnerar el principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad. / Trabajo de investigación

Nuestra Constitución Política de 1993 no obliga a la Administración Pública a establecer un régimen público único para los servidores públicos, facultando así, la coexistencia de un diversidad de regímenes públicos y privados. El análisis e interpretación de la Función Pública y la Carrera Administrativa -como bienes Constitucionalmente protegidos-, nos permite establecer que el régimen Público laboral de la Administración Pública necesita una unificación; siendo que, uno de los objetivos de la Administración es que, toda aquella persona que brinde un servicio al Estado se encuentre sujeto a un régimen uniforme, con la finalidad de iniciar la modernización del servicio público “elemento fundamental para un adecuado funcionamiento de la Administración Pública”1. Este articulo académico tiene por finalidad analizar la Sentencia 002-2010-PI/TC - desde la perspectiva de la Función Pública- con la finalidad de establecer si el Régimen de Contratación Administrativo de Servicios cumplió con la finalidad pública por la cual fue creada. / Trabajo académico