En años recientes los medios de comunicación se han encargado de difundir masivamente casos graves de delincuencia sexual en el país creando un sentimiento de rechazo e impotencia en la población peruana. Así, los ciudadanos han manifestado su deseo de aplicar la sanción máxima: la pena de muerte. No obstante, la CADH es el instrumento internacional que regula la materia, por lo que previo a cualquier acción, es indispensable la denuncia del tratado. Surge entonces la propuesta guía del presente trabajo por la cual se pretende plantear la aplicación extensiva del principio de progresividad y no regresión el cual impediría ampliar los alcances del artículo 140 de la Constitución Política de 1993, incluso tras la salida de las convenciones internacionales; esto basándose en la premisa de que los derechos humanos, y en particular el derecho a la vida, están protegidos por normas jurídicas internacionales consuetudinarias y/o de jus cogens amparadas por dicho principio. En este sentido, se concluirá que la ampliación de causales de la pena de muerte resultaría una imposibilidad jurídica al encontrarse tutelada por un principio rector del Derecho Internacional

La violencia, la represión y los conflictos armados son por desgracia habituales en la vida de muchos niños en el mundo. Su vulnerabilidad en esos contextos se ve intensificada. Particularmente, hay un grupo de niños que se ven envueltos en roles de combatientes, espías, mensajeros, vigilantes, “suicide bombers”, entre otros. El Derecho Internacional afronta esta realidad estableciendo disposiciones que buscan prevenir y proteger a los niños soldados. Esta investigación analiza los estándares que emergen de ellas y sostiene que son diferenciadas, incoherentes y limitadas. No toman en cuenta el interés superior del niño sino favorecen, con su terminología y lenguaje impreciso, el margen de discrecionalidad de los Estados en aras de la necesidad militar.

La seguridad social es un derecho humano y fundamental, reconocido no sólo a nivel interno en la Constitución Política del Perú, sino también en numerosos instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano. Estos instrumentos, de carácter vinculante y de rango constitucional, generan una serie de obligaciones que el Estado peruano debe cumplir, y que por tanto resultan exigibles. Sin embargo, el panorama actual de la protección social en el Perú genera incertidumbre sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado en materia de seguridad social. Por ello, es necesario conocer el contenido de las obligaciones vinculadas al derecho a la seguridad social a fin de determinar si: i) el Estado peruano está cumpliendo con aquello a lo que se ha obligado cuando ratificó estos instrumentos o si se encuentra en situación de incumplimiento y ii) en el segundo caso, cuáles son los parámetros que debe seguir el Estado a fin de cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad social. De este modo, en el presente trabajo haremos un recuento de las obligaciones del Estado en materia de seguridad social desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a fin de identificar las acciones que el Estado peruano debe asumir para la protección de este derecho en el marco de las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad.

El presente trabajo versa, fundamentalmente, sobre los problemas jurídicos y políticos de la aplicación de la Doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P). Preliminarmente se realiza una breve reseña histórica de la Doctrina y se analizan los principales elementos teóricos y normativos que la componen. Con dicha base jurídica la investigación se avoca a determinar si la Responsabilidad de Proteger puede fundamentar el uso de la fuerza unilateral por parte de un Estado en respuesta a violaciones graves y sistemáticas de Derechos Humanos en otro Estado. Con este objetivo central, se analizan los tres ejes problemáticos que enfrenta la Responsabilidad de Proteger, esto es, el jurídico, el político y el práctico. Para dicho análisis se contrastan las dos posturas enfrentadas más importantes sobre la R2P: a favor (o la primacía de los Derechos Humanos) y en contra (o de rechazo al intervencionismo). / This paper focuses mainly on the legal and political problems of the application of the Responsibility to Protect (RtoP) doctrine. A brief historical review of the doctrine is made in advance and the main theoretical and normative elements that compose it are analyzed. With this legal foundation, the investigations seeks to determine whether the Responsibility to Protect can be used as a basis for the unilateral use of force by a State in response to serious and systematic human rights violations in another State. With this central objective in mind, the three problematic lines that the Responsibility to Protect faces are examined: the legal one, the political one and the practical one. In this analysis, the two most important conflicting positions on the issue are contrasted: in favor (or the primacy of the defense of human rights above everything else) and against (or the rejection of interventionism).

Recently, the interaction between International Human Rights Law (IHRL) and International Humanitarian Law (IHL) has been significantly developed by the jurisprudence of the Inter- American Court of Human Rights (IACtHR). This article analyzes this recent trend from the cases of the Santo Domingo Massacreand Afro communities displaced from the Cacarica River Basin (Operation Genesis) of this tribunal to assert its competence not only to use IHL to interpret the Inter-American human rights instruments but, at the same time, to approach a direct use of humanitarian standards, which creates a gray area between the interpretation and application of such area of Law. In doing so, the Court resorts to the lex specialis if the IHL norm is the most specialized for the case, and uses IHL to a limited extent, only to expand the content of human rights, but not to judge on possible violations of IHL, which results in a methodology of pick and choose of IHL provisions. / Recientemente, la interacción entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) ha sido desarrollada significativamente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este artículo analiza la tendencia reciente de los casos Masacre de Santo Domingo y Comunidades Afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica (Operación Génesis) de este tribunal para afirmar su competencia no solo para utilizar el DIH al interpretar los instrumentos interamericanos de derechos humanos, pero, al mismo tiempo, para aproximarse a la utilización directa de las normas humanitarias, lo que genera una zona gris entre la interpretación y aplicación de esta área del Derecho. Al hacerlo, la Corte recurre a la lex specialis si la norma del DIH es la más especializada para el caso; y utiliza el DIH hasta cierto límite, solamente para expandir el contenido de los derechos humanos, pero no para juzgar posibles violaciones del DIH, lo que resulta en una metodología de pick and choose (selectiva) de las normas del DIH.

Due to the crisis lived in Mali since 2012, due to a non-international armed conflict between the government and different armed groups, the Security Council of the United Nations Organization declared that the situation in Mali constituted a threat to international peace and security. This led to the military intervention in Mali by France. This article aims to analyse the arguments with which the French government attempted to justify its intervention in order to determine if those arguments are legal or not. / Debido a la crisis que vive Malí desde el año 2012, a causa de un conflicto armado no internacional entre el gobierno y varios grupos armados, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas declaró que dicha situación representaba una amenaza contra la paz y la seguridad internacionales. Ello condujo a la intervención  militar de Francia  en la República de Malí. Este artículo tiene como objetivo analizar los argumentos con los que el gobierno francés justificó su intervención para así determinar sidichos argumentos son legales o no.

El aislamiento solitario es una práctica antigua que se ha extendido hasta formar parte de los sistemas penitenciarios del mundo, ha sido parte de los orígenes de la rehabilitación a través del aislamiento en los modelos penitenciarios y se le puede encontrar en los modelos de Auburn y Pennsylvania. Esta medida es utilizada en distintos escenarios de reclusión, tales como centros penitenciarios, hospitales psiquiátricos, instituciones para niños, niñas y personas adultas mayores; centros para migrantes, refugiados, solicitantes de asilo o refugio, apátridas, indocumentados y en campos de prisioneros de guerra. La presente tesis expone los fundamentos y críticas del empleo de esta práctica a nivel global, se enfoca en el uso del régimen en prisioneros de guerra con discapacidad mental o psicosocial en los conflictos armados internacionales. Para ello, plantea si la interpretación del primer párrafo del artículo 30 del Tercer Convenio de Ginebra de 1949, que permite el empleo del régimen del aislamiento solitario en los prisioneros de guerra con discapacidad mental, es válida a la luz de los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). El artículo 30 del III Convenio de Ginebra de 1949, desde su entrada en vigor, ha sostenido una interpretación que permite el empleo del régimen de reclusión en la modalidad de aislamiento solitario en prisioneros de guerra con enfermedades mentales o –denominada hoy en día por el modelo social— discapacidades mentales. Esta disposición normativa está basada en un modelo médico de discapacidad que tenía como finalidad ser una medida de protección hacia terceros. A partir del surgimiento del modelo social de discapacidad y de los estándares de la CDPD, el modelo en el que estuvo basada la norma y su interpretación se encuentra desfasado; y, la propia interpretación no responde a los estándares de derechos humanos actuales. Sin embargo, esto no implica que el artículo 30 sea suprimido, sino al contrario, la disposición normativa seguirá siendo la misma, pero es necesaria una reinterpretación y actualización de la norma conforme a los criterios establecidos en la interpretación dinámica de la norma conforme al nuevo corpus juris de las personas con discapacidad y de los valores protegidos de la norma humanitaria, el principio pro persona (aplicación la interpretación más favorable, extensiva, amplia, a la hora de proteger a los derechos humanos que se encuentran de manera implícita al interpretar el artículo 30 del CG III), el criterio de sentido común de los términos o coherencia terminológica (criterio para interpretar los valores protegidos de la norma humanitaria) y el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 (la prohibición de las distinciones de índole desfavorable, el trato inhumano, degradante e inhumano y la tortura

El presente informe jurídico tiene como finalidad analizar la sentencia ICC-01/04- 02/06-1962, del 15 de junio de 2017, del caso “The Prosecutor vs. Bosco Ntaganda”, cuya relevancia y complejidad es internacionalmente reconocida, al ser la primera ocasión en la que la CPI admite su jurisdicción respecto a los crímenes de guerra de actos de violencia y esclavitud sexual cometidos intrafilas, es decir, perpetrados por miembros del mismo grupo armado que las víctimas. Para ello, se determinará si los actos de violencia y esclavitud sexual intra-filas, cometidos en perjuicio de niños y niñas soldados, pueden ser calificados como crímenes de guerra, y se evaluarán críticamente los argumentos de la sentencia seleccionada. Se concluirá el presente trabajo exponiendo que los actos de violencia y esclavitud sexual son correctamente calificados como crímenes de guerra, incluso si se cometen intra-filas, en perjuicio de niños y niñas soldados, en tanto dicha interpretación es coherente con la normativa del DPI, del DIH y con la especial protección que el DIDH brinda a los niños y niñas, en el contexto de un conflicto armado. Finalmente, se expondrá que, si bien la CPI determina correctamente que sí posee jurisdicción respecto a los actos de violencia sexual intra-filas cometidos en perjuicio de niñas soldados en el caso concreto, su argumentación pudo ser complementada, haciendo referencia, además de las disposiciones del Estatuto de Roma, a los principios base del DIH, así como a precedentes jurisprudenciales e instrumentos jurídicos del DIDH aplicables

La presente tesis tiene por objetivo identificar el rol del enfoque de género como herramienta en el análisis del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional, mediante el abordaje de una situación específica, la comprensión del matrimonio forzado como una modalidad específica del crimen de esclavitud sexual. La importancia de esta investigación radica en que tradicionalmente se ha considerado a estas ramas del derecho como neutras a lo referido a implicancias de género. Sin embargo, consideramos que el diseño de las normas y el sistema jurídico, en general carentes de este enfoque, no son “neutros”, sino que muy por el contrario contribuyen a perpetuar sistemas opresores e insensibles ante existentes y nuevas formas de violencia contra mujer, las cuales se constituyen como violaciones de derechos humanos. Es así que para el desarrollo de la investigación se ha empelado el marco teórico de del Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional, y de los estudios de género. A partir de los mismos se ha utilizado una metodología mixta, incluyendo el análisis dialectico, histórico y analógico. Cómo conclusión, se ha comprobado que el enfoque de género es imprescindible para comprender el fenómeno analizado y brindar una respuesta adecuada al mismo. Esto al demostrar que el matrimonio encubre un conjunto de violaciones de derechos fundamentales en una institución social aceptada y regulada: el matrimonio, invisibles ante un lente carente de este enfoque

La presente investigación aborda el problema de los Sistemas de Armas Autónomas Letales (SAAL), debido a que se tratan de armas que no dependen de un control humano, sino de su programación basada en inteligencia artificial (IA) para seleccionar y atacar objetivos militares. Este asunto constituye uno de los campos más novedosos del Derecho Internacional debido al creciente avance de la tecnología militar para poner en funcionamiento robots carentes de juicio humano en los conflictos armados. En tal sentido, esta investigación cuestiona si el uso de los SAAL es conforme al Derecho Internacional Humanitario (DIH), principalmente con los Principios Distinción, Proporcionalidad, Precaución y Humanidad, con el objetivo de determinar cómo está regulado este tipo de armamento robótico en la conducción de las hostilidades. Por lo mencionado, se justifica que los SAAL, a pesar de que aún no están desplegados en los conflictos armados, están generando un intenso debate y preocupación mundial respecto a su legalidad y aplicación el DIH, como medio y método de guerra. Para comprender el marco general de regulación de las armas en el DIH se utilizó el análisis y el método sistémico. Finalmente, se concluye que el uso de los SAAL no es conforme al DIH porque viola los principios que constituyen su base y fundamento jurídico, siendo los seres humanos quienes deben mantener siempre el control y dirección de las hostilidades, para garantizar la observancia y cumplimiento del derecho de los conflictos armados.