El presente informe analizará la Casación Nº6189-2011-LIMA emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima, la cual resuelve un recurso de casación interpuesto por la Oficina de Normalización Previsional por la infracción del artículo I del Título Preliminar, artículo 50°, 171° y 188° del Código Procesal Civil y el artículo 139°, incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado en el marco de una demanda contenciosa administrativa primigenia tramitada bajo el proceso especial llevada a cabo ante la 4° Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima. Mediante el presente informe, se analiza lo resuelto por la Sala Suprema en comento, a fin de identificar los problemas jurídicos incurridos y brindar una respuesta a los mismos. El análisis se centra en la valoración y actuación de la globalidad de medios probatorios aportados en el trámite del proceso judicial, aun cuando tales no formen parte del expediente administrativo por la naturaleza contenciosa administrativa de la causa. Asimismo, se analizará si la Casación citada vulnera el Derecho a la Debida Motivación; y cómo ello afecta, por defecto, el Derecho al Debido Proceso y Tutela Jurisdiccional Efectiva. Finalmente, se abordará cómo las infracciones a los derechos procesales previamente descritos vulneran el Derecho Fundamental a la Pensión. / This report analyzes Cassation N°6189-2011-LIMA issued by the Second Chamber of Transitory Constitutional and Social Law of the Supreme Court of Justice of Lima, which resolves an appeal filed by the Social Security Normalization Office for the violation of article I of the Preliminary Title, article 50, 171 and 188 of the Civil Procedure Code and article 139, paragraphs 3) and 5) of the Political Constitution of the State in the framework of a contentious administrative lawsuit processed under the special process carried out before the 4th Administrative Litigation Chamber of the Superior Court of Justice of Lima. Through this report, what was resolved by the Constitutional Chamber is analyzed, in order to identify the legal problems incurred and provide a response to them. The analysis focuses on the assessment and performance of all the evidence presented in the judicial process, even when such are not part of the administrative file due to the contentious-administrative nature of the case. Likewise, it will be analyzed if the mentioned Cassation violates the Right to Due Motivation; and how this affects, by default, the Right to Due Process and Effective Judicial Protection. Finally, it will address how the infringements of the procedural rights previously described violate the Fundamental Right to a Pension.

La compensación en materia de consumidor es controvertida en distintos pronunciamientos por parte del Indecopi. Este es un problema que aún no ha sido resuelto. Por ello, el presente informe jurídico analiza la Resolución N° 3092-2013/SPC en concordancia con todo lo relevante dentro del expediente para adoptar una postura en torno al conflicto. En ese sentido, el trabajo analizará los aspectos relevantes de un procedimiento administrativo en materia de consumidor. Se inicia evaluando si existió vulneración a la idoneidad en el tipo de servicio financiero prestado por el proveedor. Posteriormente, se evalúa si es posible la compensación en cualquier tipo de cuenta. Además, se analiza si hubo afectación a principios administrativos como el principio de confianza legítima y predictibilidad dentro del procedimiento administrativo. Finalmente, se evalúa el alcance de las medidas correctivas complementarias que puede imponer la Comisión de Protección al Consumidor. / Compensation in consumer matters is controversial in different pronouncements by Indecopi. This is a problem that has not yet been resolved. Therefore, this legal report analyzes Resolution No. 3092-2013/SPC in accordance with everything relevant within the file to adopt a position regarding the conflict. In this sense, the work will analyze the relevant aspects of an administrative procedure in consumer matters. It begins by evaluating whether there was a violation of suitability in the type of financial service provided by the provider. Subsequently, it is evaluated whether compensation is possible in any type of account. In addition, it is analyzed whether there was an impact on administrative principles such as the principle of legitimate trust and predictability within the administrative procedure. Finally, the scope of the complementary corrective measures that the Consumer Protection Commission may impose is evaluated.

El siguiente informe aborda un procedimiento administrativo sancionador en el cual la Sala Especializada en Defensa de la Competencia ratifica la Resolución 021-2015/CCDINDECOPI, que desestimó la denuncia presentada por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) y el Instituto del Derecho Ordenador del Mercado (IDOM) contra Nestlé Perú S.A., por supuestos actos de competencia desleal. El informe examina las principales etapas de este procedimiento, considerando la impugnación presentada contra el acto administrativo emitido por la primera instancia y mi posición respecto a la controversia. En primer lugar, se analiza el mandato normativo que exige una evaluación completa y superficial de todo el contenido publicitario, así como su aplicación en este caso específico, centrándose en la cuestión de si los términos de la publicidad en disputa fueron transmitidos de manera clara y perceptible, especialmente, en lo que respecta a la fecha de inicio de la promoción. En segundo lugar, se discute la importancia de interpretar la naturaleza de un concurso publicitario que depende del azar, y se abordan las objeciones planteadas por las asociaciones denunciantes sobre la falta de divulgación por parte del proveedor de las fechas en que se distribuirán los premios principales, junto con mi postura al respecto. Finalmente, se revisa la confirmación por parte de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia de la resolución emitida por la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal N.°1, que desestimó la imputación de oficio contra Nestlé por una presunta violación del principio de legalidad.

El presente informe tiene como objetivo exponer y analizar las cuestiones más relevantes en torno a la Resolución N° 3 de fecha 25 de mayo de 2017 y la Resolución N° 9 de fecha 12 de marzo de 2018 del Expediente PAS N° 486-2016 y la Resolución N° 123-2018-SUSALUD/TRI-TSE de fecha 28 de diciembre de 2018 del Expediente PAS N° 160-2018, correspondientes a un procedimiento sancionador seguido por la Superintendencia Nacional de Salud en contra de una compañía aseguradora, en tanto esta última no habría cumplido con contemplar la cobertura de las preexistencias en la nueva póliza de salud contratada por el reclamante. A lo largo del desarrollo del presente trabajo, se podrá evidenciar un análisis procedimental, como de fondo de las diversas problemáticas encontradas. Así mismo, a lo largo del informe se recurren a distintas ramas del Derecho, tales como Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho de Protección al Consumidor y Derecho de Seguros, con la finalidad de abordar de manera completa los debates planteados. Podremos observar que se nos presentaran figuras jurídicas que hoy no encuentran consenso tales como la existencia de un procedimiento sancionador trilateral o la aplicación de la caducidad administrativa en un procedimiento de tal naturaleza. Aunado a ello, encontramos relevante evaluar la separación de competencias entre dos organismos técnicos especializados: Indecopi y Susalud, a fin de determinar el nivel de claridad de estas. Finalmente, el lector hallará el examen de fondo, respecto a si correspondía o no la cobertura de las preexistencias al reclamante. / The purpose of this report is to present and analyze the most relevant issues regarding Resolution No. 3 dated May 25, 2017 and Resolution No. 9 dated March 12, 2018 of File PAS No. 486-2016 and Resolution No. 123-2018- SUSALUD/TRI-TSE dated December 28, 2018 of File PAS No. 160-2018, corresponding to a sanctioning procedure followed by the National Health Superintendence against an insurance company, while the latter would not have complied with contemplating the coverage of pre-existing conditions in the new health policy contracted by the claimant. Throughout the development of this work, a procedural analysis can be evidenced, as background of the various problems encountered. Likewise, throughout the report, different branches of Law are used, such as Administrative Law, Constitutional Law, Consumer Protection Law, and Insurance Law, in order to fully address the debates raised. We will be able to observe that legal figures were presented to us that today do not find consensus, such as the existence of a trilateral sanctioning procedure or the application of administrative expiration in a procedure of this nature. In addition to this, we find it relevant to evaluate the separation of competences between two specialized technical organizations: Indecopi and Susalud, to determine the level of clarity of these. Finally, the reader will find the substantive examination, regarding whether the coverage of the preexisting conditions corresponded to the claimant.

El presente trabajo contiene nuestro análisis sobre los problemas jurídicos más relevantes del proceso de amparo, tramitado bajo el Expediente No. 09820-2011-0-1801-JR-CI-03, E-2830. En dicho proceso, si bien en primera y segunda instancia judicial se declaró improcedente la demanda, a través de la STC No. 04617-2012-PA/TC de fecha 12 de marzo de 2014, el Tribunal Constitucional declaró, por mayoría y pronunciándose sobre el fondo, fundada la demanda de autos; y, en consecuencia, inexigible la deuda tributaria de Panamericana Televisión S.A., generada mientras fue administrada por el señor Genaro Delgado Parker, en cumplimiento de un mandato cautelar. En este contexto, en primer lugar, nos enfocaremos en evaluar el razonamiento de las instancias jurisdiccionales inferiores sobre la fundabilidad de las excepciones deducidas por SUNAT: (i) falta de agotamiento de la vía previa administrativa; y, (ii) prescripción. En segundo lugar, examinaremos si el Tribunal Constitucional podía o no pronunciarse sobre el fondo de la presente controversia en la STC No. 04617-2012-PA/TC, atendiendo a que las dos instancias jurisdiccionales inferiores declararon improcedente la demanda. En tercer lugar, analizaremos la aplicación del control de convencionalidad, a la luz de la Resolución de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia del Caso Baruch Ivcher contra Perú del 24 de noviembre de 2009, en la STC No. 04617-2012-PA/TC por el Tribunal Constitucional. Por último, evaluaremos el Auto del Tribunal Constitucional de fecha 18 de noviembre de 2014, mediante el cual el Colegiado declaró improcedente el recurso de integración interpuesto por la SUNAT, a partir del cual esta entidad pretendía que el Colegiado anule la STC No. 04617-2012-PA/TC.

Nuestra investigación se ocupa de las opiniones vinculantes emitidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y su impacto en la seguridad jurídica urbanística. Las opiniones surgen en un contexto de incertidumbre provocada por la actuación cuestionable de las autoridades municipales frente al ordenamiento jurídico vigente, en detrimento de los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía. Nuestra hipótesis principal es la siguiente: las opiniones vinculantes emitidas por el MVCS constituyen una herramienta necesaria y adecuada para la consolidación del principio de seguridad jurídica en materia urbanística En esa línea, diversas entidades vienen sumando esfuerzos para consolidar la seguridad jurídica en materia urbanística, entre ellas, el MVCS, que, en su condición rectora del sector urbanístico, emite opiniones vinculantes que aclaran, precisan o completan la normativa urbanística, lo que contribuye con la certidumbre jurídica que exige el sector. En nuestro estado del arte abordaremos el estudio de institutos jurídicos fundamentales, como la autonomía municipal, el informe administrativo o la función consultiva de la administración pública, por la importancia que tienen en la temática que abordamos. También evaluaremos los antecedentes normativos de estas opiniones, los que nos permitirán la comprensión de su contexto y su función, asunto que nos lleva inevitablemente al examen de su régimen jurídico vigente. En el problema de investigación analizaremos con detalle la importancia de las opiniones vinculantes del MVCS en el contexto urbanístico nacional, conforme a lo planteado en el estado del arte. Asimismo, es examinada la relación entre la seguridad jurídica y otros principios fundamentales, de lo que ya ha dado cuenta numerosa jurisprudencia y doctrina de primer nivel. En la discusión del trabajo, analizaremos la interpretación que el Tribunal Constitucional ha realizado de la interacción entre las competencias urbanísticas de las municipalidades y del MVCS, lo que nos permite extraer una reflexión final sobre la cuestión según el panorama jurídico existente. Evaluaremos también la potencial repercusión de las opiniones vinculantes en el derecho y la economía, lo que, a nuestro juicio, es un asunto clave que no viene considerando el MVCS en el ejercicio de su labor rectora. Finalmente, ofrecemos una sistematización de las opiniones vinculantes que constituya una aproximación empírica de los problemas que realmente se vienen presentando en el marco de las opiniones vinculantes.

El presente informe jurídico se encarga de analizar los criterios tomados por la Sala Especializada para resolver la controversia entre Olva Courier S.A.C. y Afe Courier S.A.C. presente en la Resolución 008-2023/SDC- INDECOPI. Este caso, empieza con la denuncia interpuesta por Olva Courier por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de denigración contra Afe Courier y culmina con la decisión de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia que confirma, en varios puntos, la Resolución 032-2022/CCD-INDECOPI, de primera instancia. De esta manera, el tema central del trabajo radica en el análisis de la decisión tomada por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia de considerar que se configura un acto de denigración basándose, principalmente, en la clara referencia a la oferta de la empresa competidora. Dicho análisis, también, desarrolla criterios importantes como la alusión inequívoca, unívoca y la aplicación de los requisitos de la exceptio veritatis, los cuales serán tomados en consideración para el desarrollo del presente trabajo. Además, en este informe se desarrolla la aplicación de los criterios de la exceptio veritatis, la configuración del acto denigratorio y como este se puede diferenciar de otros actos de competencia desleal. Finalmente, la última cuestión jurídica que plantea este informe se refiere al análisis desarrollado por la Sala Especializada sobre si las afirmaciones: “Olvaidate de las colas nosotros lo llevamos por ti” y “Olvaidate de procesos en internet” constituyen un acto competencia por medio de una interpretación integral y superficial del mensaje publicitario aludido. / This legal report is responsible for analyzing the criteria taken by the Specialized Chamber to resolve the controversy between Olva Courier S.A.C. and Afe Courier S.A.C. present in Resolution 008-2023/SDC- INDECOPI. This case begins with the complaint filed by Olva Courier for the alleged commission of acts of unfair competition in the form of denigration against Afe Courier and culminates with the decision of the Specialized Chamber for the Defense of Competition that confirms, in several points, the Resolution 032- 2022/CCD-INDECOPI, of first instance. In this way, the central theme of the work lies in the analysis of the decision taken by the Specialized Chamber for the Defense of Competition to consider that an act of denigration is configured based, mainly, on the clear reference to the offer of the competing company. . Said analysis also develops important criteria such as unequivocal, univocal allusion and the application of the requirements of exceptio veritatis, which will be taken into consideration for the development of this work. Furthermore, this report develops the application of the exceptio veritatis criteria, the configuration of the denigrating act and how it can be differentiated from other acts of unfair competition. Finally, the last legal question raised by this report refers to the analysis developed by the Specialized Chamber on whether or not the statements: “Forget about the queues, we will take care of it for you” and “Forget about online processes” constitute or not an act of jurisdiction by means of a comprehensive and superficial interpretation of the aforementioned advertising message.

En la presente investigación se realiza un análisis sobre el deber de idoneidad de la Asociación Promotora Educacional JLN Hope del Perú, representante del Centro Educativo Privado Hiram Bingham, en base a la devolución de la cuota de ingreso a los señores Luna y Arce padres de la menor de iniciales C.M.L.A. Para ello se utiliza lo mencionado por el Decreto Legislativo 1476, así como el Decreto de Urgencia 002-2020, cuyos algunos artículos, en razón a la cuota de ingreso, entran en vigor el 01 de marzo de 2021 junto con el Reglamento de la Ley 26549 “Ley de Centros Educativos Privados”. Teniendo en cuenta lo mencionado, se realiza un análisis tomando en consideración aspectos relevantes presentes en el caso en cuestión, lo cual nos permite evaluar el contrato firmado por las partes, así como el pronunciamiento del personal administrativo de la asociación. Como resultado del análisis, se tiene que la Asociación que actúa como representante de la institución vulnera el deber de idoneidad, pero no necesariamente en base al servicio brindado, sino al negar injustificadamente la devolución de cuota de ingreso, a pesar de que la estudiante no continuaría con sus estudios. Dicha vulneración a tal principio también se encuentra justificado a la determinación de una cláusula abusiva presente en el contrato firmado por las partes, como también la comunicación enviada por el personal administrativo de la asociación que coloca a las partes denunciantes en una situación de expectativa por la devolución. / In the present investigation, an analysis is carried out on the duty of suitability of the JLN Hope Educational Promotion Association of Peru, representative of the Hiram Bingham Private Educational Center, based on the return of the entrance fee to Messrs. Luna and Arce parents of the minor of initials C.M.L.A. For this purpose, what is mentioned in Legislative Decree 1476 is used, as well as Emergency Decree 002-2020, who’s some articles, due to the entry fee, come into force on March 1, 2021, along with the Regulations of the Law. 26549 “Private Educational Centers Law”. Taking this into account, an analysis is carried out taking into consideration relevant aspects present in the case in question, which allows us to evaluate the contract signed by the parties, as well as the statement of the association's administrative staff. As a result of the analysis, it is found that the Association that acts as a representative of the institution violates the duty of suitability, but not necessarily based on the service provided, but by unjustifiably denying the refund of the entrance fee, even though the student did not He would continue with his studies. Said violation of said principle is also justified by the determination of an abusive clause present in the contract signed by the parties, as well as the communication sent by the administrative staff of the association that places the complaining parties in a situation of expectation for the return.

El presente informe tiene por finalidad plantear una crítica a lo resuelto por la Sala Especializada en Protección al Consumidor sobre el reembolso de la cuota de ingreso a los padres de familia, por parte de los colegios privados, con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia Nº 002-2020. Mediante este, se analizará si la cláusula contractual que restringe la devolución de la cuota de ingreso, pese a no haberse iniciado el servicio educativo, constituye una cláusula abusiva de ineficacia relativa. Se examinan los conceptos de cláusulas abusivas y contratos por adhesión, y su regulación en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, destacando los criterios establecidos por el Indecopi para identificar dichas cláusulas. Así, se deja de lado los criterios utilizados originalmente por la Comisión y la Sala en torno al artículo 1431º del Código Civil para resolver el presente caso, a fin de abordar un desarrollo que busca demostrar que la cláusula materia del presente estudio impone una desventaja injustificada y significativa al consumidor, violando el principio buena fe. Se recurre a jurisprudencia tanto administrativa como constitucional, para determinar que la cláusula supone un obstáculo desproporcionado y oneroso. Asimismo, el informe subraya la importancia del derecho fundamental a la educación, indicando que el Indecopi debe evaluar la naturaleza del servicio educativo al analizar estas cláusulas de manera integral y no solo recurriendo a la normativa civil. / The purpose of this report is to criticize the decision of the Sala Especializada en Protección al Consumidor regarding the refund of the enrollment fee to parents by private schools prior to the entry into force of Decreto de Urgencia Nº 002- 2020. Through this, it will be analyzed whether the contractual clause that restricts the refund of the enrollment fee, despite the fact that the educational service did not even start, constitutes an abusive clause of relative ineffectiveness. The concepts of abusive clauses and adhesion contracts and their regulation in the Code of Consumer Protection and Defense are examined, highlighting the criteria established by Indecopi to identify such clauses. Thus, the criteria originally used by the Commission and the Chamber regarding article 1431º of the Civil Code are set aside to resolve the present case, in order to address a development that seeks to demonstrate that the clause in question imposes an unjustified and significant disadvantage to the consumer, in violation of the principle of good faith. Both administrative and constitutional jurisprudence is used to determine that the clause represents a disproportionate and onerous obstacle. Likewise, the report underlines the importance of the fundamental right to education, indicating that Indecopi must evaluate the nature of the educational service when analyzing these clauses in a comprehensive manner and not only resorting to civil regulations.

En el presente Informe Jurídico, a propósito de la Resolución N°0364-2023/SPCINDECOPI, se determinarán cuáles son las medidas de seguridad que una entidad bancaria debería adoptar ante operaciones no reconocidas entre cuentas propias realizadas por canal digital, para verificar que sí cumplió con su deber de idoneidad. Al respecto, se concluirá que no corresponde que el sistema de monitoreo genere alerta ante transferencias entre cuentas propias, incluso si no pertenecen al patrón de consumo del cliente o si se efectúan entre cuentas de diferente moneda, ya que tal tipo de operaciones no son potencialmente fraudulentas al no dar indicios de que es un tercero quien podría está disponiendo de los fondos del titular de las cuentas, en tanto dichos fondos se mantienen dentro de la esfera de dominio del cliente. Siendo ello así, ante un caso de transferencias no reconocidas entre cuentas propias por canal digital, para determinar que el Banco cumplió con su deber de idoneidad adoptando las medidas de seguridad aplicables, solo corresponde verificar que la entidad bancaria autorizó válidamente dichas operaciones conforme a la garantía legal respectiva, la cual dispone que las transferencias entre cuentas propias están exentas de la autenticación reforzada. Tal exoneración se justifica en la naturaleza de las operaciones entre cuentas propias: no representan un posible fraude. De lo contrario, se les aplicaría la regla general que exige que las operaciones por canal digital estén sujetas a la autenticación reforzada. / In this Legal Report, regarding Resolution N°0364-2023/SPC-INDECOPI, we will determine which are the security measures that a banking entity should adopt in the event of unrecognized transactions between its own accounts carried out through digital channels, in order to verify that the entity has complied with its duty of adequacy. In this sense, it will be concluded that it is not appropriate for the monitoring system to generate an alert in the event of transfers between proprietary accounts, even if they do not belong to the customer's consumption pattern or if they are made between accounts of different currencies, since such transactions are not potentially fraudulent, since they do not give any indication that a third party could be disposing of the account holder's funds, since such funds remain within the customer's sphere of control. This being so, in a case of unrecognized transfers between proprietary accounts by digital channel, in order to determine that the Bank complied with its duty of adequacy by adopting the applicable security measures, it is only necessary to verify that the banking entity validly authorized such operations in accordance with the respective legal guarantee, which provides that transfers between proprietary accounts are exempt from the reinforced authentication. Such exemption is justified by the nature of the transactions between proprietary accounts: they do not represent a potential fraud. Otherwise, would apply to them the general rule requiring that digital channel transactions be subject to enhanced authentication.