El presente artículo aborda los conceptos, regulación y aplicación de las herramientas establecidas por el ordenamiento legal para obtener la certificación ambiental de aquellas actividades que no se encuentran contempladas en los Estudios de Impacto Ambiental aprobados por la autoridad competente. Mediante este artículo se analiza la figura de mejora ambiental en el Perú, su legalidad, así como si cumplen con los objetivos y políticas establecidas por el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. A fin de realizar un mejor análisis del tema, he tomado como referencia el caso de la perforación de pozos en el lote III, operado por la empresa INTEROIL PERÚ S.A., en zonas no establecidas en el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado. Considero importante analizar este caso controversial, en tanto el Tribunal de Fiscalización Ambiental concluyó eximiendo de responsabilidad administrativa a la empresa mencionada bajo el fundamento de que su conducta obedecía a una “mejora manifiestamente evidente”; sin embargo, tal como se ha concluido, dicha figura no era aplicable por los motivos que se explican en el presente documento.

El presente trabajo de investigación busca analizar los instrumentos y la normativa nacional del proceso de Ordenamiento Territorial, a fin de determinar conceptos y establecer avances y retrocesos, los fenómenos institucionales que contribuyeron a su consolidación, su ente rector y el sustento normativo de nuestro ordenamiento jurídico que le otorga ese carácter y el diseño metodológico del proceso para llegar al concepto de Ordenamiento Territorial, así como garantizar que este no se paralice, ya que existe capacidad técnica obtenida e información diagnosticada formada en años, por lo que al discrepar el nuevo ROF del MINAM con otra norma del sistema jurídico peruano, como lo es su Ley de creación, es una de las inconsistencias que debilitan la normativa, y dejan al descubierto las falencias técnico jurídicas y de sistematización de normas que debería tener como norte nuestro ordenamiento, a fin de ser uno sólido e integrado, no dejando espacio para vacíos e incertidumbres, y para que el progreso alcanzado, no quede detenido, es necesario que hasta la creación del nuevo ente con competencias en OT nacional, se aclare y confirme que el MINAM es quien ejerce rectoría en OT por su Ley de creación, la misma que continua vigente. Asimismo la necesidad de un Sistema Funcional para el Ordenamiento Territorial, que interrelaciona diferentes actores en los niveles de gobierno y sectores ministeriales, para organizar las normas y estandarizar metodologías e instrumentos, es así que para poder obtener un producto que sea útil, innovador que pueda armonizar con cada sector y nivel de gobierno, será necesario articular cada aporte normativo, cada proceso metodológico implementado para la obtención del concepto de Ordenamiento Territorial, a fin de buscar encaminarnos como un todo, teniendo un sentido nacional, apoyado indudablemente de conocimiento científico, que lo llevará a encontrar su permanencia y consistencia.

El presente trabajo tiene como finalidad, resaltar como ha ido evolucionando la implementación de REDD+ como mecanismo de mitigación dentro de las concesiones forestales, tomando como punto de partida la evolución de la posición de los titulares de las mismas, teniendo en cuenta además los avances que se han ido dando en el ámbito de las definiciones y del marco normativo, destacando principalmente por estos aspectos, los aportes de la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos – Ley 30215- 2015. Asimismo, tiene como objetivo resaltar cuales serían las oportunidades y derechos de los titulares de este tipo de concesiones para implementar el referido mecanismo, quienes inicialmente tenían que obtener títulos adicionales para ejercer la facultad de aprovechamiento del servicio ecosistémico de captura de carbono, lo que podía representar un obstáculo, que se podría decir superado con el análisis de la normativa vigente, que nos permite llegar a la conclusión de que el titular de este tipo de concesiones queda habilitado para la implementación del referido sistema de mitigación, sin necesidad de ningún otro tipo de título, y, además permite también aportar algunas recomendaciones en pro de los avances en cuanto a la implementación de este mecanismo de mitigación dentro de las concesiones forestales.

La conservación1 en nuestro país ha sido reformulada a partir del reconocimiento de la valoración económica y la potencialidad de la variable ambiental de las diferentes áreas naturales protegidas del país; y en general en los recursos naturales, sin embargo este reconocimiento implica una mayor responsabilidad, ya que el manejo sobre las mismas, por ende sobre sus recursos naturales, no sólo debe responder a los requerimientos del mercado sino a un crecimiento económico que involucre un uso sostenible de los recursos y de las ofertas turísticas que las mismas conllevan. Es en este contexto que elaboramos el presente trabajo, ubicando el caso de la Reserva Nacional Marítima Costera de Paracas, el marco legal y su posterior análisis jurídico, para presentar una serie de problemas que el manejo no sostenible ha creado en la misma.

No podemos entender la importancia del estudio de los proyectos REDD+ en Áreas Naturales Protegidas, si es que antes no hacemos una revisión de la problemática del cambio climático y el efecto invernadero, así como la repercusión que tienen dichos fenómenos en la vida de los seres humanos y en su entorno social y económico.

La presente tesis busca identificar y describir la situación actual de la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos comercializados en las tiendas por departamento. Esta idea nace debido a que en los últimos diez años se ha incrementado el número de estos establecimientos a nivel nacional, las preferencias por parte de los consumidores para comprar en estos lugares y a la obligación legal de las tiendas por departamento para implementar planes de manejo de estos residuos. Por otra parte existe una mayor preocupación mundial en el manejo de estos residuos debido a su incremento y a los componentes tanto peligroso como reaprovechables que requieren un manejo especializado distinto al de los residuos urbanos. En el desarrollo del presente trabajo de tipo exploratorio se presenta de manera resumida el marco legal aplicable, rol de los diferentes actores involucrados en la gestión de los residuos, las dificultades y oportunidades que se presentan para el manejo de estos residuos, experiencias en otras regiones y en instituciones tanto públicas como privadas , avances entre otros. Se ha realizado una estimación de la probable generación de residuos en base a una metodología y supuestos, con los que ha permitido calcular aproximadamente el gasto monetario para el reaprovechamiento y/o disposición final. Finalmente se plantea una serie de conclusiones y recomendaciones para los diferentes actores a fin de mejorar el manejo de estos residuos.

El medio ambiente se encuentra amenazado por factores como la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación. De esta manera se pone en riesgo la salud y la vida de las personas, las mismas que el Estado debe proteger a través de políticas públicas oportunas y la adopción de las correspondientes medidas legislativas tendientes a la protección ambiental. La Constitución de la República del Ecuador dice que los derechos o principios son de inmediata aplicación. La Carta Magna señala que las personas tienen derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; por tal motivo, se debe garantizar su efectiva tutela y protección. Tanto más, que el medio ambiente que nos rodea es el único espacio donde puede desarrollarse la vida. El Derecho en su relación con el medio ambiente requiere, de un mecanismo eficaz para la protección ambiental. Los Presidentes de Cortes Superiores son los competentes por ley para conocer de las causas ambientales, sin que estos cumplan con el principio de especialidad en la administración de justicia. Se deben crear juzgados especiales que conozcan de los casos medioambientales de manera exclusiva, que sus jueces y demás personal cuenten con la suficiente especialización en temas ambientales, y que puedan juzgar las causas de mejor manera, garantizando así la protección del medio ambiente. / The environment is threatened by factors like the overexploitation of natural resources and pollution. Therefore, people´s health and life are also at risk, and they should be protected by the State through public policies and the corresponding legislation changes that will protect the environment. The Constitution of Ecuador says that rights can be applied directly. The supreme law states that people are entitled to live in a healthy and ecologically balanced environment; for this reason, effective environmental care and protection should be guaranteed. Because the environment around us, is the only place where life is possible. The law in its relationship with the environment requires an effective mechanism for environmental protection. The Presidents of Superior Courts are the ones authorized by law to judge environmental cases, without any specialization in the justice administration. Special courts have to be created to judge environmental cases exclusively. Judges and other judicial personnel must have sufficient expertise in environmental issues, so they can ensure the protection of the environment.

El presente trabajo de investigación busca analizar los impactos positivos y/o negativos producidos en el sector minero (minería metálica y no metálica), respecto a la facultad de fiscalización del OEFA, como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – SINEFA, en los periodos comprendidos: entre el 01 de junio de 2013 al 30 de junio del 2014; y, el 15 de julio del 2014 al 30 agosto de 2016, correspondientes al antes y después de la entrada en vigencia de la Ley N° 30230, que modificó temporalmente su procedimiento administrativo sancionador, para ello se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo con información obtenida de la propia institución. Finalmente, se concluye que se puede afirmar que con la Ley 30230 se ha logrado priorizar en la prevención antes que la sanción, toda vez que más medidas impuesta de esta naturaleza fueron cumplidas y con ello se logra evidenciar que los administrados están optando por la remediación antes que la sanción.

El 31 de diciembre de 1976, la Estación 1 del Oleoducto (San José de Saramuro) recibió petróleo de los yacimientos de Petroperú, y el primer frente de crudo llegó a la Terminal de Bayóvar el 24 de mayo de 1977. El 7 de junio del mismo año el buque tanque Trompeteros realizó el primer embarque de crudo con destino a Refinería La Pampilla, en Lima. Petroperú construyó posteriormente el Oleoducto Ramal Norte, que va desde la Estación Andoas a la Estación 5. Entró en operaciones el 24 de febrero de 1978.

El presente trabajo sintetiza de alguna forma mis años de experiencia en materia de derecho ambiental y de derecho de las telecomunicaciones, en tal sentido, tiene como propósito consolidar mi experiencia en estos campos y redescubrir para el sistema jurídico peruano uno de los vínculos entre ambas especialidades del derecho administrativo como es la implementación de los Instrumentos de Gestión Ambiental en el Sector de las Telecomunicaciones Peruano, de este modo, tiene como objetivo concreto, dentro del marco de protección de la salud ambiental y de la calidad de vida de las personas, considerar el impacto de las telecomunicaciones en el desarrollo sostenible de la sociedad actual. Para ello, contribuimos en la propuesta propusimos adoptar los valores señalados en las Tablas de Restricciones Básicas y Niveles Referenciales, elaborados por el ICNIRP; con el fin de prevenir los posibles efectos adversos de tales radiaciones en la salud de los seres humanos. Como función del Estado en materia ambiental esta propuesta constituye el primer paso en el establecimiento de Límites Máximos Permisibles para la “emisión” de Radiaciones No Ionizantes (RNI) de Radiofrecuencias o Radiocomunicaciones o Telecomunicaciones. Así, el presente trabajo pretende aportar a la discusión nacional, el tema de la eficiencia y eficacia jurídica como instrumento de gestión ambiental, al establecimiento de los “Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes para el sector de las Telecomunicaciones”. Asimismo, hacer de conocimiento de la ciudadanía lo que en esta materia, se encuentra realizando el Estado Peruano, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.