El inadecuado manejo de los residuos sólidos produce múltiples impactos negativos en la salud de las personas y al ambiente. La presente investigación cualitativa con enfoque de estudio de caso, tuvo como objetivo describir, analizar y comprender la percepción de las madres sobre riesgos ambientales para la salud, relacionados con el inadecuado manejo de residuos sólidos. Las bases conceptuales que respaldaron son: percepción según Márquez (2010), riesgos ambientales según Garza (2002) y residuos sólidos según el Ministerio del Ambiente Perú (2016). La muestra fue de 25 madres de la zona urbana del distrito de Túcume, obtenida por saturación y redundancia; los datos se recolectaron mediante la entrevista semiestructurada; el análisis de datos fue mediante el análisis temático. Se consideró los principios bioéticos personalistas (2007) y los criterios de rigor científico de Morse (2003). Se obtuvo los siguientes resultados: percepción de los efectos en la salud por la quema de plástico; destacando los efectos en la salud de los riesgos ambientales que generan los residuos peligros y tóxicos; conciencia de los efectos de la presencia de vectores cerca de su vivienda y reconociendo el riesgo para la salud de utilizar agua contaminada por residuos sólidos para su consumo e higiene. Con estos resultados se hace evidente que las madres solo perciben los riesgos ambientales para la salud inmediatos, pero no lo que podría ocurrirles por la exposición a riesgos ambientales a largo plazo.

El presente trabajo analiza los posibles contribuyentes y retribuyentes en el futuro mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos (MERESE) hídrico en la cuenca del río Cañete. A diferencia de las experiencias exitosas previas, la cuenca del río Cañete tiene un área muchísimo más grande, albergando a actores como, comunidades campesinas -dedicadas principalmente a la ganadería, actividad que ha contribuido a la degradación de los suelos, usuarios agrícolas -que consumen gran cantidad del recurso hídrico-, usuarios poblacionales y una central hidroeléctrica. Entonces, el tamaño y la mayor cantidad de actores presentes en la cuenca hacen que la implementación del MERESE hídrico revista una mayor complejidad. Cabe indicar que gran la parte alta de la cuenca del río Cañete se ubica al interior de un área natural protegida -la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cocha-, con lo cual, el futuro MERESE hídrico deberá alinearse al objetivo de creación y plan maestro del área. Adicionalmente, se estudia también la gobernanza como elemento clave lograr el funcionamiento a largo plazo del MERESE hídrico, concluyendo que si bien existe un gran avance con la constitución de la plataforma de buena gobernanza, la ausencia de los usuarios agrarios y la falta de apoyo del sector agricultura no contribuye a la buena gobernanza del mecanismo.

El presente trabajo es desarrollado con el objetivo de analizar la modificación del artículo 79° de la Ley de Recursos Hídricos, Ley No. 29338, así como de sus normas complementarias respecto a la pérdida de competencias de la DIGESA como opinante técnico en los procedimientos de autorización de vertimientos que son otorgados por la ANA. Es así como se analiza si esta “simplificación administrativa” que motivó al legislador modificar la normativa, responde a las necesidades del contexto actual peruano. El trabajo concluye con que esta modificación no ha sido acertada en tanto en la realidad no hay un organismo público que se encargue de evaluar si con un determinado vertimiento se está afectando o poniendo en riesgo la salud de las personas, debido a que, como se demuestra, la ANA no cuenta con competencias ni recursos suficientes para ello.

En el marco de un proceso de descentralización en marcha, que ha dado cuenta de los múltiples desafíos para la consolidación de los Gobiernos Regionales, y el número de agencias especializadas con competencia en materia forestal y de fauna silvestre, se hace necesario que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) implemente plenamente su función rectora respecto al Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Sinafor) a fin de generar un espacio de coordinación interinstitucional que brinde soporte a sus miembros para la consecución de los objetivos de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. En este contexto, la presente investigación busca contribuir a ello delimitando una de las dimensiones de la función rectora del Serfor, como lo es la emisión de opiniones técnicas vinculantes que interpretan en abstracto el sentido de la normativa forestal y de fauna silvestre, permitiendo con ello generar predictibilidad y orientar el correcto funcionamiento del Sinafor. A diferencia de otras entidades rectoras, el Serfor a la fecha aún no ha implementado dicha atribución, ninguno de sus órganos de línea cuenta con funciones expresas para ello y se adolece de un procedimiento que paute su emisión. Sin perjuicio de ello, se han encontrado interesantes avances en las opiniones emitidas por su Oficina General de Asesoría Jurídica y que dan cuenta de la demanda de este tipo de opiniones por parte de los integrantes del Sinafor, lo que facilitará su posicionamiento, haciendo necesario que la entidad también evalúe el fortalecimiento de sus demás atribuciones rectoras.

Mediante la adopción de una conceptualización desarrollada por la Corte Constitucional de Colombia basada en la Constitución Colombiana, nuestro Tribunal Constitucional señala que la Constitución peruana contiene una “Constitución Ecológica”, apreciación que consideramos excesiva ya que, nuestra Constitución, a diferencia de la Constitución colombiana, no contiene en rigor una Constitución Ecológica, sino algunos artículos relativos al medio ambiente. En ese sentido, consideramos que, para que las indicaciones de una Constitución sobre el medio ambiente puedan implicar una Constitución Ecológica, resulta necesario que la protección ambiental se perciba como esencial de una lectura sistemática de la Constitución, configurando el principio constitucional de protección ambiental; escenario que se aprecia en el ordenamiento constitucional colombiano mas no en el nuestro. Asimismo, planteamos que la ausencia de una Constitución Ecológica en el Perú deviene en dificultades para lograr una protección efectiva de derechos relacionados a la materia ambiental, de lo que deriva su importancia. Para demostrar ello, comenzamos por desarrollar los conceptos de principio constitucional de protección ambiental y Constitución Ecológica. Luego, específicamente para evidenciar la escasez de normativa ambiental en nuestro ordenamiento y las consecuencias de ello, comparamos las disposiciones constitucionales ambientales colombianas y peruanas, analizamos ambas constituciones desde el principio de interpretación constitucional de unidad de la Constitución, examinamos el fundamento del generalizado concepto de Constitución Económica en el Perú para abordar al aspecto ambiental desde el mismo, y comparamos situaciones concretas sobre protección de derechos vinculados al medio ambiente en Colombia y Perú. Finalmente, presentamos una propuesta de reforma constitucional relativa al aspecto ambiental. Es así que concluimos que la cobertura constitucional peruana del aspecto ambiental resulta limitada e insuficiente para lograr la tutela ambiental, por lo que la protección ambiental no se presenta con calidad de principio constitucional y, por tanto, no se configura la presencia de una Constitución Ecológica.

El presente trabajo desarrolla un análisis respecto a la viabilidad legal de transferir la Certificación Ambiental en el subsector hidrocarburos. Este trabajo pretender dar mayor claridad respecto de la normativa ambiental para las actividades de hidrocarburos y así poder identificar deficiencias y oportunidades de mejora. El objetivo de de esta investigación es demostrar que el ordenamiento jurídico peruano no ha previsto la posibilidad de transferir la Certificación Ambiental, y que se requiere de otra figura para que las actividades de hidrocarburos al culminar un Contrato de Exploración y/o Explotación puedan continuar. El análisis del presente trabajo parte de analizar la naturaleza jurídica de la Certificación Ambiental, que es el acto administrativo en sí. Luego, se hace una evaluación de las particularidades de los contratos de hidrocarburos, y las figuras de cesión de posición contractual y los supuestos de culminación de actividades. Posteriormente, se analizan las implicancias jurídicas y sociales de la “transferencia” de la Certificación Ambiental. Finalmente, se concluye que de acuerdo al marco normativo vigente, la Certificación Ambiental no puede ser transferida.

El presente trabajo aborda y desarrolla los principales aspectos jurídicos respecto al tratamiento legal de la imposición de medidas preventivas – caracterizadas por ser variables- hacia los administrados titulares de actividades económicas en el marco de la función supervisora del OEFA; cuando se evidencie un inminente peligro o alto riesgo de producirse un daño grave al ambiente, a los recursos naturales o derivados de ellos, a la salud de las personas y para mitigar las causas que generen la degradación o un daño ambiental. En tal sentido, se analizará la aplicación de la prohibición de reforma en peor o reformatio in peius en el marco de un procedimiento administrativo de apelación de imposición de medidas preventivas. De esta manera, se demuestra que la prohibición de reforma en peor se aplica en el marco del procedimiento administrativo sancionador y no en el marco de la imposición de medidas preventivas reguladas mediante el Reglamento de Supervisión del OEFA. Asimismo, se demostrará que la prohibición de reforma en peor transgrede la naturaleza variable de las medidas preventivas al limitar su aplicación, y no permite cumplir la finalidad de la medida preventiva de tutelar el bien jurídico constitucionalmente protegido de mantener un medio ambiente sano, así como la salud de las personas.

En la Res. No. 049-2020-OEFA/TFA-SE, el Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) confirmó la sanción de primera instancia y corrigió la medida correctiva y multa impuestas contra la empresa MARICULTURA DEL NORTE S.A.C. (MARNOR), por el incumplimiento de un compromiso contenido en su Estudio de Impacto Ambiental: el administrado cuenta con un almacén de combustible en tierra para el desarrollo de sus actividades de maricultura, además de no aprovisionar de combustible a sus embarcaciones exclusivamente desde la Caleta Puerto Rico (Piura). Al respecto, y a pesar de su vinculación contractual con el administrado y participación en la comisión de la conducta infractora, el Tribunal omitió pronunciarse sobre la responsabilidad de la empresa NEMO CORPORATION S.A.C (NEMO). Es por ello que en el presente informe se analizan las potestades del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para supervisar, fiscalizar y sancionar a terceros que participan en la comisión de infracciones, en el marco de la normativa, doctrina y jurisprudencia sobre responsabilidad compartida administrativo-ambiental. Así, y discrepando de los argumentos esbozados por el Tribunal, identificamos que tanto MARNOR como NEMO son responsables individuales ante el OEFA por la comisión compartida de infracciones ambientales, bajo la figura de la pluriautoría. Asimismo, estimamos necesario y trascendental que en estos casos el OEFA, a través de sus órganos de supervisión y sanción, ejerza una adecuada gobernanza ambiental para desincentivar prácticas fraudulentas en las actividades acuícolas y promover la protección de los ecosistemas marinos costeros en los agentes económicos y la sociedad.

La formación del ordenamiento territorial, como construcción social, es consustancial a la evolución del hombre. A diferencia del ordenamiento territorial europeo como función pública después de la Segunda Guerra Mundial, en la región latinoamericana se comienza a enmarcar a finales de siglo XX en búsqueda de modelos sostenibles. En ese contexto, el modelo peruano sufre un proceso de desintegración normativa ante la ausencia de una ley general de ordenamiento territorial y agraviado por la imprecisa conceptualización adoptada por la Ley N.º 30230 del año 2014, el cual limitó el Ordenamiento Territorial (OT) y la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) en aras de dinamizar las inversiones, adoptando así un modelo en extremo estricto en comparación a otros modelos de otros países. Cabe preguntarse, ¿es posible un modelo sistemático y equilibrado de ordenamiento territorial? Esta pregunta toma mayor fuerza tras la Sentencia del Pleno expedida sobre las demandas de inconstitucionalidad interpuestas en los Exp. N.° 0003-2015-PI/TC y 0012-2015-PI/TC (acumulados) por el Gobierno Regional de San Martín y más de 5000 ciudadanos a diversos artículos de la Ley N.° 30230, o conocido públicamente como el “paquetazo ambiental”. En ese sentido, el informe se divide en tres capítulos. El primer capítulo apuntará a las bases preliminares del ordenamiento territorial y el modelo adoptado por la Ley N.° 30230 desde un método comparativo, dogmático y de antecedentes normativos del ordenamiento territorial para evaluar la funcionalidad e intención del legislador de OT. Concretamente, en el segundo capítulo, se describirá los aspectos principales del caso para determinar y analizar los principales problemas jurídicos del artículo 22 del Caso Ley N.º 30230: (1) El ordenamiento territorial es orientador o decisorio; (2) la relación del ordenamiento territorial y el aprovechamiento de los recursos naturales; (3) la competencia para la aprobación de la política nacional del ordenamiento territorial; (4) la competencia para la conducción de los procesos de ordenamiento territorial en un gobierno unitario y descentralizado. Finalmente, en el tercer capítulo, se formulará propuestas y recomendaciones en base a los impactos de la sentencia hacia una ley general del ordenamiento territorial bajo un enfoque sistemático y equilibrado.

La presente tesis abordará desde una visión interdisciplinaria, el enfoque preventivo del impacto ambiental dentro del Sistema Evaluación del Impacto Ambiental y como se relaciona este con el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental. En nuestro análisis se critica la ausencia de coherencia por parte los gobiernos en cuanto a la regulación ambiental y el estándar que esta debe seguir de cara a promover la inversión en nuestro país, pues como podemos notar la misma ha estado lleno de contradicciones. Para ello analizaremos la experiencia nacional y algunos ejemplos internacionales a modo de comparación. En ese sentido, nos centraremos en el último quinquenio, debido a la promulgación de normas que incentivan la inversión en proyectos extractivos -las mismas que se analizarán a lo largo del presente trabajo de investigación- como son; las de celeridad en la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental sin sustento técnico; las que crean procedimientos administrativos sancionadores excepcionales, que permiten determinar la responsabilidad administrativa, pero que no va a acompañada de una sanción o multa; las de corrección de las conductas infractoras de “manera oportuna” y el consecuente eximente de responsabilidad sin analizar la gravedad del hecho; entre otras disposiciones normativas que debilitan la capacidad que tiene el Estado de promover el uso sostenible de sus recursos naturales y tutelar el derecho a vivir en un ambiente sano protegiendo el medio ambiente. La finalidad de la presente tesis es evidenciar las limitaciones que se encuentran en la regulación nacional de manera constructiva y así desincentivar y prevenir el daño ambiental. Lo más importante de este trabajo de investigación, es contribuir a respuestas de mejora en la emisión y aplicación de normas de interés nacional, en la búsqueda de lograr un bienestar duradero y sobre todo un crecimiento económico que respete el medio ambiente y los derechos de las comunidades aledañas a este tipo de proyectos. Ello, con el fin de acercarnos al concepto de desarrollo sostenible, en un país que espera convertirse en miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo – OCDE y requiere de una mejora en su desempeño ambiental.