El presente estudio tiene como objetivo demostrar que las instituciones jurídicas creadas por el hombre deben buscar detener el deterioro de nuestro planeta producto de las distintas actividades económicas, debido a que ellas son las que vulneran lo más profundo de nuestro ser: los derechos fundamentales. Además, pretendemos establecer puentes de comunicación entre el derecho administrativo y constitucional, ya que consideramos que estas dos ramas, fundamentales para el ordenamiento, tienen la obligación de acercarse y comunicarse mutuamente para hacer frente a los nuevos retos que este futuro incierto nos depara. Para lograr este objetivo, buscamos demostrar que el ejercicio de la potestad de inspección del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en el sector minero establece como fundamento jurídico la conversión en realidad de los deberes y obligaciones del Estado de contribuir a la tutela del derecho fundamental al medio ambiente equilibrado y saludable que asiste a todas las personas. Esto se logrará mediante la revisión del concepto de deber y obligación, el análisis del derecho fundamental al medio ambiente, y los deberes y obligaciones de protección que posee el Estado frente a este derecho. Además, se evaluará las potestades de intervención del Estado en la esfera jurídica de los privados; se describirá el marco teórico sobre el que se construye la potestad de inspección; se determinará la figura jurídica del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental por medio del estudio de sus instrumentos normativos; se contrastará la inspección como figura doctrinaria frente al desarrollo normativo de la supervisión directa en el sector minero realizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental; y, finalmente, se desarrollará la conexión entre la supervisión directa en el sector minero y el deber de protección del Estado frente al derecho fundamental al medio ambiente. / Tesis

El presente trabajo de investigación analiza las consecuencias jurídicas de imponer la servidumbre minera a que se refiere el artículo 7º de la Ley Nº 26505 sobre propiedades comunales en la sierra del Perú, teniendo como hipótesis que la normativa vigente sobre este tipo de servidumbre coloca los derechos del titular minero por encima de los derechos de las comunidades campesinas, incrementando con ello la asimetría existente entre las partes para negociar; debido a que, ante la falta de acuerdos para el desarrollo de actividades mineras en los territorios de las comunidades campesinas, el titular de los derechos mineros puede iniciar un procedimiento administrativo de imposición de servidumbre sobre las áreas en las que tenga el interés de llevar a cabo sus actividades mineras, sean éstas de exploración, explotación, desarrollo, beneficio o transporte. En ese sentido, la legislación aplicable a estos supuestos de hecho debe de ser modificada y adecuada a las disposiciones constitucionales vigentes, así como a los principios de justicia y equidad, eliminando la posibilidad de que, ante la falta de acuerdo entre los titulares de los derechos mineros y las comunidades campesinas de la sierra, una entidad administrativa pueda imponer este tipo de servidumbre en favor de los primeros, si es que dicha servidumbre implica enervar el derecho de propiedad comunal, pues ello sería una expropiación encubierta y, por ende, un acto inconstitucional. / Trabajo académico

La hipótesis del trabajo es: “El proceso constitucional de amparo en el Perú presenta un conjunto de problemas, identificables a nivel normativo y a través del desarrollo de la jurisprudencia, que impiden que a través del mismo se pueda obtener una tutela judicial efectiva del derecho fundamental al medio ambiente equilibrado y adecuado”. Tomando como base el objetivo central y la hipótesis de trabajo de la investigación, ésta se encuentra dividida en cuatro capítulos. El Capítulo 1 está dedicado al análisis del fundamento y contenido del derecho al medio ambiente, reconocido en el artículo 2º inciso 22º de la Constitución de 1993, en la perspectiva de evaluar en qué casos procede interponer una demanda de amparo para garantizar su protección, tomando en consideración los presupuestos procesales que deben ser observados en este proceso. En el Capítulo 2 se aborda el contenido y alcance del derecho fundamental a la protección judicial de los derechos fundamentales, que constituye el fundamento de los procesos constitucionales de defensa de tales derechos. En este capítulo se describen los fundamentos del mencionado derecho, su reconocimiento constitucional e internacional, así como se identifican los actos lesivos más frecuentes a su ejercicio y se analiza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia. Es objetivo de esta segunda parte demostrar que el proceso de amparo, así como el hábeas corpus y el hábeas data, constituyen una manifestación o concretización del derecho a la protección judicial de los derechos fundamentales, por lo que deben cumplir determinadas características, de modo tal que resulten adecuados y eficaces para alcanzar dicha protección, perspectiva desde la cual debe ser analizado todo el marco normativo y jurisprudencial que desarrolla tales procesos. Luego de haber explicado los fundamentos constitucionales del proceso de amparo, en el Capítulo 3 se analizan las principales instituciones de dicho proceso, de modo particular aquéllas que permitirán evaluar el grado de tutela procesal que a través del mismo se otorga al derecho al medio ambiente. Por ello, el capítulo se centra en evaluar el marco normativo y jurisprudencial actualmente existente sobre determinadas instituciones procesales. Tomando en cuenta lo anterior, en el Capítulo 4 se evalúa el grado de tutela procesal que recibe el derecho al medio ambiente en nuestro país a través del proceso de amparo. Para tal efecto, se toman como referencia las decisiones seleccionadas del Tribunal Constitucional que se relacionan con este derecho. Como corresponde, el trabajo finaliza con la presentación de nuestras conclusiones sobre la investigación realizada y la relación de la bibliografía empleada. / Tesis

La presente investigación analiza la Certificación Ambiental Global o IntegrAmbiente, nuevo instrumento para el fortalecimiento del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que integra a la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental detallado, catorce títulos habilitantes requeridos para el desarrollo de la actividad minera en el Perú. Para ello, se identifican los antecedentes normativos en materia de Certificación Ambiental Global; así como las normas que la regulan en la actualidad, tal como la Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, Ley N° 30327, su Reglamento, el Decreto Supremo Nº 005-2016-MINAM, y la Resolución Ministerial N° 184-2016-MINAM, que establece el contenido mínimo para la elaboración del EIA en minería, hidrocarburos y electricidad, en el marco del proceso de IntegrAmbiente. Finalmente, se analiza el nivel de información requerido para la Certificación Ambiental Global, estudiándose tres alternativas: Exigir un Estudio de Impacto Ambiental detallado con información a nivel diseño definitivo; requerirse títulos habilitantes con información a nivel de factibilidad; y finalmente, solicitarse un Estudio de Impacto Ambiental detallado a nivel de factibilidad, solo en las partes que no coincida con los títulos habilitantes integrados. / Trabajo académico

A partir de la ocurrencia de derrames de petróleo en nuestro país, los cuales han generado afectaciones al medio ambiente y, en particular, contaminado las fuentes de agua de las cuales se sirven muchos individuos para atender sus necesidades básicas, resulta necesario analizar la actuación del Estado y plantear soluciones alternativas ante dichos problemas. En ese sentido, el presente trabajo de investigación busca comprender la efectividad de las medidas implementadas por el Estado Peruano ante la ocurrencia de dichos eventos y cómo es que tutela el derecho de acceso al agua de las poblaciones afectadas, a partir del análisis del marco normativo peruano y de las competencias que el mismo otorga a distintas entidades. Desde dicho punto, se han analizado diversos aspectos, tales como el concepto de derecho de acceso al agua, el concepto de derrame de petróleo desde nuestra legislación, los mecanismos y herramientas con las que cuenta el Estado para atender tales contingencias ambientales conforme a la normativa peruana y el análisis de un caso en particular, así como las medidas implementadas en este caso por el aparato estatal. De esta manera, la evaluación realizada concluye que, sin perjuicio de que a través de diversas normas se han otorgado competencias a las distintas autoridades administrativas y estas han desplegado acciones para atender las consecuencias de los derrames de petróleo, no se ha logrado brindar una efectiva tutela al derecho de acceso al agua de los individuos afectados, ya sea porque las medidas, en su mayoría, de índole administrativa, han implicado mayores formalidades, o bien, hasta la fecha, no han llegado a rehabilitar por completo las fuentes de agua afectadas por los derrames de petróleo. En consecuencia, se hacen necesarias medidas más efectivas e individualizadas que verdaderamente restituyan el estado anterior de la situación que fue alterada. / Trabajo académico

El Perú es uno de los países con mayor diversidad biológica a nivel global, ello se refleja en la gran variedad de especies y de recursos genéticos en su territorio. A pesar de ese gran bagaje, el empleo de los recursos genéticos peruanos en investigaciones básicas y aplicadas nacionales es menor, ello si se compara con países que poseen una riqueza similar y que han estimulado el empleo de sus recursos genéticos en este tipo de investigaciones, como Brasil y Colombia. La experiencia brasileña y colombiana son importantes referentes para el caso peruano, pues en la actualidad no solo comparten una riqueza biodiversa similar, inicialmente también compartían una regulación de acceso a recursos genéticos similar. Sin embargo, Brasil y Colombia han sabido adaptar la regulación del acceso a recursos genéticos a sus necesidades, facilitando su empleo en diversas investigaciones. Lo mismo no ha sucedido en el caso peruano. Por ello es importante observar y evaluar las experiencias de los países antes mencionados a fin de proponer cambios en la regulación de acceso a recursos genéticos peruanos e incentivar el desarrollo del conocimiento y facilitar la innovación sobre uno de los patrimonios más ricos del país. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene por objetivo determinar el impacto que ha tenido en el conocimiento y fallo de la Acción de Protección Ambiental contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de 1980, por parte de las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de justicia, una vez implementados los Tribunales Ambientales con la dictación de la Ley N° 20.600 en el año 2012. Para lo cual se realizará un análisis jurisprudencial de las acciones de protección ambiental que impugnan una RCA en el periodo comprendido entre los años 2010 y primer semestre de 2018, recabadas de la página web de Poder Judicial en “Consulta Unificada de Causas” y de la información brindada por la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema. Referido análisis, se dividirá en dos etapas; la primera etapa previa a la creación de los Tribunales Ambientales, correspondiente a los años 2010 a 2012 y luego una segunda etapa post-implementación, relativa a los años 2013 a primer semestre de 2018, para de esta forma lograr determinar si ha existido alguna variación en la forma de resolver las acciones de protección ambiental por parte de los Tribunales Superiores de Justicia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de este trabajo es analizar el tratamiento jurisprudencial que ha recibido el instrumento de gestión ambiental denominado Programa de Cumplimiento cuando éste ha sido objeto de judicialización. Antes de exponer el análisis de fondo, se efectúa una revisión general de esta herramienta dentro del marco de los incentivos al cumplimiento y así también, del lugar que ocupa en el ordenamiento jurídico. El método elegido para llevar a cabo este propósito fue el análisis del universo de causas existentes a la fecha, tanto de las sentencias dictadas por los Tribunales Ambientales que resuelven la correspondiente acción de reclamación cuando se hubiesen deducido en contra de actos administrativos que aprobaren, rechazaren o declararen el incumplimiento de un determinado Programa de Cumplimiento, como de las respectivas sentencias de casación falladas por la Corte Suprema en los casos en que este recurso hubiese procedido. Lo anterior mediante la creación de Fichas de análisis correspondientes a cada sentencia, las cuales se encuentran en los Anexos de la investigación. Como resultado del presente estudio, obtuvimos distintos hallazgos que dicen relación, en primer lugar, a las causales de impugnación de los Programas de Cumplimiento, y en segundo lugar, al comportamiento que están teniendo los Tribunales con competencia en lo Ambiental y el Máximo Tribunal frente a esta herramienta. / 08/11/2019

Tesis (Magister en derecho ambiental)

Tesis (Magíster en derecho del medio ambiente) / Actividad formativa equivalente a tesis (AFET) / El presente trabajo tiene por finalidad determinar si la patente por la no utilización de las aguas, incorporada al Código de Aguas mediante la Ley N° 20.017, de 11 de mayo de 2005, es o no un mecanismo o herramienta con un componente y finalidad ambiental –considerando que la Ley N° 20.017 tuvo como uno de sus fines cardinales, precisamente, la protección del medio ambiente- en una doble perspectiva: primero, si es posible eximirse del pago de la patente por no uso, fundado en la no extracción de las aguas por razones de protección ambiental, preservación de la naturaleza o de índole recreacional/turística, y segundo, si la patente por no uso puede ser catalogada como un instrumento de gestión ambiental. Si bien son interrogantes contingentes y relevantes, debido a la escasez del agua y las ingentes necesidades humanas por el recurso hídrico; la existencia de una nueva normativa ambiental y de proyectos de modificación del Código de Aguas en actual tramitación, podemos señalar que es exigua la doctrina y jurisprudencia al respecto. Por tanto, parecieran ser, a primera vista, preguntas difíciles de responder. Sin embargo, y para esos efectos, primero hemos revisado y descrito la evolución del derecho de aguas nacional, y expuesto las características de la actual legislación de aguas, en relación a la normativa ambiental. Luego analizamos críticamente la patente por no utilización de las aguas, tanto bajo la legislación vigente como aquella que posiblemente se promulgue en el porvenir, y, finalmente, exponemos el caso de la Municipalidad de Pucón y sus derechos de aprovechamiento de aguas solicitados para fines ambientales y recreacionales-turísticos afectos a patente por no uso; todo lo cual nos ha proporcionado los elementos de juicio necesarios para arribar a nuestras conclusiones. 6 El trabajo presente, como principal conclusión, sostiene que la patente por no uso de las aguas carece de todo elemento o finalidad ambiental, pues, en primer lugar, no permite eximirse al titular del derecho de su pago por un fin/uso de protección del medioambiente, y tampoco puede calificarse como un instrumento de gestión ambiental. Por el contrario, afirmamos incluso que la patente puede calificarse como una externalidad negativa socio-ambiental, que va en contra de la protección ambiental y de la preservación de la naturaleza. Sin embargo, ello puede variar con el proyecto de ley modificatorio del Código de Aguas Boletín 7.543-12, que pretende incorporar la variable ambiental a la patente por no uso, como infra veremos.