El presente trabajo analiza el Convenio de Aarhus y la posibilidad de su aplicación en Brasil. Estudia los tres pilares del Convenio, es decir, el derecho de acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos relacionados con al medio ambiente. Describe la actuación de la Comisión Europea y sus Directivas que tratan de la materia, estudia la aplicación del Convenio en España no solo a partir de la normativa de la Comisión, sino también a partir de su ordenamiento jurídico interno, más específicamente la Ley 27/2006. Se adentra en el estudio de cómo está hecha la participación ciudadana en España y en Brasil a partir del análisis de su experiencia y legislación nacional sobre el tema. Informa de que la participación ciudadana es el elemento clave para la democracia deliberativa, para un buen gobierno y defensa de derechos fundamentales, necesarios para el bienestar y calidad de vida, así como para la protección de los derechos relacionados con el medio ambiente de estas y de las futuras generaciones. Describe como siendo posible la aplicación de los pilares del Convenio de Aarhus en Brasil, principalmente la participación ciudadana en decisiones medio ambientales, por ser esta considerada por la comunidad internacional norma imperativa categorizada como ius cogens.

La presente tesis ha sido motivada por la problemática ambiental que vivimos desde las ultimas cuatro décadas. Y nos ha permitido madurar nuestros conocimientos en la materia en los postgrados realizados en la Universidad de Bonn y en la Universidad de Colonia en este decenio. El principio precautorio y de cooperación internacional como parte de los principios generales del derecho internacional ambiental, se encuentran inmersos en los convenios en materia ambiental, y sirven como herramientas o instrumentos para una efectiva aplicación de la norma ambiental. Sin embargo, surgen algunas cuestiones problemáticas con respecto a la naturaleza de la fuerza vinculante del principio precautorio y de cooperación internacional. Nuestras hipótesis: El principio precautorio y de cooperación internacional son herramientas viables para la operatividad de la norma ambiental en materia de cambio climático y biodiversidad. La inclusión del carácter jurídico-vinculante a los convenios para cambio climático y diversidad biológica garantizara la eficaz protección de la naturaleza. Los Estados comprometidos jurídicamente para hacer frente a los cambios climáticos y protección de la biodiversidad aplican la norma de acuerdo a su realidad jurídica económica. Cambio climático y biodiversidad es un tema no solo de juristas o políticos, sino de toda la comunidad internacional. Proteger la naturaleza es interés común de toda la humanidad. Los Estados a través de instrumentos jurídicos y políticos buscan remediar los problemas ambientales globales, aunque a través del derecho internacional la obligación y el compromiso es débil y asimétrico. Por un lado, los Estados desarrollados y por otro, los Estados en vías de desarrollo que aun no terminan de resolver este dilema ¿proteger el clima y la biodiversidad o postergar un poco más el compromiso de cumplir los convenios en los que ya se trata el problema? Mas que un ideal, aspiramos que el principio de precaución y de cooperación internacional en la protección global de la naturaleza, adquieran el carácter jurídico vinculante en la comunidad internacional y en su aplicación a la norma ambiental tenga el rango de Jus Mogens. Se consulto las fuentes documentales, académicas más relevantes relacionadas con los efectos del Cambio Climático, Diversidad biológica, Principios del derecho ambiental. La literatura ha sido consultada a partir de publicaciones científicas, manuales, revistas, reportes, documentales, periódicos y páginas de organismos internacionales disponibles en Internet. Por la naturaleza de la investigación aplicamos los métodos: analítico-deductivo, dogmático, explicativo-descriptivo y sobre todo el análisis económico del derecho es decir empleamos la complementación de diferentes procedimientos para llegar a nuestra meta. Las conclusiones que contiene nuestro trabajo aparcera enumeradas en el capitulo 5, así como las respectivas recomendaciones que de algún modo podrían contribuir al campo académico del derecho ambiental. / Tesis

Esta tesis tiene como objetivo institucional la obtención del título de Doctor por el Curso de Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Vale do Itajaí con doble titulación por la Universidad de Alicante (España). El objetivo de la investigación es analizar si la transnacionalidad del derecho deportivo es una forma de reducir la desigualdad de género en el deporte. Esto, debido a que, debido a una construcción sociocultural, las mujeres enfrentan las más diversas formas de desigualdad en relación a los hombres, reflejándose en todos los ámbitos de la sociedad, como en el deportivo. El establecimiento de la igualdad de género está directamente relacionado con la sostenibilidad, porque para que una sociedad sea sostenible debe ser justa e igualitaria. En este sentido, la investigación se dividió en cuatro argumentos principales, el primero de los cuales discutirá las transformaciones del Estado para comprender el posible debilitamiento del Estado Constitucional Moderno y la necesidad de superar el concepto clásico de Soberanía, allanando el camino para una realidad transnacional; el segundo verificará la ocurrencia de la transnacionalidad del derecho deportivo; el tercero entenderá la igualdad de género como un derecho humano fundamental para lograr la sostenibilidad social; y finalmente, el cuarto investigará los mecanismos implementados por la ley deportiva transnacional para reducir la desigualdad de género en esta materia. El problema que se plantea es si el derecho deportivo transnacional es una forma de reducir las desigualdades de género en el deporte a través de la incidencia de sus normas y lineamientos a nivel interno en los Estados. Para ello, se planteó la hipótesis de que la ley deportiva transnacional ha sido un instrumento importante para reducir la desigualdad de género en el deporte a través de las instituciones deportivas que crean sus normas y políticas y deben ser implementadas internamente por los Estados, los clubes y todos los relacionados con el deporte. La actuación del derecho deportivo actúa como un derecho transnacional con fuerza contundente, lo que significa un mecanismo importante para promover la dimensión social de la sostenibilidad. En cuanto a la metodología utilizada, se realizó una búsqueda bibliográfica sobre los temas de sustentabilidad, derecho deportivo, transanalidad e igualdad de género; se analizaron documentos sobre las acciones de organizaciones deportivas transnacionales a favor de la igualdad de género, principalmente en Brasil y España, con vistas a la realización de un doctorado en instituciones de ambos países; Se utilizaron técnicas de referente, categoría, listado de obras y conceptos operativos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El desarrollo sustentable implica un equilibrio equitativo en lo relativo a economía, medio ambiente y sociedad, de forma que el crecimiento sea viable en el largo plazo sin sacrificar significativamente ninguna de las variables mencionadas. Esta nueva concepción ha cambiado la mirada sobre los procesos de desarrollo de los países, no considerándose como suficiente el mero crecimiento económico. La política energética es una rama de la política de desarrollo de un país. Es por esta razón que es posible reflexionar acerca de si las formas actuales de producción de energía ayudan o, por el contrario, obstaculizan el logro de un desarrollo sustentable. Comenzaremos analizando qué es una política energética y, por supuesto, qué es una política energética sustentable. A nivel internacional se ha señalado la insostenibilidad de los actuales sistemas energéticos, señalándose la necesidad de un cambio en las políticas energéticas de los países, con el fin de lograr el desarrollo sustentable. Diversos países han realizado cambios en sus políticas energéticas; analizaremos los casos de Dinamarca, la Unión Europea, Estados Unidos, el Estado de California y, dentro de nuestros vecinos, a Argentina, con el fin de constatar ciertas tendencias comparadas en materia de política energética. Luego, analizaremos la evolución chilena en materia eléctrica, con el fin de identificar la evolución chilena en materia de política energética, desde sus inicios a mediados del siglo XIX con la instalación de las primeras líneas telegráficas, hasta la dictación de la ley 20.257 sobre energías renovables no convencionales. Finalmente, analizaremos legalmente el Proyecto Hidroeléctrico Aysén, su tramitación y también diversos tratados internacionales que le atañen, con el fin de analizar si se ajusta o no, a la luz de los antecedentes estudiados, a una opción de política energética sustentable.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta tesis se analizan las reformas introducidas por la Ley N°20.600, que crea los Tribunales Ambientales, y su aporte como vehículo de acceso a la justicia ambiental, en comparación con los organismos que con anterioridad dirimían materias ambientales. Tomando en cuenta este objetivo, se estudian tanto las instituciones previas a la entrada en funcionamiento de los Tribunales Ambientales, que resolvían los casos atingentes y el modo por el cual impartían la justicia ambiental, como las instituciones que actualmente tienen competencia en la resolución de los conflictos ambientales. Posteriormente, se describen los elementos más relevantes de los Tribunales Ambientales: su composición, competencia y procedimientos. Una vez hecho lo anterior, se detallará si la introducción de los Tribunales Ambientales ha sido un aporte en el acceso a la justicia ambiental y si responde a las necesidades ciudadanas. Finalmente, se examinan otros modelos de solución de controversias ambientales a nivel de derecho comparado, sistematizando los mecanismos que eventualmente podrían ser utilizados en nuestro ordenamiento jurídico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Capítulo I “La sociedad, el conflicto y sus formas de solución” brinda las nociones básicas para comprender cómo los conflictos inciden en el comportamiento de la sociedad. En este sentido, se hace indispensable determinar cuándo las controversias adquieren una relevancia tal que obligan al cuerpo social a adoptar medidas de solución que propendan al respeto de los derechos particulares y a la debida observancia del ordenamiento jurídico. Por ello, se estudian los tres métodos de solución de conflictos, a saber, la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. El Capítulo II “El Conflicto Ambiental” aborda el estudio de esta clase de controversias desde una perspectiva sociológica. Se trata entonces de una delimitación de su análisis a la generalidad de las controversias en que se suscitan en el seno de la sociedad, sin analizar su contenido desde el ámbito jurídico. De esta forma, se ve qué rol cumplen el Estado, la comunidad y los sectores productivos en la génesis, desarrollo y solución en lo que se denomina “conflictos socioambientales”. Finalmente, se analiza cómo el Sistema Normativo Ambiental vigente en nuestro país se hace cargo de estas controversias, determinando en qué momento éstas son jurídicamente trascendentes. El Capítulo III “El Litigio Ambiental” estudia los conflictos ambientales desde una perspectiva jurídica. El objetivo es establecer qué características lo diferencian de los conflictos ambientales, pues entre éstos y aquellos existe una relación de género a especie. En consecuencia, y valiéndome de la Ley 20.600 que crea los Tribunales Ambientales, se establece cuál es el objeto de la pretensión y quiénes son los sujetos activos y pasivos de estos litigios. Seguidamente, se proponen tres funciones que deberá ejercer la Judicatura Ambiental en el conocimiento de los litigios ambientales: la función revisora, la función contralora y la función instructora. Para cada una de ellas se presenta su forma de ejercicio, así como sus consecuencias en la tramitación de estos procedimientos. Finalmente, se analizan los mecanismos de solución de conflictos que prescribe la LTA. En lo que respecta a la conciliación en los procedimientos de reparación del medio ambiente dañado, se recurrirá a lo dispuesto ii en el Código de Procedimiento Civil, pues la naturaleza de esta institución procesal como trámite esencial de primera instancia en los juicios ordinarios de mayor cuantía le es aplicable a la conciliación tratada en la Ley 20.600, habida consideración del carácter general y supletorio del procedimiento contemplado en el Código Adjetivo. En cuanto a los demás procedimientos que estatuye la ley en comento, su estudio se aborda desde los Principios Formativos del Procedimiento, entregando al lector una visión acabada de las principales normas aplicables a la sustanciación de la litis. El Capítulo IV “La Independencia y la Imparcialidad de la Judicatura Ambiental” examina cómo la Ley 20.600 recoge los derechos y garantías que emanan del Debido Proceso. Para ello, se revisa el catálogo de facultades que propone la doctrina estableciendo cuál es el artículo que la recoge. Luego, se estudia la Independencia de los Tribunales Ambientales en su triple acepción, es decir, la independencia orgánica, funcional y personal de los órganos jurisdiccionales, con el objeto de determinar si la Ley que crea los Tribunales Ambientales tiene la aptitud suficiente para asegurar la independencia de esta judicatura especializada. Finalmente, se analiza la imparcialidad de los Tribunales Ambientales y qué actitud debiesen tomar sus Ministros en el conocimiento de los litigios ambientales. El Capítulo V “Los Ministros de la Judicatura Ambiental” pretende analizar desde una perspectiva práctica los estándares de independencia e imparcialidad contemplados en la Ley 20.600, y comprobar su aptitud para asegurar, en la labor jurisdiccional, los principios señalados. Para ello, se examinan los requisitos para acceder al cargo de Ministro, su sistema de nombramiento, las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que deben observar en su ejercicio, así como las causales de cesación en el cargo. En base a este estudio, se determinan los aciertos y las falencias del modelo regulatorio escogido

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente texto se analiza la forma en que el Derecho Chileno enfrenta el fenómeno de los Incendios Forestales, ya sea para su prevención o su combate. Con el propósito antes expuesto, se analiza en un primer capítulo las características y los fundamentos que obligan al Estado ocuparse de este fenómeno. En un segundo capítulo se analiza exhaustivamente todas las normas del Derecho Nacional que tienen relación directa e indirecta con la prevención y combate de Incendios Forestales, identificando sus particularidades y relevando las deficiencias. En el tercer capítulo se revisan críticamente los proyectos de ley en tramitación, a la fecha de la redacción de este texto, que tengan relación a los Incendios Forestales. Se concluye que el Estado de Chile tiene una institucionalidad insuficiente para prevenir y combatir los Incendios Forestales. Los proyectos de ley pendientes, no ofrecen en el corto plazo ninguna solución

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Durante aproximadamente veinte años, el fenómeno del cambio climático ha sido parte de la agenda internacional a nivel mundial. Si bien han existido diversos tratados, protocolos y acuerdos en torno a este tema, el derecho medioambiental internacional ha sido insuficiente para regular de manera acertada los efectos que provoca el calentamiento global, debido a la escasa densidad jurídica de estos instrumentos legales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Así entonces, en las páginas que siguen se examinará el concepto de medio ambiente y los bienes que lo integran, señalando las principales discusiones que se han originado a su respecto; cuál es la forma que los diferentes ordenamientos constitucionales utilizan para regular este tema, haciendo especial hincapié en la experiencia latinoamericana y sistematizando cada modelo de protección comparado; nos referiremos al bien jurídico protegido por este derecho como también a su ámbito de garantía. De igual forma, recordaremos el razonamiento empleado por la Comisión Constituyente en atención a incorporar esta garantía dentro del catálogo de derechos fundamentales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis realiza un diagnóstico sobre las normas aplicables ante la ocurrencia de daño ambiental en la Antártica, por actividades vinculadas a Chile y Reino Unido, caracterizando la forma en que se regula los eventuales casos que pudieren dar lugar a responsabilidad por daño ambiental en el sexto continente. Para realizar lo anterior, se determinan y caracterizan los elementos necesarios en un sistema de responsabilidad por daño ambiental, para luego revisar las principales normas aplicables a nivel del Sistema del Tratado Antártico, Tratados Internacionales externos al mencionado sistema y legislaciones domésticas de Chile y Reino Unido, de manera de identificar si se adecúan a las exigencias de un sistema de responsabilidad. Se toman en consideración las características especiales del medioambiente antártico. Se concluye que en los tres niveles existen normas referidas a la responsabilidad por daño ambiental que pueden ser aplicables al continente antártico. En el Sistema del Tratado Antártico, la única norma que trata el tema y actualmente se encuentra vigente es el artículo 16 del Protocolo sobre Protección al Medioambiente (el cual es meramente programático, ya que establece solamente un deber de regular la responsabilidad, requiriendo de anexos para su implementación). Por su parte, a nivel de las normas existentes en el derecho internacional que no forman parte del Sistema del Tratado Antártico existe una gran cantidad de normativa sectorial que sería aplicable pero con varias dificultades prácticas. Finalmente, al considerar la normativa doméstica de Chile y Reino Unido se observa que la legislación del primero encuentra menos obstáculos para ser aplicada al territorio reclamado por ambos países, pero ninguna de las normas analizadas en ambos casos es óptima para aseverar la existencia de un sistema que regule en forma íntegra y satisfactoria la responsabilidad por daño ambiental en la Antártica.