Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo de investigación trata sobre la aplicación que realizan los Tribunales Ambientales del sistema de valoración de la prueba de la sana crítica en la determinación de responsabilidad por daño ambiental. En este sentido, para el desarrollo de la misma, se presenta en primer lugar una conceptualización de dicho sistema de valoración, así como una caracterización de sus principales elementos, en contrapartida a otros sistemas de valoración, como el de prueba legal o tasada y el de libre valoración de la prueba. Luego, en segundo lugar, se analiza el sistema de responsabilidad por daño ambiental contemplado en la Ley 19.300 y la Ley 20.600, y de sus principales características, así como un desarrollo pormenorizado de los requisitos para la concurrencia de ella. Finalmente, se analiza la jurisprudencia de los Tribunales Ambientales sobre responsabilidad por daño ambiental, con la finalidad de indagar en la aplicación que han hecho de la sana crítica al momento de determinar o no la concurrencia de responsabilidad ambiental. En este sentido, se presenta una breve caracterización de la evolución legislativa de este régimen de responsabilidad para luego revisar, en cada una de las sentencias de reparación de daño ambiental, tanto del 2° Tribunal Ambiental, como 3° Tribunal Ambiental, la aplicación del sistema de valoración en comento, así como de sus elementos, para la determinación de la responsabilidad por daño, presentando conclusiones a este respecto.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Actualmente, el costo de los impactos ecosistémicos de los desastres naturales es asumido mayormente por las víctimas. En el momento histórico al que nos enfrentamos, se proyecta que los desastres naturales serán de mayor frecuencia e intensidad en un futuro próximo, generando un mayor daño a nuestros ecosistemas y aumentando la vulnerabilidad de la población que depende de los mismos. Por ello, estimamos que es necesario y relevante preguntarse si es posible a través de un régimen de responsabilidad obtener la reparación del daño ambiental ocasionado en un desastre natural, de manera que los costos de los impactos puedan desplazarse desde la víctima hacia el responsable de prevenir los daños. Para ensayar una respuesta a esta interrogante, corresponde examinar en primer lugar el rol que le toca a un régimen de responsabilidad en la reparación de los daños ambientales ocasionados en desastres naturales. Para ello se identificará en primer lugar el marco normativo aplicable a la reparación de este tipo de daños, para luego realizar un repaso general a las funciones que se le atribuyen a la responsabilidad extracontractual y a los principios del derecho ambiental que permiten explicar este régimen como el medio adecuado para reparar los daños ambientales generados en desastres naturales. Luego, averiguaremos si a través de estas acciones es posible, en la práctica judicial, obtener la reparación de estos daños. Para ello se examinará a través de distintos capítulos la aplicación de los requisitos del régimen de responsabilidad por daño ambiental, referentes a la existencia de daño ambiental significativo, la construcción de un deber de cuidado, la relación de causalidad y la incidencia del caso fortuito o fuerza mayor como excusa a la responsabilidad. Adelantamos desde ya una respuesta: sí es posible obtener la reparación del daño ambiental producido en desastres naturales en Chile, a través del ejercicio de la acción de responsabilidad por daño ambiental. Sin embargo, esta opción presenta dificultades asociadas a los requisitos propios de un régimen de responsabilidad.

El Acuerdo de Escazú constituye un hito ambiental para América Latina y el Caribe. Su objetivo es asegurar el derecho al acceso a la información, participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales. Aunque el Perú suscribió dicho acuerdo, terminó rechazando su ratificación. Uno de los principales argumentos fue la falta de innovación de este tratado, puesto que su contenido ya se encontraría regulado en la legislación nacional. Ante la duda del contenido de las disposiciones de dicho acuerdo, es necesario corroborar los impactos reales, que puede generar en la legislación nacional. De esa manera, se puede determinar la necesidad de contar con dicha ratificación. Uno de los aspectos regulados en el acuerdo es la justicia ambiental. Esta busca que toda persona que sufre impactos ambientales desproporciónales cuente con las herramientas necesarias para reparar los daños sufridos. Considerando que la justicia ambiental es uno de los pilares, este trabajo tiene como objetivo analizar la legislación nacional con relación a la justicia ambiental, a fin de determinar cómo dicho acuerdo podría beneficiar o fortalecerlo. Como resultado, se podrá observar que la regulación actual es una de las más avanzadas de la región. Incorpora gran cantidad de las disposiciones del Acuerdo de Escazú. Además, pueden alcanzarse las exigencias del tratado a través de instrumentos infralegales. En ese sentido, la ratificación del Acuerdo de Escazú, en materia de justicia ambiental, responde a intereses políticos, más que a vacíos o falta de protección de la justicia ambiental. / The Escazu Agreements is the first treaty on environmental matters. this treaty aims to ensure the Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters. Even thought, Peru has agreed to this treaty, it decided to reject its adoption formally. The reason was the lack of substance, due to the legal framework has already regulated its content. However, it is important to analyze its provisions in order to determine the impacts in our legal framework. Thus, we can conclude the necessity of its adoption. One of the key elements of the agreement is the environmental justice. This aims to give the necessary legal instrument to any person who suffers an environmental impact. Considering the relevance of the environmental justice, this article intends to analyze and compare the legal framework with the agreement in order to determine the benefits of it. As a result, we can observe that our current legal framework is one of the most advance compared to the region. Also, it has already incorporated some of the rules from the treaty. Besides, we can achieve the agreement purpose through infralegal regulations. For that reason, the adoption of the Escazu Agreement, responds to politics decisions, more than the environmental justice lack of legal protection. / Trabajo académico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo del presente trabajo no radica sólo en analizar, de la forma más detallada y completa posible, el tratamiento otorgado a nivel comunitario a la actividad energética, intentando abarcar los diversos segmentos y matices que ésta presenta, sino también intentar ratificar –o cuestionar, en su caso- la efectividad del marco regulatorio energético comunitario a la luz no sólo de los propios principios inspiradores de la política energética comunitaria, sino a la luz de la amplia gama normativa que nos ofrece la existencia, desarrollo y ejecución del Derecho Comunitario, y como la interrelación de éste con las diversas legislaciones nacionales de los países miembros ha influido en el desarrollo e implementación de la regulación de la actividad energética a nivel comunitario.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El territorio en cuanto espacio de interacción socioambiental representa, además, aquel espacio sobre el cual se levanta el Estado y se valida el poder del ordenamiento jurídico. En el actual contexto mundial, emerge como objetivo común a los Estados alcanzar el desarrollo sostenible, ello ha motivado una serie de transformaciones en los enfoques con los que los Estados debieren concebir los instrumentos de gestión y política pública. El objeto de la presente investigación es examinar a la luz de los requerimientos de la sustentabilidad la categorización de territorio existente en nuestro ordenamiento jurídico. Por medio del análisis de los mecanismos e instrumentos de los cuales se ha dotado el Estado Chileno para la afectación de su territorio se constata las deficiencias del modelo adoptado, que carente de una visión integral, es caracterizado por ser una normativa dispersa, incompleta, vertical y centralista, resulta ser totalmente inadecuado para lograr el desarrollo sostenible, lo que hace imperativo avanzar en la concreción de un instrumento de Ordenación del Territorio que permita equilibrar las actividades económicas con los equilibrios ecosistémicos que permiten nuestra existencia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En Chile, el desarrollo del Derecho Medio Ambiental es reciente, manifestación de ello es que sólo en 1980 se consagro el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a través del artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República. En consecuencia, aún más reciente es la concepción de derecho administrativo sancionador ambiental, noción que está indisolublemente ligada a la idea de derecho administrativo sancionador. De manera que, el objetivo que guía a la presente memoria es analizar y establecer los fundamentos que avalan la existencia de un derecho administrativo sancionador ambiental, así como los límites establecidos al ejercicio de la potestad sancionatoria radicada en la Superintendencia del Medio Ambiente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación busca estudiar el conflicto de acceso a la información ambiental acuícola, suscitado principalmente por los efectos perjudiciales que el uso excesivo de antibióticos genera sobre el medio ambiente y la salud de las personas. La primordial motivación de este conflicto liderado por ciudadanos y organizaciones no gubernamentales, ha sido obtener mejor y mayor información, para así controlar y fiscalizar tanto a los Organismos de la Administración del Estado con competencia en materia acuícola, como a las empresas involucradas en la industria, en especial salmonicultoras. Por lo anterior, en esta investigación buscamos analizar críticamente el desenvolvimiento del conflicto, exponiendo su marco legal e institucional y la discusión presentada en la totalidad de las sedes administrativa y judicial entre los años 2010 a 2017, haciéndonos cargo, entre otros temas, de las causales de reserva de la información de la Ley Nº 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública; del principio de confianza legítima en el actuar de la Administración; la presunción de publicidad de la información en poder de la misma; la taxatividad del artículo 8º de nuestra Carta fundamental; y del concepto de acto administrativo. Todo lo anterior permitió detectar falencias tanto en el accionar de particulares como del Estado, y por ende realizar una contribución para un mejor ejercicio del derecho de acceso a la información en materia ambiental acuícola en la totalidad de las instancias.

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Con la presente Tesis se han identificado diversas críticas a la labor del Tribunal Constitucional, las cuales lo califican como un ente jurisdiccional esencialmente formalista al momento de resolver los procesos de inconstitucionalidad contra ordenanzas regionales y locales que fueron expedidas para proteger el derecho al medio ambiente, toda vez que antes de apelar al principio de protección a los derechos humanos se sirve del principio de competencia para declarar la invalidez de las mismas. Frente a ello, la presente Tesis identifica el problema implícito en lo señalado, bajo la siguiente pregunta:¿Debe el Tribunal Constitucional tutelar el derecho al medio ambiente declarando la invalidez de ordenanzas regionales y/o locales que buscan proteger el mencionado derecho pero que contravienen el principio de competencia? Ante tal pregunta, la hipótesis del presente trabajo es que el Tribunal Constitucional ejerce un rol de tutela del derecho al medio ambiente, al declarar la invalidez de las ordenanzas regionales y/o locales viciadas de incompetencia que buscan proteger el mencionado derecho cuando –adicionalmente- exhorta a las entidades competentes para actuar a favor del mismo. Para demostrar la referida hipótesis, bajo una visión jurídica y de las ciencias políticas, con la presente Tesis se desarrolla el correspondiente Objetivo General, el cual consiste en demostrar que el Tribunal Constitucional debe ejercer el rol de garante del derecho al medio ambiente al declarar la invalidez de ordenanzas regionales y/o locales que buscaban proteger el referido derecho pero que se encontraban viciadas de incompetencia, siempre y cuando exhorte a los entes competentes para que cumplan con su labor de tutela del derecho al medio ambiente en el marco de sus competencias. Para llegar a tal fin general, en el desarrollo del presente trabajo se abordan los siguiente Objetivos Específicos: Específico 1: Demostrar que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional tienen repercusiones en la resolución de conflictos sociales al resolver controversias relacionadas al derecho al medio ambiente. Específico 2: Demostrar que el Tribunal Constitucional, al tomar conocimiento de los procesos de inconstitucionalidad iniciados entre los años 2005 al 2016 contra ordenanzas regionales y/o locales expedidas para proteger derechos humanos en general y, en específico, el derecho al medio ambiente, en algunos casos resolvió la controversia únicamente apelando al principio de competencia y en otros apelando también al principio de garantía de los derechos humanos. Específico 3: Demostrar que el hecho que el Tribunal Constitucional haya apelado al principio de competencia al analizar la validez de las ordenanzas regionales y locales que buscan proteger el derecho al medio ambiente tiene tanto una justificación jurídica como también una explicación política. Específico 4: Demostrar que resulta correcto que el Tribunal Constitucional no deje de aplicar el principio de competencia, por más que la norma viciada de incompetencia busque proteger el derecho al medio ambiente. Específico 5: Demostrar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha desarrollado diversos criterios que permiten hacer compatible el principio de garantía de los derechos humanos con el principio de competencia tanto a nivel argumentativo como a nivel decisorio. Sobre esto último, se busca demostrar que las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una ordenanza regional o local también podrán proteger el derecho al medio ambiente si es que se exhorta a los entes a cumplir con sus competencias sobre la materia. / Tesis

Tesis