Trata sobre la necesidad de integrar normas uniformes sobre protección Ambiental y cláusulas especiales sobre Impacto Ambiental en los contratos mineros, así como la implementación de una Política ambientalista en la cuál se den incentivos como en bonos de carbono y/o en materia fiscal por ejemplo, donde se premie a las empresas que cumplen con los protocolos ambientales y se sancione a las compañías mineras que incumplen la utilización de los estándares ambientales, los EIA, DIA, PAMA, etc; por ende causan los pasivos ambientales y el deterioro del ecosistema y los conflictos socio ambientales, lo único que dan son solo paliativos, La Falta de Responsabilidad Social compartida por parte del Estado, hace que no regulen un Adecuado control en la explotación de Recursos Naturales y en la Actividad Minera en el Perú, por ello han ido menoscabando el ecosistema de los andes. Las regulaciones sobre el control Ambiental en Países extranjeros cuentan con normas uniformes y Proteccionistas, con una base técnica y científica han adoptado diversos criterios y sistemas de protección para la biodiversidad. El actuar minero genera fuentes de ingreso económico y desarrollo al País es innegable, esto a su vez genera mayor cantidad de externalidades negativas, el deterioro, destrucción de ecosistemas y el empobrecimiento de las comunidades y pueblos aledaños, contrario a esto el desarrollo de una producción más limpia genera ventajas comparativas y competitivas, una empresa minera que produzca con un actuar más limpio gana. / Tesis

El presente trabajo académico pretende analizar el régimen de las áreas de conservación municipal desarrollado en el año 2001, conforme al Decreto Supremo N° 038-2001-AG, y vigente hasta el año 2007, en atención a su derogación por el Decreto Supremo N° 015- 2007-AG. Durante estos años existió controversia sobre las facultades de los gobiernos locales para crear las áreas de conservación municipal en vista que la Ley N° 26834 – Ley de Áreas Naturales Protegidas, no regulaba las áreas de conservación municipal, y la Ley Orgánica de Municipalidades, tanto la Ley N° 23853 como la Ley N° 27972, tampoco establecían competencias en favor de los gobiernos locales para establecer áreas de conservación municipal. El análisis a efectuar tiene como base la creación de dos áreas de conservación municipal en el departamento de Cajamarca denominadas “Las Lagunas” y “Pozo Seco” conforme a la Ordenanza Municipal N° 001-2007-MPSP . Estas áreas de conservación municipal motivaron la interposición de una demanda de amparo por Minera Yanacocha contra la Municipalidad Provincial de San Pablo dado que existía una superposición entre los derechos de la minera, previamente adquiridos, y el área establecida, por lo que se limitaban los derechos de Minera Yanacocha. Más aún, se precisa que la Municipalidad Provincial de San Pablo, en su calidad de gobierno local, no tenía facultades para crear áreas de conservación municipal de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades vigente, la Ley N° 27972. A partir de ello surge la necesidad de analizar si el régimen de creación de las áreas de conservación municipal era legal y admisible dentro del ordenamiento jurídico peruano vigente y, en atención al estado actual de estas áreas, determinar una medida idónea de protección de áreas a nivel local.

El informe jurídico elaborado gira en torno al Expediente Nº 374-2013-OEFA/DFSAI-PAS, en el cual se emite un precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución Nº 021- 2014-OEFA/TFA-SEP1 emitido por el Tribunal de Fiscalización Ambiental. En el procedimiento materia del expediente se realiza una interpretación de las obligaciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 016-93-EM, específicamente en su artículo 5, siendo una de ellas la de adoptar medidas de prevención para evitar o impedir que las sustancias y/o elementos generados como resultado de la actividad minera causen o puedan causar efectos adversos al ambiente. En tal sentido, en el presente informe se analizan las resoluciones emitidas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, centrándonos en la definición de instituciones y principios del derecho ambiental, como lo son el principio preventivo, el daño ambiental real y del daño ambiental potencial, así como también los principios previstos en los ámbitos del derecho administrativo sancionador, para lo cual se considera la normativa aplicable, doctrina y jurisprudencia. Como producto del análisis realizado del expediente se concluye que en el procedimiento administrativo sancionador se vulneraron principios sumamente importantes, siendo estos de legalidad, tipicidad y razonabilidad, asimismo, el precedente no analiza adecuadamente los hechos que constituyen daño ambiental, ni daño ambiental potencial, además que no sustenta cómo los hechos configuración la tipificación de la infracción del artículo 5 del Decreto Supremo Nº 016- 93-EM.

El presente trabajo desarrolla un esforzado análisis de tres problemas jurídicos inmersos en una controversia que tomó lugar entre los años 2007 y 2010 en nuestra nación, en relación a la alegación de afectación de derechos fundamentales de los Waorani (Tagaeri- Taromenane), Pananujuri (Arablea) y Aushiri -pueblos indígenas- como consecuencia de la operación de determinadas empresas del rubro petrolero en los Lotes No. 67 y 39. El caso gira en torno a una Acción de Amparo presentada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP ante el juez especializado en lo civil de la provincia de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto. Posteriormente, el caso es sometido -como consecuencia de la apelación del demandante- al juez superior. Finalmente, el Tribunal Constitucional se pronunciará respecto de la procedencia del recurso de agravio constitucional postulado por AIDESEP.

La presente investigación analiza la Certificación Ambiental Global o IntegrAmbiente, nuevo instrumento para el fortalecimiento del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que integra a la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental detallado, catorce títulos habilitantes requeridos para el desarrollo de la actividad minera en el Perú. Para ello, se identifican los antecedentes normativos en materia de Certificación Ambiental Global; así como las normas que la regulan en la actualidad, tal como la Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, Ley N° 30327, su Reglamento, el Decreto Supremo Nº 005-2016-MINAM, y la Resolución Ministerial N° 184-2016-MINAM, que establece el contenido mínimo para la elaboración del EIA en minería, hidrocarburos y electricidad, en el marco del proceso de IntegrAmbiente. Finalmente, se analiza el nivel de información requerido para la Certificación Ambiental Global, estudiándose tres alternativas: Exigir un Estudio de Impacto Ambiental detallado con información a nivel diseño definitivo; requerirse títulos habilitantes con información a nivel de factibilidad; y finalmente, solicitarse un Estudio de Impacto Ambiental detallado a nivel de factibilidad, solo en las partes que no coincida con los títulos habilitantes integrados.

El presente trabajo tiene como objeto analizar la necesidad de incorporar los criterios de adaptación y mitigación del cambio climático a los Estudios de Impacto Ambiental Detallados (EIA-d) -Los Estudios de Impacto Ambiental previstos para los proyectos de inversión con impactos ambientales significativos- del sector agricultura y riego, que agrupa actividades que generan las mayores emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el país. Para tales efectos, se evaluará una muestra compuesta por cuatro EIA-d de proyectos de cultivo y procesamiento de palma aceitera instalados en la región amazónica peruana, con el fin de identificar (i) los impactos ambientales asociados al cultivo de la palma aceitera y (ii) las medidas que los titulares de los proyectos han propuesto para mitigar dichos efectos; especialmente, considerando su impacto en la contribución al avance del cambio climático. Tras ello, se hará revisión de la experiencia comparada sobre la materia, tanto en países que incorporan en mencionado criterio en su legislación, así como países que, en contextos similares al peruano, han adoptado buenas prácticas vinculadas al cultivo de palma aceitera, sin que estas sean obligatorias legalmente. A partir de dicho contraste, se propondrán mejoras en la legislación nacional, destinadas a contribuir con reducir la vulnerabilidad climática del país, considerando su conexión con la deforestación causada por el cultivo y procesamiento de palma aceitera. / The purpose of this paper is to analyze the need to incorporate climate change adaptation and mitigation criteria into the Detaliled Environmetal Impact Assessments foreseen for investment projects with significant environmental impacts - of the agriculture and irrigation sector, which groups together activities that generate the highest Greenhouse Gas emissions in the country. For this purpose, a sample of four EIA-d of oil palm cultivation and processing projects installed in the Peruvian Amazon region will be evaluated in order to identify (i) the environmental impacts of oil palm cultivation and (ii) the mesures that the project owners have proposed to mitigate these effects, especially considering their impact on the contribution to the advancement of climate change. After this, a review Will be made of the comparative experience on the subject, both in countries that incorpórate the aforementioned criterion in their legislation, as well as countries that, in contexts similar to Peru’s, have adopted good practices related to oil palm cultivation, without these being legally mandatory. From this contrast, we will proceed to formulate proposals to improve national legislation, aimed at contributing to reduce the country’s climate vulnerability, considering its link with deforestation caused by oil palm cultivation and processing. / Trabajo académico

Con la presente Tesis se han identificado diversas críticas a la labor del Tribunal Constitucional, las cuales lo califican como un ente jurisdiccional esencialmente formalista al momento de resolver los procesos de inconstitucionalidad contra ordenanzas regionales y locales que fueron expedidas para proteger el derecho al medio ambiente, toda vez que antes de apelar al principio de protección a los derechos humanos se sirve del principio de competencia para declarar la invalidez de las mismas. Frente a ello, la presente Tesis identifica el problema implícito en lo señalado, bajo la siguiente pregunta:¿Debe el Tribunal Constitucional tutelar el derecho al medio ambiente declarando la invalidez de ordenanzas regionales y/o locales que buscan proteger el mencionado derecho pero que contravienen el principio de competencia? Ante tal pregunta, la hipótesis del presente trabajo es que el Tribunal Constitucional ejerce un rol de tutela del derecho al medio ambiente, al declarar la invalidez de las ordenanzas regionales y/o locales viciadas de incompetencia que buscan proteger el mencionado derecho cuando –adicionalmente- exhorta a las entidades competentes para actuar a favor del mismo. Para demostrar la referida hipótesis, bajo una visión jurídica y de las ciencias políticas, con la presente Tesis se desarrolla el correspondiente Objetivo General, el cual consiste en demostrar que el Tribunal Constitucional debe ejercer el rol de garante del derecho al medio ambiente al declarar la invalidez de ordenanzas regionales y/o locales que buscaban proteger el referido derecho pero que se encontraban viciadas de incompetencia, siempre y cuando exhorte a los entes competentes para que cumplan con su labor de tutela del derecho al medio ambiente en el marco de sus competencias. Para llegar a tal fin general, en el desarrollo del presente trabajo se abordan los siguiente Objetivos Específicos: Específico 1: Demostrar que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional tienen repercusiones en la resolución de conflictos sociales al resolver controversias relacionadas al derecho al medio ambiente. Específico 2: Demostrar que el Tribunal Constitucional, al tomar conocimiento de los procesos de inconstitucionalidad iniciados entre los años 2005 al 2016 contra ordenanzas regionales y/o locales expedidas para proteger derechos humanos en general y, en específico, el derecho al medio ambiente, en algunos casos resolvió la controversia únicamente apelando al principio de competencia y en otros apelando también al principio de garantía de los derechos humanos. Específico 3: Demostrar que el hecho que el Tribunal Constitucional haya apelado al principio de competencia al analizar la validez de las ordenanzas regionales y locales que buscan proteger el derecho al medio ambiente tiene tanto una justificación jurídica como también una explicación política. Específico 4: Demostrar que resulta correcto que el Tribunal Constitucional no deje de aplicar el principio de competencia, por más que la norma viciada de incompetencia busque proteger el derecho al medio ambiente. Específico 5: Demostrar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha desarrollado diversos criterios que permiten hacer compatible el principio de garantía de los derechos humanos con el principio de competencia tanto a nivel argumentativo como a nivel decisorio. Sobre esto último, se busca demostrar que las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una ordenanza regional o local también podrán proteger el derecho al medio ambiente si es que se exhorta a los entes a cumplir con sus competencias sobre la materia.

Este informe jurídico aborda los impactos ambientales generados por el transporte de petróleo crudo a través del Oleoducto Norperuano (el Oleoducto), de titularidad de Petroperú. El problema principal radica en la necesidad de actualizar el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de esta actividad económica en curso, un instrumento correctivo del cual su Plan de Manejo Ambiental (PMA) no ha sido revisado integralmente desde el año 1995. Los derrames de petróleo en 2016 causaron graves daños al medio ambiente y a las comunidades locales, dejando en evidencia la obsolescencia del PAMA del Oleoducto y la ausencia de una regulación ambiental adecuada para su actualización en el subsector hidrocarburos. El informe examina la complejidad normativa del pronunciamiento del Tribunal de Fiscalización Ambiental (el Tribunal), que ordenó a Petroperú presentar la actualización de su PAMA. Para ello, se analizan instrumentos normativos ambientales como el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (RPAAH). Aunque no está explícitamente regulada la actualización de instrumentos correctivos en el subsector hidrocarburos, se argumenta que es esencial para asegurar la viabilidad ambiental de las actividades económicas. Las conclusiones subrayan la urgencia de actualizar el PAMA de Petroperú para mitigar los impactos ambientales y proteger la salud de las comunidades. Se propone adoptar medidas regulatorias claras y eficaces que garanticen la sostenibilidad de las actividades de transporte de hidrocarburos. Además, se destaca la necesidad de un marco regulatorio sectorial con procedimientos específicos para la actualización de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) preventivos y correctivos, asegurando que se adapten a las nuevas exigencias normativas y ambientales. / This legal report addresses the environmental impacts generated by the transportation of crude oil through the Norperuvian Oil Pipeline (the Pipeline), owned by Petroperu. The main problem lies in the need to update the Environmental Adequacy and Management Program (PAMA) of this ongoing economic activity, a corrective instrument of which its Environmental Management Plan (PMA) has not been comprehensively revised since 1995. Oil spills in 2016 caused serious damage to the environment and local communities, leaving in evidence the obsolescence of the Pipeline's PAMA and the absence of adequate environmental regulation for its update in the hydrocarbons subsector. The report examines the regulatory complexity of the pronouncement of the Environmental Oversight Tribunal (the Tribunal), which ordered Petroperu to present the update of its PAMA. To do so, it analyzes environmental regulatory instruments such as the National Environmental Impact Assessment System (SEIA) and the Regulations for Environmental Protection in Hydrocarbon Activities (RPAAH). Although the updating of corrective instruments in the hydrocarbons subsector is not explicitly regulated, it is argued that it is essential to ensure the environmental viability of economic activities. The conclusions underline the urgency of updating Petroperu's PAMA to mitigate environmental impacts and protect the health of communities. It is proposed to adopt clear and effective regulatory measures to ensure the sustainability of hydrocarbon transportation activities. In addition, the need for a sectoral regulatory framework with specific procedures for updating preventive and corrective Environmental Management Instruments (IGA) is highlighted, ensuring that they are adapted to the new regulatory and environmental requirements.

El presente estudio busca ser una actualización y profundización de los análisis críticos del concepto de daño ambiental que existen en la doctrina peruana, con la finalidad de identificar deficiencias en el concepto de daño ambiental presente en nuestra legislación para mejorar la protección del medio ambiente, sin descuidar la tutela de la seguridad jurídica de los administrados. Con esta finalidad, se identificarán las nociones jurídicas de daño ambiental de la legislación y doctrina comparada –principalmente la española–, así como el concepto de daño existente en la regulación y en la jurisprudencia del Tribunal de Fiscalización Ambiental en el Perú. A partir del análisis y comparación de ambas fuentes, se busca proponer una nueva interpretación del concepto de daño ambiental en nuestro ordenamiento que permita su aplicación, protegiendo al medio ambiente, pero sin poner en riesgo las inversiones privadas en minería.

La presente investigación está orientada a determinar si lo que se conoce como daño potencial, que se encuentra regulado en la Ley General del Ambiente y recogido a nivel jurisprudencial, se encuentra plenamente justificado en nuestro Ordenamiento Jurídico. En tal sentido, se efectuó un análisis de la evolución histórica de este tipo de daño y se le aplicó las pautas de investigación de la responsabilidad extracontractual regulada en Código Civil, es decir, la exposición al peligro. El resultado de la investigación conlleva a sostener que el daño potencial no existe, pues en realidad lo que allí se regula es daño, como cualquier otro, pero cuyo alcance es más limitado que, por ejemplo, el daño ecológico.