El contrato de locación, erróneamente aplicado, es una de las formas de contratación civil comúnmente utilizadas para evadir responsabilidades laborales, hecho que no ha sido ajeno al Estado en su rol de empleador, porque al contar con normas que prohíben el ingreso a la carrera pública o por ser más difícil (burocrática) la contratación de trabajadores (servidores), ha venido optando por esta alternativa de contratación: menos costosa y más rápida. En ese sentido, a pesar de que normativamente existe la prohibición de simular bajo estos contratos reales relaciones laborales, poco o nada han hecho para su cumplimiento. Por ello, en el presente trabajo analizamos la situación de informalidad laboral dentro de la administración pública y las alternativas para evitar incurrir en desnaturalizaciones de contratos de locación de servicios. Para ello, primero, hacemos un breve recuento sobre el empleo público en el Perú, y el surgimiento del contrato de locación de servicios, también llamado servicios no personales (SNP); para así luego, proceder a establecer las diferencias entre el contrato de locación de servicios versus el contrato de trabajo. Luego, desarrollamos la incidencia de los contratos de locación de servicios en el empleo público, enfocándonos en la informalidad laboral, la reposición laboral o reconocimiento de una relación laboral tras haberse declarado desnaturalizados los contratos de locaciones de servicios en sede judicial (como pretensión principal), las pretensiones que también pueden ser planteadas en sede judicial (como pretensión accesoria) y la falta de fiscalización laboral. Como propuesta central concluimos que, para disminuir los niveles de informalidad laboral y demandas judiciales contra el Estado, es preciso se establezca como una política pública la supervisión de este tipo contratación en el Estado, bajo la dirección de Servir. / Trabajo académico

En el sector eléctrico se ha vuelto recurrente que los concesionarios de proyectos eléctricos acudan al Ministerio de Energía y Minas para alegar la ocurrencia de eventos que a su criterio califican como caso fortuito o fuerza mayor, a fin de liberarse de toda responsabilidad y ver prorrogado el plazo de su proyecto mitigando así los riesgos y las consecuencias de no lograr la operación comercial del proyecto en la fecha prevista, incurrir en algún incumplimiento contractual o legal e incluso estar frente al inicio de un procedimiento de caducidad de su concesión definitiva. De esta manera, los concesionarios con mucha frecuencia buscan encausar cualquier acontecimiento que impacte en el desarrollo de su proyecto bajo el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor sin haber realizado previamente el análisis jurídico para determinar si se encuentran frente a un evento extraordinario, imprevisible e irresistible. A propósito de esta práctica cotidiana que el autor ha identificado en su ejercicio profesional surge el presente artículo académico, el mismo que busca analizar la figura jurídica del caso fortuito y fuerza mayor aplicado en el sector eléctrico, así como evaluar si las demoras atribuibles al propio Estado califican dentro de dicha figura jurídica. / In the electricity sector, it has become recurrent for electricity project concessionaires to turn to the Ministry of Energy and Mines to allege the occurrence of events that in their opinion qualify as a fortuitous event or force majeure, in order to free themselves from any liability and see the term of their project extended, thus mitigating the risks and consequences of not achieving the commercial operation of the project on the scheduled date, incurring in any contractual or legal breach and even being faced with the start of a procedure for the expiry of their definitive concession. In this way, concessionaires very often seek to channel any event that impacts the development of their project under the assumption of fortuitous event or force majeure without having previously carried out the legal analysis to determine whether they are facing an extraordinary, unforeseeable and irresistible event. This academic article arises from this daily practice that the author has identified in his professional practice and seeks to analyse the legal concept of fortuitous events and force majeure applied in the electricity sector, as well as to evaluate whether the delays attributable to the State itself qualify within this legal concept. / Trabajo académico

En el presente informe se analizan los desaciertos y/o vicios de la Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 11 del 04 de abril de 2016, correspondiente al Expediente N° 9737-2011 expedida por la Segunda Sala Civil Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima. Esta Sentencia establece que el silencio del ejecutante en un proceso obligación de dar suma de dinero tramitado en la vía ejecutiva, implica una aceptación tácita de los argumentos causales presentados por el ejecutado. Esta interpretación contraviene los principios fundamentales del proceso de ejecución civil peruano y distorsiona su naturaleza. La Sala pretende justificar su decisión argumentando que la ley sustantiva (artículo 19.2° de la Ley de Títulos Valores) permite al ejecutado oponer defensas causales durante la ejecución, obviando su obligación de realizar un rechazo liminar conforme al artículo 690- D, sin reflexionar adecuadamente sobre las consecuencias de sus decisiones. En ese contexto, la Sala intenta utilizar la presunción legal simple establecida en el artículo 442.2° para justificar su decisión y, de este modo, sustituir su actividad probatoria, aspecto que será analizado detalladamente en la presente. / This report analyzes the errors and/or flaws in the Judgment of Appeals contained in Resolution No. 11 dated April 4, 2016, related to Case No. 9737-2011 issued by the Second Civil Commercial Chamber of the Superior Court of Justice of Lima. This judgment establishes that the silence of the plaintiff in a sum of money obligation execution process implies tacit acceptance of the causal arguments presented by the defendant. This interpretation contravenes the fundamental principles of the Peruvian civil execution process and distorts its nature. The Court attempts to justify its decision by arguing that substantive law (Article 19.2 of the Securities Law) allows the defendant to raise causal defenses during execution, disregarding its obligation to summarily reject under Article 690-D, without adequately reflecting on the consequences of its decisions. In this context, the Court seeks to use the simple legal presumption established in Article 442.2 to justify its decision and thereby replace its probative activity, a matter that will be thoroughly examined in this report.

La práctica contractual pone en evidencia que muchas veces los contratos terminan de manera anticipada por diversas razones, que han sido difíciles de clasificar de forma pacífica en la doctrina. De hecho, la resolución como supuesto de extinción de contratos válidos por causal sobreviniente, en definición que emplea el Código Civil peruano de 1984, parece aludir a un grupo mayor de supuestos en que opera la extinción del contrato. El presente trabajo de investigación tiene por objeto ocuparse del régimen de la resolución contractual en el Código Civil peruano de 1984. Partiendo de la premisa de la ineficacia como un género en el que se inserta la resolución contractual, el trabajo se inicia con una revisión de la clasificación de la ineficacia en general, de manera de adoptar aquella que distingue entre la ineficacia invalidez y la ineficacia en sentido estricto. Seguidamente, el trabajo efectúa un repaso general de los casos o supuestos más reconocidos en la doctrina de ineficacia en sentido estricto. En este grupo se incluye a la recisión, la resolución, el desistimiento, la inoponibilidad, el mutuo discenso, el plazo y la condición resolutoria, entre otros, con el fin conocer sus principales aspectos y diferencias más notables. Finalmente, se efectúa una revisión integral del articulado del Código Civil a fin de observar el tratamiento de la resolución, y a partir de aquí, analizar los diversos supuestos en que tiene lugar la resolución, evaluando su relación con los otros supuestos de ineficacia en sentido estricto no necesariamente recogidos por el legislador en el Código. / Tesis

La presente investigación busca realizar un análisis, desde una óptica sustantiva y procesal, de los elementos que integran la responsabilidad civil derivada de los daños por inmisiones en el ámbito de las relaciones de vecindad. Las relaciones de vecindad, tema que no ha sido abordado en nuestro formante doctrinal, otorga a toda persona la facultad de excluir inmisiones que excedan la normal tolerancia. Pese a su relevancia práctica, lastimosamente, en nuestro medio, las inmisiones no ha sido objeto de un estudio especial y contemporáneo, situación distinta a lo que ha ocurrido en otras experiencias extranjeras. Una inmisión (por ruidos, humos, olores, vibraciones, etc.), en sí misma, no resulta ilegítima, dado que la coexistencia social nos impone una obligación de tolerarlas. Sin embargo, el artículo 961 del Código Civil peruano ha previsto que aquellas están prohibidas cuando excedan la tolerancia, que mutuamente se deben los vecinos. Precisamente, surgen ahí las siguientes cuestiones: ¿Cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta, a fin de determinar si ciertas inmisiones exceden la tolerancia que normalmente se deben los vecinos? ¿Debe analizarse la antijuridicidad respecto a la conducta inmisiva o del daño? ¿Qué ocurre si el vecino inmitente no sobrepasa los límites administrativos, pero aun así genera un daño inmisivo? ¿Cuáles son los criterios para valorar y cuantificar el daño inmisivo material y moral? ¿Cómo se prueba la relación de causalidad en dichos casos? ¿Es posible la coexistencia de un régimen de imputación sustentado en los artículos 1969 y 1970 del Código Civil, que resulte aplicable a los daños derivados de las inmisiones vecinales? La importancia de la presente tesis, entonces, radica en brindar una contribución para el Derecho Peruano, realizando un análisis, de manera integral, del juicio de resarcibilidad derivado de inmisiones en el contexto de las relaciones vecinales.

En el marco de un procedimiento administrativo sancionador, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI determinó que la empresa Viva Negocios Inmobiliarios S.A. incumplió los artículos 77.1 y 78.1 del Código de Protección al Consumidor, respecto a sus deberes de (i) informar sobre la partida registral del inmueble materia del proyecto inmobiliario a fin de acreditar que dicho inmueble es de propiedad de la persona contratante, y (ii) entregar los contratos de compraventa a los consumidores de manera física en su local comercial. En vista a que el Código Civil contempla la presunción de que todas las personas conocen las inscripciones de los registros públicos, y que no establece ninguna formalidad para la celebración de los contratos de compraventa, surge el cuestionamiento respecto a si existe una disonancia normativa entre los respectivos artículos del Código Civil con las disposiciones del Código de Protección al Consumidor en mérito de las cuales se sancionó a la inmobiliaria. En el presente trabajo se arriba a la conclusión de que no existe tal discrepancia, en la medida que los alcances de las regulaciones del Código de Protección al Consumidor se limitan a facilitar y garantizar a los consumidores del sector inmobiliario a que puedan hacer efectivo el ejercicio de su derecho a la información antes de celebrar un contratos de compraventa. / In an administrative sanctioning procedure, the Specialized Chamber on Consumer Protection of the Court for the Defense of Competition and Intellectual Property of INDECOPI determined that the company Viva Negocios Inmobiliarios S.A. did not comply with articles 77.1 and 78. 1 of the Consumer Protection Code, with respect to its duties to (i) inform about the registry entry of the land where the project will be developed as a way to prove that such real estate is owned by the contracting party, and (ii) deliver the purchase agreements to the consumers in a physical manner at its commercial premises. Considering that the Civil Code contemplates the presumption that all persons know the inscriptions of the public registries, and that the Civil Code does not contemplate any formality for the execution of purchase agreements, then there could be a normative dissonance between said regulations of the Civil Code with the provisions of the Consumer Protection Code by virtue of which the real estate company was sanctioned. This report concludes that there is no such discrepancy, because the scope of the rules of the Consumer Protection Code is limited to facilitating and guaranteeing consumers in the real estate sector that they may exercise their right to information before entering into a purchase agreement.