Se pone en manifiesto que algunas empresas utilizan figuras legales, como, por ejemplo, reorganizaciones societarias bajo un esquema de planeamiento tributario, que les ha permitido de manera indirecta obtener los beneficios tributarios que estaban orientados a incentivar la inversión o facilitar las estrategias empresariales, sin pretender lograr dicho objetivo económico. Situación que distorsiona la equidad del impuesto que debe aplicarse sobre la capacidad contributiva y genera brechas en la recaudación. Muy poco se hizo con la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario que tuvo problemas en su aplicación para intentar calificar operaciones en Fraude de Ley, por lo que en el 2012 fue necesario introducir la Cláusula Antielusiva General en el Perú, dentro de la Norma XVI en el Título Preliminar del Código Tributario, acarreando oposiciones en el sector privado, suspendiéndose con otra Ley, su aplicación, con excepción del primero y último párrafo de la misma, tan solo a los 2 años de su introducción sin haberse incluso aplicado. En el contexto actual, debido a que a finales del 2018 se levantó la suspensión de la Cláusula Antielusiva General incorporada en los párrafos del 2 al 5 de la Norma XVI, nos encontramos con los posibles inconvenientes que podría generar su aplicación en el Perú, por parte de la SUNAT, a aquellas operaciones que se hubieran realizado en períodos prescritos y que aun así sus efectos se evidencien en uno o varios ejercicios futuros, que al no estar prescritos, estén siendo fiscalizados o podrían ser sujetos a fiscalización por parte de la Administración Tributaria. En el desarrollo de la presente investigación, se evidencia las diversas interpretaciones por parte de la doctrina y la jurisprudencia, respecto a qué facultades de la Administración se sujetan al plazo de prescripción que establece el artículo 43° del Código Tributario, lo que podría generar una posición discordante entre los órganos administrativos y judiciales cuando se discutan los casos de calificación de las operaciones descritas en el párrafo previo. Finalmente, en el presente trabajo se analiza el problema en cuestión con la exposición de jurisprudencia de casos similares para plantear una tentativa solución a la contingencia que se pueda generar a futuro, así como para solucionar el problema interpretativo del artículo 43° del Código Tributario.

La presente investigación aborda el estudio del derecho a la ocupación efectiva en el ordenamiento jurídico laboral peruano y su encuadramiento al más alto nivel jurídico como parte del contenido constitucional del derecho al trabajo. Por ello, en esta investigación, empezaremos examinando como principal objetivo si, efectivamente, el derecho a la ocupación efectiva tiene base constitucional en nuestro ordenamiento a partir de la interpretación que los órgano de impartición de justicia y la doctrina han perfilado sobre este derecho; luego, revisamos las limitaciones que, en la práctica, suelen presentarse con relación a la ocupación efectiva; y, posteriormente, analizamos las vías procedimentales (fiscalización laboral) y procesales (proceso de amparo y proceso laboral) de protección del derecho a la ocupación efectiva. Este estudio se justifica debido a la transcendía que reviste reconocer el rango constitucional de un derecho, pues, de poseer dicho rango, la protección y alcances de aquel adquiere un matiz que no ostentan otros derechos de rango legal o infralegal. En tal sentido, hemos analizado las investigaciones propias de otros ordenamientos jurídicos, como el español, en el que el reconocimiento constitucional del derecho a la ocupación efectiva es una cuestión pacíficamente reconocida. Asimismo, hemos escrutado posibles casos en los que este derecho podría verse afectado y, en ese punto, revisamos una posible pauta metodológica para reconocer una afectación como válida o inválida. Finalmente, el resultado de nuestra investigación es reconocer que el derecho a la ocupación efectiva forma parte de la normativa constitucional en nuestro país y, en tal sentido, merece el mayor nivel de protección jurídica y, a su vez, mantiene eficacia hacia los particulares y el poder público.

La causalidad como delimitadora y base angular de la deducibilidad de gastos en la imposición de renta, es una institución jurídica tributaria de suma importancia y respecto de la cual es necesario tener un adecuado entendimiento, más aún si de acuerdo al estado actual de la jurisprudencia, esta debe ser entendida en un sentido amplio, constituyéndose en un criterio acorde con las exigencias actuales de los negocios y a la vez en un criterio que abre la posibilidad a determinados abusos en la deducibilidad. Precisamente, la constatación de una particular tipología de casos donde se pone a prueba ambos aspectos del criterio causal, es el punto de partida de la presente investigación, dicha tipología se encuentra relacionada con operaciones realizadas entre empresas de un mismo grupo empresarial o intragroup y cómo estas al ser contrastadas con los conceptos, teorías, normas y criterios de la causalidad, permiten su reevaluación en términos de deducibilidad, y a su vez la reevaluación del sentido amplio de la institución jurídica, pues se observa visos de una utilización instrumentalizada de la misma a través del uso de ciertas formas jurídicas. Es así que en la presente tesis, que lleva por título “El sentido amplio de la causalidad, y su instrumentalización”, se establece como hipótesis “la ausencia de causalidad, en casos en que a través de la contratación se presuponga cumplido esta por el hecho de que la retribución, establecida para la empresa del grupo empresarial ubicado en el país, por los servicios brindados a otra ubicada en el exterior, incluya todos los costos o gastos incurridos para tal fin, evidenciándose asimismo la instrumentalización de dicho criterio”. En cuanto al método desarrollado en la presente investigación se ha partido del análisis general al particular y de la ubicación de la institución jurídica en el sistema de imposición de renta, su evolución normativa y los aspectos jurisprudenciales de la misma, siendo que de esta forma se ha logrado el objetivo general de la presente investigación, demostrar la falta de causalidad en la tipología de casos y el uso instrumentalizado del sentido amplio del criterio, siendo la conclusión principal la preponderancia de los criterios objetivos, sin descartar los criterios subjetivos, en el establecimiento de reglas jurídicas jurisprudenciales para efectos de la deducibilidad de gastos en la tipología de casos investigada y la necesidad de contornos delimitadores claros y precisos del sentido amplio de la causalidad. Finalmente cabe indicar que, la presente investigación incluye los alcances de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1312, vigente desde el año 2017, en referencia al requisito del “test del beneficio” para los servicios intragroup, sus diferencias con la causalidad y la fehaciencia y las formas de acreditación.

La presente investigación tiene como finalidad evaluar la conveniencia de incorporar en el Código Civil peruano de 1984 el requisito de la excusabilidad del error a efectos de obtener la anulación de un acto jurídico. Con este propósito, se empieza por abordar el desarrollo del referido vicio de la voluntad en el Derecho Romano, para luego proceder a un análisis comparatista del tratamiento de la culpa en la producción del error dentro de las experiencias jurídicas francesa, italiana, alemana y estadounidense realizando un contraste entre las tradiciones jurídicas del common law y del civil law. La indagación se justifica en la medida en que dentro de la experiencia jurídica nacional existe una controversia dogmática sobre la aplicabilidad de la excusabilidad como requisito del error, razón por la cual, luego de efectuado el análisis comparativo se procede a evaluar el tratamiento del error en el ordenamiento jurídico peruano, tanto en el plano doctrinario y legislativo así como en el jurisprudencial, abordándose una serie de casaciones, en muchas de las cuales se observa la relevancia que otorgan los jueces peruanos a la excusabilidad, concluyéndose que si bien se ha producido en el Perú un trasplante legal del Código Civil italiano de 1942 respecto de la disciplina del error, se debe reflexionar la oposición político legislativa entre protección unilateral de la voluntad del declarante o exclusiva tutela de la confianza del destinatario, a efectos de generar una regulación, que conjugando la excusabilidad y la conocibilidad produzca en ambas partes los incentivos necesarios para prevenir la producción del error, perspectiva que también se aprecia en los Principios de Derecho Europeo de los Contratos, el Proyecto de Marco Común de Referencia y los Principios Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacionales 2010. Con el desarrollo de la investigación se ha observado la necesidad de abordar la problemática del error común, así como el de la responsabilidad civil por los daños derivados de la celebración de actos jurídicos afectados por error, concluyéndose respecto de la primera que debe regularse expresamente un remedio de nulidad y sobre la segunda, la necesidad de derogar la restricción impuesta por el artículo 207 del Código Civil.

Existe un problema en el Perú con muchos contratistas que internalizan los costos por pérdida de productividad en mano de obra y equipos, como consecuencia de disruptions o disrupciones a su secuencia constructiva causados por los comitentes de las obras. Las disruptions son eventos que interfieren, interrumpen o cambian la secuencia constructiva planificada por el contratista y aceptada por el comitente de una obra. Sin embargo, al haber un casi total desconocimiento de esta figura en la comunidad peruana, no es usual utilizar dicho concepto en los reclamos y tampoco los métodos para su cuantificación aceptados internacionalmente. Es por ello relevante definir, analizar y adaptar el tratamiento de la figura de las disruptions al Derecho peruano, pues ello permite contar con una alternativa de reclamación y cuantificación idónea de los daños de los contratistas. En tal sentido, en el presente trabajo, se busca analizar el concepto de disruption y promover la utilización del método measured mile como el idóneo para la cuantificación de los improductivos generados. Se concluye que las disruptions pueden ser consideradas como inejecución de prestaciones o incumplimiento de los deberes de cooperación, en el marco de la responsabilidad civil contractual, bajo el artículo 1321 del Código Civil; por lo tanto, es un concepto que se puede utilizar en el Perú y que el método idóneo para su cuantificación es el measured mile, pues es reconocido como el mejor por cortes foráneas, la doctrina internacional y el soft law. No hay ningún impedimento legal para el uso del measured mile como método de cuantificación de pérdida de productividad en el Perú.

El presente trabajo de investigación busca analizar el referéndum en el Perú, en el marco del contexto internacional y del Derecho Comparado, centrándose en el control de constitucionalidad que se puede hacer respecto de los temas en consulta (objeto) para dar solución a dos problemas identificados: la oportunidad del control y el organismo competente. En relación con el momento en que se hace este control, se hace posteriormente a que la iniciativa cuente con un importante número de respaldos expresados a través de la recolección de firmas, y podría ser negativo, con lo que generaría un desincentivo a asumir la promoción de este tipo de iniciativas. De otro lado, respecto del organismo encargado de este control constitucional, se ha constatado que potencialmente hay un control originario y luego uno sucesivo, que puede recaer en el Jurado Nacional de Elecciones y los jueces constitucionales (en dos instancias) y finalmente en el Tribunal Constitucional. En ese sentido, el presente trabajo plantea que el control constitucional se haga mientras se realiza la recolección de firmas (una vez que se logre una cantidad similar a la requerida para presentar una demanda de inconstitucionalidad -5000 firmas) y que esté a cargo del Tribunal Constitucional, en instancia única, por la especialidad de sus funciones, como un control preventivo, a través de un procedimiento célere; por tanto, se incluyen propuestas de textos normativos para reformar la Constitución y la Ley Nº 263000, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, con dichos alcances.

El número creciente de sujetos obligados y el incremento permanente de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en los últimos veinte años que, al ser comparados frente al reducido número de sentencias condenatorias por actividades de lavado de activos, así con el decreciente número de Informes de Inteligencia Financiera (IIF) plantean el problema si existen factores que afectan eficiencia de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. La tesis que sostenemos es que existen factores relacionados a la regulación contra el lavado de activos, la autonomía de la UIF, a su presupuesto, personal y al tipo de información a la que accede la UIF del Perú que afectan su eficiencia, la cual se puede medir desde la relación que guardan los ROS, los IIF y las sentencias condenatorias por lavado de activos. Esto se demuestra a través de un estudio comparativo entre las UIF de Perú, Argentina, Chile y Colombia, que permite concluir de la existencia de factores que afectan la eficiencia de la UIF del Perú en su lucha contra el lavado de activos.

El presente trabajo académico desarrolla un análisis sobre la necesidad de modificar el Art. 50 del Reglamento de Áreas Naturales Protegidas, toda vez que el Perú, desde una óptica conservacionista sobre el medio ambiente estaría vulnerando el derecho al desarrollo de las comunidades nativas que viven en áreas de uso indirecto, dado que el aprovechamiento de recursos naturales dentro del área, solo está permitido para actividades de subsistencia. En ese sentido y con el fin de ayudar a dar respuesta al cuestionamiento, este proyecto genera su investigación sobre el área nacional protegida, ‘’Parque Nacional del Manu’’ y las comunidades nativas y PIACIS, que viven en su territorio. Así mismo, cabe señalar que este trabajo académico, analiza los componentes del derecho al desarrollo de las comunidades nativas, propuestos por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el convenio 169 de la OIT, con el fin de determinar las implicancias y consecuencias de un Estado conservacionista con el medio ambiente sobre las comunidades que habitan en su interior; del mismo modo se abordó legislación comparada y casuística sobre países que presentan la misma figura que el Parque Nacional del Manu, con el objetivo de determinar los pros y los contras de realizar algún tipo de modificación. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, las mismas que son generadas a partir del análisis previo realizado, donde la idea principal gira en torno a la figura de un comanejo, en el que el Estado a través de su autoridad competente y las comunidades nativas cohabiten y generen un desarrollo sostenible entre las partes, respetando sus derechos y obligaciones entre si.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene como objetivo exponer la necesidad de constitucionalizar en Chile la protección del consumidor y usuario. Para ello, el Capítulo I comienza relatando la proclamación de los derechos de los consumidores y usuarios como Derecho Humano, aportándose datos sobre sus origen como derecho y luego como Derecho Fundamental. Además, se revisa su protección tanto en órganos internacionales como en España, Argentina, Brasil y Colombia. El Capítulo II plantea que, a pesar de la inexistencia de un precepto constitucional tutelar de los consumidores, sí es posible que ésta los contenga, para luego examinar los proyectos de reforma constitucional de los últimos años, centrándose en el del año 2014. Finalmente, se expresa la importancia de contar con un precepto constitucional que ampare a los consumidores y usuarios

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Chile es un país en el que las uniones no matrimoniales (o de hecho), han estado presentes y han generado debate. Para responder a esta situación, se elaboró el AUC en la ley N° 20.830. El 21 de octubre del año 2015, entró en vigencia una regulación que produce distintos efectos en la vida tanto jurídica como social, y por ello, es de vital trascendencia. A través de ella, se regulan las relaciones entre personas de igual o diverso sexo, que no han contraído el vínculo matrimonial y que comparten una vida en común. El presente trabajo busca realizar un análisis crítico de la actual legislación que reglamenta las uniones civiles, para finalmente intentar determinar si estamos frente a una regulación suficiente o, por el contrario, sólo el punto de partida a mejoras legislativas o definitivamente un matrimonio igualitario. Para ello, se esclarecerá el concepto del Acuerdo de Unión Civil, para no sólo caracterizarla, sino que compararla con el vínculo matrimonial, relacionarla con otras instituciones y plantear las eventuales críticas que existen en cuanto a sus aspectos más relevantes. Al mismo tiempo, se hará un breve análisis de los procesos históricos y legislativos que llevaron a la entrada en vigencia de la ley N° 20. 830, haciendo posteriormente, un paralelo respecto a la forma en que han sido tratadas las uniones entre parejas de igual o distinto sexo en la legislación comparada para posteriormente elaborar críticas referidas al actual Acuerdo, incorporando de manera breve jurisprudencia que sustente dichas falencias, finalmente enunciando algunas mejoras de las que el AUC podría ser objeto.