En los últimos años, la opinión pública ha ido demandando cada vez con más fuerza la adopción de medidas de regeneración política y profundización democrática, siendo especialmente señalada la reforma de los sistemas electorales en aras de buscar una mayor proporcionalidad e igualdad del voto entre los electores. En términos generales, los sistemas electorales en España han estado diseñados para favorecer la estabilidad de gobierno al primar a los partidos mayoritarios. En el caso de la Región de Murcia, la combinación entre circunscripciones de ámbito inferior al provincial y la existencia de un umbral electoral autonómico del 5%, ha ocasionado que se considere como un sistema con fuertes efectos desproporcionales. Tras muchos años de controversia, en 2015 se produjo la reforma del sistema electoral murciano con la adopción de la circunscripción única y la rebaja de la barrera electoral al 3%. Así, los objetivos concretos de esta tesis doctoral se dirigen a analizar el marco jurídico y los rasgos configuradores del sistema electoral de la Región de Murcia, haciendo un balance de sus rendimientos y efectos a los largo de sus más de treinta años de vigencia. Del mismo modo, se aborda la reforma del sistema electoral operada en 2015 desde diversas perspectivas, examinando el proceso, sus contenidos, las distintas alternativas y propuestas de mejora contempladas, así como sus consecuencias y expectativas sobre la representación, la proporcionalidad y el sistema de partidos. Para ello, se opta por una metodología en la que se combinan distintas técnicas de análisis, destacando la revisión normativa y jurisprudencial y acudiendo a la comparación con otras Comunidades Autónomas, el cálculo de índices para medir la proporcionalidad y las distintas dimensiones del sistema de partidos, así como la aplicación de técnicas proyectivas para prever el impacto de la nueva configuración en la representación. Todo ello se completa a través de las aportaciones de numerosos autores que se han obtenido a través de bibliografía. Del proceso se obtienen unas conclusiones que responden a los objetivos inicialmente marcados. Así, se concluye que el sistema de cinco circunscripciones ha sido el origen de distorsiones en la representación por su efecto desproporcional y la desigualdad del voto, mientras que la barrera electoral del 5% ha actuado como limitador de la pluralidad al evitar la obtención de escaño de fuerzas políticas minoritarias, lastrando con ello sus posibilidades de desarrollo. Estas características han supuesto una singularidad de la Región de Murcia en comparación a la homogeneidad de la mayoría de las Comunidad Autónomas, pese al amplio margen del legislador autonómico para adoptar configuraciones distintas. La reforma ha puesto fin a la controversia sobre la proporcionalidad, pero sus contenidos han sido muy limitados y todo el proceso estuvo condicionado a una urgencia que respondía a razones de estrategia partidista, desaprovechando la oportunidad de acometer cambios de mayor calado en una coyuntura proclive a la reforma que es difícil que se repita. Las principales conclusiones sobre las consecuencias del nuevo sistema se derivan de las simulaciones realizadas y permiten adelantar que es más proporcional y facilita el acceso a la obtención de escaño a formaciones políticas con menos apoyo electoral, por lo que se espera una mayor capilaridad de la Asamblea Regional y más pluralidad de las fuerzas representadas. Finalmente, del estudio de alternativas se deduce que a corto plazo las propuestas de mejora más viables pasan por la intervención en materia de listas de candidatos. / In recent years, the public opinion has been demanding increasingly, the introduction of measures of political regeneration and of further democratic deepening. They are particularly emphasizing the need of a reform of the electoral system in order to seek a greater proportionality and equality of votes. Generally, the electoral systems in Spain have been designed to promote the stability of the government by supporting the main parties. In the case of the Region of Murcia, the combination between low-magnitude electoral districts and the existence of an electoral threshold of 5% has caused that it is considered as a system with strong disproportional effects. After many years of controversy, in 2015 the reform of the electoral system was conducted with an introduction of the single constituency and the reduction of the electoral threshold to 3%. Thus, the concrete objectives of this doctoral thesis are directed at analyzing the legal framework and the characteristics of the electoral system of the Region of Murcia, making a balance of its performances and effects over more than thirty years of being in effect. Similarly, it deals with the reform of the electoral system operated in 2015 from various perspectives, examining the process, the contents, the distinctive alternatives and the suggestions of contemplated improvement. Moreover, it deals with its consequences and expectations concerning the representation, the proportionality and the party system. Therefore, a methodology was chosen in which different analysis techniques are combined, accentuating the legislation and jurisprudence review and by comparison with other autonomous regions and the calculation of indicators to measure the proportionality and the different dimensions of the party system. Moreover, the application of projective techniques to predict the impact of the new configuration in the representation is used. All this is complemented by the contributions of several authors from across literature. During the process some conclusions are obtained that respond to the initially emphasized objectives. Thus, it is concluded that the system of five electoral districts has been the source of distortions in the representation for its disproportionate effect. Moreover, the inequality of the vote, while the electoral threshold of 5% has limited the plurality to avoid winning seats for the political forces that are a minority, thereby burdening their development potential. These characteristics have led to a singularity of the Region of Murcia, compared to the homogeneity of the majority of the autonomous communities, despite the wide degree of autonomy given to the legislator to adopt different configurations. The reform has put an end to the dispute on proportionality, but its contents have been very limited and the whole process was performed under the condition of time pressure due to partisan strategy, wasting the opportunity to undertake more fundamental changes in a situation inclined to the reform that is difficult to repeat. The main conclusions on the impact of the new system are derived from the completed simulations. They allow advancing more proportionality and facilitate the access to obtain seats to political parties with less electoral support, so that a greater capillarity of the regional assembly is expected as well as more plurality of the represented political forces. Finally, through the study of alternatives it is shown that at short-term the more practical proposals of improvement pass through interventions of the candidate lists.

Realiza un análisis jurídico - filosófico de la figura de la gracia presidencial a favor de los procesados, en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo, más su ampliatoria conforme lo dispone el artículo 118° inciso 21 de la Constitución Política de 1993, potestad conocida en doctrina jurídica como “indulto a procesados” o “indulto anticipado”. / Tesis

En el presente estudio analizaremos como el Tribunal Constitucional pretende extender los alcances del control difuso jurisdiccional a algunos órganos administrativos, otorgándoles mayores atribuciones que los que posee el Poder Judicial, ya que los órganos administrativos a quienes se ha reconocido esta atribución podrán ejercerlas sin el control de órgano superior alguno, lo que genera la posibilidad de diversas interpretaciones de una misma Ley con la situación de caos y desconfianza que ello significa. Pues, en la medida que no exista dentro del Poder Ejecutivo una única entidad capaz de someter jerárquicamente a todos los Órganos Colegiados y Tribunales Administrativos - que pudiera jugar un rol de la Corte Suprema en el caso de la inaplicación de leyes inconstitucionales – se estaría creando un caudillismo jurídico, donde todos creerían tener la razón respecto a la interpretación de una norma Constitucional, poniendo en riesgo la Seguridad Jurídica del administrado y sus consecuencia en el ámbito económico, pues bien es sabido donde no hay seguridad jurídica, no hay inversión privada.

La tesis central de la presente investigación consiste en que los llamados “peligros” de la ponderación, están por fuera de ella; es decir, no son atribuibles a la estructura interna de la ponderación. De otro lado, los “límites” de la ponderación, sí son connaturales a la misma. El problema de los límites de la ponderación es un problema de naturaleza epistemológico, mientras que el problema de los peligros de la ponderación es un problema de naturaleza axiológico. Mientras que los límites se abocan a las limitaciones del conocimiento que afectan a la ponderación (como también pueden afectar a la subsunción o a la analogía), los peligros de la ponderación están referidos a la valoración del juicio ponderativo en sí como procedimiento racional para la aplicación de normas con carácter de principios.

Cuando intentamos explicar qué es un sistema jurídico de normas, necesariamente debemos hacernos cargo de qué es lo que da unidad al número exorbitante de leyes, decretos, reglamentos, etc., que se encuentran presente el ordenamiento jurídico de cualquier Estado de Derecho moderno, y a la vez que le da validez de a las mismas. Sostenemos junto a Hans Kelsen, como lo hace en el capítulo IX de su “Teoría Pura del Derecho”1, que la pluralidad de normas presentes en un ordenamiento jurídico determinado descansa, en última instancia, sobre una única norma o norma fundamental

Manifiesta como el control de constitucionalidad difuso, poder y deber de los órganos jurisdiccionales del Estado ha sido desnaturalizado por el intérprete supremo de la Constitución peruana al menos en dos aspectos que son objeto de este trabajo cuando decidió que dicha potestad es extensiva a órganos y tribunales de la Administración Pública adscritos al Poder Ejecutivo y cuando fijó que su ejercicio debe estar condicionado a la acreditación de perjuicio y a la invocación de parte. Desarrollamos el carácter de poder-deber y la naturaleza eminentemente jurisdiccional del control de constitucionalidad difuso, a partir de comprender sus principales fundamentos históricos y jurídicos que dieron origen a esta institución del derecho constitucional, desde su adopción en Inglaterra hasta su desarrollo brillante en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, los cuales nos permiten confrontar las decisiones emitidas por nuestro Tribunal Constitucional así como de autores y académicos, en relación a los aspectos cuestionados. A partir de una interpretación válida de la Constitución y sus disposiciones respectivas, sustentamos el control de constitucionalidad difuso como poder-deber y su naturaleza eminentemente jurisdiccional, resultando impropio que la misma sea reconocida como atributo de otros poderes públicos y órganos distintos a los que integran el poder jurisdiccional del Estado. / Tesis

El documento digital no refiere asesor / El control difuso es una figura incidental de control constitucional que les faculta a los jueces de todos los niveles, la inaplicación de las normas que no son compatibles con los principios constitucionales, es decir, los jueces están facultados y obligados indubitablemente en tener la observancia del principio de supremacía constitucional y el principio de inviolabilidad de la Constitución. En ese sentido, no basta el control constitucional concentrado que realiza el Tribunal Constitucional, para garantizar las normas fundamentales de la constitución, porque la interpretación constitucional muchas veces está sesgada por los intereses políticos. En este sentido vemos la posibilidad no solamente la inaplicación de las normas jurídicas ordinarias mediante control difuso, sino habría la posibilidad de la inaplicación de las sentencias vinculantes emanadas del Tribunal Constitucional, esto cuándo transgreden principios y valores de orden constitucional, es así, que vemos la posibilidad que la Ejecutoria Constitucional 206-2005-PA/TC a los Procesos de Amparo para la Reincorporación de miembros de la Policía Nacional del Perú por hechos ocurridos en el periodo del 2000 al 2005”, habría vulnerado derechos. Estas podrían haberse sesgado por las ideologías de sus miembros, teniendo en cuenta que los análisis de interpretación constitucional de los magistrados del Tribunal Constitucional no serían perfectos sino perfectibles. Además, por qué no concebir las sentencias constitucionales como normas jurídicas, teniendo en cuenta que la jurisprudencia, al decir, Rodolfo Pérez “…no solo tiene carácter de fuente del Derecho sino vinculatoriedad como norma jurídica”, por cuanto contiene principios y reglas que pueden concebirse como normas, al respecto, el jurista alemán Robert Alexy, “…tanto las reglas como los principios pueden concebirse como normas”, en ese sentido podemos entender que la Ejecutoria Constitucional, también, son normas jurídicas, por cuanto, por un lado al decir de Carlos Cossio, que toda sentencia es considerada como el fenómeno jurídico por antonomasia3 , si es así, por el otro lado de la cara de la sentencia emanan normas jurídicas que expresan mandatos, prescripciones o recomendaciones, como es el caso de la ejecutoria constitucional materia de nuestro estudio. El método difuso de control constitucional corresponde a la justicia constitucional de origen anglosajón y el control concentrado es del Tribunal Constitucional, o sea, la jurisdicción constitucional, fue planteado por Kelsen. Bajo este marco ponemos a disposición el presente estudio referido a la inaplicabilidad mediante control difuso a procesos de amparo a la actividad policial admitidos antes de la Ejecutoria Constitucional N° 206-2005 de fecha 28 de noviembre del 2005, con el cual se pretende garantizar los principios constitucionales, como: irretroactividad, la tutela jurisdiccional efectiva, tutela judicial preestablecida, defensa procesal y el juez natural, por lo que vulneran los derechos de los policías y personal de fuerzas armadas, pasados en retiro y que solicitaron su reincorporación a la actividad policial militar, mediante procesos de amparo presentados antes de la publicación de Ejecutoria constitucional mencionada. Es así, que esta Ejecutoria Constitucional conceptuado como norma jurídica estaría vulnerando los principios constitucionales y los derechos subjetivos del personal policial y militar que hayan demandado, vía proceso de amparo. / Tesis

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