La Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú informó que durante el 2014 el valor de los bienes incautados durante las diferentes acciones policiales con participación del Ministerio Público fue de S/. 2, 300,000.00 mientras que el 2015 fue de S/. 66, 220,765.00, experimentando un crecimiento de S/. 63, 920,765.00 es decir un 2,879%. Esta cifra aparentemente resulta alentadora pero si tenemos en cuenta los activos que se lavaron durante esos dos años los cuales ascienden a un total de S/. 20,560,000,000.00 y S/. 21,243, 000,000.00, respectivamente, lo realizado por los agentes del Estado resulta ineficiente e ineficaz. El tema que aborda el presente estudio es la investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del ilícito penal tributario, durante el año 2014 y 2015. El objetivo a partir de una metodología cualitativa es comprender las limitaciones que tiene la Dirección de Lavado de Activos de la Policía Nacional de Perú, para implementar acciones de control de lavado de activos proveniente del ilícito penal tributario

La Ley Nro. 30424 – Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en la legislación peruana, incorpora al Compliance penal como una circunstancia determinante de exención o atenuación de la responsabilidad aplicable a la persona jurídica, contexto que suscita la asunción de diversas posturas teórico-- prácticas respecto a la categorización dogmática del delito idónea para su análisis, ya que, dependiendo de la categoría donde se le sitúe (injusto penal o culpabilidad colectiva), las consecuencias materiales y procesales son diversas, tanto a nivel de estándar de imputación necesaria, carga de la prueba, etc. Por ende, dicho análisis se asume como de especial relevancia en este trabajo, porque clarifica el sistema de imputación de responsabilidad de la persona jurídica y brinda criterios interpretativos a nivel doctrinal y práctico. A través de la presente investigación, se pretende demostrar que el defecto de organización o no Compliance penal derivada del incumplimiento del deber de garante del empresario favorece o incentiva, por encima del riesgo permitido la comisión de un delito individual en su seno. Sobre esa base, si el Compliance penal define el riesgo permitido, la categoría del delito que mejor encaja para su comprensión, es la teoría de la imputación objetiva, en concreto, la tipicidad (injusto penal) del delito corporativo, siendo la debida diligencia del empresario premiada con la ausencia de imputación a la empresa. Dicho acogimiento, tiene, entre otras, la consecuencia procesal de que el Ministerio Público describa en etapa de investigación preparatoria el contenido del defecto de organización y asuma la carga de la prueba del delito corporativo atribuido a la persona jurídica.

El presente trabajo tiene como temática el activismo juvenil femenino en relación a la lucha contra la problemática del acoso sexual en la Pontificia Universidad Católica del Perú. La necesidad de abordar esta investigación radica tanto en el contexto nacional, como global de violencia de género que se continúa reproduciendo en el ámbito académico de las universidades. Mi estudio se relaciona con el ámbito de las denuncias públicas por casos de acoso en plataformas virtuales, cuyas repercusiones se manifiestan en la vida institucional y cotidiana de la comunidad universitaria. El objetivo principal es conocer y comprender las narrativas y mecanismos de denuncia empleados por las estudiantes, así como la articulación de estos dentro de la continuidad marcada por una combinación de la presencialidad y virtualidad de las movilizaciones sociales. Para el fin de esta investigación se ha realizado una revisión de fuentes teóricas en relación a la violencia de género en el ámbito universitario, específicamente, sobre el acoso sexual como una práctica cotidiana de la misma; el activismo femenino juvenil y su repertorio, poniendo principal interés en las redes sociales como espacio de uso político desde el activismo digital. De tal forma, la vulneración y exposición de las mujeres estudiantes a situaciones de violencia de género es una problemática latente y pública cuyo abordaje requiere una respuesta institucional. Y, por ello, se reconoce la importancia de la indagación en aquellas experiencias y conocimientos que, desde el activismo juvenil femenino se construyen y reconfiguran para hacerle frente al acoso sexual universitario.

A pesar de ser uno de los delitos contra la administración pública que ha recibido mayor atención doctrinal, el delito de colusión no ha sido hasta ahora objeto de un análisis detenido referido a sus particularidades probatorias. Las investigaciones que existen en la literatura especializada abordan sus problemas dogmáticos pero, al igual que la jurisprudencia, no profundizan demasiado sobre qué pautas seguir para considerar probada la concertación, más allá de señalar que la prueba indiciaria juega un rol fundamental. Esta situación no ha impedido que los casos de colusión sigan ocupando un lugar importante tanto a nivel de carga procesal de las Fiscalías Anticorrupción, como en el imaginario colectivo de la sociedad (debido a la alta percepción que existe de corrupción en las compras estatales). Sin embargo, en ausencia de parámetros claros se han emitido varias resoluciones con importantes defectos en la argumentación para determinar los hechos probados. Siendo esto así, la presente investigación pretende hacer un aporte a la adecuada motivación de la valoración probatoria de dicho delito, planteando criterios que podrían considerarse al momento de examinar los medios probatorios en función, sobre todo, a la forma como la fiscalía sostiene que se ejecutó el acuerdo colusorio. Con esa finalidad, el primer capítulo de la presente investigación identifica -a partir del análisis de aproximadamente 150 resoluciones de la Corte Suprema en las que se confirma la condena impuesta por la corte superior- los seis tipos de casos probados, o tipologías, de colusión más recurrentes en la jurisprudencia. En el segundo, se analiza críticamente la aplicación de la doctrina de la prueba indiciaria a dichos casos, detectando sus mayores problemas. Y finalmente, en el tercero se proponen determinados criterios para hacer más precisa, acertada y predecible la valoración probatoria en los mismos. / Despite being one of the offenses against the public administration that has received more attention from the academy, the crime of collusion has not been subject to a thorough analysis regarding the particular features of its proof. Existing research in the field discusses its dogmatic problems but, just as the jurisprudence, does not delve into which guidelines follow in order to demonstrate the agreement, besides pointing out that circumstantial evidence plays a fundamental role. The situation has not prevented the collusion cases from keep having a major place in the workload of the prosecution, as well as in the public imagination (due to the overall perception of corruption in public procurement). And yet, in absence of clear parameters, several rulings with important deficiencies in the reasoning to determine the proven facts have been issued. This being so, this research attempts to make a contribution to the analysis of the proof in those cases by suggesting some criteria that could be considered when assessing the circumstantial evidence. The guidelines are based mainly on the way how prosecution argues that the fraudulent agreement was fulfilled. With this purpose, the first chapter of this research identifies – after reviewing approximately 150 rulings of the Supreme Court where the convictions were affirmedsix types of cases where the crime of collusion has been usually considered proved. In the second chapter, the use of the circumstantial evidence doctrine is critically analyzed in those cases, detecting its main problems. And finally, in the third chapter specific criteria designed to improve the assessment of the evidence in collusion cases are proposed.

El trabajo pretende ofrecer el contenido, sistematización, y aplicación operativa de la pena de inhabilitación en el Derecho Penal peruano. Se toma como punto de partida el estudio histórico, que permite observar su transición en el sistema de penas hasta la actualidad, por lo que, se cuestiona su denominación en el catálogo de penas limitativas de derechos; toda vez que, no guarda relaciónfunción con las demás penas que son contenidas en dicho catálogo. Frente a los desafíos que presenta la Administración de Justicia, es necesario incidir en la reconducción de la pena de inhabilitación a un nivel anterior a la decisión judicial; es decir, el persecutor del delito debe determinarlo bajo los cánones del principio de legalidad, culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad. Con lo cual viabilizará su eficiencia en el proceso de la determinación judicial de la pena a imponer. Se aborda finalmente, su incursión en las faltas, en las medidas alternativas a la pena privativa de libertad, otorgando a la citada pena un cariz innovativo que se ajusta a los parámetros de un Derecho Penal Constitucional, que lo que pretende es la máxima eficiencia de las garantías y no la cosificación de la persona. / The research aims to provide the content, systematization and operational implementation of the penalthy of disqualification from them peruvian criminal law. It takes as a start point the historical study, that allows to observe their transition in the systmes of penalties until the present, it doesn`t save an unrelated – function with the other penalties that are contained in this catalog. Facing the challenges of the Administration of Justice, it is necessary to influence the renewal of the penalty of disqualification to a previous level to the judicial decision, that is to say, the persecutor of the crime should be determined under the guns of the principle of legality, guilt, reasonableness and proportionality. Thus, make it viable the efficiency in the process of the judicial determination of the death penalty to be imposed. Finally, discusses the foray into the faults, in alternative measures to imprisonment, giving the aforementioned worth a look that fits the parameters of a constitutional criminal law that it is the maximum efficiency of the guarantees and not the objectification of the person.

El estudio de las dificultades en la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal como consecuencia del problema de diseño de la política pública y de falta de cooperación Institucional, constituyen el tema de interés central de la tesis. La importancia del tema radica en dos aspectos; el primero en cuanto nos permite conocer que, en el país no se ha implementado una reforma integral del sistema procesal conforme lo recomienda la doctrina y la experiencia de éxito en la región (Chile y Colombia), sino que, según las evaluaciones efectuadas por comisiones nombradas para tal fin, solamente se trató de un relevo normativo que generó una brecha en el proceso de implementación de la reforma y; el segundo aspecto, que estos problemas son una constante en la implementación de políticas públicas en el país. La metodología de estudio se sustenta en una investigación causal, cualitativa, para ello se ha hecho una revisión de todas las fuentes documentales que dan fe de como evolucionó el proceso, el aporte de la doctrina y la experiencia comparada, así como entrevistas a los actores mas importantes de la reforma procesal. El aporte del estudio se argumenta en la propuesta de replantear la elaboración de políticas Públicas en el país con un abordaje más integral, considerando todos los elementos que concurren en la dinámica de este trabajo, que permita un proceso de implementación más y mejor pensado en el logro de los objetivos que en el caso concreto se persigue. / The study of the difficulties in the implementation of the Reform of the Criminal Justice System as a consequence of the problem of public policy design and the lack of institutional cooperation are the central topic of the thesis. The importance of the theme lies in two aspects; The first one insofar as it allows us to know that in the country a comprehensive reform of the procedural system has not been implemented as recommended by the doctrine and experience of success in the region (Chile and Colombia), but according to the evaluations carried out by commissions Appointed for this purpose, was only a regulatory change that generated a gap in the process of implementation of the reform and; The second aspect is that these problems are a constant in the implementation of public policies in the country. The study methodology is based on a qualitative, causal investigation. For this purpose, a review of all the documentary sources has been done, attesting to how the process evolved, the contribution of the doctrine and the comparative experience, as well as interviews with the actors Most important aspects of procedural reform. The contribution of the study is argued in the proposal of rethinking the elaboration of Public policies in the country with a more integral approach, considering all the elements that concur in the dynamics of this work, that allows a process of implementation more and better thought in the Achievement of the objectives that in the specific case is pursued.