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Hacia un modelo garantista de imputación penal de la persona jurídica en el Perú de acuerdo con la Ley 30424Briceño Ramírez, Miguel Augusto 02 October 2023 (has links)
La persona jurídica es titular de derechos fundamentales y según la legislación vigente, Ley 30424 puede ser penalmente responsable, en consecuencia, condenada por la comisión de delitos, además está proscrita cualquier tipo de arbitrariedad contra ella, razón por la cual el ordenamiento jurídico constitucional garantiza que sus derechos le sean reconocidos, más aún si tiene como uno de sus roles contribuir al bienestar de la sociedad, a través del cumplimiento de su objeto social.
La sanción penal es consecuencia de la responsabilidad en la comisión de un hecho delictivo, siendo el órgano jurisdiccional el que la impone bajo las reglas de un debido proceso en el cual se formula una imputación penal por parte del órgano persecutor, que es el Ministerio Público. Un modelo de imputación penal garantista es la que debe sustentar el hecho fáctico que es el presupuesto para imponerle una sanción a la persona jurídica.
Por eso corresponde explicar porque debe ser garantista el modelo de imputación de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Perú de acuerdo a la legislación peruana y analizar su capacidad jurídica, su rol social, su organización, el riesgo permitido de su actividad, la culpabilidad y los programas de cumplimiento como elementos del modelo de imputación garantista.
El modelo propuesto considera los principios del derecho penal, en el sentido que la responsabilidad penal de la persona jurídica es por un hecho propio, expresión de sus decisiones como sistema autopoiético, considerando también que su actuación está vinculada con un determinado rol social, para el cual se organiza, controlando los riesgos que su actividad social implica, debiendo regir ésta de acuerdo al ordenamiento jurídico, como un buen ciudadano corporativo fiel al derecho que la Ley le permite autorregularse, siendo culpable de tener un comportamiento que vaya contra el derecho
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Resolución N° 1, del Expediente N° 00243 -2017-88-5001-JR-PE-01Vigo Urpeque, Rober Alonso 19 August 2021 (has links)
La presente investigación es un breve análisis sobre la aplicación del artículo 97° del
código penal en el marco de un proceso cautelar seguido dentro de la Resolución N° 1,
del Expediente N° 00243 -2017-88-5001-JR-PE-01. Al respecto el citado dispositivo
normativo ofrece una interesante aproximación al derecho a la reparación y la efectividad
de las resoluciones judiciales, ofreciendo una aplicación similar a la acción pauliana del
código civil. En dicho contexto esta investigación aborda la relación del derecho a la
reparación, la presunción de inocencia, estándares probatorios y el derecho de motivación
de las resoluciones judiciales.
En dicho sentido, a través del análisis de la Resolución N° 1 se ha pretendido pretendemos
aportar de alguna manera al adecuado entendimiento de las pretensiones civiles en sede
penal, su correcta aplicación dentro de la tutela cautelar y como el derecho de inocencia
requiere que se superen ciertos estándares probatorios mínimos con el objeto de no dejar
en estado de indefensión a los particulares, o hacerlos soportar cargas que resulten
arbitrarias / This investigation is a brief analysis of the application of Article 97 of the penal code in
the framework of a precautionary process followed within Resolution No. 1, of File No.
00243 -2017-88-5001-JR-PE-01. In this regard, the aforementioned normative device
offers an interesting approach to the right to reparation and the effectiveness of judicial
decisions, offering a similar application to the Paulian action of the civil code. In this
context, this research addresses the relationship of the right to reparation, the presumption
of innocence, evidentiary standards and the right to motivate judicial decisions.
In this sense, through the analysis of Resolution No. 1 it has been intended that we intend
to contribute in some way to the proper understanding of civil claims in criminal courts,
their correct application within the precautionary protection and how the right of
innocence requires that it be exceed certain minimum evidentiary standards in order not
to leave individuals defenseless, or make them bear arbitrary burdens
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La zona de amortiguamiento como objeto de protección del delito de alteración del ambiente o paisaje: análisis del artículo 313° de CPBayona Huerta, Juan Sergio 12 March 2019 (has links)
El presente trabajo de investigación busca analizar –a partir de la Casación N.º
74-2014-AMAZONAS– el objeto de protección o bien jurídico protegido del
artículo 313 del Código Penal, siendo la hipótesis del presente trabajo que será
todo a que espacio geográfico regulado a través de la normatividad
administrativo-ambiental cuya modificación –a través de la tala o construcción–
no haya sido autorizada por autoridad competente y en abierta vulneración de
las normas indicadas precedentemente.
En tal sentido, son pasibles de protección tanto las áreas naturales protegidas
como las zonas de amortiguamiento en tanto y en cuanto para su modificación
fuera de los términos del Plan Maestro está sujeto a la emisión de
compatibilidades y –si se afectan bosques– autorizaciones de desbosque,
otorgados por Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas –en el primer caso–
y el Servicio Forestal o la Autoridad Regional Forestal competente –en el
segundo caso–.
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Reflexiones sobre la valoración probatoria y debida motivación de la prisión preventiva a propósito del Recurso de Agravio Constitucional N º 03248-2019-PHC/TC Caso Yoshiyama TanakaSoto Florián, Fiorella Celeste 09 August 2023 (has links)
Durante la investigación del Caso Cócteles, originada por los aportes provenientes de
Odebrecht al partido Fuerza Popular en la campaña de elecciones presidenciales de
2011 y 2016, el Ministerio Público presentó un requerimiento de prisión preventiva
contra Yoshiyama Tanaka. Este fue declarado fundado por el Juzgado de Investigación
Preparatoria y confirmado por la Sala Penal de Apelaciones Nacional. Al encontrarse
privado de libertad, Yoshiyama interpuso una demanda de hábeas corpus que fue
declarada improcedente, hecho que llevó a que la defensa de Yoshiyama presente un
Recurso de Agravio Constitucional por considerar que persistía la vulneración a
diversos derechos. Finalmente, el Tribunal Constitucional, declaró fundado en parte
dicho recurso al estimar que se vulneró el derecho a probar y la debida motivación. En
el presente informe se analiza en qué medida el fallo del Tribunal Constitucional fue
adecuado a la luz del razonamiento probatorio y procesal penal.
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Informe Jurídico sobre la Casación 661-2016-PIURA, proceso seguido contra los funcionarios de la Municipalidad de CastillaRobles Vila, Grecia Guadalupe 03 August 2023 (has links)
El presente informe jurídico tiene por finalidad realizar un análisis y dar respuesta
a los problemas jurídicos identificados en la Casación N° 661-2016-PIURA. La
Casación, permite abordar temas relevantes sobre los elementos típicos y la
configuración del delito de colusión; así, se espera que el presente informe sea
un aporte relevante a la doctrina. El informe aborda tres problemáticas. Primero,
se cuestiona al patrimonio estatal como bien jurídico penalmente relevante para
el delito de colusión. Por otro lado, se pone en tela de juicio el alcance de la
responsabilidad penal en el delito de colusión que ha establecido la Corte en sus
pronunciamientos. Finalmente, como problema jurídico complementario, se
aborda si la pericia contable ha sido el medio idóneo para probar defraudación
patrimonial en el caso concreto. Tras el análisis jurídico correspondiente, basado
en doctrina y jurisprudencia actual, se ha llegado a las siguientes conclusiones:
(i) el patrimonio estatal es el objeto del delito de colusión y la imparcialidad en
las contrataciones con el Estado es el bien jurídico protegido por este, sin
embargo, en su modalidad agravada nos encontramos ante un tipo pluriofensivo;
(ii) ningún argumento dogmático estima la exclusión de responsabilidad penal de
participes en el delito de colusión por no desprenderse del texto normativo del
tipo penal, por tanto no son correctos los argumentos utilizados por la Corte para
absolver a diversos funcionarios públicos; (iii) existen otros medios probatorios
igual de idóneos que la pericia contable que habrían permitido agotar mayores
estándares de identificación de perjuicio patrimonial. / The purpose of this legal report is to conduct an analysis and provide response
to the legal issues identified in Cassation No. 661-2016-PIURA. The Cassation
allows for the exploration of pertinent matters concerning the statutory elements
and configuration of the crime of collusion; therefore, it is expected that the
content developed herein will make a valuable contribution to the doctrine. The
report addresses three problematic issues. Firstly, it questions the legal
relevance of state assets as a protected legal asset within the offense of
collusion. Secondly, it challenges the scope of criminal liability established by the
Court in its pronouncements regarding the crime of collusion. Lastly, as a
supplementary legal issue, it examines whether accounting expertise has been
the appropriate means to prove patrimonial fraud in the specific case. Following
the corresponding legal analysis based on current doctrine and jurisprudence,
the following conclusions have been reached: (i) State assets constitute the
object of the crime of collusion, and impartiality in contracts with the State is the
protected legal asset; however, in the aggravated collusion, the offense
encompasses multiple offenses; (ii) no doctrinal argument supports the exclusion
of criminal responsibility as accomplices from the crime of collusion solely due to
their absence in the normative text of the penal statute; therefore, the arguments
used by the Court to absolve various public officials are incorrect; (iii) there are
alternative means of evidence equally suitable as accounting expertise, which
could have allowed for a higher standard in identifying patrimonial damage.
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Informe Jurídico sobre la Sentencia de Casación N. 526- 2022/CS (Caso Juan Doroteo Monroy Gálvez)Pimentel Palomino, Enrique Alberto 03 August 2023 (has links)
El presente Informe Jurídico tiene por objeto principal analizar la Sentencia de Casación
N. 526-2022/CS. Esta Sentencia es importante a efectos jurídico-penales, debido a que
resuelve temas como las conductas neutrales en los Delitos contra la Administración
Pública y su tratamiento procesal en la excepción de improcedencia de acción. Así, la
pregunta central que surge de su análisis es la siguiente: ¿Se le puede imputar al
abogado Juan Doroteo Monroy Gálvez la condición de cómplice primario en el delito de
colusión? Para ello, el presente informe jurídico se ha valido de distintos instrumentos
para un adecuado análisis como la remisión a normas, jurisprudencia y doctrina.
Después de la investigación rigurosa llevada a cabo, se concluyó que el abogado Juan
Doroteo Monroy Gálvez no es cómplice primario en el delito de colusión, ya que su
conducta se encuentra conforme a derecho. / The main purpose of this Legal Report is to analyze the Cassation Judgment No. 526-
2022/CS. This Judgment is important for legal-criminal purposes, because it resolves
issues such as neutral conduct in Crimes against the Public Administration and its
procedural treatment in the exception of inadmissibility of action. Thus, the central
question that arises from his analysis is the following: Can lawyer Juan Doroteo Monroy
Gálvez be accused of being a primary accomplice in the crime of collusion? For this, the
present legal report has used different instruments for an adequate analysis such as the
reference to norms, jurisprudence and doctrine. After the required investigation carried
out, it was concluded that the lawyer Juan Doroteo Monroy Gálvez is not a primary
accomplice in the crime of collusion, since his conduct is in accordance with the law.
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Informe jurídico sobre la sentencia del expediente 00573- 2020-0-1801-JR-DC-11Yrribarren Agama, Jonathan Alexis 29 April 2024 (has links)
El informe tiene como fin el análisis de la sentencia del caso de Ana Estrada y la
inaplicación del artículo 112 del Código Penal, para permitir la eutanasia y la
regulación de su ejecución. El tema abordado en la sentencia es trascendente
porque expone como un artículo como el citado entra en conflicto acerca de los
derechos fundamentales y las acciones que tiene el Estado al respeto. Al abordar
un procedimiento como la eutanasia, se crean problemas legales y éticos que
involucran derechos y deberes del Estado y sus instituciones con respecto a Ana
Estrada
.
Para analizar el sustento de dicho pedido y lo resuelto por el juzgado, se evalúan
las cuestiones procesales acerca del proceso de amparo y el ejercicio del control
difuso para permitir la inaplicación de la norma. Esto nos lleva a examinar la
Constitución, su Código Procesal, así como el resto de normativa pertinente
nacional.
Para abordar el análisis de fondo, focalizaré en las resoluciones de la Corte
Constitucional colombiana, destacando también los pronunciamientos del
tribunal ecuatoriano y español. Asimismo, se incorporará una perspectiva
nacional, con énfasis en las normativas y jurisprudencias peruanas.
La conclusión a la que se arriba es que la inaplicación del artículo mencionado
es válida, y, por tanto, que se permita la eutanasia; así como que la muerte digna
es un derecho fundamental que avala el pedido de Ana Estrada. / The purpose of the report is to analyze the sentence in the case of Ana Estrada
and the non-application of article 112 of the Penal Code, to allow euthanasia and
the regulation of its execution. The issue addressed in the ruling is transcendent
because it exposes how an article like the one cited conflicts with fundamental
rights and the actions that the State has to respect. When addressing a procedure
such as euthanasia, legal and ethical problems are created that involve the rights
and duties of the State and its institutions with respect to Ana Estrada.
.
To analyze the basis for said request and what was resolved by the court, the
procedural issues regarding the protection process and the exercise of diffuse
control will be evaluated to allow the non-application of the rule. This leads us to
examine the Constitution, its Procedural Code, as well as the rest of the relevant
national regulations.
To address the background analysis, I will focus on the resolutions of the
Colombian Constitutional Court, also highlighting the pronouncements of the
Ecuadorian and Spanish courts. Likewise, a national perspective will be
incorporated, with emphasis on Peruvian regulations and jurisprudence.
The conclusion reached is that the non-application of the aforementioned article
is valid, and, therefore, that euthanasia is allowed; as well as that a dignified
death is a fundamental right that supports Ana Estrada's request
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La responsabilidad penal de los particulares extranei que intervienen en la comisión del delito de negociación IncompatibleTamara Ramirez, Luis Hipólito 09 May 2024 (has links)
La presente investigación jurídica centró su estudio en los actos de colaboración
que realiza el extraneus en la comisión del delito de negociación incompatible
previsto en el artículo 399 del código penal, a efectos de revelar su relevancia
penal y, por ende, su punibilidad. Tal estudio tiene su motivación en la existencia
de Resoluciones Judiciales que suelen absolver a los extraneus de la imputación
de cómplices del mencionado delito, sosteniendo no ser punible los actos de los
extraneus porque el mencionado artículo no admitiría el procesamiento ni
sanción de los terceros exrtraneus que participan también en el mismo proceso
de contratación “corrompido”, no presentando mayor sustento dogmático,
amparándose solo en diversos pronunciamientos judiciales de nuestra Corte
Suprema, entre ellos, en el recurso de Casación Nro. 841-2015-Ayacucho (Caso
Gobierno Regional de Ayacucho) que niega la complicidad en el citado delito.
En la presente investigación desarrollamos un profundo análisis doctrinario y
jurisprudencial de los fundamentos políticos criminales que subyacen al delito de
negociación incompatible desde un enfoque de delito de corrupción que nos
permitirá comprender su naturaleza y tratamiento; proponiendo además, un
replanteamiento del bien jurídico protegido que nos permite visibilizarlo como un
delito de peligro concreto y con ello, como un delito en el cual muy bien puede
interactuar posibles cómplices en su comisión.
Desde el punto de vista del cómplice, planteamos que este personaje no solo
tiene deberes generales de no dañar, sino que, ingresa a un segundo nivel de
asunción de deberes especiales, distinto al del autor claro está, regulados por
las normas jurídicas de contratación publica, los cuales son asumidos de manera
voluntaria, al asumir roles contractuales con el Estado y, son estos deberes
especiales [por su condición de postor, contratista, ejecutor, concesionario, etc]
que al ser infraccionados y afectar el bien jurídico protegido del delito de
negociación, los que permiten sustentar responsabilidad penal del extraneus que
se favorece con el contrato.
Finalmente, concluiremos que el supuesto jurídico del delito de negociación no
restringe la concurrencia de cómplices [cuando se da la modalidad delictiva de
“interés indebido de terceros favorecidos con el contrato u operación”], su
naturaleza no es regular actos de complicidad, pues, la complicidad se regula desde la parte general y su aplicación es transversal a todos los tipos penales
de la parte especial, entre ellos, el delito de negociación.
Con este planteamiento, no se pretende criminalizar a toda persona que participa
contratando con el Estado, sino solo, evitar espacios de impunidad, como política
de integridad Estatal. / This legal investigation focused its study on the acts of collaboration carried out
by the extraneus in the commission of the crime of incompatible negotiation
provided for in article 399 of the Penal Code, in order to reveal its criminal
relevance and, therefore, its punishability. Such a study is motivated by the
existence of judicial decisions that usually absolve extraneus of the accusation of
being accomplices to the aforementioned crime, maintaining that the acts of
extraneus are not punishable because the aforementioned article would not admit
the prosecution or punishment of third exrtraneus who also participate in the
same "corrupt" contracting process. It does not present any further dogmatic
support, relying only on various judicial pronouncements of our Supreme Court,
among them, in the appeal of Cassation No. 841-2015-Ayacucho (Case of the
Regional Government of Ayacucho) which denies complicity in the
aforementioned crime.
In this research, we develop an in-depth doctrinal and jurisprudential analysis of
the criminal political foundations that underlie the crime of incompatible
negotiation from a corruption crime approach that will allow us to understand its
nature and treatment; It also proposes a rethinking of the protected legal right
that allows us to make it visible as a crime of concrete danger and with it, as a
crime in which possible accomplices may very well interact in its commission.
From the point of view of the accomplice, we propose that this character not only
has general duties not to harm, but also enters a second level of assumption of
special duties, different from that of the perpetrator of course, regulated by the
legal rules of public procurement, which are assumed voluntarily, by assuming
contractual roles with the State and, It is these special duties [due to their status as bidder, contractor, executor, concessionaire, etc.] that, when they are infringed
and affect the legal right protected from the crime of negotiation, make it possible
to sustain criminal liability of the foreigner who is favored by the contract.
Finally, we will conclude that the legal assumption of the crime of negotiation
does not restrict the concurrence of accomplices [when the criminal modality of
"undue interest of third parties favored with the contract or operation"] occurs, its
nature is not to regulate acts of complicity, since complicity is regulated from the
general part and its application is transversal to all the criminal types of the
special part. among them, the crime of negotiation. With this approach, it is not
intended to criminalize every person who participates in contracting with the
State, but only to avoid spaces of impunity, as a policy of State integrity. / Trabajo académico
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Las dificultades de implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal: problemas de diseño y cooperación institucionalMerino Céspedes, Angel Francisco 10 August 2017 (has links)
El estudio de las dificultades en la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal como consecuencia del problema de diseño de la política pública y de falta de cooperación Institucional, constituyen el tema de interés central de la tesis. La importancia del tema radica en dos aspectos; el primero en cuanto nos permite conocer que, en el país no se ha implementado una reforma integral del sistema procesal conforme lo recomienda la doctrina y la experiencia de éxito en la región (Chile y Colombia), sino que, según las evaluaciones efectuadas por comisiones nombradas para tal fin, solamente se trató de un relevo normativo que generó una brecha en el proceso de implementación de la reforma y; el segundo aspecto, que estos problemas son una constante en la implementación de políticas públicas en el país. La metodología de estudio se sustenta en una investigación causal, cualitativa, para ello se ha hecho una revisión de todas las fuentes documentales que dan fe de como evolucionó el proceso, el aporte de la doctrina y la experiencia comparada, así como entrevistas a los actores mas importantes de la reforma procesal. El aporte del estudio se argumenta en la propuesta de replantear la elaboración de políticas Públicas en el país con un abordaje más integral, considerando todos los elementos que concurren en la dinámica de este trabajo, que permita un proceso de implementación más y mejor pensado en el logro de los objetivos que en el caso concreto se persigue. / The study of the difficulties in the implementation of the Reform of the Criminal Justice System as a consequence of the problem of public policy design and the lack of institutional cooperation are the central topic of the thesis. The importance of the theme lies in two aspects; The first one insofar as it allows us to know that in the country a comprehensive reform of the procedural system has not been implemented as recommended by the doctrine and experience of success in the region (Chile and Colombia), but according to the evaluations carried out by commissions Appointed for this purpose, was only a regulatory change that generated a gap in the process of implementation of the reform and; The second aspect is that these problems are a constant in the implementation of public policies in the country. The study methodology is based on a qualitative, causal investigation. For this purpose, a review of all the documentary sources has been done, attesting to how the process evolved, the contribution of the doctrine and the comparative experience, as well as interviews with the actors Most important aspects of procedural reform. The contribution of the study is argued in the proposal of rethinking the elaboration of Public policies in the country with a more integral approach, considering all the elements that concur in the dynamics of this work, that allows a process of implementation more and better thought in the Achievement of the objectives that in the specific case is pursued. / Tesis
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Informe Jurídico sobre el R. N. N° 341-2015Castro Aliaga, Claudia Bertha 16 August 2021 (has links)
El delito de colusión ha tomado mayor importancia en los recientes años debido a la
cantidad de procedimientos de contratación pública que el Estado es capaz de suscribir.
No obstante, aun existe cierta discusión o confusión en referencia a sus elementos y el
bien jurídico que busca proteger, logrando que exista diversos tipos de pronunciamientos
jurisprudenciales al respecto, algunos más polémicos que otros. Un ejemplo de ello, es el
Recurso de Nulidad N° 341-2015, el cual plantea una concepción del delito de colusión
restrictiva respecto a sus elementos.
En el presente trabajo, realizamos un análisis de la resolución en mención. De esta
manera, hemos identificado tres problemas jurídicos: i) el concepto de funcionario
público para el cargo de Consejero de OSIPTEL; ii) la connotación del elemento
“defrauda”; y, iii) el significado del contexto contractual requerido para el delito de
colusión.
Así, pues, mediante una revisión de la doctrina y jurisprudencia nacional, así como del
análisis de tratados suscritos por el Estado en materia de lucha contra la corrupción,
hemos logrado responder los problemas anteriormente señalados, obteniendo un resultado
diferente a lo expresado en la resolución. Esto toda vez que, partimos del entendimiento
que el bien jurídico de este delito es la imparcialidad del funcionario público, con lo cual
no se requiere un perjuicio patrimonial al Estado, que el contexto contractual debe aplicar
a todas las fases del procedimiento de contratación y, también, que el cargo de consejero
cumple con los requisitos para ser considerado un funcionario público. / The crime of collusion has become more important in recent years due to the number of
public procurement procedures that the State is capable of underwriting. However, there
is still some discussion or confusion regarding its elements and the legal asset that it seeks
to protect, resulting in various types of jurisprudential pronouncements in this regard,
some more controversial than others. An example of this is the Appeal for Annulment
No. 341-2015, which raises a restrictive conception of the crime of collusion with respect
to its elements.
In the present work, we carry out an analysis of the resolution in question. Thus, we have
identified three legal problems: i) the concept of a public official for the position of
Director of OSIPTEL; ii) the connotation of the element “defraud”; and, iii) the meaning
of the contractual context required for the crime of collusion.
Thus, through a review of the national doctrine and jurisprudence, as well as the analysis
of treaties signed by the State in the fight against corruption, we have managed to answer
the aforementioned problems, obtaining a different result than that expressed in the
resolution. This since, we start from the understanding that the legal right of this crime is
the impartiality of the public official, which does not require a patrimonial damage to the
State, that the contractual context must apply to all phases of the contracting procedure and, also, that the position of director meets the requirements to be considered a public
official.
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