El objetivo principal del trabajo es analizar el instituto de la cosa juzgada en el proceso de ejecución. En cuanto a la naturaleza del proceso ejecutivo, esta es satisfacer el derecho que tiene una persona que fluye de un título ejecutivo –judicial o extrajudicial- que contiene una obligación, cierta expresa, exigible y líquida. Así el estudio de la cosa juzgada en el proceso ejecutivo pretende demostrar si con la conclusión de la ejecución, a través de una resolución (auto), entendiéndose que no hay mérito (análisis de fondo) en la decisión, sino solo el simple seguimiento del trámite del mismo proceso bastan para revestir de cosa juzgada (formal y material). Por ello resulta necesario estudiar la cosa juzgada a partir de su importancia, en función a la seguridad jurídica recayendo el análisis fundamentalmente sobre el proceso de ejecución, estudio de su naturaleza, y principios, ya que es bajo la esta actividad que recaerá el estudio de la cosa juzgada. Las hipótesis de conclusión de la ejecución, con breve estudio sobre pronunciamiento de mérito y contradictorio, se abordan con el fin de analizar la formación de la cosa juzgada en el juicio ejecutivo. Este análisis reabrirá el debate sobre la formación de la cosa juzgada material en el proceso ejecutivo.

El presente trabajo se desarrolla dentro del marco del artículo 194 del código procesal civil peruano que habilita al juez civil para incorporar de oficio y de manera excepcional, la actuación de medios probatorios adicionales cuando los ofrecidos por las partes le resultan insuficientes para formar convicción. Específicamente, se ubica en la problemática que genera al Juez la tarea de valoración probatoria para considerar una determinada situación como excepcional y entonces justificar la decisión de incorporar un nuevo elemento probatorio. Para ello, se realiza un análisis sobre lo que ha significado la interpretación de esta disposición legal, toda vez que al tratarse de un aspecto abstracto, no siempre es entendida en el mismo sentido por todos los jueces; esto, debido a que no solo su carácter excepcional presenta controversia, sino también su propia naturaleza, y se expone incluso en el más alto nivel de la judicatura, por ejemplo en la Casación 3505-2017 – Huancavelica. La importancia de este trabajo recae en la necesidad de limitar esta facultad discrecional que se otorga a los jueces para prestar una mayor garantía de imparcialidad, y que ella no pueda significar un reemplazo a la tarea de aportación de las partes. Se plantea como objetivo, contextualizar el carácter excepcional y proponer la aplicación de presupuestos adicionales para la incorporación de nuevos elementos de prueba. Luego de ello, se concluye que el juzgador debería recurrir de manera excepcional a la incorporación de medios probatorio de oficio, siempre que a los presupuestos de la norma procesal [excepcionalidad e invocación de la fuente por las partes], le sume el filtro de verificación, es decir que la parte haya agotado las gestiones para obtener la prueba o se haya encontrado en imposibilidad de adquirir la misma.

La búsqueda de la verdad por un órgano estatal (Ministerio Público) tiene relación con el principio de oficialidad, pues en la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión, con apoyo de la Policía Nacional del Perú y con las instrucciones generales del Fiscal de la Nacional; puesto que, el Ministerio Publico como órgano autónomo constitucional, tiene el monopolio de la persecución penal, debiendo investigar con fines de averiguación de la verdad, de cuyos elementos de investigación (actos de investigación) podrán solicitar, entre otras cosas, medidas coercitivas para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva. En tal sentido, surge el problema de las convenciones, mejor llamadas “procesales”, pues conforme se puede advertir de los siguientes artículos: 156.3, 350.2 y 352.6, se pude extraer las siguientes estructuras: A. Las partes acuerdan que determinada circunstancia no necesita ser probada. B. Presentado la acusación, los demás sujetos procesales pueden proponer los hechos que aceptan. C. Presentada la acusación, los demás sujetos procesales pueden proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados. De las cuales, las partes podrán convenir sobre hechos y pruebas, omitiendo que la actividad valorativa del juez resulta esencial en este engranaje de justicia penal cuya finalidad es la averiguación de la verdad de los hechos. Por tanto, en esta actividad valorativa tanto en las situaciones “A” y “B”, en el que se tiene como hecho notorio y hecho acreditado, invade la esfera privada del rol del juez y deslegitima su función dentro del proceso, tanto más, si dichos efectos bien puede realizar el juez considerando como hechos no controvertidos, que en materia civil se conocen como fijación de puntos controvertidos y no controvertidos; sin embargo, el legislador ha querido darles etiqueta de “convenciones probatorias”, cuando incluso estos no admiten solución por autocomposición, habida cuenta que, ello supondría que en la decisión de la resolución del conflicto no tendría mayor relevancia la participación de un tercero. Por tanto, la regulación actual de las “convenciones probatorias” en el proceso penal tienen mucho margen de discusión y debate, además de volverlo ineficaz, por cuanto acordar sobre hechos que pertenecen a la actividad valorativa del juez solo le convendría a priori al Ministerio Público quien se vería morigerado en la búsqueda de prueba de cargo y no convendría a los intereses del imputado, o en todo caso, solo sería una herramienta más para que el juez imparcial pueda evitar mayores pronunciamientos, en vista de la celeridad y en contra posición a la decisión en correspondencia a la realidad, al principio de contradicción y favorecer a la mayor posibilidad al error.

Una sociedad que se desarrolla dentro de un Estado Constitucional y Social de Derecho debe saber y entender que su actuar se rige en armonía con los derechos, deberes y principios que emanan de la Constitución Política del país. El proceso como mecanismo de solución de controversias entre los individuos que forme este colectivo no es ajeno al poder que irradia la Constitución, otorgándole al proceso una característica democrática; es decir, un proceso donde las partes y el juez se rijan sobre principios fundamentales como el de la tutela jurisdiccional efectiva y el de igualdad entre las partes. Así las cosas, la presente tesis desarrollará la importancia de analizar el proceso dentro de un modelo cooperativo, donde el diálogo entre las partes y el juez cumple un papel trascendental. Teniendo, el principio del contradictorio, un rol imprescindible dentro de este estudio. A partir de ello, realizaremos un análisis crítico de la aplicación de la regla inaudita altera parte en las medidas cautelares reguladas en el Código Procesal Civil. Concluyendo que, su actual regulación no va acorde, y no respeta, los derechos fundamentales emanados de la Constitución, así como al modelo de proceso mencionado. Con la finalidad de salvaguardar el derecho fundamental al contradictorio de las partes, se interpretará la legislación infraconstitucional cautelar conforme a la Constitución y lo derechos fundamentales. Esta nueva interpretación, buscará orientar a los jueces para que empiecen a aplicar e interpretar las normas procesales conforme a la Constitución, dejando de lado las lecturas aisladas de la norma, las cuales antes de buscar una decisión justa, convalidan una transgresión a los derechos de las partes dentro del proceso.

Los mitos –dice De Trazegnies– son saludables y enriquecedores con relación a esas verdades y a esos conocimientos que no pueden ser expresados sino míticamente. Pero cuando la forma mítica desciende del plano de los grandes misterios de la Divinidad; del Cosmos y del Yo y pasa a sustituirse a la razón o a la observación en los campos propios del análisis crítico o de la comprobación rigurosa de los hechos, entonces el mito se prostituye y se convierte en pseudo-ciencia o en pseudo-historia; en este caso su función es empequeñecedora y oscurecedora antes que iluminadora y ampliadora de la conciencia. Como se puede apreciar, la historia –y, en esa medida, nuestro propio conocimiento– está salpicada y contaminada por mitos y leyendas, absurdas creencias y afirmaciones inexactas. La doble instancia es parte de esta historia. La historia de los mitos.

En la presente tesis se aborda la institución de la actuación de sentencia impugnada regulada en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional Peruano, cuyos presupuestos fueron fijados por el Tribunal Constitucional en el expediente No. 607-2009-PA/TC. A partir de un análisis de las características propias e implicancias de la institución, se corroborará que una adecuada aplicación de la misma, conlleva a que se otorgue una tutela jurisdiccional oportuna a las situaciones jurídicas y se respete el derecho a la efectividad de las sentencias. La hipótesis de la que parte la presente tesis es que la actual regulación de la institución de la actuación de sentencia impugnada en el Perú es deficiente. Al contrastar la regulación de la institución en nuestro país con la de ordenamientos jurídicos extranjeros, corroboraremos que existen distintas posibilidades de mejora. Así, al ratificar que, después de los presupuestos fijados por el Tribunal Constitucional para la aplicación de la institución en sede constitucional, la institución viene siendo aplicada por distintos jueces constitucionales de Lima; en la presente tesis se propone ampliar el ámbito de aplicación de la institución al proceso civil peruano, estableciendo en cuales procesos civiles resulta beneficiosa su aplicación y en cuales procesos sería un riesgo. Asimismo, se establecerán una serie de lineamientos que los órganos jurisdiccionales deberán tener en cuenta al momento de aplicar la institución objeto de estudio y se propondrán modificaciones normativas que sean acordes y complementen la propuesta de aplicación la institución en el proceso civil peruano. Frente a una población peruana que desconfía cada vez más de su sistema de justicia, resulta necesario implementar cambios y analizar distintos caminos dirigidos a otorgar una verdadera tutela jurisdiccional efectiva a la población peruana. Sostenemos que esta propuesta es uno de los caminos.

El proceso civil peruano no proporciona suficientes herramientas para garantizar una tutela específica de los derechos materiales. Muchas veces, la tutela por equivalente se configura como la solución a todos los males y se olvida uno de los fines principales del proceso: otorgar al titular de un derecho, el mismo resultado o uno equivalente al que se hubiese producido si no habría surgido el conflicto de intereses. No obstante, la realidad actual demuestra que el proceso es instrumental al derecho material y la doctrina es unánime en afirmar ello. Así, para garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y, consecuentemente, una protección específica de los derechos, se hace necesario que, frente a una situación en la que haya que recurrir al proceso, se posean instrumentos que otorguen al titular de la situación de ventaja, la más específica y adecuada tutela. En ese sentido, este trabajo tiene como propósito analizar y profundizar en el estudio de las medidas coercitivas como actos ejecutivos, y su papel en la obtención de tutela específica, evaluando su posible implementación en el proceso civil peruano. Para ello, la investigación aborda la necesidad preponderante de reformar la ejecución civil peruana, con el objetivo de incorporar medidas coercitivas que respondan a las exigencias contemporáneas de una tutela jurisdiccional efectiva y adaptada a las situaciones materiales. A través de un análisis dogmático y comparativo, se evidencia la importancia de una adopción gradual y contextual de estas herramientas, que armonice la efectividad de la tutela jurisdiccional con las particularidades del contexto peruano. / The Peruvian civil process does not provide enough tools to guarantee specific protection of material rights. Often, equivalent protection is configured as the solution to all problems, forgetting one of the main purposes of the process: to grant the holder of a right the same outcome or one equivalent to what would have occurred if the conflict of interest had not arisen. However, current reality shows that the process is instrumental to material rights, and the doctrine unanimously affirms this. Thus, to guarantee the right to effective judicial protection and, consequently, specific protection of rights, it is necessary that, when faced with a situation where the process must be invoked, there are instruments that grant the holder of an advantageous situation the most specific and appropriate protection. In this regard, the present work aims to analyze and delve into the study of coercive measures as executive acts, and their role in obtaining specific protection, evaluating their possible implementation in the Peruvian civil process. To this end, the research addresses the overriding need to reform Peruvian civil execution, with the main goal of incorporating coercive measures that meet contemporary demands for effective judicial protection adapted to material situations. Through a dogmatic and comparative analysis, the importance of a gradual and contextual adoption of these tools is highlighted, harmonizing the effectiveness of judicial protection with the particularities of the Peruvian context.

The purpose of this research is to analyse, from an economic perspective, whether it is efficient to grant extraordinary legitimacy to act in proceedings on behalf of a collective group when claims for damages are sought. In this sense, the hypothesis formulated is that not all collective protection proceedings should have the same regulation in relation to the representative person of the community. In collective rights proceedings or in proceedings where homogeneous it may be more efficient for a member of the class, who is one of the affected parties, to represent the group. After the investigation, it is concluded that the regulation of collective protection is a challenging task and precisely because of its difficulty, the legal system should allow the affected group to determine, from an effectiveness point of view, who should represent them. / Trabajo académico

El presente estudio tiene como objetivo demostrar que la omisión de pronunciamiento no es un vicio o defecto radical de nulidad, sino, todo lo contrario, es perfectamente subsanable, incluso ex officio por el juez o tribunal. Entonces, la omisión en el pronunciamiento -incongruencia omisiva- no debiera acarrear la decretación de nulidad por parte de los tribunales superiores, a diferencia de otro tipo de incongruencias (por exceso) donde sí ha llegado a quebrar el principio de congruencia. Las propuestas de este trabajo consisten en fortalecer el proceso civil, hacerlo más sencillo y ágil mediante alternativas interpretativas de nuestra legislación y la comparación con realidades externas al proceso civil peruano con la finalidad de encaminar a que el órgano judicial que dictó una resolución incompleta, pueda integrar las omisiones de pronunciamiento. Con este aporte, se evitaría la interposición de recursos de índole ordinario y extraordinario o amparos contra resoluciones de este tipo, generándose, con ello, una menor cantidad de resoluciones anulatorias. / The present study aims to demonstrate that the omission of pronouncement is not a vice or radical defect of nullity, but, on the contrary, it is perfectly rectifiable, even ex officio by the judge or court. Then, the omission in the pronouncement - omission inconsistency - should not lead to the decree of nullity by the higher courts, unlike other inconsistencies (by excess) where it has come to break the principle of congruence. The proposals of this work try to provide the civil process with simplicity and agility through interpretive alternatives of our legislation and comparison with realities external to the Peruvian civil process in order to direct the judicial body, which issued an incomplete resolution, to integrate the omissions of pronouncement. With this contribution, the filing of ordinary, extraordinary or amparo remedies against resolutions of this type would be avoided, generating, therefore, a lower number of annulment resolutions.

El presente Informe contiene el análisis realizado respecto del Expediente No. 2032, en donde no solo se resumen los hechos sobre los que versa la controversia, sino también se desarrollan y resuelven los problemas jurídicos encontrados en el caso, proponiendo una solución distinta a la inicialmente planteada por el Poder Judicial. Las áreas del Derecho sobre las que versa el Expediente son Derecho Societario y Derecho Procesal Civil. En virtud de lo anterior elegí estudiar este Expediente: pues ambas áreas del Derecho complementan mi área de práctica profesional, que es el Derecho Financiero. Considero que lo anterior contribuye a mi formación como futura abogada, pues profundizando mis conocimientos sobre distintas áreas del Derecho es que logro comprender mi área de práctica profesional de manera integral. La finalidad de este Informe es poder aportar a la seguridad jurídica de aquellos que opten por realizar una escisión, pues el análisis contenido en el mismo brinda una interpretación completa de las normas aplicables del ordenamiento jurídico, llenando el vacío sobre qué sucede con las obligaciones del bloque patrimonial escindido. Nuestra principal hipótesis es que no ocurre la novación de las obligaciones del bloque patrimonial escindido, y ello se sustenta en la diversa doctrina que existe sobre la materia. De ser lo anterior cierto, nuestra conclusión principal es que el caso sobre el que versa el Expediente fue resuelto de manera incorrecta, luego de haber estado en el Poder Judicial casi diez años y de haber pasado por la Corte Suprema de la República tres veces.