Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El estudio del nuevo sistema de defensa penal pública se ha formulado de la siguiente manera: En el capítulo I bajo el título " La defensa", se presenta esta institución, se conocen sus antecedentes históricos y las acepciones del derecho de defensa como garantía constitucional y como garantía del proceso. Se distingue la defensa privada de la defensa pública, examinando la organización del servicio público de defensa y las funciones del defensor de oficio. En el capítulo II titulado "La defensa en el proceso penal chileno y la defensa pública en el ordenamiento jurídico internacional" se analizan los principios rectores de la defensa en el proceso penal, también recogidos en los tratados internacionales: la igualdad entre las partes, la presunción de inocencia, el principio de congruencia, el derecho a un debido proceso, el derecho a la publicidad del proceso y cómo estos principios son protegidos en el actual proceso penal chileno y en el sistema latinoamericano. En el capítulo III "Defensa técnica y servicio de defensa pública" se precisa la naturaleza de la defensa técnica y su relevancia, las funciones del abogado defensor y las distinciones existentes entre la asistencia jurídica gratuita, la asistencia pública y privada y la normativa legal vigente, que provee de defensa jurídica a todos aquellos imputados o acusados que en el curso de un proceso se vean privados de un defensor de confianza. En el capítulo IV "La defensa en Chile", se analiza desde un enfoque normativo y jurisprudencial al titular de la garantía de defensa y el ejercicio de su derecho en el marco legal vigente. Se formulan las consideraciones y los objetivos de la reforma procesal penal y las principales diferencias entre el proceso penal actual y el proceso penal reformado. El capítulo V denominado "La defensa en la reforma procesal penal" se analiza en profundidad al titular del derecho de defensa, sus derechos, facultades y garantías en el proceso penal reformado. Se aborda los sujetos procesales en la etapa de instrucción como parte de la estructura del procedimiento ordinario por delitos de acción penal pública y cómo se respetan en ella, los derechos y garantías del imputado principalmente durante la investigación y actividades probatorias como en las medidas cautelares de carácter personal. Se sistematiza el proceso y el ejercicio de la defensa en las etapas de formalización de la instrucción, en las llamadas salidas alternativas y procedimientos abreviados, en el juicio oral, en el derecho a recurrir del fallo, para concluir este capítulo con el análisis del proyecto de ley de Defensoría Penal Pública, que regula su organización y funcionamiento.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Este trabajo tiene por finalidad básica analizar en profundidad el juicio oral en el nuevo Código Procesal Penal, sin perjuicio de que también analiza el contexto general de la reforma. Reforma que en términos generales establece las bases procedimentales de un nuevo sistema procesal penal que pretende abandonar el sistema inquisitivo y avanzar hacia otro con una orientación de carácter acusatorio. Es necesario considerar también, que desde un punto de vista social, la reforma se traduce en una ganancia para quienes son víctimas de la conducta delictual. En Chile, por motivos diversos, existe una gran inseguridad subjetiva, un fuerte temor a la criminalidad. Una de las fuentes de esa inseguridad subjetiva, es la indefensión que provoca el deficiente diseño del proceso penal. En los hechos, el proceso penal pone de cargo de las víctimas la iniciativa de la persecución penal, puesto que la actividad de los organismos de persecución penal pública es ineficiente y según ya se vio, no logra focalizarse sobre la criminalidad más grave sino solo sobre los sectores sociales mas vulnerables. La extrema dilación y la estructura de los procedimientos, por otra parte, distancian a la infracción del castigo, privando a este último de sus funciones simbólicas y protectoras. La reforma procesal penal, en la medida que instituye un órgano específico encargado de la persecución penal pública sometido a la conformidad de la víctima y al mismo tiempo, en la medida que abrevia la distancia temporal entre la infracción y el castigo, contribuye a disminuir los factores que acentúan la inseguridad subjetiva en Chile. El Ministerio Público será un órgano estatal especializado en la persecución penal, en la protección de la víctima y en una represión imparcial y rápida de la delincuencia.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho mención en Derecho Público) / Con el fin de cumplir con los objetivos planteados, de dar respuesta a las interrogantes esbozadas y confirmar las hipótesis de trabajo referidas, la presente investigación se realizó tomando como campo de estudio y muestra la totalidad de las causas ingresadas en los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de la Región Metropolitana -que corresponden al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7°- durante el quinquenio comprendido entre el 16 de junio del año 2005 -fecha de inicio de la reforma procesal penal en Santiago- al 16 de junio del año 2010, abarcando las jurisdicciones territoriales de los referidos juzgados, que corresponden a la competencia de las Cortes de Apelaciones de Santiago (CAPEL STGO) y de San Miguel (CAPEL SM). Se utilizó para ello, como fuentes de información, el Sistema Informático de Apoyo a la Gestión Judicial (SIAGJ) junto con las Cuentas Anuales (CA) de los TOP indicados, recabando los datos en base a una plantilla tipo, previamente diseñada, en la cual se agruparon los datos a partir de indicadores de base o medición, reuniendo la información por tribunal y por año calendario, para finalmente, proceder a la realización de tablas de datos estadísticos y cuadros comparativos de todos aquellos tópicos reseñados precedentemente, mediante la utilización del programa computacional Excel. Finalmente, se recurrió a una investigación de carácter documental, con fin de comprobar la efectividad de dicha información y complementar ciertos vacíos en los datos entregados previamente por el soporte informático respectivo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo examinaremos en cinco capítulos diversos aspectos relacionados a Carabineros de Chile como auxiliar del Ministerio Público, donde los capítulos III y IV alcanzan el tema central de esta tesis y finaliza con un último capítulo referido a las tareas policiales relacionadas al proceso penal en distintos cuerpos policiales latinoamericanos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El presente trabajo tiene por objeto estudiar el régimen jurídico de las filmaciones, captaciones de imagen, y grabaciones sonoras como actuaciones investigativas en el Proceso Penal, y dilucidar los desafíos que ha traído su incorporación, como la afectación de los derechos de las personas y las problemáticas posteriores a la realización de estas diligencias, la mayor parte de ellas relacionadas con la prueba ilícita. Para ello se analiza su regulación en el Código Procesal Penal, junto con estudiar los derechos fundamentales más susceptibles de ser afectados por estas técnicas investigativas. Observándose una dualidad en la regulación de estas medidas en dicho cuerpo legal, se propone una distinción más novedosa que la tradicional que permita conciliar la necesidad de protección de derechos fundamentales con la incorporación de estas modernas técnicas investigativas en pos del esclarecimiento de los hechos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta memoria es examinar la práctica de la “valoración negativa” de la prueba en el proceso penal, desde la perspectiva de la concepción racionalista. Veremos que ella no es más que una forma rebuscada de exclusión de la prueba ilícita por parte del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, en circunstancias que carece de dicha facultad. Pero ella no es la única objeción que se formula. La “valoración negativa” incrementa la tasa global de errores que el sistema produce en la determinación de los hechos. Examinaremos, entonces, el fundamento de la regla de exclusión y su coherencia con una concepción que entiende que una acertada determinación de los hechos es (junto a una correcta aplicación del derecho) la finalidad principal del proceso. Para ello, en el primer capítulo se sostendrá a la averiguación de la verdad como la finalidad principal de la prueba. Así, el primer objetivo del diseño de las reglas procesales y probatorias será la reducción de la probabilidad de errar. En el segundo capítulo se desarrollará la valoración racional como método para alcanzar dicho objetivo. En el tercer capítulo se abordará la distribución del error que el sistema inevitablemente producirá (dadas las condiciones de incertidumbre de la función adjudicativa) y su materialización a través de los estándares de prueba y otras reglas del proceso. La idea fundamental será que, una vez alcanzada una forma adecuada de distribución, ninguna regla o práctica que la altere estará justificada. En el cuarto capítulo se examinará la naturaleza de la práctica de la “valoración negativa”. Finalmente, en el capítulo quinto se tratará el fundamento de la exclusión de la prueba ilícita, con el objeto de determinar si ella se justifica en valores superiores a la disminución del error y a la forma en que adecuadamente se distribuye.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El procedimiento de exhumación es usado en el proceso penal para la identificación, reconocimiento y descripción de la causa de muerte posterior a una inhumación regular. El presente texto tiene como objetivo analizar el procedimiento de exhumación aplicable en Chile desde su regulación normativa hacia su uso práctico en casos judiciales. Así, se pretende entender el procedimiento como excepción a la práctica funeraria chilena sobre el uso de cementerios y el entierro del cuerpo. Pretende, además, vincular su desarrollo al uso de procedimientos científicos en el proceso penal. En este sentido, realizaremos un análisis transversal del procedimiento, integrando una perspectiva jurídica, social y científica forense, que finalizará en la revisión del caso de exhumación del Ex Presidente Salvador Allende, en relación con su objeto, contexto y uso.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente obra surge a raíz de la identificación de un problema constitucional en el proceso penal: en nuestra Carta Fundamental se le garantiza a la víctima el ejercicio a la acción penal y nuestro Código Procesal Penal la recoge, a través del forzamiento de la acusación. Sin embargo, en la práctica, cuando el fiscal del Ministerio Público, sin haber formalizado la investigación, decide no continuar con la persecución penal, por medio del sobreseimiento o de la decisión de no perseverar, los tribunales nacionales han negado sistemáticamente a los querellantes deducir el forzamiento de la acusación. Con esta idea en mente nos propusimos encontrar una vía apropiada para facilitar la aplicación de dicha institución. Para ello, realizamos una investigación bibliográfica de distintas fuentes relativas al tema, legales, jurisprudenciales, administrativas y doctrinarias. Como resultado, descubrimos las razones que fundamentan la posición predominante, dimensionamos su alcance y nos aventuramos con una reinterpretación de las normas que permita efectivamente la aplicación del forzamiento de la acusación, sea en presencia o ausencia de formalización previa

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En atención a la naturaleza de los hechos que se discuten en materia penal, por regla general, no será posible para los intervinientes premunirse de pruebas de forma anticipada al proceso, como si es factible, por ejemplo, en materia civil. Es por ello que cobra vital relevancia la prueba que clásicamente se encuentra al servicio de la Justicia Penal, en la que para lograr el esclarecimiento de los hechos que revisten el carácter de delito suele recurrirse a la prueba testimonial. Como nuestro actual Código Procesal Penal no nos entrega una definición de esta prueba, y existe en la doctrina cierta tendencia a confundir los conceptos de testigo y testimonio, un primer objetivo de esta investigación será arribar a una correcta conceptualización, en el marco de un proceso penal, de esta prueba, comprendiendo su naturaleza, función y el cambio de paradigma que implicó para sí la instauración de la Reforma Procesal Penal en nuestro país. De los grandes cambios que trajo consigo esta reforma, es la inexistencia de testigos inhábiles en el proceso penal y el establecimiento de la libre convicción o sana crítica racional como el sistema de valoración de la prueba, los que constituyen el corazón de esta investigación, pues de ellos, y de los principios en que se sustentan, dependerá la valoración que Tribunal del Juicio Oral en lo Penal haga de esta prueba, que le permitirá alcanzar el grado de convicción exigido por la ley y finalmente condenar o absolver al imputado. De tal forma, se analizarán los diversos modelos o pautas de valoración de la prueba testimonial, distinguiendo entre aquellos que postulan que la valoración debe efectuarse únicamente respecto del testimonio, postura que rechazamos, y quienes defienden la tesis que la valoración debe recaer tanto en el testimonio, es decir la declaración que rinda el testigo en la audiencia del juicio oral, como en el testigo mismo, como sujeto que declara en el proceso, postura a la que adherimos. Para fundamentar esta posición se recurrirá a la legislación vigente, la revisión de diversos autores que consideran este tema desde un punto de vista teórico de la prueba y desde un punto de vista práctico o dirigido a los litigantes, legislación comparada y casos jurisprudenciales de nuestros Tribunales de Justicia. Es importante destacar y determinar que la adopción de una u otra postura posee diferentes consecuencias prácticas y jurídicas. Finalmente, se propondrán como elementos de valoración de credibilidad de la prueba testimonial determinados aspectos personales del testigo y su posición subjetiva dentro del proceso penal en que el que declara, como elementos que complementan los modelos o pautas de valoración que se centran en el testimonio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de la presente investigación consiste en distinguir los conceptos del artículo 297 del Código Procesal Penal, como son los principios de la lógica, conocimientos científicamente y las máximas de la experiencia; analizar las diversas funciones que cumplen las máximas de la experiencia en un sistema de valoración racional de la prueba como la sana crítica; y estudiar su aplicación en el proceso penal chileno. A través del análisis de jurisprudencia, se intentará conocer el uso que los tribunales superiores de justicia han hecho del concepto, y como éstos han contribuido a precisar los alcances de “las máximas de la experiencia” mediante el conocimiento de recursos de nulidad en materia procesal penal. / 07/11/2017