Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La memoria tiene por objeto vincular dos temas que han planteado serios desafíos para la epistemología jurídica general. Por un lado se trata de la causalidad y la manera en que es concebida dentro del derecho penal. Por otra parte, la prueba y sus diferentes concepciones teóricas y dificultades epistemológicas. La propuesta se centra en explorar un determinado modelo de causalidad penal entendida como condición mínima suficiente con arreglo a leyes de cobertura, que sirva como marco teórico para ensayar una fórmula probatoria que se ajuste a los problemas que esta concepción plantea. Una tesis sobre la prueba del nexo causal, debe realizar una revisión del conjunto de contribuciones teóricas que se han hecho en el ámbito de la causalidad: fórmulas necesarias o suficientes y relaciones particularistas o generalistas. Asimismo, el trabajo aborda las limitaciones gnoseológicas e institucionales del proceso penal y del conocimiento judicial de los hechos, de modo que propone una hipótesis que sea pertinente con las leyes de cobertura explicativas de un vínculo causal

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho, mención derecho penal) / La presente investigación realiza un análisis del rol de la víctima en el proceso penal, centrado en el impulso que ha tenido el reconocimiento de este interviniente en el actual sistema, concretizado en los derechos que dispone como sujeto legitimado para obtener un derecho a un justo y racional procedimiento. De acuerdo a lo anterior, se examinan, en forma crítica, los derechos de la víctima y del querellante en el actual Código Procesal Penal, y asimismo, se revisa la interpretación que ha sostenido el Tribunal Constitucional, con el objeto de potenciar los derechos fundamentales de la víctima, y asimismo, los criterios que han sostenido los tribunales ordinarios de justicia en casos concretos sometidos a su conocimiento. Finalmente, se plantean conclusiones para arribar a una efectiva tutela de los derechos de la víctima como sujeto procesal

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En las últimas décadas ha existido un verdadero cambio en cómo se concibe el rol del derecho penal, desde la perspectiva de los derechos fundamentales. La mirada tradicional sobre la actividad punitiva del Estado estuvo enfocada hacia alcanzar su mayor limitación posible, en tanto se le reconoció como un ámbito del actuar estatal que importaba serias restricciones a los derechos fundamentales. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, esta mirada, si bien sigue reconociendo los riesgos de la actividad sancionatoria, ha incorporado una nueva mirada, esto es, que el derecho penal también puede constituir una herramienta útil para la protección de los derechos fundamentales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Para los efectos del presente trabajo, se partirá de la base de la legitimidad política de ius puniendi, siendo uno de los propósitos de éste, determinar el origen de la legitimidad constitucional del mismo, tema que trataremos en el Capítulo I. Una vez dilucidado este punto, nos abocaremos a establecer cuál es el concepto de derecho fundamental a que adscribimos, para luego dedicarnos, en el Capítulo II, a dilucidar qué habremos de entender por prueba ilícita y cuál ha sido su tratamiento normativo y dogmático. Para tratar el tema de la prueba ilícita, partiremos de la base del cambio que ha sufrido, tanto a nivel jurisprudencial como doctrinario, la forma en que originalmente fueron entendidos los derechos fundamentales, pues en sus orígenes ilustrados, éstos fueron concebidos como posiciones de los individuos solamente exigibles frente al Estado y por tanto, se entendió como único sujeto activo de las vulneraciones al aparato estatal. No obstante, con la evolución de las sociedades y la pérdida de poder por parte de los Estados frente a grupos de particulares, se ha dado cabida a la posibilidad de que los particulares también sean idóneos para afectar derechos fundamentales. Es en razón de ello, que cobra importancia analizar la prueba ilícita aportada por el querellante particular y sus consecuencias, cuestión que trataremos en el Capítulo IV y también la prueba ilícita aportada por la defensa y el imputado en sus diferentes aspectos, tema de que nos ocuparemos en el capítulo V.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Las medidas de seguridad se encuentran contempladas como una de las posibles reacciones jurídicas ante la comisión del delito. A diferencia de la pena, impuesta sobre la base de la culpabilidad, la medida de seguridad se funda en la peligrosidad del individuo. Esta memoria analizará esta institución a la luz del derecho constitucional y de la dogmática penal. Así, partiendo desde los consensos elementales exigibles dentro de un estado democrático de derecho, se realizará un examen crítico de la regulación legal y reglamentaria de las medidas de seguridad en el ordenamiento nacional, detectando sus principales falencias e inconsistencias, así como las diversas vulneraciones a los derechos fundamentales que pueden ocasionarse con su imposición.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La imposibilidad de alcanzar la verdad en el contexto de todo proceso judicial, supone la existencia de potenciales riesgos de error: riesgo de condenas falsas y riesgo de absoluciones falsas. Los riesgos recién señalados no son los mismos en todo tipo de procedimientos judiciales, o al menos, no tienen el mismo contenido en cuanto a los bienes jurídicos que afectan, en consecuencia, no todos los riesgos tienen el mismo costo relativo. La elección de un determinado estándar de prueba para un determinado tipo de proceso judicial consiste en una elección político valorativa por distribuir la prevalencia de esos determinados riesgos que inevitablemente podrán producirse. La Ley Nº 20.393 de 2009, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas no específica de manera expresa en su articulado el estándar de prueba aplicable para este tipo de procedimiento, sin embargo, la misma Ley señala expresamente que las cuestiones de orden procesal no tratadas allí, se remiten a las reglas generales establecidas en el Código Procesal Penal y otras Leyes especiales que sean aplicables. A partir de lo anterior, se ha aplicado en materia de procedimiento penal el idéntico estándar de prueba exístete respecto de las personas físicas o naturales para las personas jurídicas, esto es, el exigente estándar de prueba más allá de toda duda razonable. En el siguiente trabajo se critica la aplicación del estándar de prueba más allá de toda duda razonable en el procedimiento penal contra la persona jurídica, y se propone que es posible utilizar otro estándar de prueba. La diferente naturaleza de las penas que arriesga la persona jurídica respecto de la persona natural o física, supone que los bienes jurídicos afectados con el potencial error en la condena existente en el primer tipo de procedimiento difieren respecto de los bienes jurídicos afectados con el potencial error de condena existente en el segundo. Las personas jurídicas jamás arriesgarán penas privativas o restrictivas de libertad ambulatoria o de desplazamiento como la persona física o natural, y por lo tanto, es posible la aplicación de un estándar menos exigente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 19/10/2019

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El propósito central de este trabajo consiste en analizar el principio de objetividad que debe guiar la actividad persecutora del Ministerio Público como órgano exclusivo a cargo de la dirección de la investigación penal. Éste es concebido por nuestro sistema procesal penal como una consecuencia directa del principio de legalidad y viene a entregar una directriz fundamental que debe guiar la actividad investigativa del Ministerio Público, lo que se traduce en el deber de investigar con igual celo tanto aquellos hechos o circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, como también aquellos que le eximan de ella, la extingan o atenúen. Lo anterior nos plantea inmediatamente la idea de que nuestro legislador ha entendido la función del Ministerio Público no como un persecutor a ultranza, sino muy por el contrario, éste tendría una función consistente en ser lo que algunos llaman “custodio de la ley”, imprimiéndole características, que en opinión de parte de la doctrina lo alejan de su real misión en el sistema procesal penal, razón por la que se han formulado fuertes críticas respecto de su existencia, postulándose incluso su abolición de nuestro sistema y su reemplazo por otros principios que impliquen deberes acordes con la misión del Ministerio Público como ente persecutor. Nuestro estudio se basará en analizar las distintas críticas que se han formulado al respecto y comprobar que tan razonables resultan ser éstas, para formular finalmente una propuesta al respecto

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal) / Ante la ausencia de un texto legal expreso que se pronunciare al respecto, la doctrina y la jurisprudencia, bajo el imperio del Código de Procedimiento Penal y aplicando una lógica inquisidora, intentaban determinar qué actuaciones procesales tenían la aptitud para suspender el curso de la prescripción de la acción penal. Las dudas existentes al respecto parecían disiparse con la regulación efectuada por el Código Procesal Penal. Este cuerpo normativo, de manera expresa, asigna a un determinado hito procesal el efecto suspensivo de la prescripción. A partir de la formalización de la investigación, la prescripción de la acción penal se encuentra suspendida. Sin perjuicio del claro tenor literal de la norma, la práctica judicial sigue siendo vacilante, concediendo a actuaciones distintas, los efectos que el legislador ha reservado a la comunicación de cargos que realiza el ente persecutor ante el correspondiente órgano jurisdiccional. Nuestro objetivo es contribuir a la discusión no tan sólo a partir del explícito texto legal, sino que extrayendo consecuencias de los principios orientadores del nuevo proceso penal, los que deben tener un pleno reconocimiento en el actuar de las agencias encargadas de la represión de los delitos