Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La situación no es diferente en la realidad nacional. De un tiempo a esta parte, varios procedimientos de uso común han sido profundamente modificados por el legislador, específicamente, a través de la reforma en materia procesal penal; las reformas en los procedimientos ante los tribunales de familia y en materia laboral. En su régimen recursivo, las modificaciones han pasado por suprimir el recurso de nulidad (casación) y dejar sólo el de apelación; o viceversa. Inclusive, en los nuevos procedimientos, progresivamente se ha reducido la posibilidad de recurrir de apelación hasta casi suprimirlo, dejando sólo el recurso de nulidad como recursus propiamente tal, y se han creado nuevos recursos en determinados procedimientos (a modo ejemplar, el nuevo recurso de unificación de jurisprudencia en materia laboral). Así las cosas, el primer objetivo de esta memoria es exponer y contrastar el régimen recursivo de los principales procedimientos de nuestra legislación, circunscrito a la doble instancia y la anulación. Luego de realizado este análisis, revisaremos sí estos cambios en nuestro sistema, cumplen con las garantías procesales consagradas en la constitución que informan a los recursos. Para ello, a fin de alcanzar las respuestas a todas las inquietudes planteadas, resulta imprescindible analizar y comprender cuáles son los fines de los regímenes recursivos en la dogmática procesal: sus fines constitucionales, el principio de certeza jurídica, y el derecho a la defensa técnica. Todo ello será abordado en el primer capítulo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo tiene como objetivo el estudio de la Prueba ilícita y su aplicación dentro del Procedimiento de Tutela Laboral, con el fin de determinar si estas dos figuras jurídicas se complementan en cuanto a la protección que la legislación ha dispuesto para el caso de existir una infracción de derechos fundamentales de un trabajador.Para tal efecto se desarrollan los temas del Procedimiento de Tutela Laboral, la prueba y la Prueba ilícita, señalando en cada uno de ellos tanto sus aspectos principales como las características propias que presentan al aplicarse estas figuras en forma conjunta.Es a través de este proceso que logramos determinar cual es la regulación que el nuevo procedimiento laboral propone para la valoración de la prueba, la forma en que la prueba ilícita puede ser aplicada a la tutela de los derechos fundamentales de los trabajadores, la sanción que la legislación laboral ha dispuesto para la prueba ilícita y la efectividad de la misma como mecanismo sancionador de una lesión de derechos fundamentales

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La entrada en vigencia de la nueva institucionalidad ambiental y particularmente de los Tribunales Ambientales ha generado un cambio en la forma en que entendemos distintos conceptos jurídicos. Así, conceptos procesales tradicionales como la legitimación activa han debido ser adaptados para abarcar nuevas situaciones, como el reconocimiento de intereses ambientales de tipo difuso o colectivo. Este trabajo pretende estudiar cómo se ha aplicado este concepto en materia de impugnación de Resoluciones de Calificación Ambiental ante el Tribunal Ambiental por parte de terceros no titulares de proyectos y cuál ha sido el criterio de los Tribunales Ambientales y las Cortes a la hora de resolver éstas cuestiones.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo se analizará cómo la Corte Suprema ha desarrollado y aplicado la teoría o doctrina de los actos propios al ejercicio de actos o conductas procesales manifestadas en el contexto de un juicio, a raíz de su regulación expresa en la Ley 20.886. Para ello se realiza previamente un estudio de todos los elementos que fundan y rodean a la teoría. El trabajo comienza con una revisión general del principio de buena fe procesal con el fin de identificar los fundamentos que respaldan la existencia de la doctrina. Asimismo, se desarrolla una exposición sobre los principales aspectos teóricos de los actos propios de manera de conocer su contenido, naturaleza, requisitos y aplicación, entre otros. Finalmente, el trabajo termina con la exposición y análisis de diferentes sentencias del máximo tribunal que permiten determinar cómo ha sido la recepción de esta teoría en la jurisprudencia chilena.

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES / Existe actualmente, tanto en la ley como en la doctrina nacional chilena, una incertidumbre respecto a que entendemos por falta o abuso grave cuando hablamos de recursos de queja. Pareciera ser que está bien claro que la finalidad del recurso de queja es corregir los faltas o abusos graves cometidos por nuestros tribunales de justicia. Sin embargo, no existe ni en la ley ni en la doctrina un tratamiento sobre cuál es el real alcance y sentido de la falta o abuso grave. Al observar esta deficiencia de contenido me vi en la necesidad de recopilar las definiciones o criterios jurisprudenciales recientes de abuso o falta grave. Es por ello, que el objetivo general de esta investigación radica en realizar un estudio exhaustivo de la jurisprudencia relevante de nuestra Excelentísima Corte Suprema durante el año 2017, con el fin de obtener el criterio o los criterios empleados por el máximo tribunal para describir o definir la falta o abuso grave en que incurren los tribunales de justicia para acoger o rechazar un recurso de queja en particular. Después de una clasificación de los criterios empleados, se procederá a realizar un análisis cuantitativo acerca de cuáles son los criterios más empleados por la Corte Suprema y, además, los criterios más usados por cada sala. Por último, se concluirá con los antecedentes incorporados al presente trabajo y se responderá a una pregunta esencial. ¿Es el recurso de queja en la práctica un recurso disciplinario o en realidad se utiliza como un recurso de instancia?

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En nuestro país el desarrollo del Derecho de la Libre Competencia ha sido tardío, y aún quedan muchas de sus áreas que deben ser reguladas o complementadas. Hoy, la regulación de esta área del derecho se encuentran regidas por el Decreto Ley Nº211, el cual ha experimentado diversas modificaciones que han tendido a la mayor protección del mercado y de su eficiencia. En este cuerpo normativo existen varios procedimientos, dentro de los cuales se encuentran los procesos sancionatorios por delitos de colusión. En éstos últimos, no existe un estándar probatorio definido, pero, además, los tribunales que conocen de ellos – tanto el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como la Corte Suprema – o bien no se avocan a su desarrollo, o bien no han aplicado criterios uniformes a su respecto. Con la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el caso “CMPC y SCA” el problema se agudiza aún más, puesto que incluso dentro del mismo tribunal que dicta el fallo, comienzan a haber posiciones opuestas en relación con la aplicación de los estándares probatorios. Estos estándares de convicción resultan relevantes en diversos aspectos de nuestros procesos, y tal como pretendemos exponer en la presente memoria, resulta imperativo e ineludible la necesidad de determinar un criterio uniforme para precisar con ellos las garantías con que se cuenta en este tipo de procesos. El análisis de la problemática se abordará tanto desde un punto de vista doctrinal, como desde la óptica de la jurisprudencia, y finalmente, se intentará proponer una solución acerca de la forma en que se debe superar esta problemática. Mediante el presente trabajo, se pretende explorar un tema que no ha sido tratado mayormente ni por nuestra legislación, la doctrina, como la jurisprudencia, por lo que se intenta llegar a una proposición fundada y coherente para entregar una solución real a esta situación problemática para nuestro ordenamiento, Cabe tener presente al respecto que este ha sido trabajo elaborado por una alumna de pregrado, que intenta recién egresar y obtener su título de abogado, con las ansias de un pronto ejercicio, pero con las deficiencias que podría tener por la falta de mayor experiencia 7 forense, pero en todo caso libre de anclaje respecto a la protección de diversos intereses que concurren en los procesos sancionadores de la libre competencia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación se desarrolla respecto de los medios de prueba, en particular los medios de prueba tecnológicos que la ley prevé, para probar ciertas conductas antijurídicas en juicio. Dichas conductas se refieren a la discriminación, particularmente en los juicios referidos al Bullying y Grooming. En concreto se analizan las condiciones de legitimidad del uso de esta clase de pruebas para probar las acciones u omisiones antijurídicas que se refieren, al igual que el valor probatorio y la impugnación de los mismos, en los distintos procedimientos en que ésta clase de conductas podrían ser perseguidas y eventualmente sancionadas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El presente trabajo abarca un estudio sistemático de las Acciones y Recursos Procesales ante la Potestad Sancionadora de la Superintendencia de Valores y Seguros. Para ello, se mencionan las esferas de atribuciones de dicha entidad administrativa, con especial referencia a la Potestad Sancionadora, y se analizan cada una de las Acciones y de los Recursos Procesales que pueden hacerse valer ante resoluciones emanadas de dicho organismo. Ahora bien, en cuanto al contenido específico de la obra, podemos mencionar que en el Capítulo I se define a la Superintendencia de Valores y Seguros, se da una pequeña reseña, se señala el ambiente en que se desenvuelve y sus intervinientes, para luego establecer su misión. En cuanto al aspecto funcional, se dice que las potestades de la Superintendencia se pueden clasificar en potestad fiscalizadora, potestad normativa, función de desarrollo y promoción de los mercados, y potestad sancionadora. A continuación, en el Capítulo II se pasa a revisar la potestad sancionadora en particular, la sanción administrativa y su relación con los derechos fundamentales, señalando además, el proceso de investigación que debe seguir la unidad respectiva, para adoptar posteriormente sanciones, las que se enumeran en su momento. Luego, se analizan las críticas que ha dado lugar y se enuncian un par de casos de revuelo nacional. Posteriormente, en el Capítulo III nos referimos a las Acciones y Recursos Procesales que proceden ante la SVS, analizando, primeramente, el contencioso administrativo, para luego analizar todos y cada uno de los mecanismos de impugnación, tanto constitucionales como legales, señalando jurisprudencia relevante, en caso que corresponda. En último término, en el Capítulo IV se realiza un breve análisis a la reforma de Mercado de Capitales II, específicamente en cuanto a los recursos, y al desarrollo y seguridad de los mercados. Para concluir y lograr un cabal entendimiento de la materia, se ha añadido un anexo referente a los Actos Administrativos y el Procedimiento Administrativo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La primera parte de este trabajo se enfocó en revisar algunos aspectos históricos de la Legislación Antimonopólica, primero en la legislación comparada y luego adentrándonos en la génesis de nuestro sistema de protección y defensa de la Libre Competencia, desde sus orígenes, pasando por el Decreto Ley nº 211, con sus respectivas instituciones, las modificaciones introducidas por la ley 19.911, y las ultimas adecuaciones efectuadas por la ley Ley Nº 20.361. En su segundo capítulo, el presente trabajo contiene el estudio del derecho procesal Orgánico y Funcional sobre defensa la Libre Competencia, comenzando por una revisión de los órganos encargados de velar por la libre competencia establecidos en el DL 211, con anterioridad a la existencia del Tribunal de Defensa de la Libre competencia, esto es las Comisiones Preventivas Regionales, la Comisión Preventiva Central, la Comisión Resolutiva y la Fiscalía Nacional Económica, efectuando un estudio de su organización, composición y procedimientos. En el mismo capítulo segundo capítulo, nos avocamos al estudio de los órganos que conforman la institucionalidad que nuestro ordenamiento jurídico se ha dado en pos de la defensa de la libre competencia en la actualidad, esto es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica. Que en cuanto al Tribunal, se presenta un trabajo que contempla su definición, sus características, un análisis del mismo desde las bases orgánicas de la jurisdicción, su organización, composición, funcionamiento, su competencia, atribuciones y potestades, concluyendo el estudio del procedimiento de las causas ventiladas antes dicho ente, sea contencioso o no contencioso. Finaliza nuestro estudio con un punto referente al la Fiscalía Nacional Economía, la que sin ser un órgano jurisdiccional, requería de un pequeño estudio necesario al ser uno de los principales intervinientes contemplados en la ley para los procesos ante el Tribunal de defensa de la libre competencia.