El presente trabajo tiene como finalidad proponer un tipo de argumentación jurídica en los casos difíciles sobre desalojo por ocupación precaria entre familiares a partir del reconocimiento de una laguna axiológica en el artículo 911 del Código Civil, al no haber considerado la regla contenida en la disposición mencionada propiedades relevantes que deberían haberse tenido en cuenta para la solución del caso, de esa manera pretendemos que los jueces, de nuestro país, puedan resolver esta clase de procesos justificando de manera racional su decisión de apartarse de la regla para aplicar principios. Para lograr nuestro propósito nos ayudaremos de una resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia de la República, la Casación N.° 4425-2015 – Lima Este (Corte Suprema, Casación N.° 4425-2015-Lima Este), sobre desalojo por ocupación precaria; trataremos entonces, a partir de dicha Casación, analizar y determinar el reconocimiento de una laguna axiológica en el artículo 911 del Código Civil y así explicar por qué en algunos casos difíciles sobre desalojo por ocupación precaria entre familiares estaría justificado, en determinados supuestos, apartarse de la regla para aplicar principios. Consideramos importante el presente trabajo porque sostenemos que en algunos casos difíciles sobre desalojo por ocupación precaria entre familiares existe una laguna axiológica en el artículo 911 del Código Civil y que dicha laguna se colmaría con la aplicación del principio de solidaridad familiar; principio que debe ser ponderado con el de seguridad jurídica que subyace a la regla. / The purpose of this paper is to propose a type of legal argumentation in difficult cases about eviction due to precarious occupation between family members based on the recognition of an axiological gap in article 911 of the Civil Code, by not having considered the rule contained in the aforementioned provision. Relevant properties that should have been taken into account for the solution of the case, in this way we hope that the judges of our country can resolve this kind of process, rationally justifying their decision to deviate from the rule to apply principles. To achieve our purpose, we will use a resolution issued by the Supreme Court of Justice of the Republic, Cassation No. 4425-2015 - Lima East (Supreme Court, Cassation No. 4425-2015-Lima East), on eviction for precarious occupation; We will then try, based on said Cassation, to analyze and determine the recognition of an axiological gap in article 911 of the Civil Code and thus explain why in some difficult cases of eviction due to precarious occupation between family members it would be justified, in certain cases, to depart from the rule for applying principles. We consider this work important because we maintain that in some difficult cases of eviction due to precarious occupation between family members, there is an axiological gap in article 911 of the Civil Code and that this gap would be filled with the application of the principle of family solidarity; principle that must be weighed with that of legal certainty that underlies the rule.

El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar si la interpretación de los principios de legalidad y tipicidad a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema constituye un medio para brindar mayor tutela a los administrados en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores. Para efectuar ese análisis, se realiza una revisión profunda de la Constitución, la doctrina, y las normas y los casos más relevantes en materia administrativa sancionadora ambiental y laboral; así como una investigación detallada de las principales sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en las que se ha desarrollado el contenido esencial de los principios de legalidad y tipicidad. A partir de ello, se concluye que la interpretación conforme a la Constitución constituye un mandato del Estado constitucional de derecho, por lo que la autoridad administrativa se encuentra obligada a interpretar las normas a la luz del contenido de las disposiciones constitucionales, el cual es desarrollado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. En ese sentido, dicha interpretación es un medio para brindar mayor tutela a los administrados en los procedimientos administrativos sancionadores, pues tales entidades les otorgan a los principios de legalidad y tipicidad un contenido bastante amplio, protector y garantista. / The objective of this research work is to determine if the interpretation of the principles of legality and criminality in light of the jurisprudence of the Constitutional Court and the Supreme Court constitutes a means to provide greater protection to those administered within the framework of administrative sanctioning procedures. To carry out this analysis, an in-depth review of the Constitution, the doctrine, and the most relevant norms and cases in environmental and labor sanctioning administrative matters is carried out; as well as a detailed investigation of the main judgments of the Constitutional Court and the Supreme Court in which the essential content of the principles of legality and typicity has been developed. From this, it is concluded that the interpretation in accordance with the Constitution constitutes a mandate of the constitutional State of law, for which the administrative authority is obliged to interpret the norms in light of the content of the constitutional provisions, which is developed in the jurisprudence of the Constitutional Court and the Supreme Court. In this sense, said interpretation is a means to provide greater protection to those administered in sanctioning administrative procedures, since such entities grant the principles of legality and typicity a fairly broad, protective and guaranteeing content. / Trabajo académico

El Informe que nos ocupa gira en torno al análisis efectuado de la Resolución N° 7 emitida por la Segunda Sala Comercial Permanente – Corte Superior de Justicia de Lima, a través de la cual se dispuso la anulación del Laudo Arbitral emitido con fecha 31 de enero de 2019 en el arbitraje seguido entre REBECA MARÍA GUTIÉRREZ SÁNCHEZ y PROVÍAS NACIONAL DEL MTC en materia de expropiación, por supuestos vicios en la motivación del Tribunal Arbitral al momento de emitir el Laudo Arbitral impugnado. El propósito del presente Informe es analizar los aspectos relacionados a la debida motivación de las decisiones, la valoración que el Tribunal Arbitral realizó sobre los dictámenes periciales en el Laudo Arbitral y el control judicial de los laudos arbitrales a la luz de la doctrina y el Decreto Legislativo N° 1071 – Ley de Arbitraje. Para tales efectos, tomando como referencia el Decreto Legislativo N° 1192 y su modificatoria sobre los arbitrajes en materia de expropiación, se determina que el Laudo Arbitral materia de impugnación incurrió en defectos en la motivación y valoración de la pericia de oficio dispuesta en dicho proceso arbitral. En consecuencia, tras un análisis de los fundamentos de la Segunda Sala Comercial Permanente y luego de revisar la doctrina y jurisprudencia sobre las causales de anulación previstas en nuestro ordenamiento, el autor emite su postura frente a si procede o no la anulación del Laudo Arbitral en el marco del artículo 63.1 inciso b) de la Ley de Arbitraje. / This report revolves around the analysis conducted on the Resolution N° 7 issued by the Segunda Sala Comercial Permanente - Corte Superior de Justicia de Lima, in which was agreed the annulment of the Arbitration Award issued on January 31st of 2019 during the arbitration process between REBECA MARÍA GUTIÉRREZ SÁNCHEZ and PROVÍAS NACIONAL DEL MTC in regards to an expropriation process, due to apparent defects in due motivation from the Arbitral Tribunal when issuing the contested Arbitration Award. The objective of this research is to analyze the aspects related to the correct statement of reasons and due motivation behind the decisions, the probationary valuation of the Expert Evidence in the Arbitration Award and the judicial control of the arbitration awards according to doctrine and Legislative Decree N° 1071 - Arbitration Law. In that regard, based on the Legislative Decree N° 1192 and its modifying standards on arbitration processes in matter of expropriation, it is concluded that the contested Arbitration Award incurred in errors in the due motivation and probationary valuation provided in such arbitration process. Because of that and after analyzing the fundamentals issued by the Segunda Sala Comercial Permanente, and analyzing the doctrine and jurisprudence about grounds for annulment of arbitration awards in our legal system, the author takes a stand on whether or not the annulment proceeds according to article 63.1, subsection b) of the Peruvian Arbitration Law.

El presente informe tiene como propósito analizar la Resolución N° 10, emitida por la Primera Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el Expediente N° 00315-2020-0-1817-SP-CO-01, a través del cual se resuelve declarar fundado el recurso de anulación de laudo (emitido en el caso arbitral N° 373-2017- CCL, seguido entre Obras de Ingeniería S.A. – OBRAINSA y el Proyecto Especial de Infraestructura Nacional – PROVIAS NACIONAL), por la causal del artículo 63°.1, literal b). En atención a dicha resolución, nos planteamos dos problemas jurídicos principales que versan sobre el derecho de la debida motivación y el recurso de anulación de laudo por defectos en la motivación. Para dar solución a los problemas jurídicos identificados, realizamos previos alcances conceptuales y normativos sobre la anulación de laudo, y los problemas que esta presenta para el medio arbitral. En ese sentido, concluimos que el laudo analizado en la resolución judicial no transgrede el derecho a la debida motivación y, por lo tanto, no es correcta la decisión de la Sala Comercial de anular el laudo. / The purpose of this report is to analyze Resolution No. 10, issued by the First Civil Commercial Subspecialty Chamber of the Superior Court of Justice of Lima, of the file No. 00315-2020-0-1817-SP-CO-0, through which it is resolved to declare the appeal for annulment of the award founded (issued in arbitration case No. 373-2017-CCL, followed between Obras de Ingeniería S.A. – OBRAINSA and the Special National Infrastructure Project – PROVIAS NACIONAL), by the cause of article 63°.1, literal b). In response to said resolution, we consider two main legal problems that deal with the right to due motivation and the appeal for annulment of the award due to defects in the motivation. In order to solve the legal problems identified, we carry out previous conceptual and normative scopes on the annulment of the award, and the problems that this presents for the arbitral environment. In this sense, we conclude that the award analyzed in the judicial resolution does not violate the right to due motivation and, therefore, the decision of the Commercial Chamber to annul the award is not correct.

Juzgar con conocimiento de causa, es conocer el objeto de juicio, conocer entraña la idea de verdad, y ésta, confirma el conocimiento, permitiendo proponer algo, apoyado y probado en argumentos racionales. Bajo esta premisa, se pretende analizar las condiciones para el pensamiento racional en la formulación de los argumentos de justificación material y formal en el otorgamiento de medidas de protección bajo el enfoque de género previsto en la Ley N° 30364, lo que permitirá establecer que desde dicho enfoque, el motivo determinante de la violencia contra la mujer es «su nueva condición de tal», autodeterminado con el concurso de su libertad en negación a los estereotipos de género derivados de patrones socio-culturales impuestos por la comunidad o sociedad; por tanto, importa mucho saber si en el tiempo y espacio geográfico en el que se desenvuelve la mujer, existen o persisten patrones socio-culturales y cuales son; luego, si con el concurso de su libertad decidió negar alguno o todos los estereotipos de género dominantes en su comunidad o sociedad. Similar indagación debe hacerse en el pensamiento del ente agresor; esto permitirá definir cuál fue y es el estereotipo negado por la víctima que motivo la violencia, lo que a su vez permitirá tipificar la medida de protección necesaria que la haga cesar. / To judge, with knowledge of cause, is to know the object of judgment, to know entails the idea of truth, and this, confirms the knowledge, allowing to propose something, supported and proven in rational arguments. Under this premise, we intend to analyze the conditions for rational thinking in the formulation of the arguments of material and formal justification in the concession of protection measures under the gender perspective contemplated in Law N° 30364, which will provide that from this perspective, the decisive reason for violence against women is "her new condition as a woman", self-determined with the concurrence of her freedom in denial of the gender stereotypes derived from socio-cultural patterns imposed by the community or society; therefore, it´s very important to know if in the time and geographic space in which the woman develops, sociocultural patterns exist or persist and what they are; then, if with the concurrence of her freedom she decided to deny any or all of the dominant gender stereotypes in her community or society. A similar inquiry should be made into the thinking of the aggressor; this will make it possible to define what is the stereotype denied by the victim that caused the violence, which in turn will make it possible to define the necessary protection measure to put an end to it.

El objetivo principal de la tesis es descubrir hasta qué punto la característica de la derrotabilidad, presente en las normas jurídicas, influye en la labor de interpretación de las normas constitucionales que se hace en el marco de los Estados constitucionales. Para lograr este objetivo, en el primer capítulo se expone el desarrollo del Estado de derecho hasta llegar a los actuales Estados constitucionales, y se muestra cómo en estos se dan las condiciones efectivas para la acción de la moral en la aplicación e interpretación del Derecho (debido a que en ellos las normas constitucionales adquieren una real fuerza jurídica). En el segundo capítulo se explican las diferencias conceptuales y estructurales entre principios y reglas, así como las diversas formas de aplicación de los principios y las reglas, para lo cual se analizan comparativamente, en este punto, el método de la ponderación y el método de la subsunción. En la parte final del capítulo segundo se muestra que los principios se constituyen en la vía mediante la cual se introducen factores axiológicos en el Derecho. En el tercer capítulo se estudia exhaustivamente la característica de la derrotabilidad, tanto en los razonamientos cotidianos, la lógica y en el plano práctico; como en el ámbito jurídico. Seguidamente, el último capítulo está dedicado a explicar la incidencia de la derrotabilidad en la interpretación constitucional en el marco de los Estados constitucionales; para ello se analizan los aspectos generales relativos a la interpretación y se la compara con la argumentación jurídica. Concluye el capítulo indicando que las principales consecuencias que trae la derrotabilidad para la interpretación constitucional son, de un lado, la configuración de la interpretación como una actividad condicionada fuertemente por el factor axiológico o valorativo; y, de otro lado, la aparición de lagunas axiológicas. Se llega a la conclusión general de que la derrotabilidad de las normas jurídicas posibilita la introducción del factor valorativo en la interpretación de las normas constitucionales, lo cual trae como consecuencia que interpretaciones formalmente correctas, pero inadecuadas desde el punto de vista axiológico, sean consideradas como no propiamente respuestas normativas; lo que lleva a considerar que en estos casos existen en el sistema “lagunas axiológicas” (situaciones en las cuales existe una respuesta normativa, pero que se considera inadecuada o deficiente axiológicamente). Esta situación se ve potenciada de especialmente en los Estados constitucionales, ya que en ellos las disposiciones y principios constitucionales adquieren verdadera fuerza jurídica, lo que lleva a que haya un mayor ámbito para la introducción de la moral en la actividad de interpretación y aplicación de las normas.

Una de las principales obras en materia de argumentación jurídica es, sin lugar a dudas, The legal reasoning and theory of law de Neil MacCormick. En dicha obra, más allá del elocuente título de la misma, MacCormick pone en evidencia la indisoluble unión que existe entre la teoría del Derecho y el razonamiento jurídico, en especial con la argumentación jurídica. Como lo sostiene Schiavello, respecto de dicha obra, “una teoría de la argumentación que no se funde sobre una teoría del derecho y sobre una concepción de la razón práctica sería gravemente incompleta”. Ya sean los jueces, los abogados que litigan o los funcionarios de la administración, todos los operadores jurídicos, cuando argumentan, parten ya sea de un concepto de Derecho, de una forma de interpretación jurídica, de operar con un determinado tipo de norma jurídica –y si ésta tiene un contenido claramente determinado–, o de una concepción acerca de si los jueces pueden crear normas, entre otros asuntos, lo acepten conscientemente o no. Es por ello que nuestra investigación pretende analizar críticamente algunos de los principales elementos característicos del movimiento “neoconstitucionalista” que van a tener directa influencia en el razonamiento de los jueces al momento de argumentar la solución de un caso concreto en materia constitucional. Al respecto, se ha sostenido que el ordenamiento jurídico de un Estado Constitucional es uno que difiere sustancialmente de aquel ordenamiento jurídico que caracteriza al denominado Estado Legal de Derecho. Dicho Estado Constitucional ha generado este movimiento que se ha venido en llamar “neoconstitucionalismo”, cuya aparición puede coincidir con el ataque al positivismo jurídico dirigido por Ronald Dworkin en los años setenta y que tiene como una de sus principales notas distintivas, respecto del iuspositivismo y el iusnaturalismo, “la idea de que el derecho no se distingue necesaria o conceptualmente de la moral, en cuanto incorpora principios [constitucionales] comunes a ambos”

Hace diez años las cosas eran diferentes. En esa época, conocí a una alumna de intercambio en la universidad. Creo que venía de Wisconsin. Recuerdo que una vez me preguntó, dudando mucho de su español: “Nos han mandado a leer para un curso. Pero no me han dicho que busque las lecturas en la biblioteca sino ¿en la fotocopiadora? ¿He entendido mal?”. Nos reímos de su aparente confusión. Le dije que no había error, que en la fotocopiadora estaba todo lo que había que leer y, al menos yo, solo iba a la biblioteca cuando quería prestarme alguna película o disco para disfrutarlo en casa. Y mostré mi ejemplar de Los cuatrocientos golpes, como prueba irrefutable de la veracidad de mis palabras. Pero como dije, eso fue hace diez años, cuando las cosas eran diferentes. De un día para otro, la biblioteca decidió dejar de prestar películas y las fotocopiadoras dejaron de fotocopiar libros enteros. En ambos casos “por órdenes de INDECOPI”. No entendía por qué la biblioteca podía prestar un libro y no una película, si igual no pensaba comprarme ninguna. Luego aparecieron los cartelitos que indicaban que solo se podían reproducir “breves fragmentos” de obras, no libros completos: Ni siquiera dejaban fotocopiar obras agotadas, a pesar que era perfectamente legal. Naturalmente, era muy fácil saltar esta prohibición, solo había que usar las fotocopiadoras que estaban frente a la Universidad. Lo que no nos debería sorprender, teniendo en cuenta que, muy cerca a los máximos órganos jurisdiccionales del país, se encuentra también los más grandes centros de violación al derecho de autor: a dos cuadras del Palacio de Justicia está Polvos Azules1 y, frente a la Corte Superior de Lima, “el Hueco”2 . Hace diez años se creó Facebook y Gmail. Y The Pirate Bay. Fue también cuando empezó el boom de los blogs y la denominada web 2.0. De hecho, fue hace diez años cuando se acuñó el referido término3 . La nueva revolución en Internet influyó en que el intercambio de información y bienes culturales aumente de gran manera. Conseguir música, películas o libros se volvió muchísimo más fácil, por más que los cartelitos de la biblioteca dijeran lo contrario

1. La concepción de estado constitucional así como la denominada teoría de la interpretación han modificado, entre muchos otros campos, la concepción que se tenía de muchas instituciones jurídicas. En el presente trabajo se destacan los cambios ocurridos en el precedente –institución originaria del Common Law, y en las cortes de vértice, y se propone en qué medida el mecanismo del doble conforme ayuda a alcanzar mejoras en el precedente y la corte suprema, peruanos. 2. El estado constitucional y la teoría de la interpretación demuestran que ambas instituciones están íntimamente ligadas, de tal modo que el éxito en los cambios de una, acompañan necesariamente los cambios en la otra. No solo ello, se concluye también que para el estado constitucional y la teoría de la interpretación, es imprescindible tener una corte suprema de precedentes, que promuevan el ius constitutionis –función de defensa de la ley y de uniformidad-, en el sentido de dotar de fuerza vinculante a sus precedentes a fin de eliminar la divergencia interpretativa, para lo cual se deberán utilizar las mejores razones. 3. Para una corte suprema de precedentes es necesario, en nuestra opinión, que ésta no esté sobrecargada de casos, pues ello reduce o, inclusive, elimina, la capacidad de emitir precedentes adecuados para un estado constitucional. El doble conforme se propone para lograr progresivamente ese objetivo. 4. En el primer capítulo se expone la evolución histórica de las tradiciones jurídicas del Common Law y del Civil Law, lo que nos demostrará el contexto en que se concibió el precedente, diametralmente opuesto a la evolución del derecho en el Civil Law. El constitucionalismo, en esta tradición, produce un acercamiento con el Common Law, lo que hace pertinente evaluar qué elementos del precedente de esta tradici+ón pueden servir para un desarrollo del mismo en el Perú. 5. El segundo capítulo se desarrolla la pertinencia de esto último, analizando las características del precedente en el Perú –Tribunal Constitucional y Corte Suprema. 6. El tercer capítulo expone la influencia del constitucionalismo y la teoría de la interpretación en las funciones de la Corte Suprema, determinando las funciones prevalentes en este nuevo contexto político, social, jurídico e interpretativo. Se analiza también los modelos de cortes supremas en un esquema comparado. Para finalmente detallar la importancia del doble conforme como propuesta para los cambios necesarios en la Corte Suprema.

El objetivo de la presente investigación es explicar qué criterio general y método de interpretación serían los que más se ajustan a las normas administrativas referidas a las contrataciones del Estado, y cuál es la justificación de la inserción del numeral 49.6 en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, todo ello con motivo de dilucidar si el numeral 49.6, incorporado mediante el Decreto Supremo Nº 168-2020-EF, debe ser interpretado de tal forma que se aplique también a las Adjudicaciones simplificadas que derivan de Concursos Públicos y Licitaciones Públicas. El método empleado en el desarrollo de la presente investigación es el uso de las diversas fuentes del derecho, como la legislación y la doctrina. Así, nos apoyamos en el criterio interpretativo de las normas administrativas propuesto por el abogado Carlos Balbín, ya que su propuesta está ligada a diversos artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Las principales conclusiones fueron que, de acuerdo a la finalidad pública, los principios de las contrataciones con el Estado y los derechos de los administrados, el beneficio dirigido a las pequeña y micro empresas no puede ser utilizado en las adjudicaciones simplificadas cuando derivan de otros procedimientos de selección, ya que dicha figura jurídica existe solo con la finalidad de concluir rápidamente con el procedimiento de selección, debido a que esta tiene menos etapas procedimentales, además de menos exigencias y complejidades. / The objective of this research is to explain what general criterion and method of interpretation would be the ones that best conform to the administrative regulations referring to State contracting, and what is the justification for the insertion of numeral 49.6 in the Regulation of the Law of State contracting, all of this for the purpose of elucidating whether numeral 49.6, incorporated by means of Supreme Decree No. 168- 2020-EF, should be interpreted in such a way that it also applies to simplified awards that derive from Public Tenders and Public Tenders. The method used in the development of this research is the use of various sources of law, such as legislation and doctrine. Thus, we rely on the interpretative criterion of the administrative rules proposed by the lawyer Carlos Balbín, since his proposal is linked to various articles of the Law of General Administrative Procedure. The main conclusions were that, according to the public purpose, the principles of contracting with the State and the rights of the administrated, the benefit directed to small and micro enterprises cannot be used in simplified awards when they derive from other procedures. of selection, since this legal figure exists only for the purpose of quickly concluding the selection procedure, because it has fewer procedural stages, as well as fewer demands and complexities.