Mediante el presente trabajo se analizará el establecimiento de responsabilidad solidaria entre empresas de un mismo grupo empresarial, el mismo que ha realizado la jurisprudencia nacional y lo que propone establecer el proyecto de de la Ley General de Trabajo, en el cual se estipula la responsabilidad solidaria entre miembros de un mismo grupo empresarial respecto a los derechos de un trabajador que haya prestado servicios en los mismos, limitando así el derecho a la libertad de empresa. Es así que mediante el presente artículo analizaremos si la limitación a la libertad de empresa de los miembros de un grupo empresas se encuentra justificada y/o si dicha limitación es razonable, de ser el caso. / Trabajo académico

La normatividad laboral tiene como principal sujeto de protección al trabajador, sin embargo no nos ponemos a pensar que en las relaciones laborales de carácter privado; el empleador se puede ver afectado en tanto los propios trabajadores cometen ilícitos penales en contra de la propia empresa es el caso de los trabajadores de confianza, quienes según los procesos en investigación y sentenciados que hemos incluido como muestra que tuvieron lugar en el distrito Fiscal y Judicial de Cusco y Madre de Dios, se han venido cometiendo el delito de Apropiación Ilícita. Por lo que hemos demostrado a través de un análisis material de las fuentes del derecho la insuficiencia de un marco normativo laboral de previsión para este tipo de situaciones que se dan en la relación laboral de carácter privado, es por ello la necesidad de liberalizar la legislación laboral los cuales nos permitan el cobro de los perjuicios patrimonial de derechos disponibles de los trabajadores con la finalidad de evitar procesos judiciales laborales y penales latos y evitar crisis, desaliento empresarial y en el peor de los casos quiebras de algunas empresas. El principal instrumento metodológico utilizado ha sido la argumentación, matizada con adecuados criterios hermenéuticos y demás herramientas jurídico-legales teniendo como áreas de investigación el Derecho laboral, constitucional y penal. Se ha demostrado entonces la hipótesis planteada inicialmente la cual es que existe una insuficiencia del marco normativo laboral vigente, ya que son escazas las posibilidades que tiene el empleador de cautelar el patrimonio empresarial en este escenario penal que es la Apropiación Ilícita, teniendo como conclusión final que no existe posibilidad de retención de sus beneficios laborales solo el de retención temporal de la Compensación por Tiempo de Servicios pero por un plazo muy breve de no más de 30 días pero previa demanda laboral de despido por falta grave del trabajador; entonces hacerse un cobro de cualquier beneficio laboral de carácter remunerativo o no remunerativo sería ilegal, quedando solo el campo penal para tratar de resarcir el daño patrimonial ocasionado, por lo cual hemos planteado una modificación del Artículo 2 numeral 6 del Código Procesal Penal, que en buena medida ayudarían a las empresas a recuperar el daño patrimonial ocasionado. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Busca establecer la importancia decisiva que tiene la exacta comprensión por los jueces en materia de Derechos Reales y en particular de la usucapión, sobre todo en problemas como el concepto del “justo título”, la “posesión” o la “posesión a título de dueño”, como paso previo para resolver los litigios de manera satisfactoria para los justiciables. Se debe precisar, sin embargo, que el objeto de investigación de esta tesis es la usucapión o prescripción adquisitiva de dominio no tanto desde el punto de vista doctrinario, donde parece estar clara su conceptualización, sino específicamente la escasa comprensión de la usucapión por los jueces a la luz de nuestra jurisprudencia. Tal es el campo al cual estará avocado el estudio. La usucapión tal como es entendida o, mal entendida por los jueces a la luz de la jurisprudencia. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Trata de demostrar que, a pesar de la violencia contra la persona que impera en gran medida en el mundo actual, el derecho no cesa de buscar y desarrollar nuevos principios y novedosas fórmulas de tutela del ser humano. En el primer capítulo aborda las bases de este derecho, contemplándolo como derecho fundamental del ser humano. En efecto, el ser humano es un ser libertad y, precisamente por serlo, es idéntico a sí mismo. Todos los seres humanos son iguales pero, como está científicamente comprobado, no hay dos seres humanos idénticos. A lo más, pueden ser muy parecidos, como es el caso de los gemelos. No hay dos proyectos de vida idénticos. En efecto, la identidad se sustenta en la libertad, la que constituye el ser del hombre. Ésta permite que cada ser humano realice, de acuerdo con su decisión, su único, singular e irrepetible “proyecto de vida”, dentro de los condicionamientos y determinismos provenientes de la naturaleza que lo limitan y lo constriñen. El derecho a la identidad personal visto como producto de la jurisprudencia es materia del segundo capítulo. Destaca como en la evolución y desarrollo de la figura jurídica de la identidad personal han especialmente la jurisprudencia. La evolución de nuestro derecho se sustenta en dos sentencias muy ilustrativas como son la pronunciada el 6 de mayo de 1974 por un juez romano y la de 30 de mayo de 1979 emitida por un juez de Turín. Es a partir de estas sentencias, que constituyen verdaderos hitos históricos en el desarrollo de la teoría del derecho a la identidad personal, que se despierta y se acrecienta sucesivamente el interés de los juristas. La distinción entre el derecho a la identidad personal y otros derechos existenciales de la persona es estudiada en el tercer capítulo de la presente investigación. En un primer momento, la situación jurídica subjetiva atinente a la identidad personal fue confundida con otros derechos de la persona que le están conceptualmente próximos. Entre éstos se cuentan, fundamentalmente, aquellos referentes a los signos distintivos -nombre, seudónimo- a la intimidad, al honor, a la reputación y al derecho de autor. Esta inicial confusión ha ido paulatinamente esclareciéndose gracias a la acción concertada de la jurisprudencia y la doctrina. Sin embargo, aún quedan algunas dudas que la ciencia jurídica deberá disipar. Por último, en el capítulo cuarto dedica la atención al derecho a la identidad sexual. La identidad sexual es considerada como uno de los aspectos más importantes, delicados, discutidos y complejos de la identidad personal. La identidad sexual constituye un elemento de la identidad personal en la medida que la sexualidad se halla presente en todas las manifestaciones de la personalidad del sujeto. Es, por ello, que no puede prescindirse de su tratamiento cuando se hace referencia a la identidad personal. / Tesis

A lo largo de este trabajo observaremos cómo, siendo en principio juristas, llegamos a adquirir nuestra personalidad antropológica y también cómo, en distintas etapas, ha predominado una de ellas, mientras que la otra ha aparecido tímidamente. En efecto, en el primer capítulo observaremos el proceso por el que el derecho peruano se acercó a la antropología en la década del setenta del siglo pasado, cuyo resultado permitió el inicio de los estudios sobre pluralidad legal en nuestro país, corriente que aún hoy subsiste. El segundo y tercer capítulo nos permitirán una mirada panorámica a qué se ha dicho y explicado sobre este tema y nos mostrará cómo hasta 1993 llegó a predominar un estilo antropológico, mientras que el lóbulo cerebral que nos hace juristas se fortalecerá a partir de entonces, como consecuencia entre otros factores de la influencia de importantes normas que recogieron ciertas ideas sobre pluralidad jurídica entonces existentes. / Tesis

Con docto acierto decía García Rada (en una definición que no pierde actualidad), que si el individuo quebranta la ley penal, el Estado tiene la obligación de sancionarlo debidamente (constituyendo ello una relación Estado-persona), siendo que el medio legal para la aplicación de la ley penal, está contenido en el Derecho Procesal Penal, que tiene como finalidad establecer la existencia del delito y la persona de su autor como el agente que realmente cometió el delito (1984, p. 9). Pero la realidad actual demuestra una creciente sensación de impunidad que ha penetrado hondamente la conducta social, y la violencia en gran medida es fruto de la impunidad y a ella se aúna y contribuye la inexistencia de un sistema judicial razonable. La crisis del sistema procesal penal en nuestro país no es un fenómeno nuevo, ni puede atribuirse exclusivamente a la crisis o a la inadecuación de un sistema procesal como el mixto. Esta crisis es mucho más compleja y el mantenimiento de un proceso penal obsoleto sólo ha contribuido a agravarlo. Es esta la realidad actual, en la que se enfrenta un proceso de reforma procesal penal, apreciada por algunos y duramente criticada por otros. De esta manera, las disfunciones que presenta el sistema procesal penal peruano, ha obligado al legislador a optar por otros mecanismos más expeditivos y viables, para amenguar la imposibilidad material de que todas las causas criminales que ingresan al sistema procesal, penal puedan ser objeto de aceptables y garantistas procesos comunes lineales. Surge así, en el contexto de una pretendida reforma procesal penal integral, la legitimación de ciertos “mecanismos procesales simplificadores”, orientados a la búsqueda de soluciones anticipadas de naturaleza consensuada. Al efecto, manifiesta Brousset Salas, sea que se trate de institutos procesales insertables o insertados en el proceso común (como la confesión sincera o la conformidad introducida por la Ley 28122, bajo la denominada “conclusión anticipada del juzgamiento”), o de procesos especiales alternativos a este (como el proceso de terminación anticipada, el proceso inmediato o el proceso por colaboración eficaz), las fórmulas de simplificación procesal, concebidas modernamente, no son otra cosa que mecanismos basados en criterios de especialidad, necesidad y razonabilidad, que propenden a la eficacia y celeridad del procesamiento penal, dentro del marco de un debido proceso, que sin vulnerar los derechos procesales del imputado, se orienta a la búsqueda de una solución consensuada, donde las partes legitimadas (entiéndase el fiscal, el procesado y su abogado defensor) convengan dentro de ciertos límites, no solo la extensión de la pena a imponerse, sino eventualmente también, los términos fácticos y jurídico penales de la condena (2009, p. 82). Pero el problema radica en que si esta forma de justicia transaccional y expeditiva, podría estar debilitando la seguridad jurídica y la legalidad del proceso penal, al casi obligarse al imputado, sujeto a medida de detención o en su caso formalizado contra él la investigación preparatoria conforme a los artículos 468 y 336 del C.P.P., a aceptar no sólo su culpabilidad sino la pena y la reparación civil, so pretexto de una “benignidad” en la pena a aplicarse. Al efecto, se ocupa del estudio de los fundamentos, legitimación y problemas, que pueda presentar en su inserción al sistema procesal penal peruano la terminación anticipada. / Tesis

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