Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La memoria plantea que los mecanismos de denuncia, investigación y sanción de vulneraciones policiales efectuadas en este contexto resultan ineficaces. Por una parte, destaca el hermetismo de los mecanismos administrativos internos de denuncia y sanción a 14 los funcionarios de Carabineros y Policía de Investigaciones, que inhiben la participación de los afectados y la ciudadanía en general, abordando las denuncias administrativas como un asunto de interés meramente institucional y no de interés público, en desmedro de las garantías del debido proceso que debieran regir para los afectados. Por otra parte, aborda la insuficiencia de los mecanismos penales externos a las instituciones policiales para hacer frente al, a su juicio, gran volumen de denuncias de irregularidades policiales que merecerían reproche penal, o al menos, investigaciones penales exhaustivas. A modo de ejemplo, se destaca que, entre el año 1999 al 2013, del total de 20.742 denuncias por violencias innecesarias registradas en el período señalado, solo se registraron aprox. 369 sentencias condenatorias.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Es innegable la importancia de la protección de la niñez y adolescencia en toda sociedad, en incontables ocasiones hemos escuchado y dicho que “los niños son el futuro”. Las consideraciones, sociales, culturales, morales y todo tipo son diversas según las distintas sociedades y por ello no es posible pretender que el criterio de protección sea unificado de una sola vez, ya sea con la mera ratificación de instrumentos internacionales o la consagración de los derechos establecidos en ellos en el ordenamiento nacional. En nuestro país, se han dado los pasos descritos, sin duda se ha avanzado en adecuar nuestra legislación a los parámetros internacionales de protección de los niños, niñas y adolescentes, sin embargo pese a que se encuentra en tramitación el proyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia, nos queda mucho tiempo para seguir aplicando la normativa vigente y que ha demostrado ser insuficiente para los tiempos actuales. En este trabajo me enfoqué en el análisis de uno de los derechos del niño en particular, el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído, que, si bien tiene implicancias en muchos ámbitos de su desarrollo, fue analizado en particular en cuanto a la forma que es recogido en el derecho Internacional, comparado, su consagración en el actual Derecho de Familia Chileno y su desarrollo en la esfera judicial de la justicia de familia.

Hay en el mundo unos 250 millones de niños y niñas de entre 5 y 14 años que trabajan. Así lo han afirmado y probado diferentes organismos internacionales, entre ellos UNICEF y OIT, a más de los reconocimientos parciales efectuados por los diferentes Estados involucrados y las organizaciones no gubernamentales locales. Este es justamente el tema que se intentará analizar a lo largo de este trabajo, interdisciplinariamente desde la perspectiva de las relaciones internacionales y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el contexto de modelo económico neoliberal imperante en los últimos años en los países que conforman actualmente el Mercado Común del Sur-MERCOSUR.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La siguiente memoria tiene por objetivo analizar la eficacia de la regulación que hace la Ley N°19.968 del derecho del niño a ser oído, y así determinar la forma en que se ejerce este derecho en Chile. Se utilizan fuentes documentales que permiten establecer, en abstracto, el marco en que debiese ejercerse este derecho, conforme a la regulación internacional de la Convención sobre Derechos del Niño. Posteriormente se determina la forma en que la legislación nacional ha incorporado al derecho interno el derecho del niño a ser oído, específicamente en los procedimientos ante Tribunales de Familia presentes en la Ley N° 19.968. Para finalizar con casos jurisprudenciales, de los años 2009-2013, en los que los tribunales superiores de justicia se han referido a este derecho. Si bien la Convención Internacional sobre Derechos del Niño es parte de nuestro ordenamiento nacional, en virtud del artículo 5 de la Constitución Política de la República, es necesario que la legislación especial, en particular la que regule procedimientos en los que se debe ejercer este derecho por niños, niñas y adolescentes involucrados, establezca el modo práctico: contexto, oportunidad, forma de solicitud, plazo, etc. La regulación por Ley N° 19.968 y su v aplicación práctica presenta aspectos que dificultan la participación de menores de edad en estos procedimientos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Este trabajo analiza el principio del interés superior del niño, su recepción por parte de los Tribunales de Justicia chilenos y su aplicación como principio general del derecho. Para ello, nos centraremos en el estudio de la jurisprudencia nacional en diversas áreas del derecho de familia como cuidado personal, relación directa y regular, alimentos y adopción, además en materias que, si bien escapan del ámbito tradicional de aplicación de este principio, también encuentran cabida como educación, salud, responsabilidad penal adolescente y derecho migratorio, manifestando de ese modo su carácter de principio general. Estudiamos los principales instrumentos internacionales que regulan la materia y cómo se han ido incorporando en nuestro derecho interno a través de las distintas reformas legislativas, especialmente en el derecho de familia. Analizamos, de manera particular, la Convención de los Derechos del Niño y Observación Nº 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, que han influenciado reformas legislativas que se han expresado en las Leyes Nº 19.685 sobre filiación, Nº 20.084 de responsabilidad penal adolescente y Nº 20.680 que modifica el Código Civil, entre otras materias, en cuidado personal y relación directa y regular. Realizamos una breve reseña de la recepción de este principio por parte de la doctrina y el legislador en cada temática abordada, para finalmente analizar críticamente cómo los Tribunales de Justicia han dado concreción a este principio expresado en su definición, funciones, criterios de determinación y alcances al momento de fallar. Para la elaboración de esta tesis revisamos un total de 384 sentencias desde los años 2004 al 2015, emanados de los Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Constitucional e, incluso, la Dirección del Trabajo. Sin embargo, en atención a su relevancia, solo 328 fallos se incluyeron en este trabajo. De ese número de sentencias, 118 corresponden al análisis jurisprudencial propiamente tal. Finalmente, realizamos 45 fichas descriptivas de los casos.

Tesis para optar al Grado de Magíster en Psicología Clínica de Adultos / El recorrido aquí presentado tiene como eje común la persistencia por poner en palabras una experiencia en el marco de las residencias de protección para lactantes y preescolares en Chile, en conjunto con las diversas problemáticas con las que ahí se encuentra la clínica psicoanalítica con niños al abordar situaciones de institucionalizaciones tempranas, entorno que, además de clínico, se acerca a la reflexión social y política en relación con la infancia, ya que tales lugares, constituidos por programas estatales, se configuran como espacios donde ésta se produce. Por esta razón el trabajo clínico realizado en este contexto exige ser pensado en el marco institucional en el que se ubica, para hacer dialogar allí las problemáticas observadas con las condiciones institucionales que muchas veces velan, sostienen y producen tales problemas. Al considerar estas variables, es que la demanda de un trabajo clínico puede ser pensada y articulada, en primera instancia, al sufrimiento particular de cada niño o niña que ha vivenciado separaciones tempranas y periodos de institucionalización importantes, y en segundo lugar, integrando aquellas claves discursivas que el Otro social ofrece y en donde el niño queda posicionado, para desde ahí dar cabida y espacio a lo singular de la subjetividad y la realidad inconsciente.

La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por el gobierno peruano el 4 de setiembre de 1990. La Convención es un tratado internacional que obliga al gobierno peruano a cumplir con su aplicación y rendir cuentas sobre su cumplimiento al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. La convención cuenta con 54 artículos, los cuales recogen los principios de los derechos de la/el niña, niño y adolescente dentro del marco económico, social y cultural. El principal fundamento de la Convención radica en el artículo 12 el cual reconoce el derecho de cada niña, niño y adolescente a expresar su opinión y ser escuchado en todas las decisiones que los afecte. El artículo 12 en concordancia con los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 enfatizan sobre la libertad de expresión, pensamiento, asociación, privacidad e información apropiada, los cuales relacionados con las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños puntualizan la importancia de asegurar la participación informada de las/los niñas, niños y adolescentes en todos los aspectos de su desarrollo. En el Perú se estima que aproximadamente 10,000 niñas, niños y adolescentes (NNA) viven en un Centro de Atención Residencial y el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021 (PNAIA 2012 - 2021) incluye como parte del Resultado Esperado No. 22 la implementación de medidas que aseguren la participación activa de las/los niñas, niños y adolescentes en su desarrollo como adultos. La investigación es pertinente para la Gerencia Social porque permite identificar sobre cuán informados están las/los NNA de un Centro de Atención Residencial, sobre los temas en los que están involucrados, sobre su derecho a participar, ser escuchados e incidir en las decisiones que se toman conjuntamente con los adultos.La investigación es un estudio de caso de tipo cualitativo, las unidades de análisis son las/los niñas, niños y adolescentes de 11 a 18 años de edad, las Cuidadoras o Madres sociales y el Equipo técnico de la Aldea Infantil SOS ubicado en el distrito de Pachacamac. La muestra ha sido seleccionada bajo la modalidad de juicio y conveniencia. La investigación busca conocer los factores que están contribuyendo o limitando la participación de las/los NNA en la planificación operativa y la implementación de la aldea infantil SOS en el distrito de Pachacamac, para ello se analiza el nivel de participación de las/los NNA, la percepción de las/los NNA sobre su participación con relación a los adultos o equipo ejecutor y finalmente se identifica los principales cambios que experimentan los actores involucrados. / The Convention on the Rights of the Child was adopted by the United Nations Assembly on November 20, 1989 and ratified by the government of Peru on September 4, 1990. The Convention is an international treaty that obliges the Peruvian government to observe the Convention and to account for its implementation and compliance to the United Nations Committee on the Rights of the Child. The Convention on the Rights of the Child sets out these rights in 54 articles, which include the principles of the child and adolescent rights under an economic, social, and cultural framework. The basis of the Convention is laid down in article 12 which recognises the right to each child to express his or her views freely in all matters affecting their existence. Article 12 in accordance with articles 13, 14, 15, 16, and 17 give emphasis to the freedom of expression, freedom of thought, and freedom of association. In addition, right to information and protection of privacy. All these rights in accordance with the Guidelines for the Alternative Care of Children, point out the children participation in all aspects of their lives. In Peru approximately 10,000 girls, boys and adolescents live in a residential care facility. The 2012-2021 National Action Plan for children and adolescents, covers as part of the Expected Result No. 22 the implementation of the measures that ensure the active participation of the children-girls, boys, and adolescents-in their growth and development as young adults. The present study is relevant for the Social Management because contributes to a better assessment about how well informed are the children and teenagers from a Residential Care Facility on subjects related to their rights to speak and to be heard, and to influence decisions that are taken jointly by them and adults. This is a qualitative research study which elements of analyzes are children and teenagers from 11 to 18 year old, caregivers of children or social mothers, and technical team of the SOS Children Village in the District of Pachacamac. The sample of the research has been chosen under trial and for convenience pattern. The study explores all the factors that facilitate or limit the participation of the children and youth in the operational planning and implementation of the SOS Children Village in the District of Pachacamac. The study analyzes the level of the child participation, his or her participation perception as regards the other adults who participate in the different programs. Finally the study also identifies the main changes experienced by all actors involved in the process. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta investigación se busca constatar si se ha aplicado la Ley No. 18.314 Sobre Conductas Terroristas a menores de edad después de su reforma de junio de 2011, en la cual se excluyó expresamente a los niños de su aplicación. A través de la recopilación y análisis de jusrisprudencia se concluye que después de 2011 se ha continuado aplicando de manera indirecta la normativa antiterrorista en los procesos de menores. Ésto se ha hecho a través de la aportación de prueba efectuada por el Ministerio Público, obtenida conforme a las normas procesales de la Ley No. 18.314 en la investigación contra los adultos, para probar los hechos de la acusación contra los adolescentes. Así, el Estado está vulnerando los derechos y garantías penales de los menores infractores, a los que se ha obligado al ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales de derechos humanos. En particular, el Estado ha infringido el deber de adoptar un régimen de justicia penal especial para menores.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / El trabajo se divide en dos partes, la Primera parte se aboca netamente a un somero marco teórico de la investigacíón y trata del delito de robo. L Segunda parte de nuestro trabajo se aboca integramente al desarrollo de la investigación realizada mediante la recolección y posterior esquematización gráfica de los datos obtenidos a través de las causas ingresadas al Sexto Juzgado de Letras de Menores de Santiago. Una vez realizado lo anterior, se analizaron en forma general los datos recolectados desde el libro de ingresos del Tribunal a través del sistema de gráficos del tipo torta, para luego dedicarnos específicamente a aquellos datos que dicen relación con el trabajo en estudio, el delito de robo en sus distintas especificaciones cometidos por menores de edad. Hecho lo anterior, se hizo una conclusión de nivel general respecto de los ingresos totales y el delito de robo en torno al cual apreciamos la evolución del ilícito en estudio durante los períodos investigados.

Autorizada por el autor, pero con restricción para ser publicada en tesis electrónica. / El presente estudio de caso, tiene como objetivo general “Desarrollar un diagnóstico en los procesos de planificación y control presupuestarios del Servicio Nacional de Menores, con el fin de establecer su relación con la toma de decisiones de los directivos públicos”. Para ello se aplicó una entrevista directa con 7 jefes de los principales departamentos técnicos y administrativos de la Dirección Nacional del SENAME y dos profesionales externos (stakeholders), uno del Ministerio de Justicia y el otro de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, analizando cuatro dimensiones de la organización para un obtener un análisis mas completo de ella; Institucional, Recursos Humanos, Presupuestaria y Planificación y Control de Gestión. En el análisis del plano institucional se concluye que el SENAME no está efectuando una revisión íntegra y participativa con sus estamentos involucrados en su misión y objetivos estratégicos, por el contrario su revisión se realiza en cuatro paredes por tres profesionales del Dpto. de Planificación con la aprobación de su Director(a) Nacional. Lo que se difiere con la importancia pública y de contingencia nacional que tiene este servicio a nivel nacional, el cual recién tiene cuatro años de la aplicación de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, Ley 20.084. Política Pública de importancia, que amerita una revisión permanente de los objetivos en todos sus departamentos, direcciones regionales y unidades técnicas a nivel nacional. El plano de los recursos humanos, la rotación permanente de sus directivos, tanto nacionales como de sus jefaturas de departamentos, perjudican la estrategias, clima laboral y metas institucionales. Falta una mayor especialización en las labores del plano técnico presupuestario lo que mejoraría considerablemente la gestión del servicio. Se requiere una mayor presencia supervisores financieros capacitados y dotados del material necesario para que realicen un control más profundo y permanente de los recursos financieros entregados a las direccional regionales, centros de administración directa y transferidos a organismos colaboradores. El lo presupuestario, se presenta debilidades y problemas metodológicos, debido a que esta organización, no cuenta con un proceso formal (escrito) de los procedimientos, participación y plazos de la conformación del presupuesto anual. En la dimensión de Planificación y Control se observa que existe una discordancia entre la formulación estratégica y el presupuesto, ya que éstas (las primeras) son elaboradas después de que el presupuesto ha sido presentado al Ministerio de Justicia para su aprobación. Por lo tanto las metas del SENAME se ajustan a lo que establece el marco presupuestario, debiendo ajustarse a sus estrategias, lo que tiende a producir una ineficiencia y problemas de gestión de la organización. Por lo anterior, se sugiere, establecer un calendario que coordine los tiempos en que se elabore una estrategia del servicio de manera participativa previo al presupuesto anual y que este cuente con un procedimiento formal, aprobado y de conocimiento masivo de los procesos y tiempos de la elaboración del presupuesto institucional.