El fenómeno migratorio está reconfigurando el escenario internacional y genera importantes desafíos para los Estados, quienes deben asegurar el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas independientemente del país de origen. Los grandes flujos migratorios hacia Europa, Asia y Estados Unidos de Norte América se han mantenido a pesar de la crisis económica que vienen afrontando y, al mismo tiempo, se está consolidado el flujo migratorio intrarregional en América Latina. Un factor clave para entender el fenómeno de la movilidad humana está relacionado a la búsqueda de mejores condiciones de vida; en este sentido, la búsqueda de trabajo mejor remunerado sigue siendo la causa principal para dejar el país de origen y cruzar las fronteras; sin embargo, debemos precisar que las redes sociales y familiares posibilitan grandemente el desplazamiento y la inserción en los países de destino. En el caso peruano, en las últimas décadas, se ha pasado de ser un país receptor de inmigrantes a ser uno de los principales países emisores de la región. Como país emisor no ha tenido urgencia en asumir, política y jurídicamente, este importante fenómeno migratorio que está transformando las dinámicas sociales, familiares y culturales en gran parte de su población; sin embargo, la movilidad constante de ciudadanos peruanos a países vecinos de la región comienza a exigir la definición de políticas públicas migratorias acordes con los marcos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos de las personas migrantes, así como la mejora de la gestión fronteriza y la promoción de convenios bilaterales o regionales que permitan garantizar la protección de los derechos humanos de sus conciudadanos, especialmente de aquellas personas que trabajan fuera de las fronteras nacionales pero que conservan su residencia en territorio peruano.

Las organizaciones sindicales cumplen un rol imprescindible en todo Estado social y democrático de Derecho, por cuanto son la expresión del ejercicio de un principio y derecho fundamental, como es la libertad sindical; a través de la cual se fortalece el sistema democrático, se consolida el desarrollo económico de una nación, y se procura la paz social por medio de la obtención del trabajo decente. Así, unas organizaciones sindicales fuertes y consolidadas contribuirán a través del diálogo y la participación social, a una mejor distribución de la riqueza y ampliación de oportunidades, con el objeto de eliminar o reducir las desigualdades y la exclusión social; objetivos que podrán alcanzarse mediante la aplicación de políticas públicas como mecanismo democrático. Por estas razones, creemos necesaria la formulación de una guía para la elaboración de una política pública en favor de la sindicación, la misma que consideramos coadyuvará con una mejor organización por parte de los trabajadores, yfortalecimiento de su accionar en cuanto a la búsqueda de un equilibrio de poderes y ampliación de oportunidades; posibilitando finalmente la ampliación de la base de trabajadores sindicalizables y el crecimiento del número de trabajadores sindicalizados y de esta manera lograr igualmente, un empleo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana

El secreto bancario tiene una regulación específica en materia bancaria y financiera, y a nivel jurisprudencial se ha determinado su contenido constitucionalmente protegido. Sin embargo, en materia laboral no ha habido un desarrollo legal o jurisprudencial que permita resolver controversias surgidas frente a la concurrencia contradictoria entre este derecho constitucional y el derecho de fiscalización y sanción del empleador. Lo que se analiza en este artículo son las implicancias para el empleador que sancione al trabajador por faltas sustentadas a partir del uso de la información financiera de éste producto de una invasión al derecho del secreto bancario. El derecho a la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad como manifestación del derecho a la vida privada sin interferencias ilegítimas, tiene su concreción de carácter económico en el secreto bancario. Si bien este derecho tiene protección constitucional por ser la constitución una norma jurídica con eficacia inmediata y directa, no obstante, podría presentarse determinadas circunstancias que exijan la protección de otros derechos fundamentales, que conlleven la posibilidad de que se limite el ejercicio del secreto bancario, procediendo su levantamiento que podrá ser llevado a cabo únicamente por el Juez Laboral en el proceso laboral que entable el empleador a fin de producir los indicios que corroboren sus sospechas de un actuar ilegítimo del trabajador, que afecta la economía y finanza de la empresa. En ningún caso el empleador puede invadir la reserva de las operaciones bancarias ni acceder a la cuenta de ahorros del personal que se encuentra vinculado con un contrato de trabajo, ya que de hacerlo contravendría la norma constitucional señalada en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política.

De los procesos constitucionales se puede decir, a grandes rasgos, que constituyen instrumentos a través de los cuales se despliega la potestad jurisdiccional del Estado y se caracterizan porque su creación o configuración suele venir de la propia Constitución y no únicamente de una norma legal. A esta característica (de tipo formal) se puede agregar que los procesos constitucionales tienen como finalidad esencial garantizar la supremacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. En nuestro país, la Constitución de 1993 consagra expresamente un total de siete procesos constitucionales (aunque, atendiendo a su finalidad, la doctrina ha discutido la conveniencia de calificar a algunos de ellos como tales): a) el proceso de hábeas corpus, b) el proceso de amparo, c) el proceso de hábeas data, d) el proceso de cumplimiento, e) el proceso de acción popular, f) el proceso de inconstitucionalidad; y, g) el proceso competencial. De los procesos mencionados, los tres primeros se configuran, por excelencia, como mecanismos orientados a la defensa de la persona frente a aquellos actos u omisiones que vulneran o amenazan sus derechos fundamentales. De ahí que puedan ser agrupados bajo la denominación de “procesos constitucionales de tutela de derechos fundamentales” o “procesos constitucionales de libertad”.

La presente investigación tiene por finalidad determinar el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la remuneración. Esta labor es importante porque, como se sabe, sólo este tipo de contenido goza de garantía constitucional, a través del proceso de amparo. Si los jueces no conocen el contenido constitucional del derecho a la remuneración, corren el riesgo de decretar la improcedencia de demandas de amparo que, justamente, versan sobre aquel. Este error ocasiona la desprotección constitucional del derecho a la remuneración. Seguramente, el lector de estas páginas no es ajeno a la idea del Tribunal Constitucional peruano (y de cierto sector de la doctrina) sobre la existencia de un “contenido esencial” en los derechos fundamentales. Pues bien, mi argumentación va en sentido contrario: el derecho a la remuneración no tiene un “contenido esencial”, sino un “contenido constitucionalmente protegido”, que no es equiparable de ningún modo a aquel.

El presente trabajo de investigación surge como una motivación respecto al papel cada vez más activo de las Cortes y Tribunales Constitucionales en América Latina en el reconocimiento y protección de los derechos humanos. Es innegable el rol protagónico que viene desempeñado el juez constitucional en el Estado Social, Constitucional y Democrático de Derecho, aunado a la conciencia ciudadana de acudir, cada día más, a la jurisdicción constitucional para solicitar la tutela de sus derechos y materializar las garantías constitucionales. Auge que no solo corresponde a la protección de los derechos civiles y políticos, sino que en las últimas dos décadas se ha ampliado notablemente a favor de los derechos sociales. Paradójicamente, ante la labor activa de los jueces constitucionales también nos encontramos con otra realidad, que consiste en la insatisfacción de las necesidades básicas de buena parte de las sociedades latinoamericanas. Insatisfacción que se traduce en desprotección de los derechos humanos, principalmente de los derechos sociales, como son: salud, saneamiento básico, vivienda, educación, entre otros. Pues, no es fácil armonizar la protección efectiva de los derechos humanos con la compleja realidad social y los escasos recursos estatales que se destinan a su protección. Además, en algunos casos nos encontramos ante situaciones de desarticulación institucional, inaplicación o ausencia de reglamentación y/o de políticas públicas, insuficiente apropiación presupuestal y trabas burocráticas que afectan sustancialmente el disfrute de los derechos humanos.

La presente investigación versa sobre un tema que la doctrina y la jurisprudencia nacional aun no desarrollan suficientemente: “La Remuneración Mínima Vital y demás Derechos Laborales Constitucionales como Límites Materiales del Contrato-Ley”. El contrato-ley es introducido en nuestro ordenamiento jurídico con la finalidad de atraer y fomentar las inversiones. Fue plasmado por primera vez en el artículo 1357º del vigente Código Civil de 1984. Posteriormente, se recogió a nivel constitucional en la vigente Carta Fundamental del año 1993. Conforme a estas normas, mediante el contrato-ley el Estado puede establecer garantías y seguridades jurídicas a favor de los inversionistas, las cuales no pueden ser modificadas legislativamente con posterioridad a su celebración. Así pues, este instrumento constituye un compromiso estatal frente a un particular, de no alterar, por un plazo determinado, el régimen jurídico bajo el que contrataron. Es decir, el Estado podrá modificar posteriormente el régimen legal, pero esta modificación no tendrá efecto para el referido inversionista en el ámbito y marco de lo pactado.

El presente Trabajo de Investigación tiene por objetivo principal determinar la afectación de derechos fundamentales como la igualdad, no discriminación, libertad, educación e intimidad de las y los postulantes que participan de los procesos de admisión llevado a cabo por la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial –Escuela de Oficiales y Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional Policial-; por cuanto, en la primera etapa de dicho proceso, se exige la presentación de una declaración jurada de “Estar soltero(a) y no tener hijos”, conforme lo establece el artículo 70-A del Decreto Supremo N° 021-2019-IN, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1318, Decreto Legislativo que regula la formación profesional de la Policía Nacional del Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 022-2017- IN; Máxime, cuando previo a la dación del Decreto Legislativo N° 1318, Decreto Legislativo que regula la formación profesional de la Policía Nacional del Perú, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 022-2017- IN y modificatorias efectuadas mediante Decreto Supremo N° 002-2019-IN y Decreto Supremo N° 002-2019-IN respectivamente, el Tribunal Constitucional ha prohibido considerar como desventaja la condición de padre o madre, o de encontrarse en la condición civil de casado(a); y, la institución policial es la encargado de respetar y hacer respetar las normas constituciones y sobre todo proscribir todo tipo de vulneraciones. / The main objective of this Research Work is to determine the affectation of fundamental rights such as equality, non-discrimination, freedom, education and privacy of the applicants who participate in the admission processes carried out by the National Police Professional Training School –School of Officials and Schools of Higher Education Technical Professional Police-; because, in the first stage of said process, the presentation of an affidavit of "Being single and not having children" is required, as established in Article 70-A of Supreme Decree No. 021-2019-IN , which modifies the Regulation of Legislative Decree No. 1318, Legislative Decree that regulates the professional training of the National Police of Peru, approved by Supreme Decree No. 022-2017-IN; Especially, when prior to the issuance of Legislative Decree No. 1318, Legislative Decree that regulates the professional training of the National Police of Peru, its Regulations approved by Supreme Decree No. 022-2017-IN and amendments made by Supreme Decree No. 002 -2019-IN and Supreme Decree No. 002-2019- IN respectively, the Constitutional Court has prohibited considering the condition of father or mother as a disadvantage, or of being in the civil condition of married; and, the police institution is in charge of respecting and enforcing the constitutional norms and, above all, prohibiting all kinds of violations.

La investigación aborda el problema jurídico que se presenta cuando un proceso civil de conocimiento en el que se discuten pretensiones susceptibles de valoración económica se prolonga más de lo debido, y se justifica en la necesidad de encontrar una respuesta jurídica frente a este problema, una respuesta que no se limite a la perspectiva legal del asunto, sino que se fundamente en premisas constitucionales. La interpretación de la Constitución se plantea entonces como un primer problema, superado el cual se desarrolla la tesis de que, al menos en ciertos casos, el ordenamiento jurídico peruano ordena la aplicación de medidas de anticipación de tutela en el proceso civil de conocimiento en el que se discuten pretensiones susceptibles de valoración económica. Esta es también la principal conclusión alcanzada: Que la respuesta que el ordenamiento peruano brinda frente al problema de una duración excesiva del proceso es, al menos en ciertos casos, la aplicación de medidas de anticipación de tutela.

El día 5 de marzo del 2013, a las 16:25 horas de la tarde, el entonces vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, anunció afligido, por cadena nacional, el fallecimiento del “comandante presidente” Hugo Chávez Frías, recientemente reelecto en octubre del 2012. La reacción ante la muerte de Hugo Chávez fue contundente. Personalidades de todo el mundo mostraron sus condolencias con la vacancia presidencial venezolana. El tema no era para menos, Hugo Chávez fue electo presidente el año 1998 y lo fue hasta el día de su muerte, y tal vez ya la región había olvidado la existencia de Venezuela sin Chávez. Como dispone la Constitución Venezolana, en su artículo 113, se convocó a comicios nacionales para la elección del nuevo presidente. Los dos candidatos que lideraron el proceso electoral fueron el ya mencionado vicepresidente Maduro reivindicando el proyecto oficialista y la V República Bolivariana y, por otro lado, el candidato de la oposición Henrique Capriles, por el movimiento antichavista Primero Justicia. Las elecciones polarizaron al país, y en una reñida segunda vuelta celebrada el 14 de abril del 2013, antes siquiera de haber concluido el conteo de votos, el Consejo Nacional Electoral declaró la