Las Rondas Campesinas como institución comunal surgen como respuesta social ante la desconfianza en la administración de justicia ejercida por la jurisdicción ordinaria, en este marco coyuntural se puede apreciar una suerte de justificación constituida por la ausencia de límites fácticos y normativos a las facultades jurisdiccionales ejercidas por las Rondas Campesinas puesto que tal circunstancia ha conllevado a determinar una inadecuada calificación a la acción de retener a un sujeto en ejercicio de las facultades jurisdiccionales considerándola como secuestro. Lo descrito despierta el interés por identificar la verdadera causa de tal calificación jurídica; por lo que, habiéndose trazado como metas verificar los alcances de la protección de los derechos fundamentales desde la perspectiva de la jurisdicción ordinaria y jurisdicción comunal; así como, la verificación del criterio jurisdiccional para calificar la conducta antes señalada. Resultado que permitirán identificar las aristas problemáticas que deberán ser solucionadas con la propuesta a sugerir.

En la presente investigación, se desarrolla el objetivo de proponer criterios para un marco jurídico normativo que regule el uso de elementos de seguridad, a falta de este en el distrito de José Leonardo Ortiz provincia de Chiclayo a fin de no lesionar el derecho a la libertad de tránsito, planteando además una propuesta de solución ante la falta de regulación. El aumento de la desigualdad socioeconómica, así como la sensación de inseguridad ciudadana por incapacidad del Estado, a través de sus funcionarios públicos, para brindar la seguridad a los ciudadanos, aunado al sentimiento generalizado de inseguridad genera que las políticas de seguridad públicas, privadas o comunitarias produzcan modificaciones en su estructura urbana y el más notable de estos cambios tiene que ver con el fortalecimiento de la segregación urbana, siendo una de las formas la colocación de elementos de seguridad (rejas, tranqueras, plumas levadizas, entre otros) en la vía pública. Es así que surge la necesidad de reflexionar sobre los alcances de la seguridad ciudadana y libertad de tránsito frente a posibles conflictos.

El derecho a la objeción de conciencia constituye uno de los principales derechos fundamentales con gran potencialidad de desarrollo filosófico-jurídico en el contexto actual. Dado que, implica una abstención frente a un deber jurídico determinado. Por otro lado, existen normas, jurisprudencia y derecho comparado que han señalado que la titularidad de derechos fundamentales no solo corresponde a las personas ontológicamente consideradas; sino también, a las personas jurídicas de derecho privado en cuanto le sean aplicables. Teniendo en cuenta ambas realidades, se ha planteado el derecho a la objeción de conciencia institucional como aquel derecho que constituye una garantía de aquellas personas jurídicas de derecho privado frente a normas jurídicas y/o jurisprudencia que atenten contra el ideario institucional de la misma. Por ello el mencionado derecho debe incluirse mediante una reforma constitucional en el catálogo de derechos fundamentales en la Constitución Política de 1993.

En un Estado Constitucional de Derecho, donde los derechos fundamentales son el núcleo central del sistema se cuestiona que en materia de infracciones y sanciones tributarias se mantenga la responsabilidad objetiva, es decir que no se considere en la configuración de la infracción el dolo o culpa sino tan solo el incumplimiento de la norma, por lo que se sostiene que se vulneran los derechos fundamentales de presunción de inocencia y debido proceso. En este contexto el presente trabajo se avoca a evaluar la constitucionalidad del sistema de infracciones y sanciones tributarias buscando de esta manera legitimar la actuación de la Administración Tributaria. La hipótesis que se sostiene es que los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y debido proceso no están siendo vulnerados, sino que se encuentran restringidos en cierto grado pues la Administración Tributaria estaría dando prioridad al deber de contribuir al sostenimiento del Estado. En este orden, se produce una colisión entre los derechos fundamentales de presunción de inocencia y debido proceso frente al deber de contribuir por lo que para resolver este conflicto se recurre al Test de Proporcionalidad. En lo que respecta a la proporcionalidad en sentido estricto, se aplica la metodología de Robert Alexy, la cual permite representar en forma numérica los argumentos mediante la fórmula del peso, facilitando la evaluación, haciéndola más racional y ordenada. Es así como el deber de contribuir obtiene un peso concreto de 4 frente a los derechos de presunción de inocencia y debido proceso con un peso concreto de 0.25 cada uno, prevaleciendo sobre ambos derechos, siendo un principio vital y fundamental para el sostenimiento del Estado en la medida que comprende el bienestar general de la sociedad. En este orden, la determinación objetiva de las infracciones tributarias deviene en constitucional.

El presente trabajo recopila, analiza e interpreta los dispositivos legales vigentes, la juris­ prudencia constitucional y la doctrina jurídica nacional y extranjera con relación a la regula­ ción ya autorregulación de la seguridad de la información, el poder de dirección del emplea­ dor y los derechos a la identidad e intimidad personal, a la libertad informática y a la inviola­ bilidad y secreto de las comunicaciones y documentos privados del trabajador, así como su derecho al «consentimiento informado» con relación a los controles y la supervisión de los sistemas de información en los ámbitos laborales. Con ello se pretende difundir entre los administradores de sistemas de información de los empleadores peruanos los límites que los derechos fundamentales de los trabajadores im­ ponen a la autorregulación de la gestión de la seguridad de la información, en especial a los mecanismos de control y supervisión sobre el uso de los recursos informáticos.

La población penitenciaria ha sido víctima de vulneraciones de sus derechos fundamentales sistemáticamente, no solo por causas de infraestructura o respecto las condiciones en que se encuentran las cárceles en el Perú, sino porque obedece a factores estructurales. En ese sentido, es importante preguntarnos quién vela por ellos, si el Estado viene incumpliendo sus obligaciones internas y compromisos internacionales en materia penitenciaria. Entonces, son los jueces constitucionales que tienen el deber de garantizar la satisfacción de los derechos fundamentales, pero sobre todo de aquellos que representan parte de la población vulnerable, pues existe un deber especial para con ellos. Así, la figura del Estado de Cosas Inconstitucional se presenta como aquella competencia de los jueces de mayor instancia para poder pronunciarse y no tener un rol pasivo frente a vulneraciones graves, masivas y generalizadas de aquellos que se encuentran privados de su libertad, los mismos que han sido excluidos e ignorados a lo largo de muchos años. Para revertir esta situación inconstitucional, es necesaria la participación conjunta de los poderes del Estado, de las entidades, de la sociedad en general y del trabajo conjunto a nivel nacional de todos los actores. Por lo tanto, los jueces son competentes de declarar un Estado de Cosas Inconstitucional, así como establecer las medidas para superar la situación y el seguimiento de estas medidas, para lo cual es necesaria la cooperación y abordar el tema de manera multidisciplinaria, pues el problema del hacinamiento y las pésimas condiciones de vida al interior de las cárceles del Perú necesita ser abordado desde varias aristas, incluyendo voces de diversos actores, con el fin de que paulatinamente se pueda respetar y reconocer los derechos fundamentales de los presos, quienes a pesar de estar cumpliendo condena, no merecen ser tratados de forma inhumana. / The prison population has been the victim of systematic violations of their fundamental rights, not only because of infrastructure or the conditions in which Peru's prisons are located, but also because of structural factors. In this sense, it is important to ask ourselves who is watching over them, if the State is failing to comply with its internal obligations and international commitments in prison matters. Therefore, it is the constitutional judges who have the duty to guarantee the satisfaction of fundamental rights, but especially of those who represent part of the vulnerable population, since there is a special duty towards them. Thus, the figure of the State of Unconstitutional Things is presented as the competence of the judges of higher instance to be able to pronounce and not have a passive role in the face of serious, massive and widespread violations of those who are deprived of their liberty, the same who have been excluded and ignored for many years. To reverse this unconstitutional situation, it is necessary the joint participation of the powers of the State, of the entities, of society in general and of the joint work at the national level of all the actors. Therefore, judges are competent to declare a State of Unconstitutional Things, as well as to establish the measures to overcome the situation and the follow-up of these measures, for which cooperation and a multidisciplinary approach to the issue is necessary, The problem of overcrowding and the appalling living conditions inside Peruvian prisons needs to be addressed from various angles, including the voices of various actors, in order to gradually respect and recognize the fundamental rights of prisoners, who despite serving their sentences, do not deserve to be treated inhumanely. / Trabajo académico

El presente artículo busca sugerir determinadas líneas de acción que el Estado peruano debería tomar para brindar una eficaz protección a las personas apatridas en nuestro país ante la evidente laguna normativa que existe en la materia en nuestro país. Para ello, en principio, se ha desarrollado una explicación terminológica alrededor de lo qué implica ser una persona apátrida, con el fin de demostrar la vulnerabilidad que afrontan tales personas y cómo se ve afectado e ejercicio de sus derechos humanos. Asimismo, se ha analizado la regulación actual en el Perú alrededor de la materia, a partir de la cual se busca reflejar los obstáculos y deficiencias que presenta cuando de apatridia y reconocimiento de nacionalidad se trata. Para finalmente, proponer medidas de prevención y erradicación que sean aplicables como solución ante este problema, incluso con ayuda de las nuevas tecnologías. Todo ello, en el marco de los diversos tratados internacionales en la materia, la jurisprudencia e incluso el desarrollo normativo constitucional de nuestro país. Pues, en conclusión, aún existen muchas circunstancias por cubrir por la normativa estatal en materia de apatridia. Mucho más, considerando que nuestro país es uno de los países con más alto recibimiento de personas migrantes en la región y el mundo. / This article seeks to suggest certain lines of action that the Peruvian State should take to provide effective protection to stateless persons in our country in view of the obvious regulatory gap that exists in this area in our country. To this end, first of all, we have developed a terminological explanation of what it means to be a stateless person, in order to demonstrate the vulnerability faced by such persons and how the exercise of their human rights is affected. Likewise, the current regulation in Peru on the matter has been analyzed, from which we seek to reflect the obstacles and deficiencies it presents when it comes to statelessness and recognition of nationality. Finally, to propose measures of prevention and eradication that are applicable as a solution to this problem, even with the help of new technologies. All this, within the framework of the various international treaties on the subject, the jurisprudence and even the constitutional normative development of our country. In conclusion, there are still many circumstances to be covered by state regulations on statelessness. Much more, considering that our country is one of the countries with the highest number of migrants in the region and the world. / Trabajo académico

Las cláusulas abusivas sirven para evitar contratos de consumo exorbitantes o injustificados para el consumidor sin que éste haya sido advertido, lo cual afecta directamente al desarrollo del mercado. La discusión, por lo tanto, surge si la existencia de esta regulación está debidamente justificada para corregir las fallas del mercado. O, por el contrario, sobreprotege al consumidor bajo la débil premisa de que estas cláusulas evitan el supuesto abuso de las empresas sobre los servicios o productos que ofrecen en el mercado, a pesar de que el consumidor debería ser diligente al leer y conocer todas las cláusulas de un contrato. De este modo, el presente trabajo busca responder las interrogantes que podemos encontrar en la aplicación de las cláusulas abusivas en el contrato de consumo bajo el marco constitucional. Ante ello, este debate nos hace preguntarnos si la falta de diligencia del consumidor al leer las cláusulas de un contrato para que decida libremente si opta o no por el servicio o producto, justifica la sobreprotección del Estado frente al error de no leer las condiciones establecidas por el proveedor. Finalmente, este trabajo concluye que la regulación de las cláusulas abusivas origina, en algunos casos, la vulneración del derecho fundamental a la libertad de empresa reconocido en la Constitución, en especial a la libertad de organizar su modelo un negocio que sí cumple con brindar la información e idoneidad requerida. Como consecuencia, la Administración muchas veces interviene para establecer cómo se tiene que conducir una empresa a pesar de que cumpla con los principios y derechos de información e idoneidad, sin considerar las razones económicas que tiene cada negocio para el desarrollo de su actividad empresarial, afectando de esta manera el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el derecho a equivocarse del consumidor no justifica una sobreprotección del Estado si se refuerza la regulación de la información e idoneidad en vez de las cláusulas abusivas. Puesto que puede ocurrir como el conocido caso de Cineplex vs Aspec, en el que la Sala ha asumido un derecho inexistente en nuestro ordenamiento, el cual esta investigación ha denominado: “el derecho a ingresar con productos alimenticios adquiridos fuera del establecimiento para acceder a ver una película”, ya que de esta sería la única manera que justificaría su intervención en el caso analizado para proteger al consumidor.

Cuenta Ricardo Palma que allá por el año 1558, un español de nombre Antonio Solar poseía una famosa hacienda en Barranca, kilómetros ----~ más al norte de su lugar de residencia, Lima. Cuando dio la primera cosecha, el mayordomo envió diez de los mejores melones producidos con dos indios, no sin antes remitir una epístola a su patrón. Estos nativos, ignorantes de la escritura, no concebían cómo se podía transmitir mensajes a través de una simple hoja; imaginaban la existencia de un poder mágico y místico, creían, en pocas palabras, en su vida (concebían las letras no como signos convencionales sino como auténticos espíritus, que no sólo funcionaban como recaderos sino además como espías). Ya encaminados a su destino, al provocarles en un par de oportunidades tan apetitosas frutas, no tuvieron mejor idea que esconder la carta detrás de una tapia, colocando una piedra encima, pudiendo así comerlas sin ser descubiertos: ¡Vaya ingenuidad de los pobres! Llegando a la capital, con la carga ya aminorada y con el mensaje delatante, los mandaderos fueron rápidamente descubiertos en su truhanería.

La cuestión del reconocimiento de derechos fundamentales en favor de las personas jurídicas ofrece una amplia gama de aspectos que, sin duda, merecen una reflexión y un análisis más detenidos. Este desarrollo, al menos por ahora, no ha tenido lugar en nuestro medio, pues nos hemos limitado a recoger, tanto a nivel normativo como jurisprudencial, sin mayor debate, las opciones que en esta materia han adoptado otros países (particularmente, los de Europa continental, de obvia incidencia en nuestro ordenamiento jurídico). Y es que, en efecto, la discusión en torno a si las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales o no, ha sido de alguna manera desplazada, a partir de las tendencias que se han venido desarrollando progresivamente en el Derecho comparado. Tales tendencias se han expresado, de un lado, en que algunos textos constitucionales han optado por reconocerles esa titularidad y, de otro lado, en que, a falta de esta modalidad de reconocimiento expreso, este se ha dado a nivel jurisdiccional, particularmente a través de la jurisprudencia de las cortes o tribunales constitucionales.