El tema elegido como objeto de estudio tiene como motivación el hecho que no existe suficiente investigación, a diferencia de lo que ocurre respecto a las comunidades campesinas y quienes viven en zonas periurbanas, que contenga un enfoque constitucional que analice la problemática del acceso al agua que tienen las comunidades nativas y los colectivos originarios que residen en la selva peruana. Durante el siglo XX, el olvido y la indiferencia hacia las personas que vivían en la selva del Perú persistieron y se agravaron, toda vez que el Estado no adoptó medidas eficaces que permitieran afrontar y atribuir responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos de tales colectivos, sobre todo, durante la época del caucho. En consecuencia, se puede decir que, históricamente, el departamento de Loreto, desde antes de la etapa republicana, no ha sido uno de los temas centrales para las autoridades y gobiernos de turno, debido a las dificultades climáticas, del territorio y presupuestales, los cuales han solido ser justificación para no focalizar una mayor atención sobre el tema del agua para las comunidades nativas y los pueblos originarios. Si bien actualmente, existen algunos cambios, estos no resultan suficientes, dado que el progreso económico del país, reflejado en los indicadores de los últimos años, poco o casi nada de ello se ha visto manifestado en la vida cotidiana de los citados colectivos, dado que aún persisten carencias económicas, insuficiente satisfacción de necesidades básicas y, asimismo, marginación y discriminación. Ante esta situación real, hemos estimado conveniente elegir a las comunidades nativas y los colectivos originarios del departamento de Loreto, a fin que pueda visibilizarse una de la grandes problemáticas por las que atraviesan, que el acceso al agua sea posible en condiciones adecuadas. De otro lado, hoy en día resulta innegable reconocer la importancia de las actividades extractivas de hidrocarburos en la Amazonía del Perú, específicamente, en Loreto, cuyo inicio data desde la década de 1970, lo que ha conllevado ingresos considerables para el Estado, principalmente, para el Gobierno Nacional y, al mismo tiempo, impactos ambientales negativos que han ocasionado una afectación a muchas comunidades nativas y pueblos originarios en situación de aislamiento y contacto inicial, a quienes en conjunto denominaremos pueblos amazónicos, motivo por el cual ha significado que el Estado sea visto como un agente que no ha cumplido un rol tuitivo durante décadas.

La investigación plantea la relevancia del estudio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en el seno de las Naciones Unidas (1945-2016). Tiene como principal objetivo demostrar la existencia de una evolución del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. La investigación traza una línea de continuidad entre el principio de libre determinación de los pueblos y el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, entendido como un derecho mediante el cual determinan libremente su condición política y persiguen su desarrollo social, económico y cultural. La tesis tiene un enfoque de derechos humanos, multiculturalista e historiográfico. En una primera etapa (1945-1966), las Naciones Unidas reconoce el derecho de libre determinación de los pueblos, entendido como la posibilidad de ejercer el derecho de secesión, y deja a la jurisdicción interna de los Estados la posibilidad del reconocer la existencia de pueblos indígenas subestatales. En una segunda etapa (1966- 1989), las Naciones Unidas extiende los alcances de la primera etapa en el sentido de que se diseñan criterios para el reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas, aunque sin mención explícita a su derecho de libre determinación. Y en una tercera etapa (1989-2016), las Naciones Unidas reconoce explícitamente el derecho de libre determinación de los pueblos indígenas, entendido como libre determinación interna, es decir en el marco de Estados Plurinacionales. Esta evolución se manifiesta en un conjunto de hitos jurídicos, como es el caso de la Carta de las Naciones Unidas (1945), el Convenio 107 sobre poblaciones indígenas y tribales (1957), los Pactos Internacionales (1966), el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales (1989), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), y en la existencia de una institucionalidad indígena en la ONU

El acceso al derecho a la educación en zonas rurales sigue siendo un desafío para el Estado peruano, ya que el 30%2 de las adolescentes rurales no se matriculan en la escuela secundaria debido a que los colegios son poco accesibles o porque prefieren trabajar en el campo.

La presente tesis tiene como finalidad presentar los resultados y conclusiones obtenidos por la tesista en base a un estudio jurídico que permite caracterizar el amparo como un recurso de importancia y necesidad fundamental para poder hacer exigible el Derecho a la Salud Física y Mental. Para ello fue necesario considerar la actualidad jurídica, social y política de la nación con la finalidad de entregar una propuesta jurídicamente viable, que se sustenta en la doctrina y la jurisprudencia disponibles.

La presente investigación tiene como objetivo el demostrar la igual obligación de los colegios privados de brindar educación inclusiva a niños con discapacidad. Esto deberá proveerse incluso si genera costos. La tesis está dividida en tres capítulos. En el primer capítulo, se ve cuál ha sido el impacto de las políticas neoliberales en América Latina con respecto los servicios públicos. De la misma forma, se discuten los efectos de las políticas posteriores al Consenso de Washington y cómo se hace necesario una nueva participación del Estado para impedir que la privatización afecte la satisfacción de derechos humanos. Luego de ello, se aborda la razón jurídica de esta determinación: las obligaciones de derechos humanos de los privados. Para justificar esto se plantea cómo el efecto horizontal de derechos humanos afecta a los privados y al mismo tiempo, genera la obligación de proteger por parte del Estado e incluso modifica la tradicional idea de contrato. En el segundo capítulo, se construye la idea de la educación inclusiva. Para lograr ello, se explica cómo surge este concepto educativo y cómo impacta en la vida de las personas con discapacidad. Se muestra cómo la educación siempre fue entendida como un derecho inalienable que no permitía la discriminación ni la segregación. A pesar de tal aparente universalidad, en el caso de las personas con discapacidad se permitieron prácticas que los excluían de la educación regular y los segregaban del resto de niños. Posteriormente, se aborda cómo esta visión cambia y se establece la educación inclusiva como una obligación estatal ineludible (aunque sometida a la progresividad). Este progreso se puede evidenciar en las discusiones que llevaron a la adopción de la CDPD. Adicionalmente, se estudia cómo la implantación de la educación inclusiva como obligación puede generar tensiones con el derecho a la libertad de educación que también se analizarán. El capítulo finaliza explicando cómo el discurso de la educación inclusiva encuentra un soporte filosófico en la teoría de las capacidades de Nussbaum. Esto permite señalar que existe justicia detrás de esta forma de educación y la necesidad de que exista una “solidaridad obligatoria” con respecto a los privados que ofrecen servicios educativos. Finalmente, en el tercer capítulo se aborda cuáles son las obligaciones de las instituciones educativas privadas con respecto a la educación inclusiva. En este sentido, se analiza qué medidas debería tomar un colegio privado para cumplir con los estándares de inclusión que se requieren a partir de la entrada en vigor de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad A partir de estos estándares se analizará la normativa peruana a través de leyes, reglamentos y directivas que han dirigido la educación de las personas con discapacidad en nuestro país. El análisis buscará confrontar la realidad actual y plantear la necesidad de reformas sobre la educación inclusiva y también sobre el papel de los privados en la prestación del servicio educativo. Por ello, la tesis finaliza con una pequeña propuesta de regulación que busca mejorar los estándares de inclusión existentes.

El derecho de asociación no es un derecho acabado, sobre el que no aparezcan nuevas amenazas. Actualmente en el Perú, en ciertas personas jurídicas no lucrativas, las amenazas al derecho de asociación no provienen del poder del Estado, como ocurrió originariamente, sino que provienen del mismo grupo asociativo, concretamente de los órganos directivos, quienes se han convertido en un nuevo centro de poder, que resucita nuevos desconocimientos de los derechos fundamentales que afectan a los asociados o a los particulares que desean relacionarse a este grupo. A este nuevo centro de poder se están trasladando relaciones verticales que requieren ser corregidas. Hoy en día, los órganos directivos toman decisiones de relevancia constitucional en el seno de la persona jurídica, decisiones que muchas veces transgreden derechos fundamentales. Se hace necesario por ello, garantizar el ejercicio del derecho de asociación dentro del propio grupo asociativo ya que los destinatarios de los actos de poder, son a la vez partícipes en la formación del mismo. Ver formas de controlar el ejercicio abusivo del poder al interior del grupo asociativo es lo que corresponde hacer para devolverle a este derecho su importancia dentro de la sociedad de hoy, cuidando de no vulnerar la autonomía asociativa. Encontramos que las asociaciones se independizan de sus autores, olvidándose del interés inicial de éstos; directivos que tratan de perpetuarse en el poder, impidiendo la renovación de los cargos; asociados que ven vulnerados sus derechos fundamentales por la aplicación de las normas internas de los grupos asociativos o por las decisiones de los órganos directivos; terceros que ven vulnerados sus derechos al impedirse su ingreso a determinada asociación por motivos arbitrarios o discriminatorios que vulneran la dignidad humana; todo ello impide el normal ejercicio del derecho de asociación en sus distintos aspectos. Hoy en día, sucede que muchas asociaciones tienen un gran poder económico, no obstante no tener fines de lucro, son entidades en las que el interés patrimonial es el que prima, sobre todo en los órganos directivos que tienen el control de la asociación. Hay un abuso del poder privado.

El progresivo proceso de asunción de competencias, de ordenación, limitación y racionalización del poder y de reconocimiento de valores y derechos ha convertido a la Unión Europea en un nivel supranacional de poder en el que se ejercen importantes parcelas de soberanía originariamente estatal. Este proceso de constitucionalización no ha dado lugar, sin embargo, a una constitución material en sentido estricto: si el ordenamiento constitucional ha de fundamentarse, en los términos teóricos propios del constitucionalismo social, en el valor igual dignidad humana y en la centralidad de la persona, el sistema jurídico-político de la Unión se ha construido y ha evolucionado, por el contrario, de manera funcional a su objetivo primigenio de desarrollo del mercado común europeo. La constitucionalización de la Unión conforme a los paradigmas del primer constitucionalismo (liberal) explica el predominio en dicho espacio de las instituciones propias de la dimensión orgánica de la constitución, destinadas esencialmente a la limitación del poder. La dimensión dogmática queda reducida, en cambio, a reconocimientos esencialmente formales, no fundamentados en la centralidad de la dignidad. El siguiente estadio en la evolución del proceso de integración y de constitucionalización europea habría de fundamentarse, en términos lógicos, en la asunción de los parámetros propios del constitucionalismo social contemporáneo y, en concreto, en la articulación del ordenamiento jurídico europeo en torno a la máxima realización de la igual dignidad humana. Siguiendo la metodología del Derecho constitucional europeo crítico, la presente tesis doctoral trata de reconstruir la dimensión dogmática del espacio constitucional europeo a través del mecanismo jurídico del orden público. Para ello, en la primera parte se lleva a cabo una caracterización de la categoría, los elementos constitutivos y las funciones del concepto de orden público y se ejemplifica su operatividad en el ordenamiento jurídico español. Construido a partir de la doble dimensión (subjetiva y objetiva) de los derechos fundamentales, el orden público se presenta como una síntesis de los valores propios de un ordenamiento jurídico determinado que garantiza en el mismo la mayor protección, promoción y efectividad de la dignidad humana. La segunda parte de la tesis tiene por objeto el estudio de la configuración del orden público en el Derecho de la Unión Europea vigente, lo que se realiza a partir del análisis de la categoría y sus elementos constitutivos en el ordenamiento jurídico europeo y, particularmente, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ello nos permite constatar que el orden público actúa en dicho nivel como una excepción o contralímite axiológico a la aplicabilidad en los Estados miembros de determinadas normas de Derecho de la Unión y que, por ello, no es equiparable al concepto constitucional de orden público. Finalmente, la tercera parte de la tesis se dedica, en primer lugar, al análisis del orden público configurado por el Tribunal de Estrasburgo a partir del Convenio Europeo de Derechos Humanos como modelo de referencia para un orden público propio de la Unión Europea. En segundo lugar, se explora en la dimensión dogmática del Derecho de la Unión los factores impeditivos de la conformación de un orden público europeo. En tercer lugar, se realizan diferentes propuestas de lege ferenda para la generación de un orden público propio del nivel constitucional europeo, centradas esencialmente en la necesaria reconfiguración de la posición constitucional que los derechos fundamentales ocupan en la Unión Europea.

El presente informe analiza la institución del cambio de nombre en el ordenamiento jurídico peruano, bajo la luz de la Casación N.° 1532-2017/Huánuco. Vamos a examinar si es que la afectación psicológica o vulneración al derecho a la identidad constituye un “motivo justificado” para que proceda el cambio de nombre de acuerdo con el artículo 29 del Código Civil. Considero correcto que la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República haya dejado de lado la interpretación restrictiva de la Casación N.º 3906-2012/Huánuco, al declarar que sí proceden los cambios de nombre cuando se ha acreditado que la persona ha sufrido un claro daño psicológico, dado que es fundamental proteger el derecho de identidad y la dignidad de los individuos. Sin embargo, fue un error que se hayan descartado como irrelevantes todos los casos donde se interpreta que el motivo justificado para la procedencia del cambio de nombre se vincula a la definición absurda u ofensiva del nombre de manera aislada a las circunstancias específicas. Además, también fue un error que se haya fijado como precedente vinculante para la admisión de las solicitudes de cambio de nombre que se tenga que adjuntar una lista de antecedentes, dado que esto podría ser discriminatorio. A pesar de estas críticas, esta sentencia es un avance respecto a la protección del derecho al nombre y de la identidad, lo que hace necesario flexibilizar el criterio de inmutabilidad que rige en el Perú. / In this report we will analyze the legal institution of name change in the Peruvian legal system, regarding the Casación N.º1532-2017/Huánuco. Specifically, we are going to examine if it is correct to interpret in accordance with article 29 of the Peruvian Civil Code, that psychological affectation or violation of the right of identity constitute justified reasons for a judicial name change to proceed. We consider that the Specialized Chamber of the Supreme Court of Justice of the Republic was correct to abandon the restrictive interpretation of Casación N.º3906-2012/Huánuco, by declaring that name changes do proceed when it has been proven that the plaintiff has suffered clear psychological damage by being the victim of ridicule, jokes and insults, given that it is essential to protect the right to identity and dignity of individuals. However, we consider that this ruling made a mistake when it discarded as irrelevant all the cases where the justification of the name change is linked to the absurd or offensive definition of the same name in isolation from the specific circumstances. Furthermore, this ruling also made a mistake when it established as a binding precedent that a list of background information must be attached for the admission of name change plaints, given that this would be discriminatory and not be necessary. Despite these criticisms, in general, this ruling is a progress regarding the protection of the right to a name and the contemporary necessity to deregulate the criteria of immutability.

New technologies have transformed the traditional ways in which people develop and express themselves. In that context, the internet has meant a revolution in different spheres of society, in which the users and network providers are developed. Faced with this, the question arises: Should the relations that are presented in the network be regulated?.In this article, the author develops the principle of net neutrality as the basis of the protection of the fundamental rights from the different agents that are related by this means. It will be exposed the current regulation of the matter and its scope, which finds its support in the constitutional regulation. / Las nuevas tecnologías han transformado las formas tradicionales en las que se desarrollan y expresan las personas. En ese contexto, internet ha significado una revolución en diferentes ámbitos de la sociedad, en los cuales los usuarios y proveedores de la red se desenvuelven. Ante ello, surge la interrogante: ¿deben regularse las relaciones que se presentan en la red?.En el presente artículo, el autor desarrolla el principio de neutralidad de la red como base de la protección de los derechos fundamentales de los diferentes agentes que se relacionan por este medio. Se expondrá la regulación vigente de la materia y sus alcances, la cual encuentra su sustento en la regulación constitucional.

This article deals with the conceptualization and implementation of the constitutional rights of the people and human rights through conflict resolution systems in culturally different groups typical experience in Peru is the problem of the so-called “Special Indigenous Jurisdiction” or simply “Communal Justice”; In this sense, we will develop this Community Justice in the light of the experience of the Aymaras in Puno. / El presente artículo trata sobre la conceptualización y aplicación de los derechos constitucionales de la personas y de los derechos humanos a través de los sistemas de resolución de conflictos en grupos humanos culturalmente diferentes. Experiencia típica en el Perú es el problema de la denominada “Jurisdicción Especial Indígena” o simplemente “Justicia Comunal”, en este sentido, desarrollaremos esta Justica Comunal a la luz de la experiencia de los Aymaras de Huancané en Puno.