La disminución o exención de la pena que se otorgue como incentivo a quien, habiendo participado en cierto hecho delictivo, coopera activamente en la obtención de pruebas y en la identificación de los demás intervinientes en ese y otros hechos, constituye una práctica extendida en diferentes países para hacer frente a determinadas formas de criminalidad. Bajo la premisa de que se trata de una herramienta eficaz para hacerse de información sustancial, esta práctica ha pasado a protagonizar la persecución del crimen, y, al estar exenta de controles suficientes, parece destellar ciertas notas de arbitrariedad. En nuestro país, esta práctica se sostiene a través de la colaboración eficaz, instrumento que ha acompañado la política criminal del Estado desde la época del terrorismo hasta la fecha. En los últimos años, ha cobrado especial notoriedad en razón a su empleo en los denominados casos emblemáticos –investigaciones de especial trascendencia–, y ello ha puesto en evidencia su volatilidad, al punto de cuestionarse su legitimidad en el marco de un Estado social y democrático de Derecho. ¿Es posible mantener un equilibrio entre el sistema de garantías y principios que definen la persecución penal en nuestro país, y la efectividad y eficacia que puede ofrecer esta forma de hacer frente a la delincuencia? Este trabajo parte de la premisa de que toda decisión político criminal debe afirmar el objetivo estatal recogido en nuestra Constitución y respetar el orden jurídico en ella establecido, sin que ello signifique dejar de responder a una realidad social. Por ello, se propone que la colaboración eficaz precise de límites que aseguren su empleo como una herramienta de justicia por encima de uno de poder político. Para alcanzar ese objetivo, se propone identificar las bases constitucionales sobre las cuales se construye la justicia penal en nuestro país. Bajo este esquema, es posible deducir en qué medida estas se reflejan en la justicia premial materializada a través de la colaboración eficaz, y, de ser el caso, proponer las modificaciones que correspondan.

El trabajo propone una visión más amplia en relación con el tratamiento constitucional del derecho a conocer los cargos dentro del proceso penal, en específico, en la etapa de investigación preparatoria. Este derecho exige a las autoridades estatales no solo la precisión clara y detallada de los hechos denunciados, sino que además obliga a estos a comunicar también de forma clara, precisa y detallada la norma penal aplicable al caso y la evidencia que sustenta la imputación, desde el inicio de la investigación preparatoria y en distintos niveles de exigencia. Por ello, la investigación centra sus esfuerzos en identificar el contenido esencial y constitucional del derecho a conocer los cargos, para luego precisar, según sus niveles de exigencia constitucional, cuáles serían los supuestos de afectación de dicho derecho en las sub etapas de investigación preliminar e investigación preparatoria propiamente dicha. Para poder determinar lo antes señalado el trabajo desarrolla los alcances jurídicos y dogmáticos del derecho a conocer los cargos, para lo cual se recurre al marco internacional y nacional sobre la materia, así como a la doctrina especializada (constitucional y procesal penal) que sobre el tema se ha elaborado. / The work proposes a broader vision in relation to the constitutional treatment of the right to know the charges within the criminal process, specifically, in the preparatory investigation stage. This right demands the state authorities not only the clear and detailed precision of the facts denounced, but also obliges them to communicate clearly, precisely and in detail the criminal law applicable to the case and the evidence that supports the imputation circumstantial support on which the charge rests, from the beginning of the preparatory research and at different levels of demand. For this reason, the research focuses its efforts on identifying the essential and constitutional content of the right to know the charges, and then specifying, according to their levels of constitutional demands, what would be the assumptions of affectation of this right in the sub stages of preliminary investigation and preparatory investigation. In order to determine the aforementioned, the work develops the legal and dogmatic scope of the right to know the charges, for which the international and national framework on the matter is used, as well as the specialized doctrine (constitutional and criminal procedure) that has been elaborated on the subject.

El presente informe analiza cuales son los límites del poder de dirección del empleador en el supuesto concreto de la instalación de cámaras de vigilancia en el centro de trabajo, a partir del análisis de ponderación de esta medida frente a la posible afectación de derechos fundamentales (en particular, la dignidad, privacidad, libertad sindical y derecho a la salud) en el marco de la relación laboral entre la EMPRESA NESTLE y su SINDICATO a propósito de la demanda, presentada por este último, recaída en el Expediente Nro. 02208-2017-PA/TC . Para responder a la pregunta principal se usa la metodología dogmático jurídica y se parte de un análisis de los principios reconocidos en la Constitución y los Convenios Internacionales y regionales sobre derechos humanos para luego analizar la normativa interna laboral, así como también la que regula el derecho a la privacidad, la instalación de cámaras de vigilancia para la seguridad ciudadana, así como la protección de datos personales. Luego del análisis descrito previamente, se arriba a la conclusión de que las acciones derivadas del ejercicio del poder de dirección del empleador (en el caso concreto la colocación de cámaras de vigilancia en el centro de trabajo) no se justifican en sí mismas, en virtud de que se podrían afectar derechos fundamentales, por lo que deben ser siempre sometidas al juicio de ponderación. / This report analyzes the boundaries of the employer's directing power, specifically in the installation of surveillance cameras in the workplace, based on the rationality and proportionality analysis of this measure against the possible breach of fundamental rights (in particular, dignity, privacy, freedom of association and right to health) within the scope of the employment relationship between the NESTLE COMPANY and its UNION regarding the lawsuit, filed by the latter, relapsed in Case No. 02208-2017- PA/CT. To answer the main question, the legal dogmatic methodology is used, beginning in the analysis of the principles recognized in the Constitution and the International and regional Conventions on human rights, to then analyze the internal labor regulations, as well as the regulations on the right to privacy, the installation of surveillance cameras for citizen security, as well as the protection of personal data. After the analysis described above, the report concludes that the actions derived from the exercise of the employer's directing power (specifically, the placement of surveillance cameras in the workplace) are not justifiable, considering fundamental rights could be affected, and therefore these actions must always be submitted to the rationality and proportionality test.

El presente trabajo de investigación tiene por objeto central determinar el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad de conciencia en el caso peruano. Ello, en la búsqueda de desarrollar una propuesta que permita lograr una protección igualitaria de las creencias o convicciones de las personas y que permita establecer cuál es la relación entre las libertades de conciencia y religión. La importancia de la investigación se encuentra en una evolución sociológica a nivel mundial que permite comprobar que las personas ya no solo construyen su cosmovisión en base a la fe y a la relación con una divinidad, sino que existe un aumento de aquellos ciudadanos que construyen su identidad y adoptan sus decisiones sin la necesidad de acudir a una religión. Lamentablemente, la investigación jurídica en nuestro país no se ha detenido a responder si existe en el Perú una verdadera protección constitucional de las creencias o convicciones no religiosas y si merecen una protección constitucional igualitaria respecto a aquellas religiosas. Ello se agrava si tomamos en cuenta que la Constitución de 1993 y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú no presentan una respuesta que permita responder a dichas interrogantes. Es por las razones expuestas que la presente tesis sostiene que la libertad de conciencia representa un derecho fundamental que contiene a la libertad de religión, siendo posible afirmar que la protección de todas las creencias o convicciones corresponde a la primera, mientras que únicamente aquellas de carácter religioso se encuentran protegidas por la segunda. Asimismo, se concluye que la libertad de conciencia presenta tanto una dimensión interna como una dimensión externa, cuyas normas iusfundamentales deberán ser reconocidas a partir de una interpretación amplia y dinámica de su contenido constitucionalmente protegido, el cual deberá caracterizarse por una protección igualitaria de las creencias o convicciones

La presente investigación expone, desde una aproximación cualitativa y cuantitativa, el desarrollo del derecho a la integridad personal desde el ámbito jurisprudencial nacional e internacional. Se sostiene tanto de la revisión de un conjunto de sentencias emitidas por nuestro Tribunal Constitucional, así como también de las provistas en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los objetivos de esta investigación están orientados, en primer lugar, a revisar la construcción del derecho a la integridad personal desde sus más antiguos antecedentes: los Diarios de Debates de las Comisiones Constitucionales en la Asamblea Constituyente (1979) y el Pleno del Congreso (1993). En segundo lugar, a explorar la jurisprudencia pertinente en ambos fueros peruano e interamericano e identificar qué conceptos resultan indesligables para la construcción del derecho fundamental a la integridad personal. Y, por último, en tanto existe mediado consenso sobre la construcción constitucional de la dimensión física de la integridad, revisar con mejor detenimiento la posición constitucional y de derechos humanos que han tomado las dimensiones psíquica y moral del derecho estudiado. Esto último nos permitirá observar si las construcciones de derechos humanos del fuero interamericano podrían ser recogidas -o si lo fueron- en las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional.

La presente Tesis examina la institución del período de prueba, a partir del análisis dogmático de esta figura. Esta investigación parte del hecho que el período de prueba ha sido utilizado por los empleadores para poner fin a las relaciones laborales de manera discrecional, lo cual puede conllevar a la afectación de los derechos de los trabajadores. Dicha situación se ha producido debido a que ni la doctrina ni la jurisprudencia han establecido un límite unánime a la aplicación del período de prueba como justificación de la finalización del vínculo laboral; lo que, en la práctica, crea una gran incertidumbre que se traduce en la situación de desamparo en la que se encuentran los trabajadores cuyo despido ha sido realizado valiéndose de esta institución. En ese sentido, el presente trabajo tiene como objetivo dejar en claro que la eficacia de los derechos fundamentales, y en particular, de aquellos protegidos por la figura del despido nulo, es transversal a todo el ordenamiento nacional, lo que incluye a la primera etapa de las relaciones de trabajo. Asimismo, y sobe la base de dicha finalidad, dar una respuesta respecto a la naturaleza del período de prueba, su finalidad y su aplicación en los procesos judiciales en donde se cuestionen los despidos llevados a cabo durante esta etapa del contrato de trabajo. Como resultado de la presente investigación, se tiene que los despidos realizados durante el período de prueba se reputarán, en principio, como válidos; salvo que se acredite la violación de los derechos fundamentales protegidos bajo la figura del despido nulo (discriminación, libertad sindical y tutela judicial efectiva).

El presente trabajo académico es relevante debido a que, con la Ley No 29022 – Ley para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones y modificatorias, que regula el procedimiento de aprobación automática para la instalación de torres de telefonía móvil se produce la vulneración de los derechos a la propiedad, al medio ambiente equilibrado y adecuado y a la salud; así como, la vulneración de los principios de desarrollo sostenible o sustentable, de prevención y precautorio. Pese a que el Tribunal Constitucional a través de sus sentencias ha realizado un análisis y determinado que en toda actividad económica que implica un riesgo en perjuicio del medio ambiente, como en el presente caso, se deben cautelar los referidos derechos y principios. En ese sentido, el objetivo del presente estudio es analizar la norma legal que establece procedimientos de aprobación automática para la instalación de torres de telefonía móvil desde el principio de buen gobierno hacia una protección eficaz de derechos fundamentales. Concluyendo que, con la incorporación y aplicación de los principios de buen gobierno, en específico de los principios de corrección, participación y transparencia se propone la modificación de la referida Ley, con la finalidad de orientar de manera positiva la actuación de las autoridades públicas, que garantice la protección de los derechos fundamentales y el interés general.

La presente investigación busca abordar la problemática de la discriminación en la ciudad de Ica, como vulneración a los principios y derechos de la igualdad y no discriminación, a través de sus diversas manifestaciones como son la discriminación por origen, lugar de residencia, racismo, homofobia, entre otros. Asimismo, se verifica las hipótesis planteadas: i) de que en la sociedad iqueña, se vive de manera muy profunda la discriminación en sus diversas manifestaciones, y que la misma ciudadanía trata de verlo como una situación "normal" y muchos no aceptan su existencia o haber sufrido en algún momento un trato discriminatorio; y, ii) la falta de denuncias formales es debido al desconocimiento de las normas que nos protegen de todo tipo de discriminación, así como la ausencia de políticas públicas contra la discriminación.

La Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 138° que establece que “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.” El Estado les quita a los particulares la capacidad de solución de sus conflictos, prohibiendo la autodefensa o la autotutela, reemplazándolo por un mecanismo de heterocomposición, donde aparece un tercero, el Estado a través de la jurisdicción estatal, el que con “… el correlativo derecho o poder de acción, representa la contrapartida a la prohibición de la autotutela privada”. La solución de estos conflictos con relevancia jurídica, se realiza mediante el proceso, que constituye el instrumento que tienen los particulares para actuar el derecho objetivo, “para con ello dar una protección, efectiva a las situaciones jurídicas de los particulares, logrando con ello, tutelar sus intereses y satisfacer con ello sus intereses.” La solución de las controversias tanto a nivel judicial como arbitral, requiere que sus operadores, los jueces y los árbitros determinen que es lo que está en discusión en el proceso, esto se realiza a través de la fijación de los puntos controvertidos. Al establecer o determinar lo que está en discusión en el proceso y sus alcances, mediante la fijación de los puntos controvertidos, se podrá delimitar no sólo lo que será materia de pronunciamiento, sino que definirá el marco de la actuación de los medios probatorios, con lo que se contribuye a producir certeza en el juzgador lo que se manifestará en su decisión final, a través de una sentencia o la emisión de un laudo arbitral. Con lo señalado anteriormente, se verifica la gran importancia que reviste esta institución o procedimiento, sin embargo a pesar de ello, se puede constatar que en la práctica judicial y arbitral dicha figura se ha limitado a una mera transcripción de las pretensiones señaladas por las partes en la demanda, en la contestación de la demanda y en la reconvención. A partir de esta constatar lo que se produce en la práctica judicial y arbitral, buscaremos establecer o determinar que debe entenderse como fijación de los puntos controvertidos en el proceso. Analizaremos las regulaciones que el Código Procesal Civil, ha establecido en referencia a los puntos controvertidos y su fijación y revisaremos sus alcances. Y finalmente, analizaremos los alcances de la regulación o falta de regulación de la fijación de los puntos controvertidos en la norma que regula el arbitraje en el Perú y lo establecido en los reglamentos de los principales centros de arbitraje de nuestro país.

El presente artículo académico analiza la situación del reconocimiento de derechos a la comunidad LGBTIQ+ en América Latina y el Perú. Presenta las múltiples iniciativas legislativas que se han dado en nuestro país para instaurar el matrimonio igualitario, la unión civil u otras figuras análogas, pero que han sido intentos infructuosos en materia de protección de derechos fundamentales. Asimismo, muestra la incidencia directa que tiene la instauración del matrimonio igualitario en el respeto y garantía de los derechos a la igualdad y no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad y los derechos civiles que se derivan del mismo. Finalmente, presenta un caso emblemático de inscripción del matrimonio igualitario ante el RENIEC, a fin de demostrar la constitucionalidad de la medida y el debido control de convencionalidad que debe aplicar el Estado peruano en estos casos, en función a las obligaciones internacionales asumidas. Cabe mencionar que la presente investigación fue realizada en base a un estudio de las más recientes fuentes doctrinales sobre la materia, así como de la legislación y la jurisprudencia internacional más relevante. / This academic article analyzes the situation of the recognition of rights of the LGBTIQ+ community in Latin America and Peru. It presents the multiple legislative initiatives that have been taken in our country to establish equal marriage, civil union or other similar figures, but which have been unsuccessful attempts in terms of protecting fundamental rights. Likewise, it shows the direct impact that the establishment of equal marriage has on the respect and guarantee of the rights to equality and non-discrimination, the free development of personality and the civil rights that derive from it. Finally, it presents an emblematic case of registration of equal marriage before the RENIEC, in order to demonstrate the constitutionality of the measure and the due control of conventionality that the Peruvian State must apply in these cases, based on the international obligations assumed. It is worth mentioning that this research was carried out based on a study of the most recent doctrinal sources on the subject, as well as the most relevant international legislation and jurisprudence. / Trabajo académico