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When a process starts / Sobre cuándo se inicia un procesoPriori Posada, Giovanni F. 12 April 2018 (has links)
This article explains when a judicial process starts, involving the exercise of fundamental procedural rights under the theory that is handled. Analyzing the current Peruvian legislation allows the author to conclude what concept or theory has chosen our Procedural Code. recognizing when the process starts, it is also mentioned that judicial protection must be even before any process. / El presente artículo explica cuando inicia un proceso judicial que supone el ejercicio de derechos fundamentales procesales según la teoría que se maneje. realizando un análisis de la actual legislación peruana, le permite concluir al autor cual es la concepción o teoría que nuestro Código Procesal ha optado. reconociendo cuando se entiende iniciado el proceso, se manifiesta que la tutela jurisdiccional debe ser incluso previa a dicho inicio.
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Informe de la Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N°00655-2010-PHC/TCMamani Quispe, Rosmery Janeth 10 February 2022 (has links)
El presente informe jurídico tiene como finalidad realizar un análisis de los problemas
jurídicos encontrados en la Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 00655-
2010PHC/TC, la cual establece que las interceptaciones telefónicas realizadas a Alberto
Quimper constituían prueba prohibida y que los medios de comunicación se encontraban
prohibidos de divulgar o difundir interceptaciones y grabaciones de conversaciones
telefónicas, sin autorización previa. En ese sentido, para comprender los problemas
planteados y resolver los mismos, el informe jurídico desarrolla dos apartados. En el primero,
se analiza la admisión de la prueba prohibida frente al derecho al secreto y la inviolabilidad
de las comunicaciones y al principio de buena administración y la lucha contra la corrupción
para concluir que las intercepciones telefónicas obtenidas con vulneración del derecho
fundamental al secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones debieron ser admitidas,
basándonos en la excepción de ponderación de intereses. En el segundo, se analiza el rol de
los medios de comunicación y la lucha contra la corrupción, para concluir que el Tribunal no
podía establecer una suerte de censura previa ni sanción penal por la divulgación o difusión
de las conversaciones interceptadas y grabadas. Por último, la metodología empleada para
realizar el análisis de la resolución fue la revisión de los principios constitucionales, la
normativa nacional e internacional y los conceptos dogmáticos y jurisprudenciales sobre
prueba prohibida. / The purpose of this legal report is to carry out an analysis of the legal problems found in the
Judgment of the Constitutional Court Exp. No. 00655-2010-PHC / TC, which establishes that
the telephone interceptions carried out on Alberto Quimper constituted prohibited evidence
and that the The media were prohibited from disclosing or broadcasting wiretaps and
recordings of telephone conversations, without prior authorization. In this sense, to
understand the problems raised and solve them, the legal report is divided into two chapters.
In the first chapter, the admission of the prohibited test against the right to secrecy and the
inviolability of communications and the principle of the fight against corruption is analyzed
to conclude that the telephone interceptions obtained in violation of the fundamental right to
secrecy and the inviolability of the communications had to be admitted, based on the
exception of weighting of interests. In the second chapter, the role of the media and the fight
against corruption is analyzed, to conclude that the Court could not establish a kind of prior
censorship or criminal sanction for the disclosure or dissemination of the intercepted and
recorded conversations. Finally, the methodology used to carry out the analysis of the
resolution was the review of constitutional principles, national and international regulations,
and dogmatic and jurisprudential concepts on prohibited evidence.
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Informe sobre Expediente N°01257-2013-0-0401-JR-PE-03Verano Calero, Magda Cristina 30 March 2021 (has links)
El caso versa sobre la vulneración del derecho a la libertad personal de Juan José Guillén
en el marco de un proceso constitucional de habeas corpus. Juan José Guillén es una
persona con discapacidad intelectual interdicta, cuya curadora es su madre. Esta colocó
dos rejas cerradas y tapió la ventana de la habitación de su hijo a fin de que este
permanezca encerrado durante el tiempo en que ella no está en casa a fin de resguardar
su seguridad y la de terceros. El caso fue visto por el Tercer Juzgado Unipersonal de
Arequipa en primera instancia que declaró fundada en parte la demanda. Luego de
apelada la sentencia el caso fue visto por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa, que revocó la apelada declarándola infundada. Por
último, mediante un recurso de agravio constitucional, el caso llegó al Tribunal
Constitucional que declaró fundada la demanda por la vulneración del derecho a la
libertad individual. Frente a ello se discute en el presente informe si el encierro temporal
de Juan José Guillén constituyó una privación arbitraria de libertad a la luz del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos; si existían circunstancias válidas en el marco de
la curatela que justificaban el encierro de Juan José Guillén; si fue adecuada la respuesta
de los operadores de justicia frente a la actuación de los familiares de Juan José Guillén;
y si constituye el hábeas corpus la vía idónea frente al petitorio de la demanda.
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La autodeterminación terapéutica en la relación de trabajoMardini Aranda, André Fabricio 23 May 2023 (has links)
Este trabajo aproxima al lector sobre el marco jurídico que regula el ejercicio
de la autodeterminación terapéutica en el ámbito de las relaciones individuales de trabajo
dentro del particular contexto del Estado de Emergencia Nacional y Emergencia Sanitaria
causado por la propagación de la Covid-19 en el Perú. A la luz de los instrumentos
internacionales de derechos humanos, las normas constitucionales y legales vigentes, esta
investigación define a la autodeterminación terapéutica como el derecho a decidir
someterse o no de forma libre, informada e inmotivada a un acto o tratamiento médico.
Con este preámbulo, se establecen los derechos y obligaciones que se atribuyen a los
trabajadores y empleadores a fin de garantizar su ejercicio irrestricto en el ámbito laboral
sin perder de vista las consecuencias jurídicas que su ejercicio genera sobre la protección
de la salud colectiva en el centro de trabajo. En esa línea, se analiza la constitucionalidad
de las restricciones a la autodeterminación terapéutica, entre otros a propósito de la
vacunación como requisito al ejercicio de derechos laborales, con miras a la protección
de la salud colectiva como bien jurídico de mayor trascendencia en el contexto de una
emergencia sanitaria. De esta forma, se sugieren criterios de referencia que asistan a
trabajadores, empleadores y sus organizaciones a fin de establecer soluciones justas en el
ámbito laboral, sea a través de medidas de promoción o restricción a este derecho. / This article introduces the reader to the legal framework that regulates the
exercise of therapeutic self-determination in the context of individual labor relations due
to the State of National Emergency and Health Emergency caused by the spread of Covid-
19 in Peru. Considering the international human rights provisions, constitutional and legal
regulations in force, this investigation has defined therapeutic self-determination as the
right to decide whether or not to undergo a medical act or treatment in a free, informed
and unmotivated manner. Based on this preamble, the rights and obligations assigned to
workers and employers are established in order to guarantee its unrestricted exercise in
the workplace taking into account legal consequences that its exercise generates on the
protection of collective health in the workplace. In this regard, the constitutionality of the
restrictions to therapeutic self-determination is analyzed, among others, regarding to
vaccination as a requirement for the exercise of labor rights, in order to protect collective
health as a legal right of greater importance in the context of a health emergency. Thus,
reference criteria are suggested to assist workers, employers and their organizations in
order to establish fair solutions in the labor area, whether through measures to promote
or restrict this right. / Trabajo académico
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La falta de tutela jurisdiccional efectiva en el tratamiento de casos de violencia sexual a colectivos transMendoza Maldonado, Elizabeth 31 May 2022 (has links)
La tutela jurisdiccional es el derecho fundamental de cualquier justiciable a obtener una
respuesta eficiente del Estado frente a la vulneración de sus derechos (acceso a la justicia, juez
imparcial predeterminado por ley, derecho a la defensa, derecho a un proceso sin dilaciones
indebidas, debida motivación de las resoluciones o sentencias, cosa juzgada; y, derecho a la
efectividad de las resoluciones o sentencias). A través de una aproximación analítica a la
doctrina, normas y jurisprudencia nacional e internacional se evidencia que la regulación
peruana no es efectiva para proteger de forma eficiente el derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva de personas trans que han sido víctimas de violencia sexual. Esto debido a que
contamos con una regulación ineficiente e ineficaz, así como un tratamiento estatal negligente
respecto de las necesidades especiales que este tipo de casos requieren. El Estado peruano no
cuenta con la existencia de un protocolo de investigación y administración de justicia durante
los procesos penales para casos de personas LGBTIQ+ víctimas de violencia; las
investigaciones penales de estos casos suelen adolecer de perspectiva de género; tampoco
existe un plan de capacitación y sensibilización sobre violencia contra las personas LGBTIQ+
efectivo y eficaz ni existe un sistema de recopilación y producción estadística de violencia
contra personas LGBTIQ+. Debido a lo anterior, es preciso llevar a cabo medidas de corrección
para garantizar el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva en casos de violencia sexual a
personas trans como contar con una regulación específica que reconozca la incidencia de estos
actos de discriminación, así como la necesidad de contar con refuerzos normativos y criterios
jurisprudenciales. / The effective judicial protection is the prime human right to have an efficient answer from the
State (access to justice, an impartial judge predetermined by law, defense right, right to a trial
without undue delay, due motivation of resolutions or sentences, res judicata effect, and, the
right to the effectiveness of resolutions or sentences). The Peruvian regulation about trans
sexual violence is inefficiently. The main reason is because we have inefficient and ineffective
regulation, as well as negligent State's treatment regarding the special needs that these types of
cases require. The Peruvian State does not have a protocol for the investigation and
administration of justice during criminal proceedings for cases of LGBTIQ + victims of
violence; the criminal investigations does not have gender perspective; there is also no effective
and efficient training and awareness plan on violence against LGBTIQ + people, nor is there a
system for the collection and statistical production of violence against LGBTIQ + people. Due
to the foregoing, it is necessary to carry out corrective measures to guarantee access to effective
judicial protection in cases of sexual violence to transgender people, such as having a specific
regulation that recognizes the incidence of these acts of discrimination, as well as the need to
have normative reinforcements and jurisprudential criteria.
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El tratamiento de las adicciones en el PerúPuente Rugel, Ana Lucía 03 June 2020 (has links)
Las adicciones han sido históricamente abordadas en nuestra legislación no como problemas de
salud mental, sino como situaciones que generan una serie de consecuencias jurídicas que
restringen los derechos de las personas adictas. Estos trastornos se han construido sobre la base
de una concepción moral que ha impedido tratarlas de manera adecuada. A pesar de esta situación,
muchas de estas normas han ido variando y se ha optado por una posición que garantiza cada vez
más los derechos de las personas adictas; sin embargo, aun se encuentra pendiente el
reconocimiento de su plena autonomía y su capacidad jurídica.
El objetivo principal de esta investigación es demostrar que las adicciones son trastornos mentales
altamente complejos que deben ser tratados de manera individualizada, objetiva y libre de
prejuicios y estigmas. De igual modo, se evidencia cómo la concepción inadecuada de las
adicciones ha conllevado a una regulación contradictoria e incongruente en diferentes cuerpos
normativos, que requiere con urgencia ser revertida.
Son múltiples los desafíos que nos impone el tratamiento de los trastornos de adicciones y es que,
si bien ha existido un avance significativo con la dación de la nueva ley de salud mental en este
año 2019, aún se requieren otros esfuerzos normativos, a fin de que el tema sea abordado
jurídicamente de manera sistémica. Con esta misma finalidad, es necesaria la participación
coordinada y activa de diversas entidades públicas que velen por los derechos de las personas con
adicciones, especialmente aquellas que se encuentran recluidas en establecimientos de salud
mental y presentan serios problemas para acceder a la justicia.
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El derecho fundamental a la propiedad frente a la extinción de dominioPalomino Cavero, Juan 11 May 2021 (has links)
El crimen organizado y las actividades relacionadas a los delitos graves, generan un
patrimonio criminal o de origen ilícito consistentes en bienes muebles e inmuebles, productos,
acciones, empresas, y otros derechos de propiedad, donde la eficacia del Derecho Penal, más allá de
la sanción personal, la incautación o el decomiso, no logra privar y afectar a ese patrimonio criminal
o derechos de propiedad que son destinados a actividades ilícitas, dejando una sensación de
impunidad. Es por ello que, los Estados buscan permanentemente luchar contra ese flagelo que causa
daños socio-económicos profundos. Una herramienta importante, que busca golpear y afectar al
patrimonio de las organizaciones criminales y los grupos delictivos, es la extinción de dominio, que
es independiente de la acción penal, no busca la sanción personal; busca extinguir los derechos de
propiedad de origen ilícito o con fines ilícitos, sin contraprestación alguna a favor del Estado. Sin
embargo, planteamos que su reciente implementación y adecuación al sistema jurídico peruano,
desde el segundo semestre del año 2018, podría poner en evidencia algunas disposiciones normativas
contrarias a la constitución como el debido proceso, la presunción de inocencia, entre otros, que en
última instancia podría afectar directamente el derecho de propiedad, que tienen fundamento
constitucional, mientras que la figura de extinción de dominio no la tiene. Por ello, nuestro objetivo
es hacer un análisis del derecho fundamental a la propiedad, frente al proceso de extinción de dominio
y advertir algunas inconsistencias y deficiencias según la experiencia de países latinoamericanos
como Colombia y México que han modificado sus cartas fundamentales y han complementado su
madurez a través de sus Supremos Tribunales, para evitar arbitrariedades y garantizar la plena
vigencia del derecho fundamental a la propiedad y demás derechos fundamentales dentro de un
Estado de Derecho y continuar con la autonomía del proceso de extinción de dominio que mucha
falta hace en la lucha contra la criminalidad. / Organized crime and activities related to serious crimes, generate a criminal or unlawful
property consisting of movable and immovable property, products, actions, companies, and other
property rights, where the effectiveness of criminal law, beyond personal sanction, seizure or
confiscation, fails to deprive and affect that criminal heritage or property rights that are intended for
illicit activities, leaving a sense of impunity. That is why States are constantly seeking to combat this
scourge that causes profound socio-economic damage. An important tool, which seeks to strike and
affect the assets of criminal organizations and criminal groups, is the termination of dominance,
which is independent of criminal action, does not seek personal sanction; seeks to extinguish property
rights of illicit origin or for illicit purposes, without any consideration in favor of the State. However,
we propose that its recent implementation and adaptation to Peruvians legal system, since the second
half of 2018, could highlight some anti-constitution regulatory provisions such as due process, the
presumption of innocence, among others, which could ultimately directly affect the right to property,
which have a constitutional basis, while the domain-extinguishing figure does not. Therefore, our
goal is to make an analysis of the fundamental right to property, in the face of the process of
termination of dominance and to notice some inconsistencies and deficiencies in the experience of
Latin American countries such as Colombia and Mexico that have modified their fundamental letters
and complemented their maturity through their Supreme Courts, to avoid arbitrariness and ensure the
full validity of the fundamental right to property and other fundamental rights within a rule of law
and continue with the autonomy of the much-needed domain extinction process in the fight against
crime.
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La tutela de los derechos fundamentales del trabajo en la Ley procesal del Trabajo : la necesidad de implementar un proceso especial de tutelaSánchez Matos, Andrea Carolina 31 May 2021 (has links)
El reconocimiento pleno de los derechos fundamentales en el trabajo exige
indefectiblemente un cauce procesal adecuado, célere y eficaz que protega de manera
completa y suficiente estos derechos. Sin embargo, la Ley Procesal del Trabajo no
contempla un proceso especial de tutela de derechos fundamentales, pero si reconoce
algunas garantías procesales de refuerzo para la protección de los derechos
fundamentales. Esta investigación tiene el objetivo de indentificar si las garantías de
refuerzo que se reconoce en dicha ley son suficientes. Para ello, se hace una análisis
dogmático jurídico exploratoria de las leyes procesales del trabajo a nivel nacional e
internacional. La principal conclusión que se obtiene de la investigación es que la actual
ley procesal del trabajo no otorga una protección completa, suficiente e idónea a los
derechos fundamntales del trabajo.
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Informe Jurídico Sentencia 142-2011-AA/TC Caso Minera María JuliaRuiz Valle, Ignacio Augusto 16 August 2022 (has links)
El presente Informe Jurídico versa en torno a una de las sentencias más relevantes emitidas
por el Tribunal Constitucional peruano: la sentencia 142-2011-AA/TC, también conocida
como el caso Minera María Julia. La sentencia estableció los tres únicos posibles casos de
procedencia del amparo contra laudo arbitral, definiendo que, para los demás casos, el
medio idóneo era el recurso de anulación de laudo. El presente informe analiza lo
establecido por el Tribunal Constitucional considerando la naturaleza tanto del recurso de
anulación de laudo como de la acción de amparo arbitral.
Para ello, se realiza un análisis del recurso de anulación de laudo, observando si se trata de
un recurso o de un proceso autónomo. De igual manera, se analiza cuánta capacidad real
tiene el recurso de anulación de laudo para proteger derechos fundamentales en reemplazo
de la acción de amparo. Posteriormente, se revisa la naturaleza de la acción de amparo,
determinando la necesidad de mantener su carácter de urgencia y de proceso residual.
Finalmente, se observa el conflicto que surge al querer determinar cómo armonizar el
correcto uso del recurso de anulación de laudo con la necesidad de mantener al proceso de
amparo como una vía residual, concluyéndose que debe añadirse un criterio adicional. / This Legal Report deals with one of the most relevant judgments issued by the Peruvian
Constitutional Court: Judgment 142-2011-AA/TC, also known as the Minera María Julia
case. The judgment established the only three possible cases in which an amparo action
against an arbitration award could be granted, defining that, for the other cases, the
appropriate remedy was the appeal for annulment of the award. This report analyzes the
Constitutional Court's ruling, considering the nature of both the appeal for annulment of the
award and the amparo action.
To this end, an analysis is made of the appeal for annulment of the award, noting whether it
is an appeal/recourse or an autonomous process. Likewise, an analysis is made of the real
capacity of the appeal for annulment of the award to protect fundamental rights in
replacement of the amparo action. Subsequently, the nature of the amparo action is
reviewed, determining the need to maintain its character of urgency and residual process.
Finally, the conflict that arises when trying to determine how to harmonize the correct use of
the appeal for annulment of the award with the need to maintain the amparo process as a
residual remedy is observed, concluding that an additional criterion must be added.
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Informe Jurídico sobre la sentencia del Tribunal Constitucional bajo número de expediente 1272-201-PA/TCTirado Cornejo, Mannie 25 February 2021 (has links)
En este informe, analizaremos la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional
respecto del derecho a la lactancia de una magistrada, nuestra hipótesis es que se ha
generado una vulneración manifiesta a los derechos de la magistrada y de su menor
hijo con la programación de audiencias en la hora de lactancia de la magistrada y
además de otros derechos. Centraremos la investigación en el análisis de los
problemas jurídicos, el principal vinculado a la imputabilidad de los demandados
respecto a la vulneración del derecho a la lactancia, los secundarios referidos a los
derechos fundamentales de la demandante y los derechos del menor.
El objetivo de la presente investigación es verificar que el derecho a la lactancia, a
pesar de no ser un derecho constitucional expresamente reconocido es un derecho
vinculado a la maternidad, que cuando este derecho es desconocido genera una gran
afectación en la esfera familiar y que puede tener efectos adversos al desincentivar el
ejercicio de las responsabilidades familiares.
Finalmente, concluiremos que, si bien se ha vulnerado el derecho a la lactancia y sus
derechos vinculados, ello refleja algo un problema estructural mayor en las posiciones
neurálgicas de la administración pública y el ejercicio de los derechos fundamentales.
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