This article explains when a judicial process starts, involving the exercise of fundamental procedural rights under the theory that is handled. Analyzing the current Peruvian legislation allows the author to conclude what concept or theory has chosen our Procedural Code. recognizing when the process starts, it is also mentioned that judicial protection must be even before any process. / El presente artículo explica cuando inicia un proceso judicial que supone el ejercicio de derechos fundamentales procesales según la teoría que se maneje. realizando un análisis de la actual legislación peruana, le permite concluir al autor cual es la concepción o teoría que nuestro Código Procesal ha optado. reconociendo cuando se entiende iniciado el proceso, se manifiesta que la tutela jurisdiccional debe ser incluso previa a dicho inicio.

El presente informe jurídico tiene como finalidad realizar un análisis de los problemas jurídicos encontrados en la Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 00655- 2010PHC/TC, la cual establece que las interceptaciones telefónicas realizadas a Alberto Quimper constituían prueba prohibida y que los medios de comunicación se encontraban prohibidos de divulgar o difundir interceptaciones y grabaciones de conversaciones telefónicas, sin autorización previa. En ese sentido, para comprender los problemas planteados y resolver los mismos, el informe jurídico desarrolla dos apartados. En el primero, se analiza la admisión de la prueba prohibida frente al derecho al secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones y al principio de buena administración y la lucha contra la corrupción para concluir que las intercepciones telefónicas obtenidas con vulneración del derecho fundamental al secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones debieron ser admitidas, basándonos en la excepción de ponderación de intereses. En el segundo, se analiza el rol de los medios de comunicación y la lucha contra la corrupción, para concluir que el Tribunal no podía establecer una suerte de censura previa ni sanción penal por la divulgación o difusión de las conversaciones interceptadas y grabadas. Por último, la metodología empleada para realizar el análisis de la resolución fue la revisión de los principios constitucionales, la normativa nacional e internacional y los conceptos dogmáticos y jurisprudenciales sobre prueba prohibida. / The purpose of this legal report is to carry out an analysis of the legal problems found in the Judgment of the Constitutional Court Exp. No. 00655-2010-PHC / TC, which establishes that the telephone interceptions carried out on Alberto Quimper constituted prohibited evidence and that the The media were prohibited from disclosing or broadcasting wiretaps and recordings of telephone conversations, without prior authorization. In this sense, to understand the problems raised and solve them, the legal report is divided into two chapters. In the first chapter, the admission of the prohibited test against the right to secrecy and the inviolability of communications and the principle of the fight against corruption is analyzed to conclude that the telephone interceptions obtained in violation of the fundamental right to secrecy and the inviolability of the communications had to be admitted, based on the exception of weighting of interests. In the second chapter, the role of the media and the fight against corruption is analyzed, to conclude that the Court could not establish a kind of prior censorship or criminal sanction for the disclosure or dissemination of the intercepted and recorded conversations. Finally, the methodology used to carry out the analysis of the resolution was the review of constitutional principles, national and international regulations, and dogmatic and jurisprudential concepts on prohibited evidence.

El caso versa sobre la vulneración del derecho a la libertad personal de Juan José Guillén en el marco de un proceso constitucional de habeas corpus. Juan José Guillén es una persona con discapacidad intelectual interdicta, cuya curadora es su madre. Esta colocó dos rejas cerradas y tapió la ventana de la habitación de su hijo a fin de que este permanezca encerrado durante el tiempo en que ella no está en casa a fin de resguardar su seguridad y la de terceros. El caso fue visto por el Tercer Juzgado Unipersonal de Arequipa en primera instancia que declaró fundada en parte la demanda. Luego de apelada la sentencia el caso fue visto por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que revocó la apelada declarándola infundada. Por último, mediante un recurso de agravio constitucional, el caso llegó al Tribunal Constitucional que declaró fundada la demanda por la vulneración del derecho a la libertad individual. Frente a ello se discute en el presente informe si el encierro temporal de Juan José Guillén constituyó una privación arbitraria de libertad a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; si existían circunstancias válidas en el marco de la curatela que justificaban el encierro de Juan José Guillén; si fue adecuada la respuesta de los operadores de justicia frente a la actuación de los familiares de Juan José Guillén; y si constituye el hábeas corpus la vía idónea frente al petitorio de la demanda.

Este trabajo aproxima al lector sobre el marco jurídico que regula el ejercicio de la autodeterminación terapéutica en el ámbito de las relaciones individuales de trabajo dentro del particular contexto del Estado de Emergencia Nacional y Emergencia Sanitaria causado por la propagación de la Covid-19 en el Perú. A la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos, las normas constitucionales y legales vigentes, esta investigación define a la autodeterminación terapéutica como el derecho a decidir someterse o no de forma libre, informada e inmotivada a un acto o tratamiento médico. Con este preámbulo, se establecen los derechos y obligaciones que se atribuyen a los trabajadores y empleadores a fin de garantizar su ejercicio irrestricto en el ámbito laboral sin perder de vista las consecuencias jurídicas que su ejercicio genera sobre la protección de la salud colectiva en el centro de trabajo. En esa línea, se analiza la constitucionalidad de las restricciones a la autodeterminación terapéutica, entre otros a propósito de la vacunación como requisito al ejercicio de derechos laborales, con miras a la protección de la salud colectiva como bien jurídico de mayor trascendencia en el contexto de una emergencia sanitaria. De esta forma, se sugieren criterios de referencia que asistan a trabajadores, empleadores y sus organizaciones a fin de establecer soluciones justas en el ámbito laboral, sea a través de medidas de promoción o restricción a este derecho. / This article introduces the reader to the legal framework that regulates the exercise of therapeutic self-determination in the context of individual labor relations due to the State of National Emergency and Health Emergency caused by the spread of Covid- 19 in Peru. Considering the international human rights provisions, constitutional and legal regulations in force, this investigation has defined therapeutic self-determination as the right to decide whether or not to undergo a medical act or treatment in a free, informed and unmotivated manner. Based on this preamble, the rights and obligations assigned to workers and employers are established in order to guarantee its unrestricted exercise in the workplace taking into account legal consequences that its exercise generates on the protection of collective health in the workplace. In this regard, the constitutionality of the restrictions to therapeutic self-determination is analyzed, among others, regarding to vaccination as a requirement for the exercise of labor rights, in order to protect collective health as a legal right of greater importance in the context of a health emergency. Thus, reference criteria are suggested to assist workers, employers and their organizations in order to establish fair solutions in the labor area, whether through measures to promote or restrict this right. / Trabajo académico

La tutela jurisdiccional es el derecho fundamental de cualquier justiciable a obtener una respuesta eficiente del Estado frente a la vulneración de sus derechos (acceso a la justicia, juez imparcial predeterminado por ley, derecho a la defensa, derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, debida motivación de las resoluciones o sentencias, cosa juzgada; y, derecho a la efectividad de las resoluciones o sentencias). A través de una aproximación analítica a la doctrina, normas y jurisprudencia nacional e internacional se evidencia que la regulación peruana no es efectiva para proteger de forma eficiente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de personas trans que han sido víctimas de violencia sexual. Esto debido a que contamos con una regulación ineficiente e ineficaz, así como un tratamiento estatal negligente respecto de las necesidades especiales que este tipo de casos requieren. El Estado peruano no cuenta con la existencia de un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTIQ+ víctimas de violencia; las investigaciones penales de estos casos suelen adolecer de perspectiva de género; tampoco existe un plan de capacitación y sensibilización sobre violencia contra las personas LGBTIQ+ efectivo y eficaz ni existe un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra personas LGBTIQ+. Debido a lo anterior, es preciso llevar a cabo medidas de corrección para garantizar el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva en casos de violencia sexual a personas trans como contar con una regulación específica que reconozca la incidencia de estos actos de discriminación, así como la necesidad de contar con refuerzos normativos y criterios jurisprudenciales. / The effective judicial protection is the prime human right to have an efficient answer from the State (access to justice, an impartial judge predetermined by law, defense right, right to a trial without undue delay, due motivation of resolutions or sentences, res judicata effect, and, the right to the effectiveness of resolutions or sentences). The Peruvian regulation about trans sexual violence is inefficiently. The main reason is because we have inefficient and ineffective regulation, as well as negligent State's treatment regarding the special needs that these types of cases require. The Peruvian State does not have a protocol for the investigation and administration of justice during criminal proceedings for cases of LGBTIQ + victims of violence; the criminal investigations does not have gender perspective; there is also no effective and efficient training and awareness plan on violence against LGBTIQ + people, nor is there a system for the collection and statistical production of violence against LGBTIQ + people. Due to the foregoing, it is necessary to carry out corrective measures to guarantee access to effective judicial protection in cases of sexual violence to transgender people, such as having a specific regulation that recognizes the incidence of these acts of discrimination, as well as the need to have normative reinforcements and jurisprudential criteria.

Las adicciones han sido históricamente abordadas en nuestra legislación no como problemas de salud mental, sino como situaciones que generan una serie de consecuencias jurídicas que restringen los derechos de las personas adictas. Estos trastornos se han construido sobre la base de una concepción moral que ha impedido tratarlas de manera adecuada. A pesar de esta situación, muchas de estas normas han ido variando y se ha optado por una posición que garantiza cada vez más los derechos de las personas adictas; sin embargo, aun se encuentra pendiente el reconocimiento de su plena autonomía y su capacidad jurídica. El objetivo principal de esta investigación es demostrar que las adicciones son trastornos mentales altamente complejos que deben ser tratados de manera individualizada, objetiva y libre de prejuicios y estigmas. De igual modo, se evidencia cómo la concepción inadecuada de las adicciones ha conllevado a una regulación contradictoria e incongruente en diferentes cuerpos normativos, que requiere con urgencia ser revertida. Son múltiples los desafíos que nos impone el tratamiento de los trastornos de adicciones y es que, si bien ha existido un avance significativo con la dación de la nueva ley de salud mental en este año 2019, aún se requieren otros esfuerzos normativos, a fin de que el tema sea abordado jurídicamente de manera sistémica. Con esta misma finalidad, es necesaria la participación coordinada y activa de diversas entidades públicas que velen por los derechos de las personas con adicciones, especialmente aquellas que se encuentran recluidas en establecimientos de salud mental y presentan serios problemas para acceder a la justicia.

El crimen organizado y las actividades relacionadas a los delitos graves, generan un patrimonio criminal o de origen ilícito consistentes en bienes muebles e inmuebles, productos, acciones, empresas, y otros derechos de propiedad, donde la eficacia del Derecho Penal, más allá de la sanción personal, la incautación o el decomiso, no logra privar y afectar a ese patrimonio criminal o derechos de propiedad que son destinados a actividades ilícitas, dejando una sensación de impunidad. Es por ello que, los Estados buscan permanentemente luchar contra ese flagelo que causa daños socio-económicos profundos. Una herramienta importante, que busca golpear y afectar al patrimonio de las organizaciones criminales y los grupos delictivos, es la extinción de dominio, que es independiente de la acción penal, no busca la sanción personal; busca extinguir los derechos de propiedad de origen ilícito o con fines ilícitos, sin contraprestación alguna a favor del Estado. Sin embargo, planteamos que su reciente implementación y adecuación al sistema jurídico peruano, desde el segundo semestre del año 2018, podría poner en evidencia algunas disposiciones normativas contrarias a la constitución como el debido proceso, la presunción de inocencia, entre otros, que en última instancia podría afectar directamente el derecho de propiedad, que tienen fundamento constitucional, mientras que la figura de extinción de dominio no la tiene. Por ello, nuestro objetivo es hacer un análisis del derecho fundamental a la propiedad, frente al proceso de extinción de dominio y advertir algunas inconsistencias y deficiencias según la experiencia de países latinoamericanos como Colombia y México que han modificado sus cartas fundamentales y han complementado su madurez a través de sus Supremos Tribunales, para evitar arbitrariedades y garantizar la plena vigencia del derecho fundamental a la propiedad y demás derechos fundamentales dentro de un Estado de Derecho y continuar con la autonomía del proceso de extinción de dominio que mucha falta hace en la lucha contra la criminalidad. / Organized crime and activities related to serious crimes, generate a criminal or unlawful property consisting of movable and immovable property, products, actions, companies, and other property rights, where the effectiveness of criminal law, beyond personal sanction, seizure or confiscation, fails to deprive and affect that criminal heritage or property rights that are intended for illicit activities, leaving a sense of impunity. That is why States are constantly seeking to combat this scourge that causes profound socio-economic damage. An important tool, which seeks to strike and affect the assets of criminal organizations and criminal groups, is the termination of dominance, which is independent of criminal action, does not seek personal sanction; seeks to extinguish property rights of illicit origin or for illicit purposes, without any consideration in favor of the State. However, we propose that its recent implementation and adaptation to Peruvians legal system, since the second half of 2018, could highlight some anti-constitution regulatory provisions such as due process, the presumption of innocence, among others, which could ultimately directly affect the right to property, which have a constitutional basis, while the domain-extinguishing figure does not. Therefore, our goal is to make an analysis of the fundamental right to property, in the face of the process of termination of dominance and to notice some inconsistencies and deficiencies in the experience of Latin American countries such as Colombia and Mexico that have modified their fundamental letters and complemented their maturity through their Supreme Courts, to avoid arbitrariness and ensure the full validity of the fundamental right to property and other fundamental rights within a rule of law and continue with the autonomy of the much-needed domain extinction process in the fight against crime.

El reconocimiento pleno de los derechos fundamentales en el trabajo exige indefectiblemente un cauce procesal adecuado, célere y eficaz que protega de manera completa y suficiente estos derechos. Sin embargo, la Ley Procesal del Trabajo no contempla un proceso especial de tutela de derechos fundamentales, pero si reconoce algunas garantías procesales de refuerzo para la protección de los derechos fundamentales. Esta investigación tiene el objetivo de indentificar si las garantías de refuerzo que se reconoce en dicha ley son suficientes. Para ello, se hace una análisis dogmático jurídico exploratoria de las leyes procesales del trabajo a nivel nacional e internacional. La principal conclusión que se obtiene de la investigación es que la actual ley procesal del trabajo no otorga una protección completa, suficiente e idónea a los derechos fundamntales del trabajo.

El presente Informe Jurídico versa en torno a una de las sentencias más relevantes emitidas por el Tribunal Constitucional peruano: la sentencia 142-2011-AA/TC, también conocida como el caso Minera María Julia. La sentencia estableció los tres únicos posibles casos de procedencia del amparo contra laudo arbitral, definiendo que, para los demás casos, el medio idóneo era el recurso de anulación de laudo. El presente informe analiza lo establecido por el Tribunal Constitucional considerando la naturaleza tanto del recurso de anulación de laudo como de la acción de amparo arbitral. Para ello, se realiza un análisis del recurso de anulación de laudo, observando si se trata de un recurso o de un proceso autónomo. De igual manera, se analiza cuánta capacidad real tiene el recurso de anulación de laudo para proteger derechos fundamentales en reemplazo de la acción de amparo. Posteriormente, se revisa la naturaleza de la acción de amparo, determinando la necesidad de mantener su carácter de urgencia y de proceso residual. Finalmente, se observa el conflicto que surge al querer determinar cómo armonizar el correcto uso del recurso de anulación de laudo con la necesidad de mantener al proceso de amparo como una vía residual, concluyéndose que debe añadirse un criterio adicional. / This Legal Report deals with one of the most relevant judgments issued by the Peruvian Constitutional Court: Judgment 142-2011-AA/TC, also known as the Minera María Julia case. The judgment established the only three possible cases in which an amparo action against an arbitration award could be granted, defining that, for the other cases, the appropriate remedy was the appeal for annulment of the award. This report analyzes the Constitutional Court's ruling, considering the nature of both the appeal for annulment of the award and the amparo action. To this end, an analysis is made of the appeal for annulment of the award, noting whether it is an appeal/recourse or an autonomous process. Likewise, an analysis is made of the real capacity of the appeal for annulment of the award to protect fundamental rights in replacement of the amparo action. Subsequently, the nature of the amparo action is reviewed, determining the need to maintain its character of urgency and residual process. Finally, the conflict that arises when trying to determine how to harmonize the correct use of the appeal for annulment of the award with the need to maintain the amparo process as a residual remedy is observed, concluding that an additional criterion must be added.

En este informe, analizaremos la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional respecto del derecho a la lactancia de una magistrada, nuestra hipótesis es que se ha generado una vulneración manifiesta a los derechos de la magistrada y de su menor hijo con la programación de audiencias en la hora de lactancia de la magistrada y además de otros derechos. Centraremos la investigación en el análisis de los problemas jurídicos, el principal vinculado a la imputabilidad de los demandados respecto a la vulneración del derecho a la lactancia, los secundarios referidos a los derechos fundamentales de la demandante y los derechos del menor. El objetivo de la presente investigación es verificar que el derecho a la lactancia, a pesar de no ser un derecho constitucional expresamente reconocido es un derecho vinculado a la maternidad, que cuando este derecho es desconocido genera una gran afectación en la esfera familiar y que puede tener efectos adversos al desincentivar el ejercicio de las responsabilidades familiares. Finalmente, concluiremos que, si bien se ha vulnerado el derecho a la lactancia y sus derechos vinculados, ello refleja algo un problema estructural mayor en las posiciones neurálgicas de la administración pública y el ejercicio de los derechos fundamentales.