El presente Informe Jurídico tiene como finalidad entender la categoría del trabajador de confianza, siendo que este cargo a la actualidad produce aún incertidumbre entre los trabajadores, empleadores y genera discusiones académicas en el medio; todo esto usando como fuente el Expediente N° 05214-2016-PA/TC, referido a la desnaturalización del contrato de trabajo del Sr. Edgar Raúl Zúñiga Morán. Es en ese sentido, que el presente documento busca determinar no solo las características propias de esta categoría según el ordenamiento jurídico peruano, sino también analizar las vías procesales idóneas con las cuales se puede acceder a una correcta tutela jurisdiccional efectiva. Asimismo, efectuar una debida diferenciación entre la vía procesal laboral ordinaria y cuáles son los aspectos que resuelve, así como la necesidad de revisar algún tema de carácter laboral en el Proceso de Amparo. Para lograr este objetivo, he efectuado la determinación de los hechos del caso en conflicto, la selección y análisis de validez e idoneidad del material normativo, así como la aplicación de este material a los hechos del caso. Finalmente, conforme al criterio de resolución empleado por el Pleno del Tribunal Constitucional, justificar y criticar constructivamente la Sentencia. / The purpose of this Legal Report is to understand the category of trusted worker, since this position currently still produces uncertainty among workers, employers and generates academic discussions in the domain of research. We aim to report th File No. 05214-2016-PA / TC involving to the denaturing of Mr. Edgar Raúl Zúñiga Morán's employment contract. It is in this sense that this document aims to achieve the following goal: to determine not only the characteristics of such category according to the Peruvian legal system, but also to analyze the most adequate proceeding for a correct and effective judicial protection to be obtains. Furthermore, we shall individualize the ordinary labor procedural route and what are the aspects that solves, as well as the necessity to review any labor issue in the Amparo Process route [writ of amparo]. To achieve this objective, I have carried out the determination of the facts of the case in conflict, the selection and analysis of the validity and suitability of the statutory rules, as well as the application of such rules to the facts of the case. Finally, according to the resolution criteria used by the Plenary of the Constitutional Court, the legal report brings a justified and critical approach to the Sentence.

Mediante el presente trabajo, se analiza desde una perspectiva laboral la idoneidad del uso de la videovigilancia por parte de los empleadores para ejercer la facultad fiscalizadora en la relación laboral teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Resolución Directoral Nº 54-2019-JUS/DGTAIPD mediante la cual el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispone la prepublicación del Proyecto de Directiva para el Tratamiento de Datos Personales mediante Sistemas de Videovigilancia en la cual se ha establecido un apartado en relacion al uso de la videovigilancia para control laboral. El presente trabajo académico, tiene como objetivos, en primer lugar realizar un análisis de lo que contempla el proyecto de directiva respecto del uso de la videovigilancia para control laboral; en segundo lugar, se realiza una breve revisión de la regulación legislativa y jurisprudencia comparada respecto del uso de viodeovigilancia en la relacion laboral para verificar cuales son los parámetros que a nivel internacional se han establecido respecto de su uso; en tercer lugar, analiza qué derechos fundamentales de los trabajadores pueden verse involucrados en el uso de la videovigilancia en contraposición al poder de dirección del empleador; y, en cuarto lugar, habiendo realizado el desarrollo de lo anterior, se analiza el Proyecto de Directiva en sí mismo para determinar si este garantiza el respeto de los derechos fundamentales que se ven involucrados por el uso de la videovigilancia en la relación laboral, y por otro lado, se analiza cuáles de las pautas que se siguen en la legislación y jurisprudencia comparada deben ser tomadas en cuenta como propuestas para la regulación de la videovigilancia en Perú.

La denegación de los ajustes razonables a la personas con discapacidad es un motivo de discriminación de acuerdo a la normativa nacional e internacional, siendo los ajustes una herramienta necesaria para la inclusión y permanencia en el ámbito laboral de las personas con discapacidad en el Perú. Sin embargo, a pesar de comprenderse lo que es un ajuste razonable, los criterios, en especial el de “carga indebida”, para que se deniegue o acepte un ajuste razonable no son totalmente claros en el Perú. En el presente trabajo, el objetivo es saber si existe algún desarrollo sobre criterios para denegar los ajustes razonables. Se toma como punto de análisis los casos evaluados por el Tribunal de Servicio Civil, ente encargado de resolver en última instancia administrativa las reclamaciones individuales de funcionarios y servidores públicos. Para ello, se realiza la indagación de expedientes en segunda sala del Tribunal de Servicio Civil desde el año 2016 sobre casos de personas con discapacidad que han solicitado los ajustes razonables, encontrando que solo existe un caso respecto a la denegación de ajustes razonables, y que no existe ningún análisis sobre la carga indebida para el otorgamiento o denegación de los ajustes, y menos de algún otro criterio, bastando la acreditación de la discapacidad. En conclusión, La Ley General de las personas con discapacidad señala al igual que la Convención de personas con discapacidad, que la denegación de ajustes razonables solo es viable si suponen una carga económica excesiva o también llamada carga indebida, pero este criterio, no se encuentra claro normativamente, menos aún para un ente jurisdiccional en el ámbito laboral-público, como el Tribunal de Servicio civil

La teoría acerca de la prueba prohibida es quizás una de las más controvertidas en el campo de la dogmática procesal, dado que refuerza el conflicto entre la finalidad clásica del proceso penal, que es la búsqueda de la verdad y el interés superior de respeto a los derechos fundamentales, principio rector básico de nuestro actual modelo de Estado Constitucional de Derecho. La consecuencia de ello es que el material probatorio obtenido con vulneración a derechos fundamentales no puede ser utilizado como prueba dentro del proceso. No obstante, sostenemos que esta concepción tiene un error de planteamiento desde el inicio, debido a que se da por cierta la protección de los derechos fundamentales como consecuencia de la aplicación de la regla de exclusión, cuando en la realidad no es posible “evitar” la vulneración del derecho fundamental con su utilización. Así mismo, las personas cuyos derechos fundamentales ya han sido vulnerados (con la obtención de pruebas prohibidas en su contra), no pueden volver al estado anterior o resarcir el daño que les han causado a través de la aplicación de esta regla. Existen medios más adecuados para el manejo de material probatorio prohibido, distintos a la exclusión de pruebas irrefutables, tales como la sanción directa a los responsables y/o el resarcimiento económico a las víctimas, así como el establecimiento de la presunción jurídica de que las pruebas ilícitamente obtenidas deben ser consideradas como poco fiables. No obstante, a pesar de nuestra postura, podemos afirmar que la regla de exclusión de las pruebas obtenidas vulnerando derechos fundamentales se ha universalizado, sin embargo, su naturaleza, alcance y efectos dependerá de cuál sea la explicación que se ofrece acerca de su fundamento. Para el análisis de dicho fundamento partiremos del estudio de los modelos teóricos que mayor repercusión han tenido en nuestra realidad jurídica: el modelo norteamericano y el europeo- continental

El presente informe trata sobre el derecho fundamental a la educación en una zona rural de la selva del Perú. Es un caso muy importante porque pone en evidencia la precariedad del servicio educativo en el Perú y la postura del Tribunal Constitucional frente a la dificultad para acceder al ejercicio de un derecho fundamental que el Estado Peruano no está en capacidad de garantizar. El problema principal del caso consiste en evidenciar si se vulneró o no el derecho a la educación de las demandantes (dos hermanas con 18 y 19 años) al no contarse con centros educativos idóneos en la zona rural en la que vivían y, al impedírseles la matrícula en un centro de educación básica regular por ser mayores de edad. El TC declaró fundada la demanda señalando que las leyes deben interpretarse a la luz de la Constitución y no a la inversa de modo que, si bien la Ley General de Educación, Ley 28044 y, la Directiva 014-2012- MINEDU/VMGP “Normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar 2013 en la educación básica” establecían los criterios para el acceso a .los centros educativos de educación básica regular y de educación básica alternativa, dichas normas debían aplicarse siguiendo los lineamientos constitucionales que regulan los derechos fundamentales y no al revés. Además, la sentencia declaro el estado de cosas inconstitucional. El derecho a la educación es un derecho fundamental regulado -entre otros- en los artículos 13, 14,16 y 17 de la Constitución y en el Perú, además, los derechos humanos se interpretan, de acuerdo con la Cuarta Disposición Final y Transitoria, siguiendo los tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. / This report deals with the fundamental right to education in a rural jungle area of Peru. It is a very important case because it highlights the precariousness of the educational service in our country and the position of the Constitutional Court regarding the poor access this fundamental right has and that the Peruvian Goverment cannot guarantee. The main problem in the case is whether or not the educational right of the applicants (two sisters aged 18 and 19) was violated by the lack of suitable educational centres in the rural area in which they lived and by preventing them from enrolling in a regular basic education centre because they didnt have the legal age. The Constitutional Court declares the claim to be well founded on the grounds that the laws must be interpreted following the Constitution and not vice versa, so that, evenlthough the General Educational Law establishes criteria for access to regular basic education and alternative basic education centers, these norms must be applied following the constitutional guidelines that regulate fundamental rights and not vice versa. The Courts also declared the unconstitutional state of affairs. The educational right is a fundamental right regulated -among others- in articles 13, 14, 16 and 17 of the Constitution and in Peru, in addition, human rights are interpreted, in accordance with the Fourth Final and Transitory Provision, following international treaties such as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic Social and Cultural Rights.

El análisis de las jornadas acumulativas genera especial interés a partir de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional emitido en el año 2006, incluso en la actualidad, existen diversos documentos y resoluciones expedidas por la autoridad administrativa de trabajo. Antes de la emisión de la sentencia en comento los empleadores podían implementar, de conformidad con sus necesidades operacionales y atendiendo a la especial naturaleza de su actividad, distintas jornadas acumulativas de trabajo, sin que ello implicara mayor cuestionamiento o incumplimiento de alguna norma de parte del empleador. En este sentido, de acuerdo con la regulación existente hemos podido constatar que la misma se orienta a establecer el promedio de horas que debe respetarse en el período respectivo conforme lo establece el artículo 25 de la Constitución. No obstante, del análisis de cada jornada se verifica que no existe regulación expresa de cómo determinar una jornada acumulativa, esto es, ¿cómo así se determina que en un caso concreto los descansos acumulados correspondan a 7 días, y no de 6, 9 o más días? ¿Qué criterio es el que determina que a 14 días de labor (en función a 11 horas diarias) corresponda 7 días de descanso? ¿En el mismo supuesto, si la jornada diaria es de 10 o 12 horas, también tendría que otorgarse 7 días de descanso (los empleadores normalmente lo hacen)? ¿Incide en algo si la jornada diaria fuera de 10, 11 o 12 horas? Así, consideramos que no existen parámetros o criterios que nos permitan implementar de manera adecuada una jornada acumulativa de trabajo. Por consiguiente, la presente investigación no sólo advierte la necesidad de establecer criterios, sino que propone los mismos lo que permitirá conocer con certeza cómo se implementa una jornada acumulativa y en especial cómo se determina los descansos acumulados del período.

A través de la escisión societaria, una empresa puede transferir todo un bloque patrimonial (incluyendo trabajadores) hacia otra empresa. Este fenómeno que tiene efectos en las relaciones laborales individuales y colectivas, no cuenta con una legislación laboral que lo regule. Ante tal, aparente, incertidumbre; muchas afectaciones a la libertad sindical como producto de las escisiones empresariales han terminado discutiéndose (sin mucho éxito) en vía judicial. Evidenciándose que la principal tara al momento de abordar el problema se encuentra que el análisis se realiza a un nivel infraconstitucional, ignorando por completo, el contenido protegido por la libertad de empresa y la libertad sindical. Mediante el presente trabajo, ponemos en evidencia las diferentes restricciones que sufre la libertad sindical luego de una escisión, así como el deficiente análisis que se viene haciendo sobre esta problemática. Y finalmente, proponemos un modelo de análisis para estos casos y una posible solución en general, bajo la óptica de los derechos fundamentales. / Through the corporate division, a company can transfer an entire block of assets (including workers) to another company. This phenomenon, which has effects on individual and collective labour relations, does not have labour legislation to regulate it. In the face of such, apparent, uncertainty; many effects on freedom of association as a result of the corporate division have ended up being discussed (without much success) in the courts. Evidenced that the main flaw when addressing the problem is that the analysis is carried out at an infra-constitutional level, completely ignoring the content protected by freedom of business and freedom of association. Through this work, we highlight the different restrictions that freedom of association suffers after a corporate division, as well as the deficient analysis that has been done on this problem. And finally, we propose an analysis model for these cases and a possible solution in general, from the perspective of fundamental rights. / Trabajo académico

El presente informe tiene como objetivo analizar la inconstitucionalidad de la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº30407, Ley de Bienestar y Protección Animal, la cual excluye a las corridas de toros, peleas de toros, peleas de gallos y demás espectáculos declarados de carácter cultural por la autoridad competente. El análisis jurídico comprende en determinar cuál es el estado actual de los animales dentro del ordenamiento jurídico a partir de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional, siendo la de mayor relevancia la del Expediente Nº00022-2018-PI/TC. Se utilizará el principio de proporcionalidad como un parámetro indispensable de constitucionalidad para evaluar la actuación de los poderes públicos, sobre todo cuando ésta afecta el ejercicio de los derechos fundamentales. Es decir, el principio de proporcionalidad no debe ser entendido como la respuesta a todos los problemas, sino como la técnica que nos permite determinar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas legales que limitan o restringen derechos fundamentales. Además, se analizará si la declaración de las corridas de toros, peleas de toros y peleas de gallos como espectáculos culturales por parte del Ministerio de Cultura es determinante para declarar la constitucionalidad de la ley. Por último, se cuestionará si es necesario realizar una reforma constitucional para garantizar una protección efectiva de los animales. / The following essay aims to analyze the unconstitutionality of the First Final Complementary Provision from Law Nº30407 Animal Welfare and Protection Law, which exempts bullfights, cockfights and other animal related activities proclaimed as cultural events from a competent lawful authority. The legal analysis intends to determine the current status of animals within the legal system, based on the resolutions issued by the constitutional court, being the most relevant File No. 00022-2018-PI/TC. The proportionality test will be utilized as an essential parameter of constitutionality to evaluate the actions of public powers, especially when it affects the exercise of fundamental rights. In other words, the proportionality test should not be understood as the answer to all problems, but rather as the mechanism that allows us to determine the suitability, necessity and proportionality of the legal measurements that limit or restrict fundamental rights. Furthermore, it will analyze whether the declaration of bullfights and cockfights as cultural events by the Ministry of Culture is a decisive factor to declare the constitutionality of the law. Finally, it will be argued if it is necessary to propose a constitutional reform in order to provide an effective protection for all animals.

El presente trabajo de investigación analizará los derechos humanos vulnerados de Igmar Landaeta Mejías y Eduardo Landaeta Mejías a manos del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado de Aragua en Venezuela. Los hechos tuvieron su desarrollo entre noviembre y diciembre de 1996, pero encontraron respuesta de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 27 de agosto del 2014, cuando se concluyó que el Estado de Venezuela es responsable internacionalmente por haber violentado los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, protección judicial, garantías judiciales y derechos del niño de los Hermanos Landaeta Mejías. Tal análisis se desarrollará tomando en cuenta el contexto de hostigamiento policial ocurrido en contra de las víctimas y que conllevaron a la muerte de ambos hermanos. Finalmente, se concluirá con que el uso de la fuerza de los agentes policiales no fue proporcional y su ejercicio no tomó en cuenta los estándares de derechos humanos reconocidos no sólo en la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también en la Convención contra la tortura, Derechos del Niño y etc. De la misma forma, se determinará que las actuaciones judiciales de los tribunales de justicia de Venezuela no fueron las correctas, al no procurar la diligencia, eficacia e idoneidad de sus decisiones. / This research paper will analyze the human rights violations of Igmar Landaeta Mejías and Eduardo Landaeta Mejías at the hands of the Security and Public Order Corps of the State of Aragua in Venezuela. The facts took place between November and December 1996, but found a response from the Inter-American Court of Human Rights on August 27, 2014, when it concluded that the State of Venezuela is internationally responsible for having violated the rights to life, personal integrity, personal liberty, judicial protection, judicial guarantees and children's rights of the Landaeta Mejías brothers. This analysis will be developed taking into account the context of police harassment that occurred against the victims and that led to the death of both brothers. Finally, it will be concluded that the use of force by the police officers was not proportional and its exercise did not take into account the human rights standards recognized not only in the American Convention on Human Rights, but also in the Convention against Torture, the Rights of the Child, and others. In the same way, it will be determined that the judicial actions of the courts of justice in Venezuela were not correct, as they did not seek diligence, effectiveness and appropriateness of their decisions.

El presente artículo, trata respecto a la doctrina judicial del reportaje neutral y sus implicancias en la libertad de información. En un reportaje neutral, el profesional de la información y todo aquel vinculado a la actividad periodística (periodista o empírico) es un transmisor de contenidos informativos en un medio de comunicación, previamente ya difundido por su homólogo. Dentro de ese marco conceptual, se pretende determinar si la aplicación del reportaje neutral como doctrina judicial es idónea para la protección del derecho a la libertad de información y a su vez es proporcional con el derecho al honor, siempre y cuando se tenga en cuenta los requisitos de procedibilidad o presupuestos de validez del reportaje neutral. Es en ese sentido, que el derecho a la comunicación en su variante de libertad de información en aplicación del reportaje neutral está garantizada sin lesionar el derecho al honor, exonerándose de responsabilidad al periodista o empírico en quien recae la imputación del delito de difamación agravada por el medio empleado por el contenido noticiable informado