Se ainda hoje parece questionável a forma e a intensidade da eficácia dos direitos fundamentais individuais nas relações jurídicas entre particulares, muito mais polêmica é a questão da incidência dos direitos fundamentais sociais nesse tipo de relação. Na literatura especializada, poucos autores dedicaram-se ao tema. A maioria dentre os que tratam da vinculação dos particulares a direitos fundamentais limita-se a examinar a eficácia dos direitos individuais. Todavia, a despeito das divergências, parece que há consenso na doutrina pelo menos sobre duas questões, que constituem o núcleo do tema. São elas: (i) os direitos fundamentais sociais também denominados direitos a prestação em sentido estrito têm projeção nas relações entre particulares? (ii) Em caso afirmativo, como e com que intensidade tais direitos se projetam nessas relações? A primeira questão demanda, no campo da dogmática jurídica, um trabalho de fundamentação constitucional. A segunda, um trabalho de construção constitucional. No plano da fundamentação e da construção dogmático-constitucional, o objetivo é responder a essas mesmas questões tomando como marco normativo de referência a Constituição Federal de 1988. Trata-se de examinar, com base no texto da CF, o se , o como e a medida (ou intensidade) da projeção dos direitos fundamentais sociais nas relações entre particulares. Para orientar a investigação, adotam-se três pré-compreensões: (i) o princípio da supremacia da CF ou princípio da constitucionalidade projeta-se não somente sobre as relações de caráter político que se estabelecem entre Estado e cidadão, mas também sobre outras importantes esferas da vida social, nas quais os particulares mantêm relações intersubjetivas de interação (coordenação, cooperação e conflito); (ii) a instituição da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito importa, em conseqüência, não apenas para o reconhecimento formal e substantivo da liberdade e da igualdade, mas também para a garantia de condições mínimas de existência digna (CF, art. 1.º, III); (iii) às normas definidoras de direitos fundamentais sociais reserva-se um regime jurídico especial, inclusive em relação às demais normas constitucionais (CF, art. 5.º, § 1.º; art. 60, § 4.º, IV). Este trabalho, em que pese se situe no campo da dogmática geral dos direitos fundamentais, faz incursões no campo da teoria geral e da dogmática tópica dos direitos fundamentais. A investigação aqui desenvolvida é uma atividade cognitiva de análise da linguagem e de interpretação legislativa, bibliográfica e jurisprudencial. A conclusão é que, pelo menos no concernente ao conteúdo em dignidade e, de modo geral, ao conteúdo essencial dos direitos fundamentais sociais, não se deveria, em princípio, questionar a possível e necessária eficácia direta desses direitos no âmbito das relações entre particulares.</ / Si todavía parece cuestionable la forma y la intensidad de la efectividad de los derechos individuales fundamentales en las relaciones jurídicas entre particulares, mucho más polémica es la cuestión de la incidencia de los derechos fundamentales sociales en este tipo de relación. En la literatura especializada, pocos autores se han dedicado al tema. La mayoría de los que tratan las personas con la vinculación de los derechos fundamentales se limita a examinar la eficacia de los derechos individuales. Sin embargo, a pesar de los desacuerdos, parece que hay un consenso de principio al menos sobre dos cuestiones, que constituyen el núcleo del tema. Ellos son: (i) ¿los derechos sociales fundamentales - también referidos derechos a la disposición en el sentido estricto - se proyectan en las relaciones entre particulares? (ii) ¿en caso afirmativo, cómo y con qué intensidad estos derechos se proyectan en estas relaciones? La solicitud de la primera cuestión, en el ámbito de la certeza dogmática, es una obra de razonamiento constitucional. La segunda, una obra de construcción constitucional. En el plan de razonamiento y de la construcción dogmática constitucional, el objetivo es responder a esas preguntas, tomando como referencia normativa a la Constitución Federal de 1988. Esto es examinado basado en el texto de la Constitución, el "si", el "cómo" y "medida" (o intensidad) de la proyección de la proyección de los derechos fundamentales sociales en las relaciones entre particulares. Para orientar la investigación, se adoptan tres pre-acuerdos: (i) el principio de la supremacía de la Constitución - o el principio de constitucionalidad - proyectase no sólo sobre las relaciones de carácter político establecido entre el Estado y los ciudadanos, sino también en otras esferas importantes de la vida social en el que los individuos mantienen relaciones interpersonales (interacción de coordinación, cooperación y conflicto); (ii) la institución de la dignidad de la persona humana como base del Estado Democrático de Derecho, como resultado, no sólo para el reconocimiento formal y sustantivo de la libertad y la igualdad, pero también para la garantía de condiciones mínimas de existencia digna (CF, art. 1.º, III); (iii) la definición de las normas de los derechos sociales fundamentales reservase un estatuto jurídico especial, incluso en relación con otras disposiciones constitucionales (CF, art. 5. § 1.º, art. 60, § 4.º, IV). Este trabajo, aunque es en el campo de la dogmática general de los derechos fundamentales, hace incursiones en el campo de la teoría general de los derechos fundamentales y el dogma del tema de los derechos fundamentales. La conclusión es que, al menos sobre el contenido de la dignidad y, en general, el contenido esencial de los derechos sociales fundamentales, no se debería, en principio, cuestionar la eficacia directa posible y necesaria de estos derechos en las relaciones entre los individuos.

Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales / El objetivo de este trabajo es dar cuenta de la evolución y lineamientos de los tribunales en torno a acoger o rechazar la aplicación del procedimiento de tutela de derechos fundamentales a los funcionarios públicos. Para ello realizaremos un análisis legal, doctrinal y jurisprudencial de la materia, nos referiremos a las distintas hipótesis sobre este asunto, a saber: la incompetencia de los tribunales, la aplicación de la tutela a los funcionarios públicos y la declaración de inconstitucionalidad de ello, para detenernos, finalmente, en los distintos proyectos de ley existentes sobre el tema, cuyo fin es consagrar legalmente dicha aplicación.

En el presente informe jurídico se realiza un análisis de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Alfredo Lagos del Campo vs. Perú. Esta es la primera en la cual la Corte IDH declara violado el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre los derechos económicos sociales y culturales. Este caso es sobre el despido por falta grave del señor Alfredo Lagos del Campo en su condición de presidente del Comité Electoral de la comunidad industrial de la empresa industrial Ceper-Pirelli, en el marco de la Constitución de 1979 y la Ley 24514. En esa medida, luego de presentar los principales hechos de fondo y procesales, se procede a desarrollar los problemas jurídicos relativos a la justiciabilidad de los derechos laborales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; la libertad de expresión de los representantes de los trabajadores y su fundamento democrático; el derecho a la estabilidad laboral —con referencias a su desarrollo nacional—; los derechos a las garantías judiciales y a un recurso efectivo; y su reparación ante el sistema interamericano.

El caso materia de desarrollo del presente informe es de relevancia; dado que, permite analizar y abordar los criterios que a lo largo de los años el INDECOPI y el Tribunal Constitucional han desarrollado vinculados a la discriminación. Asimismo, el caso permite abordar el estudio y desarrollo de derechos fundamentales tal como el de igualdad, el mandato de no discriminación y el respeto a la dignidad de todo ser humano, para lo cual se recurre a nuestra Constitución Política del Perú de 1993 y disposiciones internacionales. Además, permite desarrollar si corresponde que la discriminación en el consumo se distinga del trato ilícito, con lo que expongo mi postura debidamente fundamentada empleando los criterios esbozados a lo largo de estos años. Finalmente, es necesario señalar que el caso materia de informe se rige bajo el Decreto Legislativo N° 716 (derogada y el precedente del actual Código de Protección y Defensa del Consumidor), que incorpora lo estipulado en la Ley N° 27049, Ley que precisa el derecho de los ciudadanos a no ser discriminados en el consumo, que entró en vigencia en 1998 y fue la norma que por primera vez estableció en nuestro país de manera expresa a nivel legislativo la prohibición de discriminar a los consumidores.

La pesca se considera una actividad económica de gran importancia en nuestro país, ya que contribuye significativamente al desarrollo económico nacional. Los recursos hidrobiológicos son reconocidos como patrimonio de la nación, y su gestión sostenible recae en la responsabilidad del Estado, el cual debe garantizar su manejo integral. No obstante, en los últimos años, hemos sido testigos de un preocupante incremento de la pesca ilegal y otros delitos relacionados con esta actividad. En respuesta a esta problemática, en el año 2018, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo 1393, el cual regula la interdicción de las actividades ilegales de pesca. Su objetivo fue implementar acciones para combatir la ilegalidad en el sector pesquero y asegurar el uso sostenible de los recursos. Este decreto se realizó en el marco de la delegación de facultades otorgada por el Congreso de la República (en adelante, el Congreso) mediante la ley autoritativa 30823 al Poder Ejecutivo. En este contexto, el presente informe tiene como objetivo detallar los alcances de la sentencia 265/2021 emitida por el Tribunal Constitucional. la cual resuelve la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el Decreto Legislativo 1393. Dicha demanda fue interpuesta por un grupo considerable de pescadores artesanales, quienes alegaron que dicho decreto vulneraba sus derechos fundamentales. / The fishery is considered an economic activity of great importance in our country, as it contributes significantly to national economic development. Hydrobiological resources are recognized as patrimony of the nation, and their sustainable management falls under the responsibility of the State, which must guarantee their integral management. However, in recent years, we have witnessed a worrying increase in illegal fisheries and other crimes related to this activity. In response to this problematic, in 2018, the Government promulgated the Legislative Decree 1393, which regulates the interdiction of illegal fishing activities. Its objective was to implement actions to combat illegality in the fishing sector and ensure the sustainable use of resources. This decree was made in the delegation of powers granted by the Congress of the Republic through the authoritative law 30823 to the Government. In this context, the purpose of this report is to detail the implications of sentence 265/2021 emitted by the Constitutional Court, which resolves the unconstitutionality lawsuit filed against Legislative Decree 1393. This lawsuit was filed by a considerable group of artisanal fishermen, who alleged that the decree violated their fundamental rights.

El presente Informe analiza cuestiones jurídicas relevantes del Expediente 142-2011-PA/TC; un proceso de amparo en que se pretendió la declaración de ineficacia de un Laudo Arbitral por vulnerar derechos fundamentales. Se analizan las siguientes cuestiones. En primer lugar, si el proceso de anulación de laudo arbitral es una vía previa o paralela al amparo. En segundo lugar, si el proceso de anulación de laudo arbitral es una vía idónea igualmente satisfactoria al proceso de amparo para tutelar derechos fundamentales. En tercer lugar, si la pretensión es fundada. En cuarto lugar, si la actuación del TC consistente en emitir pronunciamiento de fondo sin correr traslado de la demanda a la parte demandada vulnera los derechos de defensa y a la pluralidad de instancia. En quinto lugar, si debió incluirse en el proceso a la otra parte del arbitraje. La importancia del análisis de estas cuestiones radica en la necesidad de establecer reglas claras para regir la relación entre el arbitraje y la jurisdicción, así como de que estas reglas sean razonables y conformes con nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, la metodología empleada en el trabajo consiste en el contraste de las cuestiones antes mencionadas con las fuentes jurídicas constitucionales, procesales y arbitrales pertinentes. Finalmente, las conclusiones obtenidas son las siguientes: Con relación al primer problema, el proceso de anulación de laudo arbitral es una vía paralela al amparo. Con relación al segundo problema, el proceso de anulación de laudo arbitral, por regla general, es una vía idónea igualmente satisfactoria que el amparo. Con relación al tercer problema, la pretensión es infundada. Con relación, al cuarto problema, la actuación del TC vulnera los derechos fundamentales de defensa y a la pluralidad de instancia. Con relación al quinto problema, sí debió incluirse en el proceso a la otra parte del arbitraje.

El presente artículo académico tiene como finalidad analizar el derecho a la educación y las limitaciones que acarrean en cuanto a la disponibilidad de instituciones educativas y la accesibilidad no solo a través de normas (aunque claramente estas significan una contribución y un avance significativo en el enfoque que le damos), sino también en políticas públicas que aseguren a nuestras personas el pleno ejercicio de este derecho y no solo el derecho, sino el desarrollo de capacidades y destrezas que los alejen de la ignorancia y los acerquen a su realización personal y de la sociedad. Da cuenta al problema estructural que vivimos en nuestro país y abre un debate enriquecedor en el que se pueden cuestionar desde el acceso a instituciones educativas hasta las prácticas sociales que nos hacen vivir en situaciones de desigualdad sistémica. Para explicar este problema nos basamos en la concepción de justicia e igualdad que nos presenta la filósofa política Nancy Fraser entendiendo la justicia igualitaria en dos dimensiones: reconocimiento y redistribución. La intención y el propósito del Estado en cuanto al derecho a la educación deberá ser el de alentar desde la edad más temprana hasta el final de la educación formal a analizar y aprender los valores que como sociedad queremos construir

El presente informe tiene como objetivo analizar el caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de junio de 2020, desde una perspectiva de género y teniendo en especial consideración a los derechos económicos sociales y culturales. De esta manera, se demostrará el vínculo innegable que existe entre la educación sexual integral y los derechos humanos, particularmente el derecho a la educación, a la salud y al principio de igualdad y no discriminación. Asimismo, se explicará como la existencia de los estereotipos de género obstaculiza el disfrute de derechos humanos de las niñas y adolescentes y como una situación de violencia sexual puede llegar a constituir una forma de tortura o trato cruel e inhumano. El presente trabajo abarca una investigación de carácter dogmático, dado que su objeto de estudio son las normas positivas, instituciones o conceptos jurídicos que emanan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En atención a ello, se recurrirá a herramientas metodológicas y documentales prescindiendo de herramientas cualitativas y cuantitativas.

En las últimas décadas hemos sido testigos que las sociedades actuales han venido evolucionado y se ha producido la trascendencia de los intereses colectivos por sobre los individuales. Es así que se ha producido la aparición de los denominados derechos de tercera generación dentro de los cuales se encuentran los derechos de los consumidores. El presente Informe nos permite analizar un asunto que continua vigente en nuestros días y que cada vez va adquiriendo mayor importancia, nos referimos a la tutela judicial de los derechos de carácter difuso. En el caso materia de análisis, el cual se desarrolla en el marco de un proceso de amparo, nos permite abordar sobre la protección de los derechos de los consumidores desde una óptica procesal. A través del caso planteado se pretende analizar los principales institutos procesales y demás mecanismos existentes en el modelo de proceso del proceso de amparo para efectos de verificar si estos resultan eficaces y/o suficientes para brindar una adecuada protección a los derechos los consumidores. De igual manera, en la búsqueda por un mejor resolver plantearemos nuestra posición sobre cómo debió haber resuelto el Tribunal Constitucional el presente caso, en ausencia de mecanismos procesales idóneos para el desarrollo de un proceso colectivo

En el presente informe se analizará la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Duque vs. Colombia. De esta forma, se buscará llegar a una conclusión sobre la responsabilidad del Estado colombiano por la vulneración del principio de igualdad y no discriminación, y el derecho a la integridad, en perjuicio de Ángel Duque. Para ello, se empleará normativa nacional respecto a la regulación colombiana sobre parejas del mismo sexo, así como normativa internacional sobre la protección de los derechos humanos. Asimismo, se examinará la jurisprudencia de la Corte Constitucional posterior y si con ello se puso fin a la vulneración de los derechos del señor Duque o si, a pesar de ello, es necesario que se declare la responsabilidad constitucional del Estado. De igual forma, se verá si los establecimientos de salud públicos garantizan una atención de calidad a las personas con VIH/SIDA, en comparación a un seguro social. Con ello, se pretende llegar la conclusión de que Colombia es responsable por la vulneración de los derechos humanos contemplados en la Convención Americana; por tanto, tiene la obligación de subsanar el daño causado y garantizar que una situación similar o igual vuelva a darse dentro de su territorio. / This report will analyze the judgment of the Inter-American Court of Human Rights in the Duque vs. Colombia case. In this way, it will seek to conclude on the responsibility of the Colombian State for the violation of the tenet of equality and non-discrimination, and the right to integrity, to the detriment of Angel Duque. For this, national regulations will be used regarding Colombian law on same-sex couples, as well as international regulations on the protection of human rights. In addition, the jurisprudence of the subsequent Constitutional Court will be examined and if this put an end to the violation of the rights of Mr Duque or if it´s necessary to declare the constitutional responsibility of the State. In the same way, it will be seen if public health establishments guarantee quality care for people with HIV/AIDS, compared to social security. With this, it is intended to conclude that Colombia is responsible for the violation of the human rights contemplated in the American Convention; therefore, it must rectify the damage caused and guarantee that a similar or the same situation occurs again within its territory.