Tesis

La Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 138° que establece que “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.” El Estado les quita a los particulares la capacidad de solución de sus conflictos, prohibiendo la autodefensa o la autotutela, reemplazándolo por un mecanismo de heterocomposición, donde aparece un tercero, el Estado a través de la jurisdicción estatal, el que con “… el correlativo derecho o poder de acción, representa la contrapartida a la prohibición de la autotutela privada”. La solución de estos conflictos con relevancia jurídica, se realiza mediante el proceso, que constituye el instrumento que tienen los particulares para actuar el derecho objetivo, “para con ello dar una protección, efectiva a las situaciones jurídicas de los particulares, logrando con ello, tutelar sus intereses y satisfacer con ello sus intereses.” La solución de las controversias tanto a nivel judicial como arbitral, requiere que sus operadores, los jueces y los árbitros determinen que es lo que está en discusión en el proceso, esto se realiza a través de la fijación de los puntos controvertidos. Al establecer o determinar lo que está en discusión en el proceso y sus alcances, mediante la fijación de los puntos controvertidos, se podrá delimitar no sólo lo que será materia de pronunciamiento, sino que definirá el marco de la actuación de los medios probatorios, con lo que se contribuye a producir certeza en el juzgador lo que se manifestará en su decisión final, a través de una sentencia o la emisión de un laudo arbitral. Con lo señalado anteriormente, se verifica la gran importancia que reviste esta institución o procedimiento, sin embargo a pesar de ello, se puede constatar que en la práctica judicial y arbitral dicha figura se ha limitado a una mera transcripción de las pretensiones señaladas por las partes en la demanda, en la contestación de la demanda y en la reconvención. A partir de esta constatar lo que se produce en la práctica judicial y arbitral, buscaremos establecer o determinar que debe entenderse como fijación de los puntos controvertidos en el proceso. Analizaremos las regulaciones que el Código Procesal Civil, ha establecido en referencia a los puntos controvertidos y su fijación y revisaremos sus alcances. Y finalmente, analizaremos los alcances de la regulación o falta de regulación de la fijación de los puntos controvertidos en la norma que regula el arbitraje en el Perú y lo establecido en los reglamentos de los principales centros de arbitraje de nuestro país. / Trabajo académico

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“Garantismo y eficiencia deben ser puestos en relación de adecuada proporcionalidad, por medio de una delicada elección de los fines a alcanzar y de una atenta valoración de los intereses a tutelar. Y lo que interesa realmente es que en esa difícil obra de ponderación sean los problemas de la justicia solucionados en un plano concerniente al interés humano objeto de los procedimientos: un proceso así a medida del hombre, puesto realmente al servicio de aquellos que piden justicia”

The paper assesses the widespread use of the test of proportionality in fundamental rights adjudication. While constitutional and human rights courts all over the world appear to be consistently engaged in deploying the test of proportionality in order to assess the permissibility of a given rights limitation, this approach is under severe criticism insofar as it is considered an attack to the very idea of fundamental rights. The paper will discuss this criticism of the use of proportionality, and will provide a defense of its use by courts in light of some basic features of the contemporary discourse of fundamental rights. / El artículo evalúa el uso generalizado de la prueba de proporcionalidad en la adjudicación de derechos fundamentales. Mientras que los tribunales constitucionales y de derechos humanos de todo el mundo parecen estar constantemente involucrados en el despliegue de la prueba de proporcionalidad para evaluar la permisibilidad de una determinada limitación de derechos, este enfoque está sometido a severas críticas en tanto que se considera un ataque a la idea misma de Derechos fundamentales. El artículo discutirá esta crítica al uso del principio de proporcionalidad y ofrecerá una defensa de su uso por los tribunales a la luz de algunas características básicas del discurso contemporáneo de los derechos fundamentales.

Para el año 2025 casi la cuarta parte de la población peruana estará conformada por adultos mayores. Esta situación amerita que el gobierno (i) tome acciones específicas e inmediatas para garantizar el ejercicio y la defensa efectivos de los derechos fundamentales de este grupo humano, durante muchos años enterrado vivo socialmente por encontrarse en una etapa del ciclo vital que resulta ser un campo fértil para la marginación, el maltrato, la falta de empleo acorde con sus habilidades, la carencia de lugares de recreación y de superación; (ii) cree las condiciones sociales y económicas necesarias para prever el surgimiento de una población más envejecida y adecuar la oferta de los sectores sociales a los cambios etarios de la demanda; asimismo, generar un entorno que permita una mayor participación de las personas mayores en el mercado de trabajo, las redes y organizaciones sociales y el plano comunitario1; (iii) incorpore en sus políticas públicas la satisfacción de las necesidades, derechos y obligaciones de la tercera edad, partiendo del respeto de los derechos fundamentales de todo ser humano y aquellos especiales atendiendo al ciclo vital en que se encuentran los adultos mayores.

La presente investigación busca abordar la problemática de la discriminación en la ciudad de Ica, como vulneración a los principios y derechos de la igualdad y no discriminación, a través de sus diversas manifestaciones como son la discriminación por origen, lugar de residencia, racismo, homofobia, entre otros. Asimismo, se verifica las hipótesis planteadas: i) de que en la sociedad iqueña, se vive de manera muy profunda la discriminación en sus diversas manifestaciones, y que la misma ciudadanía trata de verlo como una situación "normal" y muchos no aceptan su existencia o haber sufrido en algún momento un trato discriminatorio; y, ii) la falta de denuncias formales es debido al desconocimiento de las normas que nos protegen de todo tipo de discriminación, así como la ausencia de políticas públicas contra la discriminación. / Tesis

Tesis

La investigación plantea la relevancia del estudio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en el seno de las Naciones Unidas (1945-2016). Tiene como principal objetivo demostrar la existencia de una evolución del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. La investigación traza una línea de continuidad entre el principio de libre determinación de los pueblos y el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, entendido como un derecho mediante el cual determinan libremente su condición política y persiguen su desarrollo social, económico y cultural. La tesis tiene un enfoque de derechos humanos, multiculturalista e historiográfico. En una primera etapa (1945-1966), las Naciones Unidas reconoce el derecho de libre determinación de los pueblos, entendido como la posibilidad de ejercer el derecho de secesión, y deja a la jurisdicción interna de los Estados la posibilidad del reconocer la existencia de pueblos indígenas subestatales. En una segunda etapa (1966- 1989), las Naciones Unidas extiende los alcances de la primera etapa en el sentido de que se diseñan criterios para el reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas, aunque sin mención explícita a su derecho de libre determinación. Y en una tercera etapa (1989-2016), las Naciones Unidas reconoce explícitamente el derecho de libre determinación de los pueblos indígenas, entendido como libre determinación interna, es decir en el marco de Estados Plurinacionales. Esta evolución se manifiesta en un conjunto de hitos jurídicos, como es el caso de la Carta de las Naciones Unidas (1945), el Convenio 107 sobre poblaciones indígenas y tribales (1957), los Pactos Internacionales (1966), el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales (1989), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), y en la existencia de una institucionalidad indígena en la ONU / Tesis

Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad / Las constituciones en la modernidad han cumplido la función de separar el derecho de la política, brindando a ambos criterios de legitimidad procedimental en su operar. Por un lado, el derecho puede dictaminar en base a la ley decisiones sobre lo legal/ilegal utilizando al poder para llevar su dictamen más allá de sus límites; por otro, la política se desprende del problema de la soberanía al constituir la idea de pueblo soberano, asignando el uso del poder anclado a la ley. Todo lo anterior, se entiende en el marco de la creación de derechos fundamentales contenidos en las constituciones que buscan reglamentar los derechos inalienables de cada ciudadano, tanto en su relación con el Estado como con otros actores sociales. De esta manera, derechos como habeas corpus, a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, a la autodeterminación individual, a la salud, a la educación, entre otros, se vuelven relevantes. En los años veinte del siglo pasado, Hans Kelsen sostuvo la necesidad de crear tribunales especializados, que mantuvieran la Constitución como la suprema norma del sistema jurídico. Debían tener la potestad de legisladores negativos, capaces de expulsar cualquier precepto legal que fuera en contra de la norma primera. Así en su Austria natal se creó el primer Tribunal Constitucional (TC) del mundo, diseminándose la idea después de la II Guerra Mundial a raíz del trauma de las experiencias fascistas italiana y alemana. Así, la tarea de estos tribunales es resguardar la Constitución como norma primera, asegurando el goce de los derechos fundamentales contenidos en ella. El actual Tribunal chileno existe desde la aprobación de la Constitución de 1980. Con la última reforma constitucional del año 2005, se ha visto enfrentado a casos de alta connotación pública que representan una novedad en el derecho constitucional vigente. Procesos que se relacionan con los derechos homosexuales, la relación entre privados y particulares en el derecho a la salud, la privacidad de la información o políticas públicas relacionadas con la fertilidad han sido materia de sentencia. En otras palabras, existen derechos especialmente sensibles para la población que son factor de decisión judicial. De esta manera, se construye una relación entre decidores y afectados, donde los primeros deben considerar los impactos de su decisión. Esta última tensión en el Tribunal Constitucional –decidores/afectados- no ha logrado ser especificada conceptual y operacionalmente. En general, al Tribunal lo han considerado una herencia anti-democrática o un organismo de control de los poderes del Estado, olvidando su relación con el aseguramiento de los derechos fundamentales. Por ello esta investigación busca caracterizar al Tribunal Constitucional chileno como organización y su operación en casos de alta connotación pública relacionados con derechos fundamentales socialmente sensibles, considerando la forma de procesar el riesgo de los impactos de las decisiones relacionadas con estos derechos