Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Si bien el derecho de alimentos tiene una indiscutible posición dentro del derecho civil, sus implicancias están por sobre éste y cubren todo el espectro jurídico, desde su ubicación dentro del Código Civil y la ley, hasta los más esenciales principios de derechos humanos cristalizados largamente en una serie de tratados internacionales y convenciones que han crecido con fuerza desde la segunda mitad del siglo XX. Por esa trascendencia del concepto, éste no puede circunscribirse íntegramente a la esfera del Derecho Civil y, aun cuando quisiera considerársele autónomo o independiente de las ramas que lo sostienen, se encontraría en una problemática respecto de su misma definición. En el uso diario, el concepto de alimentos está relacionado a la nutrición, en términos simples a la comida y dentro del marco amplio de las ciencias sociales a la reproducción de la sociedad y su orden, en cambio, jurídicamente la situación es distinta, ya que el derecho de alimentos comprende una serie variable de prestaciones que por lo general los padres deben a los hijos, dentro de las cuales se consideran de primera importancia la alimentación propiamente tal, las prestaciones necesarias en el área de la salud y cierto grado de instrucción, el vestuario y la vivienda. Por otra parte, las normas del derecho constitucional y el derecho internacional juegan un papel muy importante y, aunque se discute profusamente respecto del alcance que pueda tener una norma internacional, pocos juristas estarían en desacuerdo en que esta norma podría, al menos teóricamente, romper con una norma constitucional y con una norma legal, para así modificar un ordenamiento jurídico actualizando sus presupuestos y expulsando leyes que ya no se condicen con lo que la misma humanidad ha dispuesto para sus miembros, por más eficaces que hayan sido en otro momento

La presente tesis doctoral está insertada en la línea de investigación Principiología Constitucional y Política del Derecho, que envuelve una reflexión acerca de la producción de la norma legitimada por la sociedad contemporánea y estudia la posibilidad (o no) de la reducción de la mayoría de edad penal en el estado brasileño, una flexibilización de las aplicaciones de las medidas socioeducativas, bajo la óptica de la Teoría General de los Derechos Humanos. Está contextualizada en la realidad brasileña frente al desarrollo socioeconómico y su influencia en el crecimiento de infracciones de menores, el proceso de evolución de la legislación protectora de la infancia y adolescencia en el ámbito nacional e internacional, finalizando con un análisis de proposiciones de enmienda a la Constitución referente a la polémica de la reducción de la mayoría de edad penal.

Estado Constitucional de Derecho en que los derechos fundamentales realmente sean vinculantes para los jueces, en que los derechos sean tomados en serio. El análisis desarrollado en el presente trabajo implica reconocer la existencia de la doble dimensión de los derechos fundamentales y cómo esta implica al juez asumir un rol dual en la protección de los derechos fundamentales. Así, no solo deben hacerse valer los derechos fundamentales como meros derechos, sino como valores básicos reconocidos en una sociedad democrática que el Estado, y en especial los jueces, se ha comprometido a hacer valer. Es, por ello, que se considera que la falta de protección de los derechos fundamentales en un caso en que estos se vulneren o se vean amenazados solo resulta aceptable cuando existan limitaciones en la comprensión de los jueces respecto a las implicancias de esos valores básicos. He ahí el momento en que se justifica la intervención del Tribunal Constitucional para la protección de los derechos fundamentales: desarrollar, explicar y defender los derechos fundamentales desde su comprensión como integrantes de la piedra angular en que se construye el Estado Constitucional de Derecho. Así, su rol ha de ser tutelar la dimensión objetiva de los derechos fundamentales.

The right to health is a universal right of second-generation, classified in the setof social, economic and cultural rights of mankind; gaining acceptance worldwide for its programmatic nature. On the verge of reaching 100 years of that recognition, its character of constitutionally recognized, operational, enforceable or subjective right has been consolidated thanks to the development of the jurisprudence of the constitutional courts; subsequent to this legal phenomenon, its enforceability trough protective process of amparo in the constitutional code of procedure is regulated in our country and expands its protection, in both areas, the powers assigned to the regulatory and supervisory body of the health sector at the national level, of administrative sanctioning power. / El derecho a la salud es un derecho universal de segunda generación clasificado en el conjunto de los derechos sociales, económicos y culturales de la humanidad siendo aceptado en el mundo por su carácter programático. A punto de llegar a los cien años de ese reconocimiento, su carácter de derecho operativo, exigible y tutelable o subjetivo constitucionalmente reconocido se ha venido consolidando gracias al desarrollo de la jurisprudencia de los tribunales constitucionales; posteriormente a ese fenómeno jurídico, en nuestro país, se regula su exigibilidad vía proceso de amparo en el Código Procesal Constitucional y se amplía su protección, en ambos ámbitos, con las facultades asignadas al órgano regulador y fiscalizador del sector salud a nivel nacional, de potestad administrativa sancionadora.

El trabajo de investigación que presentamos a continuación ha sido fruto de un estudio y análisis de una institución jurídica aún poco conocida y desarrollada en nuestro sistema legal, como es la objeción de conciencia. Si bien la objeción de conciencia como institución en el caso peruano se encuentra aún en etapa incipiente, a nivel internacional ésta ha tenido mayores desarrollos tanto legislativos como jurisprudenciales. Dada la extensión del tema, el presente trabajo de investigación no tiene pretensiones totalizadoras y parte de premisas y objetivos que han conducido el desarrollo de esta la misma por un camino específico y ciñéndose al ordenamiento jurídico peruano. En tal sentido, dada la amplitud y aún permanente disputa en el consenso de determinados conceptos, los que se utilizarán en el presente trabajo tienen carácter instrumental y apuntan a un significado particular bajo las condiciones de la reflexión que se ha realizado, siendo conscientes que los mismos podrían adquirir otros significados bajo otras construcciones teóricas. La garantía y eficacia de los derechos fundamentales y el rol que la magistratura constitucional ha adquirido en la interpretación de dichos derechos y de los principios constitucionales, ha puesto en evidencia que estos resultan indispensables para determinar el grado de justicia en una sociedad. Además ha constatado que no existe consenso sobre los fundamentos éticos y morales que subyacen a la concepción de los mismos ni a las formas de garantizarlos, siendo que en este punto las divergencias surgen dependiendo del punto de vista que se tome así como del concepto y teoría de derechos fundamentales con el que se trabaje. / Tesis

La relación “recluso – Administración Penitenciaria” es una relación compleja en la que el recluso ve limitado el ejercicio de determinados derechos fundamentales a consecuencia de la privación de su libertad personal. Por ello, para la presente tesis ha sido importante analizar las condiciones de reclusión y el ejercicio de ciertos derechos fundamentales de los reclusos a la luz de la normativa nacional e internacional, a fin de conocer cuáles son los estándares mínimos que deben respetarse en la reclusión de una persona en un centro penitenciario, sea en calidad de procesada o condenada. Bajo este marco, analizar si los límites impuestos por el legislador nacional al ejercicio de determinados derechos fundamentales de los reclusos se ajustan a los parámetros constitucionales e internacionales establecidos, y si estos límites impuestos no vulneran el contenido esencial de los derechos materia de restricción, nos parece fundamental. Por ello, el presente trabajo señala entre otras cosas, que a nivel jurisprudencial, tanto nacional como internacional, ha quedado establecido que bajo ningún concepto deben limitarse o restringirse determinados derechos, como el derecho a la vida, a la salud y a la integridad personal. En este sentido, situaciones como el hacinamiento penitenciario –situación crítica en nuestro país y en otros ordenamientos- representa una clara violación a los estándares establecidos, pues la “prohibición del hacinamiento”, además de ser actualmente un principio rector de la Administración Penitenciaria, definitivamente tiene como objetivo disminuir los agudos problemas que genera el excesivo número de reclusos en un centro penitenciario, y garantizar que el recluso goce de condiciones mínimas necesarias para una vida digna. Finalmente, del análisis realizado a la jurisprudencia nacional emitida por nuestro Tribunal Constitucional podemos señalar que existe una voluntad positiva de ajustarse a los parámetros internacionales y de establecer principios rectores en el respeto de los derechos de los reclusos. / Tesis

La hipótesis del trabajo es: “El proceso constitucional de amparo en el Perú presenta un conjunto de problemas, identificables a nivel normativo y a través del desarrollo de la jurisprudencia, que impiden que a través del mismo se pueda obtener una tutela judicial efectiva del derecho fundamental al medio ambiente equilibrado y adecuado”. Tomando como base el objetivo central y la hipótesis de trabajo de la investigación, ésta se encuentra dividida en cuatro capítulos. El Capítulo 1 está dedicado al análisis del fundamento y contenido del derecho al medio ambiente, reconocido en el artículo 2º inciso 22º de la Constitución de 1993, en la perspectiva de evaluar en qué casos procede interponer una demanda de amparo para garantizar su protección, tomando en consideración los presupuestos procesales que deben ser observados en este proceso. En el Capítulo 2 se aborda el contenido y alcance del derecho fundamental a la protección judicial de los derechos fundamentales, que constituye el fundamento de los procesos constitucionales de defensa de tales derechos. En este capítulo se describen los fundamentos del mencionado derecho, su reconocimiento constitucional e internacional, así como se identifican los actos lesivos más frecuentes a su ejercicio y se analiza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia. Es objetivo de esta segunda parte demostrar que el proceso de amparo, así como el hábeas corpus y el hábeas data, constituyen una manifestación o concretización del derecho a la protección judicial de los derechos fundamentales, por lo que deben cumplir determinadas características, de modo tal que resulten adecuados y eficaces para alcanzar dicha protección, perspectiva desde la cual debe ser analizado todo el marco normativo y jurisprudencial que desarrolla tales procesos. Luego de haber explicado los fundamentos constitucionales del proceso de amparo, en el Capítulo 3 se analizan las principales instituciones de dicho proceso, de modo particular aquéllas que permitirán evaluar el grado de tutela procesal que a través del mismo se otorga al derecho al medio ambiente. Por ello, el capítulo se centra en evaluar el marco normativo y jurisprudencial actualmente existente sobre determinadas instituciones procesales. Tomando en cuenta lo anterior, en el Capítulo 4 se evalúa el grado de tutela procesal que recibe el derecho al medio ambiente en nuestro país a través del proceso de amparo. Para tal efecto, se toman como referencia las decisiones seleccionadas del Tribunal Constitucional que se relacionan con este derecho. Como corresponde, el trabajo finaliza con la presentación de nuestras conclusiones sobre la investigación realizada y la relación de la bibliografía empleada. / Tesis

El presente trabajo se refiere al Derecho a la Salud y Seguridad Alimentaria, como Derecho de la Persona y considera que debe ser tomado en cuenta al momento de evaluar si corresponde levantar o prorrogar la moratoria dispuesta por la Ley N°29811 “Ley que establece la Moratoria al ingreso y producción de Organismos Vivos Modificados al Territorio Nacional por un periodo de 10 años”; la misma que es una expresión visible del Principio de Precaución El desarrollo de la presente tesis se realiza a través de cuatro capítulos y desarrolla conclusiones. En el primer capítulo, abordo el tema del Derecho a la Salud y la Seguridad Alimentaria, como Derechos de la Persona, y su conexión con los Organismos Vivos modificados (OVM) propuestos por la Biotecnología e Ingeniería Genética. En el segundo capítulo, analizo la pertinencia del Principio de Precaución como medio de defensa del Derecho a la Salud y Seguridad Alimentaria frente a organismos vivos modificados (semillas); y la falta de certidumbre científica en torno a su inocuidad e impacto. En el tercer capítulo, desarrollo el Principio de Precaución en el Perú remitiéndome a las interpretaciones judiciales y administrativas emitidas en nuestro país, así como a la descripción del contenido de Ley N°29811, implementación técnica y ejecución. Se presentan casos jurisprudenciales. En el cuarto capítulo efectúo un análisis crítico de la Ley N°29811: aspectos favorables, refiero ausencias, y presento propuestas para lograr una mejor tutela efectiva al Derecho a la Persona a la Salud y su seguridad alimentaria frente al ingreso y/o producción de Organismos Vivos Modificados- OVM. / Tesis

El objetivo del trabajo lo constituye el estudio del principio del proceso debido (due process of law, en su formulación originaria). La investigación trata de determinar el inicial significado y la evolución posterior del principio a lo largo de los varios siglos en los que tiene vigencia. Pero sobre todo, y desde una perspectiva contemporánea, mediante el empleo de materiales legislativos, doctrinales y jurisprudenciales, se pretende fijar su exacto alcance en los EEUU de norteamérica, la recepción en el derecho europeo, a través de Alemania y, finalmente, tratamos de determinar qué lugar ocupa el principio del proceso debido en el ordenamiento español.

El presente artículo desarrolla un estudio del principio de «autonomía procesal», desde la posición por la defensa del mismo en razón de su vinculación con el concepto de tutela urgente que representan los derechos fundamentales. En esa perspectiva de orden material igualmente considera una posición moderada y propone un conjunto de reglas para un mejor desarrollo de esta concepción. Reconoce, asimismo, las posiciones críticas al respecto y las examina en una propuesta de complementariedad entre el derecho procesal y la «autonomía procesal» propiamente dicha.