La presente tesis tiene como finalidad analizar el desarrollo de la fiscalización ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para determinar cuáles son los principales problemas institucionales y jurídicos que inciden negativamente en la protección de los recursos y la conciliación de su protección con la actividad industrial. En ese sentido, se analizan los problemas institucionales de los que adolece la organización del sector ambiente y del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental (SINEFA). Por otro lado, se evalúa también el marco regulatorio en materia de fiscalización ambiental que se ha desarrollado en los últimos años. Este análisis se realiza sobre la base de la revisión de las instituciones básicas de regulación general y de regulación ambiental que se encuentran presentes en la política de fiscalización ambiental en el Perú, teniendo en cuenta también aquellos aspectos que inciden en la institucionalidad del SINEFA que generan ineficiencias y que evitan la eficacia de las medidas adoptadas respecto a la protección del medio ambiente. Asimismo, son objeto de análisis también los factores externos al SINEFA y a la administración pública ambiental que inciden en el desarrollo de la fiscalización ambiental a nivel nacional. En ese sentido, se tienen en cuenta principalmente los aspectos sociales y políticos que han influenciado la regulación ambiental que se ha venido desarrollando y que inciden en la toma de decisiones de los entes rectores y políticos del SINEFA. Finalmente, se identifican los elementos problemáticos en la gestión pública en materia de fiscalización ambiental y se describen puntualmente como es que estos influyen negativamente en la fiscalización ambiental. Sobre la base de los aspectos problemáticos identificados, se presentan propuestas específicas respecto a cada uno de ellos, con la finalidad de mejorar tales aspectos, para lograr una gestión ambiental más eficiente y eficaz. / Tesis

Esta tesis tiene como objetivo entender un proceso específico de construcción de Estado dentro de un contexto de boom de recursos naturales en Perú. Para ello, se explica el caso del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y cómo es que éste logra consolidarse en medio de un entorno hostil a las instituciones ambientales. La pregunta general de investigación que nos planteamos es la siguiente: ¿cómo es posible que se haya podido construir y mantener una institución estatal que cumpla efectivamente el rol de fiscalización ambiental en medio de un entorno hostil a la institucionalidad ambiental? La principal hipótesis en la que se basa la tesis es que el OEFA genera una ruptura radical frente a lo que había constituido el viejo institucionalismo ambiental en Perú. Esta ruptura es posible debido a la autonomía de la institución y la identidad compartida de su burocracia. Este cuerpo burocrático, mediante su vocación y sus estrategias de resistencia y adaptación ha permitido al OEFA cumplir eficazmente su labor. Esta tesis se divide en cinco capítulos. El primero es un capítulo introductorio en dónde se presenta el argumento y la estrategia de investigación. El segundo capítulo desarrolla la evolución de la institucionalidad ambiental peruana y el legado institucional que marcarían el entorno hostil en el que surgió el OEFA. El tercer capítulo se enfoca principalmente en la historia de la institución. En el cuarto capítulo se muestra el perfil de los funcionarios del OEFA y el caso de la Red Sudamericana de Fiscalización Ambiental como ejemplo. Finalmente, el quinto capítulo presenta las conclusiones. / Tesis

La siguiente investigación discute los cambios en los patrones de fiscalización y sanción ambiental del sector minero e hidrocarburífero. ¿Qué explica los cambios o continuidades ocurridos en el ejercicio de las funciones de fiscalización y sanción ambiental a cargo del OEFA, en el sector minero e hidrocarburífero, entre el 2008 y el 2014? Los esfuerzos por darle a este tema un tratamiento especial se fueron concretando en ubicar a las entidades ambientales de manera independiente de otras esferas que pertenecen también a la administración pública del Estado. ¿Cómo se ha desarrollado el ejercicio de las funciones de fiscalización y sanción ambiental del OEFA, en el sector minero e hidrocarburífero, entre el 2008 y el 2014? ¿Qué factores explican el cambio en el número y tipo de acciones de fiscalización y sanción del OEFA, en el sector minero e hidrocarburífero, entre el 2008 y el 2014? ¿Cuál es la relación entre los cambios institucionales y capacidades ocurridos al interior del OEFA y la variación en los indicadores de fiscalización y de sanción ambiental, en el sector minero e hidrocarburífero, entre el 2008 y el 2014? / Tesis

In this article, the author studies the objectives and principles established during the 90’s,with respect to administrative simplification in contrast with the current governmental objectives for the optimization of the economy and reduction of unnecessary procedures,basically related to mining and environmental proceedings. Finally, the author proposes theneed for a structural change in Peruvian Mining and Environmental Regulations under the framework of what he calls a «positive regulation». / En el presente artículo el autor reflexiona acerca de los objetivos y principios trazados en la década del noventa, en lo que respecta específicamente a la simplificación administrativa comparándolos con los objetivos actuales de dinamización de la economía y reducción de trámites innecesarios; principalmente, los referidos a procedimientos mineros y ambientales. Finalmente, el autor plantea la necesidad de un cambio estructural en la regulación ambiental y minera bajo la forma de lo que denomina una «regulación positiva».

The author develops the main tenets of Three Dimensional Theory of law and its particular application to the field of climate change. In this context, the relevant behaviors on climate change, the values that are seeking to achieve through regulation of does these behaviors, and national and international standards are presented. In addition, he does special emphasis on the identification of active behaviors relating to the issuing agent of greenhouse gases (GHGs), which for the purposes of the activities responsible for the emission of these gases in our country have done. Consequently, by reference, the main contents of Mexican law are presented on climate change legislation that affects the obligation to report GHG emissions data to the agents that generate them. Finally, suggestions are made in order to implement the climate commitment in mining and energy activities. / La autora desarrolla los principales postulados de la Teoría Tridimensional del Derecho y su particular aplicación al ámbito del cambio climático. En este contexto, se presentan las conductas relevantes en materia de cambio climático, los valores que se buscan alcanzar a través de la regulación de estas conductas y las normas tanto nacionales como internacionales. Además, se hace especial énfasis en la identificación de conductas activas referidas al agente emisor de gases de efecto invernadero (GEI), a efectos de lo cual se presentan las actividades responsables de la emisión de estos gases en nuestro país. En consecuencia, a modo de referencia, se presentan los principales contenidos de la legislación mexicana en materia de cambio climático, normativa que incide en la obligación de reporte de información sobre emisiones de GEI a los agentes generadores de las mismas. Finalmente, se formulan propuestas con miras a implementar el compromiso climático enlas actividades minero-energéticas.

El presente trabajo a exponerse trata sobre la demanda presentada por la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (en adelante, SMCV), en la que solicitan la inaplicación del Decreto Supremo 130-2013-PCM, que establece disposiciones referidas al aporte por regulación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA), y de que dicha norma vulnera los principios de Legalidad, No confiscatoriedad y Reserva de Ley en materia tributaria. Dicho lo anterior, el Tribunal Constitucional resolvió que dicha norma no había violado los principios que se indican en el párrafo anterior, y que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental tiene un rol importante que cumplir, en este caso sería el rol fiscalizador que se le ha conferido, y que es de suma importancia velar por el ambiente, por lo cual declara infundada la demanda. De los siete magistrados que conforman el Tribunal Constitucional, los votos fueron de la siguiente manera. Declararon Infundada la demanda de SMCV, los siguientes Magistrados: Miranda Canales Ramos Núñez Ledesma Narváez Espinosa – Saldaña Barrera Declararon Fundada la demanda de SMCV, los siguientes Magistrados: Blume Fortini Sardón de Taboada El Magistrado Ferrero Costa, solicitó abstenerse para el presente caso, y su solicitud fue aceptara por el Pleno el 21 de marzo de 2019. / Trabajo de suficiencia profesional

La noción del derecho ambiental ha ido transformándose en el tiempo, no solo ello sino también los mecanismos de protección y la manera de cómo la autoridad administrativa resuelve. A partir del año 2013, con la entrada en vigencia de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFA (actualmente modificada por la Resolución del Consejo Directivo Nº 024-2017-OEFA/CD), el OEFA cuenta con una metodología para el cálculo de las multas ante infracciones ambientales, dentro de ella, las que son cometidas por empresas del subsector de hidrocarburos. El cual, le permite otorgar mayor predictibilidad a las sanciones que emite, constituyendo de acuerdo a la mayoría de autores en un referente en cuanto al cálculo de sanciones para otras entidades que aún no cuentan con un método. No obstante, si bien el OEFA realiza el cálculo de la multa mediante un método, que consiste en una fórmula matemática regulada por su normativa, generando mayor predictibilidad en sus sanciones, estas pueden tener algunas falencias si solo es de aplicación dicha fórmula. En virtud de ello, el presente trabajo académico, pretende cuestionar algunas resoluciones del subsector de hidrocarburos emitidas por el OEFA, al no encontrarse lo suficientemente motivadas ante la falta de desarrollo detallado del principio de razonabilidad en sus resoluciones, partiendo de que constituye una garantía para los administrados que esperan una declaración del OEFA

El desarrollo de proyectos de inversión en el Perú debe sujetarse al cumplimiento de la normativa ambiental, que, desde el 2008, incluye al OEFA como el ente rector de la fiscalización del cumplimiento de la normativa ambiental bajo su competencia, los compromisos establecidos en sus instrumentos de gestión ambiental y los mandatos que dicte en el ejercicio de sus funciones. La aparición de la Evaluación Ambiental Temprana (EAT) a cargo del OEFA en 2017, en un contexto económico y político que buscaba impulsar el desarrollo de proyectos de inversión paralizados, entre otros motivos, por la conflictividad social originada en la desconfianza en la institucionalidad ambiental, generó suspicacias en algunos sectores por una aparente falta de claridad sobre su finalidad y legalidad. A cinco años de su aparición y a uno de su reglamentación, el presente trabajo busca aproximarse a una identificación de la naturaleza jurídica de la EAT, analizando si se enmarca dentro la función de evaluación asociada a la fiscalización ambiental que le corresponde al OEFA y si no trasgrede funciones asignadas a entidades como el SENACE, creado el 2012 con el objetivo de otorgar la certificación ambiental a los instrumentos de gestión ambiental de proyectos de inversión que generen un gran impacto ambiental. Para ello, se ha revisado bibliografía especializada, notas informativas y publicaciones institucionales, proyectos normativos y sus exposiciones de motivos, incluyendo las discusiones parlamentarias y matrices de comentarios correspondientes, así como entrevistas con profesionales con amplia experiencia en el sector que se desempeñaron en la academia, en la sociedad civil u ocupando cargos como funcionarios públicos involucrados en la toma de decisiones de la creación del OEFA y del sistema de fiscalización ambiental, así como su desarrollo, incluyendo la creación de la EAT y su implementación, así como su reglamentación

La presente investigación tiene como objetivo determinar la validez jurídica de la figura del daño potencial regulado en la Ley General del Ambiente y empleado, para efectos del presente estudio, por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, institución que en el marco de un procedimiento administrativo sancionador atribuye responsabilidad administrativa y sanciona, al advertir que el hecho imputado genera daño potencial a la flora, fauna y a la salud humana. Por ese motivo, se realizó un análisis crítico del marco normativo del daño potencial, advirtiéndose que dicha figura desnaturaliza y desconoce los elementos concurrentes del daño ambiental y constituye una herramienta injustificada de exoneración de la carga de la prueba de OEFA, situación que generaría una vulneración de principios ambientales y administrativos tales como: principio de responsabilidad ambiental, principio de prevención, principio de debido procedimiento, principio de causalidad y el principio de verdad material. Asimismo, y, sin perjuicio de lo antes mencionado, se propone una alternativa intermedia, a fin de que exista una relación armoniosa y congruente entre la protección al ambiente y la seguridad jurídica.

El desarrollo del presente trabajo pretende analizar el criterio de confidencialidad adoptado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el marco de una investigación por delitos ambientales, a efectos de determinar si es correcta su aplicación al analizar el marco jurídico completo, buscando consolidar los procesos de coordinación interinstitucional y remisión de información entre elMinisterio Público y el OEFA, en esta accesoriedad administrativa de la investigación por comisión de ilícitos ambientales. El OEFA tiene establecido como criterio, restringir el acceso a la información solicitada por el Ministerio Público en el marco de una investigación por delitos ambientales, aduciendo el carácter confidencial regulado en el Inc. 3 del Artículo 17° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS. La adopción de este criterio es basado únicamente en una excepción contemplada en La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin embargo, no analiza que dicho pedido fiscal no se realiza por una solicitud de acceso a la información pública; por el contrario, el pedido tiene un marco especial, Ley General del Ambiente y el Reglamento del Inc. 149.1 del Art. 149 de la Ley General del Ambiente, que no solo reglamentan las disposiciones relativas a la emisión del informe fundamentado; sino también, la aplicación para toda investigación por la comisión de delitos ambientales. Las consecuencias que analizaremos en este trabajo corresponden a la configuración del delito por rehusamiento de actos funcionares en los que incurriría los funcionarios del OEFA, la anulación de las prerrogativas del Ministerio Público en la investigación penal y la limitación del ius puniendi del Estado.