Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Analizaremos, en el presente trabajo de tesis, la situación de las asociaciones de funcionarios públicos afectadas por eventuales prácticas desleales. Así, iniciaremos nuestro trabajo refiriéndonos al reconocimiento constitucional de las asociaciones de funcionarios públicos como órganos sindicales. Posteriormente, hablaremos de la Independencia sindical y prácticas desleales o antisindicales, produrando una interpretación de Tratados Internacionales ligados al tema. Los capítulos siguientes harán referencia al funcionamiento legal de las asociaciones de funcionarios y al análisis de normas convencionales, legales y administrativas. Finalmente, reflexionaremos en torno a la competencia jurisdiccional en prácticas sindicales demandadas al estado, haciendo un análisis de la escasa jurisprudencia relativa al tema.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene por objeto analizar uno de los ilícitos denominados “funcionarios” relativamente menos estudiado, que se encuentran tipificados en el Capítulo V del Libro II de nuestro Código Penal, y que ha sido denominado por la doctrina como el delito de “negociaciones incompatibles”, previsto y sancionado en el artículo 240 del mencionado texto punitivo. Nos ha parecido importante abordar este tema, ya que, a pesar de los esfuerzos legislativos por adecuar estos tipos penales a las nuevas exigencias internacionales sobre la materia, este ilícito en particular no ha sido abordado todavía por la Doctrina y la Jurisprudencia en términos mayormente significativos. A partir de esta constatación hemos abordado este estudio con la finalidad de proporcionar una visión integral de esta materia y realizar un estudio actual de los problemas doctrinales y jurisprudenciales más relevantes que ha suscitado la interpretación de este tipo penal en nuestro Derecho

La presente investigación constituye un proyecto de desarrollo estratégico para la mejora de la gestión pública, que aborda la problemática de la capacitación de los servidores públicos en el ámbito del Ministerio de Salud (MINSA). Para ello, se formula un diagnóstico que analiza las limitaciones, dificultades y oportunidades de mejora de este ministerio respecto a la capacitación de los servidores públicos, y se hace una propuesta de mejora en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado. El objetivo central del trabajo es formular lineamientos estratégicos para mejorar el proceso de capacitaciones que recibe el personal del MINSA. Dichos lineamientos se enmarcan dentro de las tres grandes fases del proceso de capacitación a los servidores públicos: la planificación, la ejecución y la evaluación.

El presente trabajo tiene como objetivo principal proponer estrategias de intervención en la gestión del engagement de los servidores de una entidad pública peruana, aplicando la teoría de demandas y recursos laborales (DR-L) (Bakker y Schaufeli 2004; Demerouti et al. 2001), cuyos resultados esperamos puedan influir positivamente en el desempeño de los servidores, y por lo tanto potenciar la eficiencia de los procesos y servicios brindados a los ciudadanos por parte de la entidad. Para poder cumplir con el objetivo planteado se diseñó un estudio descriptivo exploratorio por ser la primera vez que se aborda un estudio de esta naturaleza en la entidad, asimismo, hemos utili-zado la metodología basada en recolección de datos, aplicación de encuestas sobre muestras por conveniencia utilizando la herramienta de medición Ultrech - Work Engagement Escale (UWES) y análisis estadístico de confiablidad, validez, correlacional y regresiones. Los hallazgos indican que existen altos niveles de engagement en los servidores públicos de la entidad, se identificó que las demandas laborales no influyen en el nivel de engagement, y que los recursos laborales y personales influyen en el engagement, por lo tanto, nuestras estrategias estarán enfocadas en intervenir este aspecto. El promedio de edad de los evaluados es de 43 años y no hay diferencia significativa en el nivel de engagement entre hombres y mujeres. A partir de los resultados encontrados, planteamos estrategias de intervención en la gestión del engagement de los servidores de la entidad, con la finalidad de darle sostenibilidad en el tiempo, convertirla en una herramienta de gestión que sea valorada e internalizada por los servidores en general, consecuentemente fortalecer el compromiso y la capacidad de incidencia de todos los actores involucrados en el logro de los resultados, fortalecer la rectoría de la entidad, mejorar su capacidad de gestión y la de todos los órganos que integran el sector.

El informe jurídico analiza la condición de funcionario público en el delito de colusión (simple y agravado), desde lo resuelto por la Sala Penal Permanente en la Cas.1095-2021 Nacional. El problema jurídico es identificado por la condición de consultores de la que se encontraban premunidos los abogados Jorge Danós y Ana Sofía Reyna, mismas que personas interponen la excepción de improcedencia de acción, en el marco de una investigación penal. En razón a ello, el objetivo principal del informe jurídico es determinar si, en el marco de una contratación pública, el abogado que funge como consultor del Estado es considerado funcionario público, y por ende autor o cómplice del delito de colusión. El informe recurre a los fundamentos ontológicos de los Delitos Contra la Administración Pública para poder entender la razón de considerar al funcionario público como un sujeto distinto al particular. Bajo dicha premisa, se explica el concepto de infracción de deber desde su autor original, Claus Roxin, hasta lo establecido por autores nacionales. Luego, se desarrolla la naturaleza del funcionario público y del delito de colusión desde la legislación vigente, doctrina (nacional e internacional) y la jurisprudencia. Todo ello con el objetivo de apoyar la posición de que los consultores contratados por el Estado sí son funcionarios públicos, pero no pueden ser considerado como autores del delito de colusión. / The legal report analyzes the condition of publico oficial in the crime of collusion (simple anda aggravated), based on the decisión of the Permanent Criminal Court in Cas. 1095-2021 National. The legal issue identified by the condition of consultants that lawyers Jorge Danos and Ana Sofía Reyna had, same people who filed the exception of inadmissibility of action, within the framework of crime research. For that reason, the main objective of the legal report is to determine whether, in the context of a public procurement, the lawyer acting as a consultant to the State is considered a public official, and therefore a perpetrator or accomplice to the crime of collusion. The report uses the ontological foundations of Crimes against Public Administration to understand the reason for considering the public official as a subject different from the private individual. Under this premise, the concept of breach of duty is explained from its original author, Claus Roxin, to what has been established by national authors. Then, the nature of the public official and the crime of collusion are developed from the current legislation, doctrine (national and international) and jurisprudence. All this with the aim of supporting the position that consultants hired by the State are public officials, but cannot be considered as perpetrators of the crime of collusion.

Las organizaciones empresariales, sean empresas o instituciones sin fines de lucro, constituyen la fuente que impulsa el desarrollo de las colectividades y por ende del conjunto de todas ellas, que constituyen la sociedad. Una sociedad es calificada de buena o mala dependiendo del nivel de desarrollo alcanzado por sus colectividades, que se mide por su nivel de estructuración de los valores que se predican y los que se practican, la normatividad, los protocolos, las costumbres en suma, por su cultura organizacional, la cual se expresa en el desempeño laboral de los integrantes del sistema en sus conjunto. Esto implica que la realización de la tesis, se ubique en el campo educativo al pretender transformar las costumbres, en este caso del personal que labora en el Fondo de Empleados del Banco de la Nación – FEBAN. La presente tesis, detalla la aproximación al problema a investigar, los fines que se pretenden cumplir, las hipótesis sostenidas y la relación de variables involucradas que son desarrolladas en los cuadros de operacionalización correspondientes, presenta los instrumentos a emplear para su culminación.

La presente investigación tiene como finalidad evaluar el impacto financiero por la falta de implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno en las empresas del sector construcción como proveedores del estado. Los impactos financieros son analizados para demostrar que las empresas del sector construcción que carezcan de la implementación de este modelo de prevención podrían incurrir en eventos de default. Es por ello que, para lograr nuestro objetivo principal desarrollamos un caso práctico con dos escenarios identificando los posibles impactos financieros por la implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno. La presente investigación está compuesta en primer lugar, por un marco teórico donde se define el ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno, estructura de la norma, referencias normativas, entre otras. Así mismo, definimos un tema importante: el impacto financiero en las empresas constructoras que no cuentan la implementación del ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno. En segundo lugar, se encuentra el plan de investigación estableciendo el problema, hipótesis y objetivos de la investigación, así como la metodología a utilizarse. En tercer y cuarto lugar, se realiza el desarrollo a través de entrevistas en profundidad, encuestas y aplicación de casos sustentando los constructos correspondientes. En quinto lugar, se encuentra el análisis de cada uno de los instrumentos realizados. Por último, esta investigación termina con las conclusiones y recomendaciones generadas a partir del análisis realizado. / The purpose of the present investigation is to evaluate the financial impact due to the lack of implementation of ISO 37001: Anti-bribery Management System in companies of the construction sector as state suppliers. The financial impacts are analyzed to demonstrate that companies in the construction sector that lack the implementation of this prevention model could incur default events That is why, to achieve our main objective, we developed a case study with two scenarios identifying the possible financial impacts due to the implementation of ISO 37001: Anti-bribery Management System. Our work is composed in the first place by a theoretical framework where the ISO 37001: Anti-bribery Management System is defined, structure of the standard, normative references, among others. We also define an important issue: the financial impact on construction companies that do not have ISO 37001 Anti-bribery Management System. Secondly, there is the research plan establishing the problem, hypothesis and objectives of the research, as well as the methodology to be used. In third and fourth place, the development was carried out through in-depth interviews, surveys and application of cases supporting the corresponding constructs. Fifth, there is the analysis of each of the instruments carried out. And in sixth place, this research ends with the conclusions and recommendations generated from the analysis carried out. / Tesis

Para la adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras, las entidades públicas comprendidas en el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo Nº 1017 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N˚184 -2008-EF, realizan procesos de selección que dependerán del objeto de la contratación y la cuantía. Como resultado del proceso de selección, la entidad otorga la buena pro a un proveedor del Estado, con quien corresponderá formalizar una relación contractual, ya sea a través de la suscripción de un contrato o de la recepción de una orden de compra o de servicio, no siendo posible esta última alternativa para los casos de obras. La formalización de la relación contractual o perfeccionamiento del contrato genera un conjunto de obligaciones para las partes, las mismas que deben ser cumplidas con la finalidad de conservar el equilibrio económico del contrato. Sin embargo, cuando las entidades públicas contratan para la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, existen acciones u omisiones que podrían generar el enriquecimiento sin causa a su favor, con el consecuente empobrecimiento del proveedor / Tesis

Si bien no es posible dar con un concepto de corrupción, ello debido a la complejidad y extensión de este fenómeno, sí se puede afirmar que, en toda sociedad, la corrupción pública se traduce en el desgobierno, el nepotismo, la anarquía y el trasvase de los caudales públicos a bolsillos privados, entre otras funestas consecuencias. Una de las formas para combatir este fenómeno es la tipificación penal de conductas lesivas a la administración pública. No obstante, desde los medios de comunicación, que a su vez influyen notablemente en la actuación del legislador y del poder judicial, a menudo se plantea que este fenómeno criminal debe ser combatido sin restricción alguna. Se parte de la premisa de que el fin justifica los medios y, por ende, es del todo justificable el alejamiento de los derechos fundamentales, así como de los principios y garantías del Derecho Penal (entre ellos el principio de legalidad) si se trata de combatir este y más problemas que perturban el orden político-social. En tal sentido, resulta necesario tratar de definir, así como analizar a fondo, a uno de los protagonistas de los delitos contra la administración pública y que justamente es uno de los partícipes en los actos de corrupción, nos referimos al funcionario público. En este orden de ideas, se destaca que uno de los problemas que existe en la conceptualización de dicho sujeto es la asunción de la noción de funcionario de hecho en el ámbito penal, figura de origen administrativo y que ha sido acogido por la jurisprudencia en el ámbito penal, la cual plantea, tal y como estudiaremos a lo largo de la presente tesis, un cúmulo de problemas para el Derecho Penal. / Tesis

No solamente la Corte Suprema a través de su jurisprudencia, sino también la doctrina nacional, interpretan erróneamente el bien jurídico y el injusto penal contenido en el artículo 401° del CP; esta situación ha llevado no solo a restar suficiencia y aptitud a la pericia que determina el desbalance patrimonial, sino a desnaturalizar el injusto penal contenido en la semántica del delito de enriquecimiento ilícito. Además, la Corte Suprema ha ensayado una misma repuesta respecto a la aptitud del medio de prueba referente a la pericia de desbalance patrimonial, en lo concerniente al delito de lavado de activos, negando que un mismo medio de prueba puede ser visto desde diversos ángulos y no obstante versar sobre un mismo fin -licitud del patrimonio-, los diferentes momentos de la aparición y movimiento del bien, pueden constituir la probanza de diversos tipos penales; esta afirmación, ocurre respecto del delito de enriquecimiento y lavado de activos, pues en determinado momento la situación de la posesión directa o indirecta de un patrimonio que no se justifica en los ingresos legítimos del agente público, puede configurar plenamente el delito de enriquecimiento ilícito, en tanto, el someter posteriormente dichos bienes ilícitos al circuito de la dinámica económica con la finalidad de legitimarlo, constituye en ámbito de reproche del delito de lavado de activos. Esta situación supone entender que el delito contenido en el artículo 401° del CP, es un delito especial de posesión, donde se configura con la sola posesión de un patrimonio que no se corresponde con las fuentes legitimas del agente público, y no se trata de actos de abuso de atribuciones o de acreditación del prevalimiento del cargo que derive luego en el incremento patrimonial; sino que al ser parte de la administración pública durante el ejercicio de la función, tiene el deber de incrementar su patrimonio de manera transparente y proba, mediante fuentes lícitas. / Trabajo académico