La corrupción es considerada uno de los problemas más importantes de la gestión pública en el Perú, debido a su impacto a todo nivel. Así, además de afectar los recursos económicos del Estado peruano, la corrupción ha minado la confianza de la ciudadanía en las entidades públicas, los funcionarios y servidores públicos, además de haber quebrantado la estabilidad política de distintos gobiernos. Si bien se vienen estableciendo diversas estrategias para reducir su impacto, se tiene poco conocimiento empírico sobre cómo los servidores públicos enfrentan los distintos tipos de corrupción existente en su labor diaria. En este contexto, resulta necesario conocer la forma en la que los servidores públicos emiten juicios morales sobre este problema para el establecimiento de estrategias eficientes que aporten a la lucha contra la corrupción. La presente investigación se enfoca en la identificación de la percepción de gravedad de un acto de corrupción, como lo es la colusión, y los valores personales de una muestra de servidores públicos. Para lograr dichos objetivos, el estudio contó con dos etapas. En la primera, con una muestra de 12 servidores públicos, se exploró en los argumentos que podrían ser empleados para convencer de cometer un acto de colusión. Luego, en la segunda etapa, se aplicó una encuesta virtual anónima a 226 servidores públicos. En una primera sección de dicha encuesta, los participantes eran expuestos a una situación de colusión que incluía distintos tipos de variables, combinadas siguiendo el conjoint analysis, una estrategia de medición multivariada que permite aproximarse, de manera más realista, a la toma de decisiones en contextos como este. En una segunda sección se aplicó el portrait values questionnaire, instrumento psicométrico que permite conocer la estructura de valores de los participantes, así como una ficha demográfica.

En el presente trabajo, se analiza si la percepción de confianza afecta la probabilidad de sobornar a un funcionario público para el caso de Perú en el 2018. Asimismo, se investiga si otras características individuales aumentan la probabilidad de soborno. Para ello, se eligen cinco instituciones públicas con mayor tasa de admisión de soborno y con mayor tasa de respuesta entre los entrevistados. Se utiliza dos modelos probit binarios con distinta definición de corrupción. En el primero, se considera si la persona solo admite sobornar, y el segundo se considera si la persona admite o le solicitan soborno. Los resultados muestran que no existe suficiente evidencia para poder afirmar que existe una relación negativa entre ambas variables, pero se comprueba lo afirmado por la literatura con respecto a la relación entre la variable probabilidad de soborno y variables como edad, género, y educación. / In this paper, it is analyzed whether the perception of trust affects the probability of bribing a public official in Perú during 2018. In addition, it is investigated whether other individual characteristics increase the probability of bribery. For this, five public institutions with a higher bribe admission rate and with a higher response rate among the interviewees are chosen. Two probit models with different definition of corruption are used. The first one considers whether the person only admits to bribing, and the second one considers whether the person admits or if the public official requests bribery. The results show that there is not enough evidence to be able to affirm that there is a negative relationship between both variables, but it is verified what is stated by the literature regarding the relationship between the variable probability of bribery and variables such as age, gender, and education. / Trabajo de investigación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 18/10/2019

Se ha planteado el desarrollo de una investigación para abordar la casuística presentada en los oficiales de aduana, para determinar la existencia de brechas de género laborales y plantear líneas estratégicas de intervención para contribuir a la reducción de las mismas, ya que, tal como lo refieren algunos estudios.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Recientes actuaciones de miembros de Carabineros de Chile en casos conocidos públicamente como el “Pacogate”, la “Operación Huracán” y la muerte del comunero Mapuche Camilo Catrillanca, han producido diversos efectos en el Gobierno, en la Institución, en los Carabineros y en la sociedad civil. Ahora bien, éstas son actuaciones reprochables que han tenido una importante cobertura mediática, lo que no significa que sean las únicas, ya que periódicamente integrantes de Carabineros de Chile incurren en acciones u omisiones que desencadenan graves consecuencias en el desarrollo de sus carreras profesionales y que no son conocidas públicamente, lo que no obsta que dañen la imagen y el prestigio institucional. Por lo anterior, el uso cotidiano por parte de medios de comunicación social de conceptos tales como “dar de baja”, evidencia un interés público; no obstante, el desarrollo de este trabajo evidenciará el alejamiento del concepto social frente a la realidad jurídicoadministrativa de esta acción desvinculatoria, lo que se debe a lo complejo y especialísimo del régimen disciplinario de Carabineros de Chile. Asimismo, ahondaremos en las características y virtudes de una Institución que por décadas ha sido uno de los cimientos de la Institucionalidad de la República, evidenciando además, la necesidad urgente de una modernización de su marco normativo disciplinario, con el objeto de: garantizar derechos básicos de sus integrantes, como la igualdad ante la ley y, lograr contener la proliferación de presentaciones ante los Tribunales Superiores de Justicia y Contraloría General de la República.

Existen pocas investigaciones en la Ciencia Política que se han preocupado por estudiar este actor y la micro-operatividad del Estado, a pesar de que en los últimos diez años en América Latina hay un movimiento que está apostando por la integralidad de la política social como la mejor alternativa para combatir la pobreza. Por ello, esta investigación tiene como fin poner en agenda un tema para la Ciencia Política que estudia las alternativas posibles sobre cómo mejorar la implementación de las políticas sociales desde la microoperatividad del Estado y la relación Estado-ciudadano. Este trabajo busca describir cómo un Programa social se implementa mejor cuando a nivel microoperativo sus trabajadores se desempeñan bien. / Tesis

En el presente artículo, se aborda la discusión relacionada a la admisión de la participación del extraneus en el delito de negociación incompatible y se sostiene que esta sí es posible en determinados supuestos. Para ello, se realiza previamente una breve revisión sobre los elementos del delito en cuestión, advirtiéndose que el medio comisivo indirecto del mismo constituye un primer acercamiento al tema de atañe a este artículo. Ello, en tanto pone sobre la mesa el escenario en el que el funcionario público competente realiza la conducta delictiva a través de otros sujetos. Posteriormente, se procede a analizar los pronunciamientos de la Corte Suprema y trabajos de la doctrina nacional que estudian el delito de negociación incompatible, encontrándose así lo siguiente: un primer grupo posturas que no descarta expresamente la participación del extraneus en el referido delito, un segundo grupo que no la admite y un tercer grupo, que, admitiéndola, lo hace con determinadas particularidades. Habiendo revisado lo anterior, se formulan respuestas y observaciones a cada una de las objeciones y argumentos contrarios o a favor de la postura del artículo. Finalmente, se presenta una propuesta personal sobre los supuestos en los que es posible admitir tranquilamente la participación en el delito de negociación incompatible: aquellos escenarios en los que el extraneus no es el sujeto con el que el Estado negocio en el marco de un proceso de contratación estatal. / In this article, the discussion related to the admission of the participation of the extraneus in the crime of incompatible negotiation is addressed and it is argued that this is possible in certain cases. To do this, a brief review of the elements of the crime in question is previously carried out, noting that its indirect commission constitutes a first approach to the subject of concern to this article. This, because it puts on the table the scenario in which the competent public official carries out the criminal conduct through other agents. Subsequently, the pronouncements of the Supreme Court and works of the national doctrine that study the crime of incompatible negotiation are analyzed, thus finding the following: a first group of positions that does not expressly rule out the participation of the extraneus in the aforementioned crime, a second group that does not admit it and a third group, that admitting it, does so with certain particularities. Having reviewed the above, responses and observations are made to each of the objections and arguments against or in favor of the position of the article. Finally, a personal proposal is presented on the cases in which it is possible to calmly admit participation in the crime of incompatible negotiation: scenarios in which the extraneus is not the subject with whom the State negotiates within the framework of a process state contracting. / Trabajo académico

Los delitos contra la administración pública son delitos que han significado un gran reto para las teorías del caso postuladas por el Ministerio Púbico, debido a que, el estándar probatorio de estos delitos es elevado ya que suelen ser actuaciones que se realizan en la clandestinidad. Sin embargo, es problemático también identificar correctamente el título de participación en estos delitos, en virtud a la complejidad en la se desarrolla la contratación estatal, más difícil es todavía, para el Ministerio Público demostrar que el extraneus contratista en el delito de negociación incompatible debería de ser responsable penalmente, no solo porque es difícil demostrar su responsabilidad en grado de certeza, sino porque de la estructura típica de este delito no se desprende responsabilidad penal para este ajeno a la administración pública. Este escenario se torna más oscuro aún cuando, ni si quiera, la Corte Suprema tiene una línea jurisprudencial sobre la participación del extraneus en este delito. Es por ello que, a partir de este trabajo, se trata de demostrar por qué no es posible que se impute responsabilidad al penal del contratista, siendo que concluimos que pese a la negociación incompatible sea un delito de infracción de deber, ello no es suficiente para atribuir responsabilidad penal a aquel contratista que se encuentre vinculado con la administración pública, más aún, cuando existen otros delitos como el de colusión o cohecho que sí permiten la participación necesaria entre le funcionario público y contratista. / Crimes against public administration are crimes that have meant a great challenge for the theories of the case postulated by the Public Prosecutor's Office, due to the fact that the evidentiary standard for these crimes is high since they are usually carried out clandestinely. However, it is also problematic to correctly identify the title of participation in these crimes, due to the complexity of the state contracting process, and it is even more difficult for the Public Prosecutor's Office to demonstrate that the extraneus contractor in the crime of incompatible negotiation should be criminally responsible, not only because it is difficult to demonstrate his responsibility with certainty, but also because the typical structure of this crime does not imply criminal liability for this extraneus contractor. This scenario becomes even more obscure when not even the Supreme Court has a jurisprudential line on the participation of the extraneus in this crime. That is why, from this work, we try to demonstrate why it is not possible to charge criminal liability to the contractor, being that we conclude that despite the incompatible negotiation is a crime of breach of duty, this is not enough to attribute criminal liability to the contractor who is linked to the public administration, even more when there are other crimes such as collusion or bribery that do allow the necessary participation between the public official and contractor. / Trabajo académico

La sentencia contra Alberto Kouri Bumachar, el primero de los “Vladivideos” en los años 2000, marca el descubrimiento de la corrupción sistematizada durante el régimen fujimontesinista; un momento decisivo para la historia política peruana. Así también, para la reforma del sistema judicial peruano y el diseño de una estrategia pública que dotase a los y las operadores de justicia de las herramientas necesarias para prevenir situaciones de impunidad frente a casos de corrupción. En este sentido, el objetivo principal de este Informe es analizar los aspectos de la aplicación del concepto de funcionario público, específicamente en la situación de Alberto Kouri. Partimos de la premisa de que el contenido de la figura de “funcionario público” viene pautada como respuesta político-criminal para la protección de la Administración Pública. Para ello, empleamos la teoría del correcto funcionamiento de la Administración Pública y el análisis de la ratio-legis de la misma como bien jurídico protegido por el Derecho Penal. Lo que, finalmente, nos permite concluir que Alberto Kouri ostentaba, desde el día de las elecciones (9 de abril del año 2000), un deber de protección del bien jurídico (Administración Pública), sin el cual no hubiera podido acceder a una ventana de negociación con Montesinos, meses antes incluso de la juramentación formal del cargo.

En el mes de mayo del año 2009 el Presidente de la República, Alan García Pérez, anunció el desarrollo de evaluaciones masivas en el sector público peruano, a cargo de SERVIR.1 Las condiciones para atender dicho mandato político fueron adversas: el ente rector se había creado recientemente (en el mes de julio del año 2008), y no había existido una política pública en el Estado peruano para gestionar sus recursos humanos en, por lo menos, los últimos 30 años2, por lo que no se contaban con los recursos adecuados para emprender dicha labor y, por el contrario, existían institucionalizadas prácticas de gestión contrarias a los fines de los sistemas administrativos profesionales.3 En dichas condiciones, sin embargo, SERVIR logró implementar evaluaciones masivas dirigidas a los trabajadores del sector público. Estas se realizaron en dos de los sistemas administrativos del Estado: el sistema de inversión pública (SNIP), en el año 2009, y el sistema de abastecimiento, en el año 2010. Posteriormente, esta intervención obtuvo distintos reconocimientos por su contribución al desarrollo del servicio civil: en el año 2010 fue premiada por la ONG Ciudadanos Al Día (CAD) como Buena Práctica en Gestión Pública, y en el año 2011 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hace referencia a ella por su contribución al mejoramiento del Índice de Desarrollo Burocrático peruano.4 La aplicación de los Diagnósticos de Conocimiento (DC) es, por lo antes explicado, una intervención pública conveniente de estudiar. El estudio realizado en la presente tesis se concentró en dos aspectos: la descripción de la gestión desplegada en su desarrollo y una aproximación al valor público creado por la intervención. Con respecto al primer elemento, se concluyó que existieron acciones vinculadas a los ejes funcionales de la gestión pública estratégica planteados por Moore (1995) realizadas por el equipo de gestión responsable de la implementación de los DC: hubo una definición sustantiva de la intervención, acciones de gestión política y de gestión operativa. Las acciones que permitieron la viabilidad de la intervención fueron, en correspondencia con dichos ejes funcionales, las siguientes: 1) Primero, vinculado a la definición sustantiva de la intervención, se logró, en su desarrollo, identificar una propuesta de creación de valor público precisa, que limitó el alcance del mandato legal y político asignado a SERVIR para hacerlo viable. 2) Segundo, vinculado a la gestión política, se logró atender la demanda política para contribuir con el posicionamiento del ente rector, como parte de la estrategia global de la entidad, manteniendo la legitimidad en su desarrollo a través de la participación de los entes rectores de los sistemas administrativos evaluados y empleando mecanismos persuasivos para el resto de actores coproductores (organizaciones públicas y servidores públicos). 3) Tercero, vinculado a la gestión operativa, se logró elaborar y emplear una solución técnica para el problema público: la metodología de evaluación de conocimientos como medio para contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores del sector público. En referencia al segundo elemento, de creación de valor público, encontramos que este se obtuvo de manera parcial. Los DC no lograron crear valor público, según el criterio de efectividad, debido a que no obtuvo resultados significativos en la reducción de las brechas de conocimiento para fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos, específicamente, no logró concretar las capacitaciones posteriores a la etapa de evaluación. Sin embargo, visto desde una perspectiva de creación de valor público a mediano y largo plazo, la intervención ha producido valor público, debido a que se logró poner en marcha una organización con una propuesta técnica para atender el problema de las capacidades en los trabajadores del sector público, y que ha acumulado aprendizaje organizacional en ese sentido. Esta segunda perspectiva sobre el valor creado por la intervención, específicamente en la política de gestión de recursos humanos, es especialmente importante, porque se trata de una reforma administrativa que, entre otras características, debe contener, precisamente, una visión de creación de valor público de mediano y largo plazo, para lograr obtener resultados significativos.5 Como recomendaciones para su continuidad se han planteado las siguientes: Primero, complementar el diseño de la intervención en consideración con su última etapa, de desarrollo de las capacitaciones. Deben considerarse las recomendaciones planteadas por la evaluación de las experiencias6, en referencia a lo que se puede interpretar, bajo el marco conceptual propuesto por Moore (1995), como la inclusión de mejores mecanismos de persuasión para los actores coproductores. Complementar el proceso de creación de valor público permitirá, a su vez, fortalecer las capacidades de la intervención para lograr superar su entorno autorizativo7. El desarrollo actual de los DC en el sistema administrativo de la gestión de los recursos humanos, en el que SERVIR es ente rector, así como el impulso que se viene dando a la capacitación a través de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP, por sus siglas) representa una oportunidad para obtener resultados en el cierre de brechas de conocimientos. SERVIR puede lograr evidenciar, tras un modelo de capacitación para los servidores públicos de las ORH, el rol que puede tener un ente rector para la capacitación de sus trabajadores, en articulación con el rol que desempeñe la ENAP. Este, no obstante, no tendría por qué constituir un modelo único imitable en el resto de sistemas administrativos, pero sí evidenciar la consecución de resultados tras la aplicación de los DC. Segundo, debe fortalecerse el componente de gestión del conocimiento de la intervención, visto el proceso, precisamente, desde una perspectiva de creación de valor público de corto y largo plazo. La sistematización continua del aprendizaje, facilitadores y dificultades en el desarrollo del proceso, con el fin de asegurarse la viabilidad de su aplicación. En la actualidad, por ejemplo, se ha renovado el 100% del equipo de la GDCR que responsable de aplicar los DC en el SNIP y el sistema de abastecimiento. Asimismo, la experiencia de aplicación en el sistema administrativo de la gestión de los recursos humanos está a cargo de una gerencia distinta (GDIS) y algunas dificultades presentadas en su desarrollo comunican la utilidad de fortalecer dicho componente. Tercero, los propósitos anteriores deben analizarse, en conjunto, con la Gerencia de Desarrollo de Política de Recursos Humanos (GDPRRHH) de SERVIR, que es la responsable del diseño de la Nueva Ley del Servicio Civil (NLSC), de manera que se logre incorporar el aprendizaje obtenido con los DC para lograr, en un escenario de aprobación de la propuesta de ley (NLSC) su reglamentación y desarrollo efectivo. Finalmente, en relación a su alcance con respecto al tamaño del servicio civil, y visto el sector público en su conjunto desde una perspectiva ciudadana, debe tenerse en cuenta que es una labor pendiente del Estado complementar la metodología de los DC como alternativa de solución para promover las mejoras en la gestión de las evaluaciones y capacitaciones para el resto de trabajadores del sector público. En dicho grupo encontramos a los servidores públicos con funciones especializadas, cuyo tamaño no se conoce aún con precisión, y las carreras públicas especiales, que representan aproximadamente el 60% del servicio civil.8 En ese sentido, será importante asegurar acciones de coordinación mínimas que evidencien a la ciudadanía la uniformidad de los principios base que guían las acciones de evaluación y capacitación aplicados a los operadores de las funciones administrativas y las pertenecientes a las carreras públicas especiales.