El objetivo general del presente informe jurídico es analizar la Casación Nro. 683- 2018/Nacional, el cual versa sobre el caso de gran corrupción: el “Club de la Construcción”. La referida sentencia presenta elementos complejos que permiten realizar un análisis, con base en la doctrina y jurisprudencia, sobre el momento de la consumación del delito de tráfico de influencias cometido en el marco de una organización criminal a fin de evaluar la prescripción de la acción penal. Para ello, se empleará el método dogmático-jurídico a través del cual se analizarán los fundamentos, conceptos y categorías de las instituciones jurídicas relacionadas con el delito de tráfico de influencias, delito de organización criminal, prescripción de la acción penal, concurso real de delitos, delito medio, entre otros. Es con base a ello, en el presente trabajo se ha llegado a la conclusión de que la comisión del delito de tráfico de influencias en el marco de una organización criminal no afecta su plazo de prescripción de la acción penal, ya que la participación debe ser analizada de manera independiente del delito de organización criminal, pues éste último ilícito es un delito medio para la comisión de varios delitos contra la administración pública, entre los cuales, se tiene el delito de tráfico de influencias. / The general objective of this legal report is to analyze Cassation Nro. 683- 2018/National, which concerns the case of major corruption: the “Construction Club.” The referred sentence presents complex elements that allow for an analysis, based on doctrine and jurisprudence, of the moment of the consummation of the crime of influence peddling committed within the framework of a criminal organization to evaluate the statute of limitations of the criminal action. For this purpose, the dogmatic-legal method will be used, through which the foundations, concepts, and categories of the legal institutions related to the crime of influence peddling, crime of a criminal organization, statute of limitations of the criminal action, real concurrence of crimes, intermediary crime, among others, will be analyzed. Based on this, the present work has concluded that the commission of the crime of influence peddling within the framework of a criminal organization does not affect its statute of limitations for criminal action, as participation must be analyzed independently of the crime of a criminal organization. This latter offense is an intermediary crime for the commission of various crimes against public administration, among which the crime of influence peddling is included.

El presente informe jurídico aborda el análisis de la Sentencia de Casación N° 526-2022/CORTE SUPREMA, la cual fue emitida por la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. En esta sentencia se discutió el recurso planteado por la defensa del abogado Juan Monroy Gálvez, a quien se le imputó la presunta comisión del delito de colusión agravada en contra del Estado. La decisión emitida por los Supremos Magistrados, y los argumentos que la sustentan, formarán parte de la discusión que se plantea en el presente informe, el cual aborda temas teóricos de derecho penal y procesal penal. El problema principal que se ha identificado, luego de analizar los fundamentos y la decisión emitida en la sentencia, es la siguiente: ¿Se puede calificar la conducta del abogado Juan Monroy como una conducta neutral que se realiza dentro de su rol como abogado? Para responder a esta pregunta, se analizarán aspectos teóricos tales como la imputación objetiva, las conductas neutrales y la participación en los delitos de corrupción de funcionarios. Respecto a temas de derecho penal especial, se discutirá la naturaleza de la concertación en el delito de colusión, y finalmente se evaluará el medio técnico de defensa empleado en el proceso penal. El estudio del presente caso implicará revisar las posturas dogmáticas y doctrinales que se han desarrollado en los últimos años por destacados penalistas; y, sobre todo, comprender el sentido interpretativo que se ha plasmado en la jurisprudencia peruana sobre los temas en cuestión. / This legal report addresses the analysis of Cassation Decision No. 526- 2022/CORTE SUPREMA, which was issued by the Permanent Chamber of the Supreme Court of Justice of the Republic. In this judgment, the appeal filed by the defense of attorney Juan Monroy Gálvez, who was charged with the alleged commission of the crime of aggravated collusion against the State, was discussed. The decision issued by the Supreme Magistrates, and the arguments that support it, will be part of the discussion raised in this report, which addresses theoretical issues of criminal law and criminal procedure. The main problem that has been identified, after analyzing the foundations and the decision issued in the sentence, is the following: Can the conduct of lawyer Juan Monroy be classified as neutral conduct that is carried out within his role as a lawyer? To answer this question, theoretical aspects such as objective imputation, neutral conduct and participation in corruption crimes of officials will be analyzed. Regarding issues of special criminal law, the nature of the concertation in the crime of collusion will be discussed, and finally the technical means of defense used in the criminal process will be evaluated. The study of this case will involve reviewing the dogmatic and doctrinal positions that have been developed in recent years by prominent criminal experts; and above all, understand the interpretative meaning that has been reflected in Peruvian jurisprudence on the topics in question.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación busca determinar cuál es el estatuto jurídico aplicable a los Trabajadores a Honorarios de la Administración Municipal que desempeñan sus labores fuera de las hipótesis y requisitos establecidos en el artículo 4 ° de la Ley 18.883, bajo régimen de subordinación. La jurisprudencia mayoritaria ha postulado que resulta aplicable el Código Civil. Nosotros, siguiendo la línea argumentativa de la escasa doctrina existente y un rupturista fallo de la Corte Suprema, nos inclinamos por la aplicación del Código del Trabajo. Para esto, profundizamos la argumentación que ellos realizaren con los elementos de la Teoría del Derecho Laboral, principalmente en lo que respecta al Orden Público Laboral y a sus manifestaciones en los Derechos Fundamentales Laborales Específicos y en los principios del Derecho Laboral, de manera de demostrar que la no aplicación del Código del Trabajo es abiertamente contraria a Derecho

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la presente memoria se abordará la libertad sindical y las asociaciones gremiales, especialmente en relación con los funcionarios de la administración del Estado. Para ello, hemos estructurado esta investigación en cuatro capítulos. En el primero de ellos nos referiremos a la libertad sindical: veremos su concepto, contenido, la relevancia que tiene para la Organización Internacional del Trabajo y su consagración en el derecho internacional de los derechos humanos. En el segundo capítulo, revisaremos el concepto de asociación gremial y haremos un recorrido a través de la historia de estas agrupaciones. En el tercer capítulo realizaremos un análisis de la libertad sindical en derecho comparado, específicamente respecto de Argentina, Ecuador, Colombia, España e Italia. Finalmente, el cuarto capítulo fue dividido en 5 secciones. En la primera sección abordaremos el origen y evolución de las asociaciones gremiales en Chile; en la segunda, analizaremos la regulación jurídica de la libertad sindical respecto de los trabajadores del sector privado; en la tercera parte estudiaremos la regulación jurídica de la libertad sindical respecto de los funcionarios de la administración pública, y en particular, efectuaremos un análisis comparativo entre las disposiciones del Código del Trabajo y las de la Ley N°19.296 que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la administración del Estado; luego indicaremos cuáles son los mecanismos de tutela jurisdiccional vigentes que permiten resguardar la libertad sindical; y por último enunciaremos algunas conclusiones. Conceptos clave: libertad sindical; asociaciones gremiales; asociaciones de funcionarios; sindicato; funcionarios públicos; administración pública; administración del Estado; derechos fundamentales. / 28/12/2019

Esta investigación nace a la luz de una interrogación del estado de la corrupción y cómo esta permanece activa en el orden internacional a pesar de que se le combate tenazmente en distintos ámbitos e instituciones del sistema internacional. Es un tema complejo, pero es imperante dilucidarlo desde varios frentes. Uno de ellos surge en el orden regional sudamericano con el caso de la Operación Lava Jato y el rol de ODEBRECHT en el soborno a autoridades para conseguir obras de infraestructura y mejores condiciones de sus contratos. Así, lo que se busca indagar son las conexiones y efectos en la relación bilateral de Brasil y Perú en los años 2005 – 2007, con la acciones colusorias de ODEBRECHT para ganar la licitación de la IIRSA. Este análisis explora el nivel de influencia de ODEBRECHT en la ejecución del eje de infraestructura de la Alianza Estratégica Perú Brasil durante esos años, así como pretende identificar la relación de los actores políticos y burocráticos peruanos y los actores económicos de ODEBRECHT para potenciar la IIRSA. Lo cual orientaría a señalar la coexistencia de una economía para-legal que ha influido en la política exterior peruano brasileña los años 2005 – 2007. Las conclusiones que se hallan hablan de una relación simbiótica entre empresarios y burócratas que puede entenderse como una burocratización corruptora, que ha nacido influenciada por la interrelación de la política de estado brasileña, el neodesarrollismo, y el apoyo gubernamental para que sus multinacionales inviertan en distintos países de la región. De tal forma esta investigación propone un atisbo a la intrincada conexión entre economía, política exterior y corrupción; que tiene como fin modesto aportar interrogantes al debate vivo de hasta qué punto el capital internacional afecta a las democracias liberales en el siglo XXI. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El delito de peculado o malversación de caudales públicos del art. 233 del Código Penal, constituye un delito que protege atentados contra la función pública. Este delito cometido por un funcionario público, infringe el principio de probidad administrativa, y lesiona el aspecto patrimonial del Estado. El injusto de esta figura delictiva, se caracteriza por que el funcionario a cargo de los fondos, y que se encuentra en una posición jurídica de conservación respecto de éstos, infringe este deber cuando los sustrae o consiente en que otro los sustraiga. La doctrina ha considerado que este delito constituiría un delito especial, ya que restringe el círculo de autores a los sujetos que posean una cualificación especial de empleados o funcionarios públicos. Sin embargo, se discute si esta cualificación especial constituye un elemento fundante del delito o sólo es una circunstancia agravante del injusto. Una posición reciente en la literatura nacional, adopta la doctrina de los delitos de infracción de deber, y señala que este delito se caracterizaría por ser de tipo. Se plantea por la doctrina nacional la discusión sobre el tratamiento penal de la participación de terceros extraneus en este delito, en cuanto al título de imputación penal aplicable, y el grado de participación imputable. El Código Penal no contiene una norma expresa al respecto, por lo que la doctrina se ha dividido frente a este tema, ofreciendo tres posiciones definibles. La primera sostiene que la calidad especial del sujeto activo se comunica al extraneus, otra postura mayoritaria señala que el sujeto no cualificado será autor del delito común o residual del delito de peculado, y una tercera postura señala que no puede castigarse al sujeto no cualificado como autor del delito especial. La postura de este trabajo, de acuerdo a una revisión de las soluciones que ofrece la doctrina nacional, apoya la tesis de la intervención del extraneus en delitos especiales, sólo bajo la hipótesis de participación accesoria. / 29/05/2018

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Tesis(magister en derecho penal) / El objeto de este trabajo es comprobar la hipótesis consistente en que las figuras penales de exacciones ilegales contenidas en los arts. 147, 157 y 241 del Código Penal, presentan un común elemento del tipo, definido como una conducta ilícita que contiene un requerimiento de naturaleza imperativa o perentoria, asociado a una situación interpersonal de preeminencia, comunicado al sujeto pasivo, y consumado mediante su percepción y comprensión de su significado. Sería un elemento dotado de entidad y función propias, independiente de otros medios comisivos, como la conminación o el engaño, que eventualmente pueden o deben concurrir en algunos tipos penales. La finalidad del trabajo se obtiene mediante una metodología de investigación que comprende la pertinente normativa legal, la doctrina y la jurisprudencia, implicando un proceso interpretativo de carácter dogmático, crítico y sistemático, orientado a determinar, en general, la naturaleza, función y características de la exigencia ilícita, como elemento esencial, dando lugar a soluciones precisas respecto de diversos problemas de relevancia que se presentan en la práctica. Luego, se analiza cada una de las figuras penales, con el fin de comprobar la hipótesis, precisando los respectivos elementos de la tipicidad, especialmente los sujetos, los medios comisivos, los objetos materiales y los elementos subjetivos; y finalmente, se procede a tratar las principales cuestiones concursales que se presentan entre los tipos penales materia de esta tesis y otros delitos, comunes y especiales. Los resultados obtenidos permiten comprobar la hipótesis, mediante la concepción precisa y autónoma de la conducta ilícita fundamental, consistente en la exigencia o imposición de carácter imperativo o perentorio, planteada como prestación obligatoria ante el sujeto pasivo, basada en la preeminencia del sujeto activo, y ejecutada mediante la comunicación del requerimiento, que se completa cuando el sujeto pasivo percibe el mensaje ilícito y adquiere comprensión de su significado. Esta acepción fundamental permite diferenciar conceptualmente a la conducta ilícita propia de las exacciones típicas, de otros medios comisivos eventuales o requeridos en particular por algunas de las figuras penales materia del trabajo.

El objetivo de esta investigación es demostrar la utilización de estrategias de discursivas por parte de la prensa nacional para construir una imagen negativa de las conductas de actores del aparato estatal de bajo rango, como municipalidades y funcionarios locales de provincia. El resultado de estas estrategias es el ejercicio de presión sobre estos actores y sobre quienes tienen autoridad sobre ellos, como el gobierno nacional. Para esto, se escogieron dos casos mediáticos del 2013: la nueva Ley de Servicio Civil y la reducción de transferencia de canon a gobiernos subnacionales. Este trabajo es elaborado en el marco de los Estudios Críticos del Discurso desarrollados por Teun A. Van Dijk (2009, 2006 [1999], 2006 [1997], 1997, 1996, 1990) y Patrick Charaudeau (2003). En los resultados del estudio se evidencia que existe un consenso (Rancière, 2006) en la prensa limeña, tanto en la centroizquierda como en la derecha, sobre la representación de los funcionarios públicos y las gestiones de las municipalidades de provincias como ineficientes e incapaces. En los casos revisados, esta representación se debe a la reproducción de la versión oficial del gobierno nacional, la cual es presentada de manera preferente. / Trabajo de investigación