El presente Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) busca identificar qué capacidades estatales de políticas de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM resultaron claves para el tratamiento de conflictos sociales entre el 2012 y 2016. En el marco delo anterior, se propone un marco de análisis que evalúa las distintas dimensiones de capacidades de políticas a partir de la combinación de competencias (analíticas, operativas o de gestión, y políticas) y de recursos (a nivel individual, organizativo y sistémico) vinculados con la implementación de las políticas públicas. El objetivo del TSP es analizar y generar evidencia respecto de qué capacidades resultan claves frente a otras, para mejorar o potenciar aquellas vinculadas con el tratamiento de los conflictos sociales a partir de la experiencia de la ONDS y su desarrollo. El trabajo concluye que el tratamiento de los conflictos sociales a través de la experiencia de la ONDS resulta de la combinación e interrelación de las competencias políticas individual y sistémicas, y sus respectivas aportaciones. Es decir, de las habilidades, experiencia, visión política y liderazgo para la toma de decisiones de los titulares de la PCM y ONDS, respectivamente, así como del entorno en el que se enmarcan estas, determinado por el apoyo, la confianza y legitimidad de los demás actores vinculados a la política de diálogo y el papel de la ONDS.

Este estudio de caso investiga los efectos de la incorporación del Cuerpo de Gerentes Públicos (CGP) en la dimensión político cultural de la UGEL N°7, basados en la hipótesis que su incorporación inició el tránsito de la organización de un Sistema Cerrado a una de tipo Arena Política, dadas las competencias de gestión estratégica y gestión del entorno político del CGP como actor colectivo. A través del análisis de los hechos significativos demostramos que, previo a la incorporación del CGP, la UGEL N° 7 era una organización de Tipo Sistema Cerrado, con una coalición interna muy burocrática, concentrada en el personal perteneciente al Régimen del D. L. N° 276. Sin embargo, con la incorporación del CGP llega un nuevo actor que disputa desde la estructura ostensiva (asumiendo jefaturas en la organización) el poder performativo de las redes de la organización, inaugurando una etapa que, según la tipología de Mintzberg, es denominada de Arena Política confrontacional entre los CGP y los miembros del D. L. N° 276. Luego, esta Arena Política Confrontacional se transforma en una Arena Política de Alianzas Frágiles, gracias al liderazgo del Principal (Director de la UGEL N°7), la gestión de las asimetrías salariales y desarrollo de aliados estratégicos, llevando a la organización al desarrollo de buenas prácticas reconocidas a nivel nacional. Sin embargo, su alejamiento a propósito de la Reforma Magisterial, trajo consigo una reconfiguración de las coaliciones, retornando los actos de confrontación, que llevan a la UGEL N°7 a una tercera etapa, denominada de Organización Politizada, caracterizada por presentar conflictos de intensidad moderada y naturaleza constante. La principal conclusión arribada es que los conflictos señalados están vinculados principalmente a la cultura organizacional predominante y la resistencia al cambio, 4 sustentada en el poder que concentran los trabajadores del régimen laboral del D.L. N° 276 y que, en el periodo de tiempo investigado, el Cuerpo de Gerentes Públicos como actor colectivo demostró conocimientos generales de gestión y normativa pública pero, limitadas capacidades de liderazgo, trabajo en equipo, gestión estratégica y gestión del entorno político, lo que impide llevar a la UGEL N°7 a otras etapas de desarrollo en su ciclo de vida organizacional. Finalmente, y no menos importante es señalar que las UGEL de Lima Metropolitana concentran el 28% de la población peruana y sólo en Educación básica regular se matriculan cada año alrededor de 1.9 millones de estudiantes, equivalente al 25% del total nacional. No queda duda que los cambios que el CGP pueda lograr en estas organizaciones, impactarán en un porcentaje considerable de las generaciones en formación en nuestro país.

El presente trabajo analiza la problemática que gira alrededor al bien jurídico protegido en el delito de administración fraudulenta, previsto en el artículo 198 del Código Penal peruano, debido a que las propuestas de interpretación de dicho bien jurídico, que se encuentran en la doctrina actual, no resultan del todo satisfactorias de cara a la correcta interpretación del alcance de las conductas abarcadas por dicha norma. El objetivo del presente trabajo es delimitar el bien jurídico protegido en el artículo 198 del CP, alrededor de la expectativa de una inversión libre de riesgos no negociales, distintos a riesgos previstos en otros tipos penales (hurtos, estafas, robos, apropiaciones indebidas, etc.). El trabajo emplea el método dogmático jurídico-penal, por lo que, se realiza un análisis normativo, doctrinario y jurisprudencial del delito de administración fraudulenta, buscando agotar las fuentes nacionales y analizando comparativamente otros ordenamientos jurídicos (como el español, alemán, chileno y argentino), sin dejar de lado los cuerpos normativos extrapenales nacionales como el derecho civil, la Ley General de Sociedades, entre otras normas.

El presente informe tiene como objeto principal realizar el análisis del Recurso de Casación Nro. 178-2022-Loreto. La referida sentencia reviste particular importancia en la medida que permite desarrollar las sanciones que corresponde imponer a quienes cometen el delito de colusión agravada de forma omisiva, figura que no ha sido del todo aceptada por todos los sectores. Por dicho motivo, el presente trabajo de investigación busca esclarecer la posibilidad de que aquella modalidad del delito se perpetre, motivo por el cual, su punibilidad corresponde cuando se logra acreditar su concurrencia. Adicionalmente, dado el contexto del delito, donde la recaudación de pruebas directas del acuerdo colusorio resulta de suma dificultad, se postulará la trascendencia de la prueba indiciaria para acreditar el delito. Además, en tanto el caso que se analiza presenta un pronunciamiento revocatorio a como se pronunciaron los magistrados de inferiores instancias sobre la reparación civil, se buscará aportar criterios que en nuestra consideración debieron tenerse en cuenta al determinar el monto de aquel, considerando tanto el daño patrimonial como el daño extrapatrimonial. A fin de lograr sustentar el presente informe se recopiló diversa doctrina, jurisprudencia y legislación que permite corroborar la tesis a la que se arribó luego de concluir el mismo. La conclusión a la cual se arribó consiste en que es posible que el delito de colusión agravada tenga lugar bajo una modalidad omisiva, siendo la prueba indiciaria fundamental para su acreditación. Por tanto, se comparte el pronunciamiento de la Corte Suprema en el presente caso, donde se confirmo el extremo penal de la sentencia contra los imputados. Sin embargo, se discrepa del extremo civil de la misma al no haber sido determinado el monto del mismo acertadamente. / The main objective of this report is to analyze Cassation Appeal No. 178-2022- Loreto. The aforementioned ruling is of particular importance to the extent that it allows for the development of the sanctions that must be imposed on those who commit the crime of aggravated collusion in an omissive manner, a figure that has not been fully accepted by all sectors. For this reason, the present research work seeks to clarify the possibility that that type of crime is perpetrated, which is why its punishment corresponds when its concurrence can be proven. Additionally, given the context of the crime, where collecting direct evidence of the collusive agreement is extremely difficult, the importance of the circumstantial evidence to prove the crime will be postulated. Furthermore, since the case being analyzed presents a revoking pronouncement of the ruling by lower court magistrates on civil reparation, we will seek to provide criteria that in our opinion should have been taken into account when determining the amount of that, considering both the damage patrimonial and nonpatrimonial damage. In order to support this report, various doctrine, jurisprudence and legislation were compiled that allow corroborating the thesis arrived at after concluding it. The conclusion reached is that it is possible for the crime of aggravated collusion to take place under an omissive modality, with the circumstantial evidence being essential for its accreditation. Therefore, the Supreme Court's ruling in the present case is shared, where the criminal nature of the sentence against the accused was confirmed. However, it disagrees with the civil end of it as its amount has not been correctly determined.

El caso gira entorno a las diversas irregularidades que se produjeron en la ejecución de una obra en su etapa de liquidación y resolución contractual. En donde se presume que habría existido una concertación entre los funcionarios del Gobierno Regional de Tumbes y los representantes de la persona jurídica A&J Inversiones S.A.C con la finalidad de perjudicar el patrimonio del Estado. Tal concertación, se habría materializado en virtud de una conciliación arbitral en la que intervino un tribunal arbitral integrado por tres árbitros, quienes emitieron finalmente un laudo arbitral favoreciendo a la empresa contratista con pagos injustificados.

El presente informe aborda un análisis del delito de negociación incompatible, así como sobre sus elementos típicos y de valoración. En este orden de ideas, se pretende analizar un presunto caso de corrupción pública, en donde funcionarios de Esvisac, empresa público privada, se habrían interesado indebidamente de sus cargos para ocasionar perjuicios a la Administración Pública. Así, desarrollan problemáticas en torno a la distinción de los elementos requeridos en campo administrativo y penal, la valoración del interés indebido, así como los diferentes elementos del delito de negociación incompatible. El principal objetivo de este trabajo es delimitar de forma clara las irregularidades administrativas de los ilícitos penales, para así, en el marco de los principios rectores del Derecho Penal, respetar siempre la ultimo ratio del mismo, pretender que este se utilice como un recurso final cuando las otras ramas del derecho no puedan resolver la situación de manera adecuada. Así, el informe pretende proporcionar una base sólida para el entendimiento y la aplicación correcta de la ley en casos de negociación incompatible, contribuyendo al fortalecimiento del sistema legal y la justicia en situaciones de corrupción pública.

El trabajo sobre la Casación N° 1494-2019/Cusco se centra en el desarrollo de las notas característica referidas al delito de negociación incompatible. Para que, abordándolo como un ilícito que protege los intereses estatales en el desempeño objetivo de los funcionarios y servidores durante cualquier proceso deliberativo, sea catalogado como un tipo penal que de acuerdo al grado de su lesión es de peligro abstracto. Por tanto, las conductas orientadas a priorizar un intereés indebido que debe entenderse en términos latos, no exige necesariamente el despligue de acciones para el logro de un resultado. En atención a lo cual, concluir que, en salvaguarda de los propósitos de la Administración pública, toda conducta conscientemente peligrosa que atente el bien jurídico que cautele el tipo de negociación incompatible es susceptible de merecer reproche penal, sin dejar de observar el resarcimiento del daño. Siendo el objetivo principal precisar el alcance de las conductas sancionables, la doctrina especilazada y jurisprudencia nacional sobre la materia sustantiva y procesal, guiarán el análisis en la clarificación del bien jurídico protegido, definición del interes indebido y el elemento subjetivo diferente al dolo, así como la justificación de la reparación civil; contribuyendo a proporcionar un marco más claro para la aplicación cada vez mas acorde de la ley penal. / The Cassation N° 1494-2019/Cusco focuses on the development of the characteristic notes referring to the corruption offense of Incompatible negotiation. So that, addressing it as an offense that protects the state interests in the objective performance of officials and servants during any deliberative process, it is classified as a criminal type that according to the degree of its injury is of abstract danger. Therefore, behaviors aimed at prioritizing an undue interest that must be understood in broad terms, do not necessarily require the deployment of actions to achieve a result. In response to which, to conclude that, in safeguarding the purposes of the Public Administration, any consciously dangerous conduct that violates the legal good that safeguards the type of incompatible negotiation is likely to deserve criminal reproach, without Stop observing the compensation of the damage. Being the main objective to specify the scope of the punishable behaviors, the specialized doctrine and national jurisprudence on the substantive and procedural matter, will guide the analysis in the clarification of the protected egal good, definition of the undue interest and the subjective element different from deceit, as well as the justification of civil reparation; contributing to provide a clearer framework for the increasingly consistent application of the criminal law.

La presente tesis busca mostrar que la configuración del procedimiento relativo a la elección de los altos funcionarios por parte del Congreso de la República es una decisión política, que es expresión de un determinado statu quo político. A partir del análisis de la génesis, transformación y crisis de diversas doctrinas jurídicas que permiten en mayor o menor medida el control constitucional de los actos del Parlamento, se concluye que estas son expresión de los cambios en la correlación de fuerzas políticas en un momento determinado. En ese contexto, la jurisprudencia más reciente del Tribunal Constitucional peruano ha indicado, sobre la base de la doctrina de los interna corporis acta, que sí existen zonas exentas de control constitucional en el ordenamiento jurídico. La tesis concluye señalando que dicha doctrina sólo podría ser aplicable en el Perú en su versión débil o lata, debido a la supervivencia de doctrinas que postulan precisamente lo contrario, al debilitamiento de su capacidad de rendimiento al no haber superado las críticas desde el siglo XX, y a la peculiar realidad institucional peruana. / This thesis aims to show that the constitutional configuration of the high officials’ election procedure is a matter of political decision, which expresses a certain political statu quo. The analysis of the origin, transformation and crisis of the various legal theories that allow different intensities of constitutional control over parliamentary acts suggests that all of them are the consequence of a particular balance of power. In this context the most recent sentence of the peruvian Constitutional Court in that regard stated, based on the interna corporis acta doctrine, that there are some areas excluded from the constitutional control by judiciary. However, this thesis concludes that the doctrine mentioned may only be applied in Perú in tis soft version, due to the survival of the doctrines that state just the opposite, due to the weakening of its performance capacity for not having overcome the criticism, and due to the features of the peruvian institutional reality.

Como punto de partida, se menciona al arbitraje como concepto, su naturaleza jurídica, los principios que les rodea y su vinculación con el orden público. Aquí aparece, una de sus características fundamentales: la confidencialidad que, por ser privada, busca resguardar el prestigio y/o reputación de las partes y de los árbitros. Más adelante, se aborda el objetivo de esta tesis; describir y discutir una realidad jurídica en el arbitraje bajo las normas de contrataciones del Estado, las cuales cuentan con dos elementos propios del sector público: (i) el interés público y (ii) el principio de transparencia abarca, entre otros aspectos, el derecho fundamental a obtener la información. En ese escenario, la confidencialidad se confronta con el interés público en esta clase de arbitrajes. Así, podemos observar que, a nivel normativo, se presenta lo siguiente:  En la ley de arbitraje, está regulada la confidencialidad y ésta se aplica supletoriamente en las normas de contrataciones con el Estado.  Si una de las partes esel Estado, debe primar el interés público y el buen uso delos recursos públicos; advirtiéndose que la Ley de Arbitraje es aplicables para ambas situaciones. Sin embargo, entre particulares no es obligatoria la transparencia. Esta tensión normativa hizo que estos arbitrajes fuesen un potencial factor creador de espacios de corrupción, lo que implica considerar la posibilidad de crear un marco normativo independiente de arbitraje estatal que pueda armonizar a la confidencialidadcon el interés público y el principio de transparencia bajo las normas de contrataciones del Estado. / As a starting point, arbitration is mentioned as a concept, its legal nature, the principles surrounding it and its relationship with public order. Here appears one of its fundamental characteristics: confidentiality, which, due to its private nature, seeks to protect the reputation of the parties and the arbitrators. Further on, the objective of this thesis is addressed: to describe and discuss a legal reality in arbitration under the rules of State contracting, which have two elements typical of the public sector: (i) the public interest and (ii) the principle of transparency, which even contains access to information as a fundamental right. However, at present, confidentiality is confronted with the public interest. Thus, we can observe that, at the regulatory level, the following is present: -The confidentiality contained in the arbitration law applies supplementarily in the rules of contracting with the State. -Between private parties, transparency is not mandatory. On the other hand, if one of the parties is the State, concepts such as the public interest and the adequate use of public resources must prevail; it should be noted that the arbitration law is applicable to both situations. This regulatory tension has made these arbitrations a potential factor creating spaces for corruption, which implies considering the possibility of creating an independent regulatory framework for state arbitration that can harmonize confidentiality with the public interest and the principle of transparency under the rules of state contracting.

Al encontrarnos en un contexto en donde la mayoría de autoridades regionales electas ha visto dificultada su permanencia en el cargo, César Álvarez aparece como una figura que puede ser vista como un caso interesante de estabilidad. Ello puede evidenciarse a partir de los dos periodos de gobierno en los cuales fue electo (2006-2013), a pesar de haber estado involucrado en posibles prácticas de corrupción, mafia y sicariato. En ese sentido, la presente tesis plantea que César Álvarez pudo mantenerse gracias a tres factores. El primero de ellos se relaciona al tipo de prácticas autoritarias que su gobierno reprodujo como forma sistemática de hacer política. En segundo lugar, el desarrollo de redes clientelares y de patronazgo fortalecieron los nexos que estableció con la ciudadanía; asimismo, le sirvió de blindaje ante cualquier acto de fiscalización. Por último, el gasto público en gran parte producto del canon minero, hizo que Álvarez se demuestre como una autoridad eficiente / Tesis