La presente investigación pretende indagar en el concepto y características del concepto de justicia constitucional dialógica, sobre la base de un estudio de las repuestas del legislador a las sentencias del Tribunal Constitucional en las que, interpretando el artículo 173 de la Constitución, define el delito de función militar y policial. Actualmente, la idea de Estado Constitucional ampliamente aceptada en nuestro medio se asienta sobre la base de que la última palabra sobre asuntos de constitucionalidad la tienen las más altas instancias jurisdiccionales. En el caso del Perú, el Tribunal Constitucional. Las teorías dialógicas proponen quitarle la última palabra en materia de constitucionalidad al Tribunal Constitucional, toda vez que entienden que la interpretación constitucional es un proceso sostenido en el tiempo en el que participan en plena igualdad varios actores (jueces, legislador el gobierno, el pueblo). Se ha entendido que una manifestación de esta visión de la justicia constitucional permite al legislador emitir una normativa igual a la anteriormente declarada inconstitucional. En el Perú, aunque formalmente se podría entender que la última palabra en materia constitucional la ostenta el Tribunal Constitucional, ha habido varios casos de insistencia legislativa respecto de leyes declaradas inconstitucionales. En el presente trabajo se analizan las respuestas legislativas en materia de definición delito de función militar y se advierte que no cumplen con los estándares de la justicia dialógica.

En el presente artículo, el autor señala y describe las limitaciones burocráticas que afectan la labor de detección de irregularidades administrativas en las entidades estatales. Así, para el autor, el entendimiento de las limitaciones burocráticas es fundamental para poder comprender cómo ha operado el Órgano de Control Interno de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 2 del Ministerio de Educación en la detección de irregularidades en los procesos de adquisición de bienes y servicios entre los años 2008 y el 2012. Ello conlleva, luego del análisis exhaustivo de nuestro estudio, a demostrar la falta de implementación de una política pública de control de recursos. / In this article, the author highlights and describes the bureaucratic limitations that affect the work of detecting administrative irregularities in public entities. Thus, for the author, the understanding of red tape limitations is fundamental in order to understand how the Internal Control Office of the Local Education Authority No. 2 of the Peruvian State Department of Education has operated in the detection of irregularities in the procurement of goods and services between the years 2008 and 2012. This seeks, after the exhaustive analysis of our study, to demonstrate the lack of implementation of a Public Policy regarding resource control. / Trabajo de investigación

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar los diversos supuestos que se generan en relación con la entrega de viáticos a funcionarios y servidores públicos, y sus consecuencias; es decir, si cabe la posibilidad de imputar responsabilidad penal al sujeto por la comisión del delito de peculado cuando realiza un inadecuado manejo de los caudales o efectos públicos o, por el contrario, nos encontramos frente a una infracción administrativa que debe ser canalizada al derecho administrativo disciplinario. Es decir, lo que intentamos es analizar de manera general la administración pública y la finalidad que tiene para con los administrados, esto nos ayudará a comprender que el fin prestacional que cumple la Administración es importante a la hora de evaluar la posible comisión de un delito, pues recordemos que son los funcionarios y servidores del Estado los que tienen el manejo inmediato de los fondos públicos que son, finalmente, destinados al servicio de la comunidad. Sin embargo, somos conscientes que el fin prestacional no puede ser el único elemento diferenciador a la hora de distinguir un ilícito penal de una infracción administrativa. Es por esto que, postulamos tres etapas en las que se desenvuelven los funcionarios y servidores públicos; el primero, en el ámbito de la ética que es intrínseca a cada individuo, pero que pueden ser materializados, por ejemplo a través del Código de Ética de la Función Pública, Ley N° 27815. Un peldaño más arriba, tenemos las normas sobre el derecho administrativo disciplinario que las podemos encontrar en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Por último, siendo el mecanismo de intervención que debe ser activado solo cuando la vulneración al bien jurídico sea grave e insoportable, y los demás mecanismos de intervención no sean idóneos para proteger el bien jurídico, nos encontramos ante el derecho penal. Pero el problema no queda ahí, buscaremos diferenciar un ilícito penal y una infracción administrativa; ya que, esto es importante a la hora de analizar y dar una solución a nuestro trabajo.

En el presente informe jurídico se busca determinar el tipo de consumación que se produce en el delito de Enriquecimiento ilícito, así como la posible atribución de responsabilidad penal a los terceros (extranei) que intervengan y colaboren con la realización del ilícito. Sumado a ello, se analizará la figura jurídica del acuerdo previo o pactum sceleris y las implicancias que el mismo pueda tener en la atribución de la responsabilidad penal a los acordantes. Es así que se hará uso del método de investigación en base a la doctrina existente y los pronunciamientos jurisprudenciales que resulten relevantes. En ese sentido, se demostrará que, según los hechos narrados en el recurso sub examine (Recurso de Nulidad N° 2976-2004-Lima), la Corte Suprema debió optar por atribuir responsabilidad penal a la esposa e hijas de un ex General del Ejército Peruano (funcionario público). Ello en cuanto se está ante un delito residual, comisivo de consumación permanente y, las extranei, mediante el despliegue de diversas acciones y transacciones financieras (complicidad material y psíquica), colaboraron en la realización del delito de Enriquecimiento ilícito, aunado a que también se habría incurrido en la realización, en conjunto con el funcionario público, de un acuerdo previo o pactum sceleris

En el presente trabajo se busca abordar el derecho de huelga a partir, en primer lugar, de su tratamiento como derecho fundamental y señalando su contenido esencial y, posteriormente, desarrollando brevemente los antecedentes históricos de la huelga en el Perú y el modelo normativo que nos rige. Asimismo, como parte de un marco teórico previo, señalaremos los principales aportes jurisprudenciales al derecho de huelga, así como sus principales limitaciones. En una segunda parte, identificaremos ciertas diferencias del derecho de huelga en el Texto Único de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y en la Ley del Servicio Civil. Por otra parte, ubicaremos las principales limitaciones del ejercicio del derecho de huelga de los servidores públicos. Finalmente, en esta parte analizaremos el derecho de huelga en la Ley del Servicio Civil, foco de atención de nuestro trabajo. Finalmente, este desarrollo, nos permitirá esbozar las principales propuestas del marco normativo del derecho de huelga en el sector público, precisando los supuestos que no están acorde con el contenido esencial del derecho de huelga. Asimismo, como complemento de esta normativa, nos permitiremos esbozar las respuestas a los requerimientos de la OIT.

El delito de colusión ha tomado mayor importancia en los recientes años debido a la cantidad de procedimientos de contratación pública que el Estado es capaz de suscribir. No obstante, aun existe cierta discusión o confusión en referencia a sus elementos y el bien jurídico que busca proteger, logrando que exista diversos tipos de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, algunos más polémicos que otros. Un ejemplo de ello, es el Recurso de Nulidad N° 341-2015, el cual plantea una concepción del delito de colusión restrictiva respecto a sus elementos. En el presente trabajo, realizamos un análisis de la resolución en mención. De esta manera, hemos identificado tres problemas jurídicos: i) el concepto de funcionario público para el cargo de Consejero de OSIPTEL; ii) la connotación del elemento “defrauda”; y, iii) el significado del contexto contractual requerido para el delito de colusión. Así, pues, mediante una revisión de la doctrina y jurisprudencia nacional, así como del análisis de tratados suscritos por el Estado en materia de lucha contra la corrupción, hemos logrado responder los problemas anteriormente señalados, obteniendo un resultado diferente a lo expresado en la resolución. Esto toda vez que, partimos del entendimiento que el bien jurídico de este delito es la imparcialidad del funcionario público, con lo cual no se requiere un perjuicio patrimonial al Estado, que el contexto contractual debe aplicar a todas las fases del procedimiento de contratación y, también, que el cargo de consejero cumple con los requisitos para ser considerado un funcionario público. / The crime of collusion has become more important in recent years due to the number of public procurement procedures that the State is capable of underwriting. However, there is still some discussion or confusion regarding its elements and the legal asset that it seeks to protect, resulting in various types of jurisprudential pronouncements in this regard, some more controversial than others. An example of this is the Appeal for Annulment No. 341-2015, which raises a restrictive conception of the crime of collusion with respect to its elements. In the present work, we carry out an analysis of the resolution in question. Thus, we have identified three legal problems: i) the concept of a public official for the position of Director of OSIPTEL; ii) the connotation of the element “defraud”; and, iii) the meaning of the contractual context required for the crime of collusion. Thus, through a review of the national doctrine and jurisprudence, as well as the analysis of treaties signed by the State in the fight against corruption, we have managed to answer the aforementioned problems, obtaining a different result than that expressed in the resolution. This since, we start from the understanding that the legal right of this crime is the impartiality of the public official, which does not require a patrimonial damage to the State, that the contractual context must apply to all phases of the contracting procedure and, also, that the position of director meets the requirements to be considered a public official.

La tesis aborda los ciclos de diseño, implementación y evaluación de los compromisos de gestión escolar, como instrumento de política pública, entre los años 2015-2017. Las aproximaciones académicas sobre gestión escolar en Latinoamérica y Perú son escasas. En Latinoamérica, el principal aporte se da en el marco del convenio Andrés Bello, que indica que los factores de eficacia escolar están relacionados a que las escuelas tengan por misión el logro de los aprendizajes, a la participación de la comunidad educativa, al incentivo del debate pedagógico; a un buen clima escolar y que los docentes se sientan comprometidos con la institución educativa (Murillo, 2007). En Perú, destaca el estudio de factores asociados a calidad educativa de Liliana Miranda (2008), la comparación sobre gestión escolar en colegios públicos y privados (Miranda, 2008); el estudio sobre la implementación de los enfoques de autonomía e instrumentos de gestión escolar en un grupo de instituciones educativas (Cuglievan y Rojas, 2008) y el estudio sobre liderazgo directivo (Freire y Miranda, 2014). El objetivo de la investigación fue conocer las dinámicas de implementación de los compromisos de gestión escolar, como instrumento de política pública entre los años 2015- 2017 y los objetivos específicos fueron tres. El primero, orientado a describir las características de los compromisos de gestión escolar durante los años 2015-2017, el segundo encaminado a explicar su proceso de implementación por parte del Ministerio de Educación durante los años 2015- 2017 y el tercero, que buscó describir su proceso de evaluación durante el mismo período. La metodología del estudio fue cualitativa, y se usó dos técnicas de investigación. La primera que consistió en revisión documentaria, mediante la cual se analizó documentos normativos y técnicos asociados al desarrollo de los compromisos de gestión escolar. La segunda técnica fue entrevistas semiestructuradas a diecisiete funcionarios y especialistas del Ministerio de Educación que participaron del diseño, implementación y evaluación de los compromisos de gestión escolar entre el 2015-2017. La investigación aporta al vacío de conocimiento sobre implementación de instrumentos de políticas públicas de gestión escolar en Perú, tema sobre el que no existe bibliografía académica. El estudio concluye que los compromisos de gestión escolar fueron modificándose continuamente entre el 2015-2017. El Ministerio de Educación asumió la tarea de implementarlo, pese a que, de acuerdo a ley, su rol es de carácter normativo y no implementador. Finalmente, no se cuenta con reportes consolidados de avance en la implementación de los compromisos de gestión escolar, pues no se montó un aparato articulado que permitiera medirlos y cuando se intentó hacerlo en el 2017, no pudo culminarse

El presente informe analiza la Casación Nº 231-2017 Puno, emitida por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, el 14 de setiembre de 2017. La casación resuelve el proceso seguido en contra de Bernardo Natividad Meza Alvarez, ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Melgar, Helard Huamán Maman, Jose Haytara Carreón, y Jose Domingo Choquehuanca, por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado – Municipalidad Provincial de Melgar y en ilegítimo favor de la Empresa Alabama S.A. al haberse interesado directa e indebidamente en el Proceso Exonerado 001-2010-MPM-A. En la decisión adoptada, la sala resuelve declarar la absolución de los procesados. Para lo cual sustenta su casación en una serie de fundamentos entre los cuales resalta la determinación del patrimonio como bien jurídico protegido en el delito de negociación incompatible. Asimismo, la sala estableció que el interés en provecho propio o de terceros, se expresa a través de la afectación patrimonial, en sintonía con ello, el delito de negociación incompatible sería un delito de peligro concreto dado que no se habría acreditado mediante pericia alguna el peligro real e inminente para el patrimonio. En el presente informe se sostiene que el bien jurídico protegido en el delito de negociación incompatible no es el patrimonio, sino es la imparcialidad y objetividad en el ejercicio de la función pública (bien jurídico especifico) y el correcto funcionamiento de la administración pública (bien jurídico genérico), los cuales son afectados a través del actuar interesado del funcionario público y no a través de la acreditación de un daño patrimonial. Asimismo, argumentamos que nos encontramos frente a un delito de peligro abstracto y no de peligro concreto, conforme lo aseverado por la Corte Suprema, por lo que la absolución de los imputados sería desacertada

El servicio de identificación y documentación brindado a las comunidades nativas de la Amazonía peruana ha incorporado en los últimos diez años la oferta móvil como una estrategia para facilitar el acceso de estos ciudadanos a su documento de identidad. Frente a las distancias entre el diseño y la implementación de la política que guía el referido servicio, los burócratas de la calle (registradores) se ven desafiados a desarrollar diversas estrategias para alcanzar el propósito de ésta política. El objetivo de la investigación es comprender la contribución de las estrategias desarrolladas por los registradores itinerantes para garantizar el derecho a la identidad de los miembros de las comunidades nativas de Loreto durante el 2015-2016. A partir del análisis retrospectivo como método cualitativo, se identifica la brecha existente entre el diseño y la implementación de la política de identificación y documentación. Esta brecha limita la posibilidad de recuperar las estrategias desarrolladas a partir de la discrecionalidad que ejercen los burócratas de la calle. Por ejemplo, las redes informales de alianzas estratégicas para hacer efectivo este servicio, la pertinencia cultural para relacionarse con la ciudadanía, así como la gestión de los problemas operacionales que surgen. De esta manera, se explica que el nivel de influencia que ellos ejercen sobre la ciudadanía es determinante para la implementación de la política, ocupando muchas veces un rol de fixers, dispuestos a intervenir ahí donde ocurre algún percance que pueda afectar los resultados y sentido que se persiguen, generando así una tipología de gestión en función a los problemas enfrentados. El valor de las estrategias sorteadas por los burócratas de la calle permite evidenciar la necesidad de corregir falencias en el diseño de la política que salen a la luz en el proceso de implementación, particularmente cuando ésta se aplica en contextos culturalmente diversos. / The identification and documentation service provided to the native communities of the Peruvian Amazon has incorporated the mobile offer in the last ten years as a strategy to facilitate the access of these citizens to their identity document. Due to de differences between the design and the implementation of this service, street bureaucrats (registrars) are challenged to develop various strategies to achieve the purpose of this policy. The intention of this research is to understand the contribution of the strategies developed by the itinerant registrars to guarantee the right to identity of the members of the native communities of Loreto during 2015-2016. Based on a qualitative “backward mapping”, a gap between the design and implementation of the policy is identified. This gap limits the possibility of recovering the strategies developed by street bureaucrats that own great discretionary powers. For example, the informal networks of strategic alliances to make this service effective, the cultural relevance for the relationship with the citizenship, as well as the management of the operational problems that arise in the field. In this way, it is explained that the level of influence they exert on the citizenship is vital for the implementation of the policy, often assuming a role of fixers, willing to intervene where a mishap occurs that may affect the results and meaning that are pursued, thus devolving a management typology according to the faced problems. The value of the strategies implemented by street bureaucrats makes possible to highlight the need to correct flaws that become evident in the implementation process, particularly when it is applied in cultural diverse contexts.

En la actualidad los servicios públicos experimentan cambios como consecuencia de, por un lado, los avances de las tecnologías de información y comunicaciones y, de otro lado, el incremento de las expectativas de la ciudadanía y la escasez de recursos para atenderlas. En este contexto, el empleo público futuro tendrá diferencias sustantivas con respecto al actual, ante lo que es necesario plantear alternativas que mitiguen los riesgos en la calidad de los servicios públicos ofrecidos. A través de la revisión de literatura y opinión de expertos, se busca responder las inquietudes sobre cómo serán las organizaciones y servicios públicos del futuro de acuerdo con las nuevas demandas y características de la sociedad, y cómo tendrán que responder ante ello los servidores públicos en términos de conocimientos, habilidades y actitudes; el horizonte de análisis se extiende hasta el año 2030 y se contextualiza en el Perú. Los resultados de la investigación muestran que, en general, la ciudadanía en el Perú exigirá servicios cada vez más efectivos, pero que impliquen el menor contacto y tiempo de dedicación posible, lo que implicará la reducción de la dimensión del aparato burocrático, a la vez que su especialización y automatización. Los servidores públicos deberán tener conocimientos técnicos cada vez más especializados, pero las habilidades humanas y la ética seguirán siendo fundamentales. De otro lado, al interior de las organizaciones públicas, las nociones de jerarquía variarán, estableciéndose una dinámica horizontal de trabajo con liderazgo extendido, lo que colisionará con las estructuras piramidales y burocráticas, mayoritarias en la actualidad en la realidad del sector público peruano. Estos elementos implicarán cambios a ser abordados desde la perspectiva de la práctica organizacional, pero también desde la de la decisión política, pues resultará necesario fortalecer e impulsar reformas para modernizar la administración pública. Asimismo, serán necesarios cambios a nivel de innovación y desarrollo de capacidades de aprendizaje y adaptación, y de estrategias para hacer atractiva la oferta laboral pública en un contexto social que castiga la función pública en beneficio del ámbito privado.