En el presente trabajo se busca abordar el derecho de huelga a partir, en primer lugar, de su tratamiento como derecho fundamental y señalando su contenido esencial y, posteriormente, desarrollando brevemente los antecedentes históricos de la huelga en el Perú y el modelo normativo que nos rige. Asimismo, como parte de un marco teórico previo, señalaremos los principales aportes jurisprudenciales al derecho de huelga, así como sus principales limitaciones. En una segunda parte, identificaremos ciertas diferencias del derecho de huelga en el Texto Único de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y en la Ley del Servicio Civil. Por otra parte, ubicaremos las principales limitaciones del ejercicio del derecho de huelga de los servidores públicos. Finalmente, en esta parte analizaremos el derecho de huelga en la Ley del Servicio Civil, foco de atención de nuestro trabajo. Finalmente, este desarrollo, nos permitirá esbozar las principales propuestas del marco normativo del derecho de huelga en el sector público, precisando los supuestos que no están acorde con el contenido esencial del derecho de huelga. Asimismo, como complemento de esta normativa, nos permitiremos esbozar las respuestas a los requerimientos de la OIT. / Tesis

El servicio de identificación y documentación brindado a las comunidades nativas de la Amazonía peruana ha incorporado en los últimos diez años la oferta móvil como una estrategia para facilitar el acceso de estos ciudadanos a su documento de identidad. Frente a las distancias entre el diseño y la implementación de la política que guía el referido servicio, los burócratas de la calle (registradores) se ven desafiados a desarrollar diversas estrategias para alcanzar el propósito de ésta política. El objetivo de la investigación es comprender la contribución de las estrategias desarrolladas por los registradores itinerantes para garantizar el derecho a la identidad de los miembros de las comunidades nativas de Loreto durante el 2015-2016. A partir del análisis retrospectivo como método cualitativo, se identifica la brecha existente entre el diseño y la implementación de la política de identificación y documentación. Esta brecha limita la posibilidad de recuperar las estrategias desarrolladas a partir de la discrecionalidad que ejercen los burócratas de la calle. Por ejemplo, las redes informales de alianzas estratégicas para hacer efectivo este servicio, la pertinencia cultural para relacionarse con la ciudadanía, así como la gestión de los problemas operacionales que surgen. De esta manera, se explica que el nivel de influencia que ellos ejercen sobre la ciudadanía es determinante para la implementación de la política, ocupando muchas veces un rol de fixers, dispuestos a intervenir ahí donde ocurre algún percance que pueda afectar los resultados y sentido que se persiguen, generando así una tipología de gestión en función a los problemas enfrentados. El valor de las estrategias sorteadas por los burócratas de la calle permite evidenciar la necesidad de corregir falencias en el diseño de la política que salen a la luz en el proceso de implementación, particularmente cuando ésta se aplica en contextos culturalmente diversos. / The identification and documentation service provided to the native communities of the Peruvian Amazon has incorporated the mobile offer in the last ten years as a strategy to facilitate the access of these citizens to their identity document. Due to de differences between the design and the implementation of this service, street bureaucrats (registrars) are challenged to develop various strategies to achieve the purpose of this policy. The intention of this research is to understand the contribution of the strategies developed by the itinerant registrars to guarantee the right to identity of the members of the native communities of Loreto during 2015-2016. Based on a qualitative “backward mapping”, a gap between the design and implementation of the policy is identified. This gap limits the possibility of recovering the strategies developed by street bureaucrats that own great discretionary powers. For example, the informal networks of strategic alliances to make this service effective, the cultural relevance for the relationship with the citizenship, as well as the management of the operational problems that arise in the field. In this way, it is explained that the level of influence they exert on the citizenship is vital for the implementation of the policy, often assuming a role of fixers, willing to intervene where a mishap occurs that may affect the results and meaning that are pursued, thus devolving a management typology according to the faced problems. The value of the strategies implemented by street bureaucrats makes possible to highlight the need to correct flaws that become evident in the implementation process, particularly when it is applied in cultural diverse contexts. / Tesis

La tesis aborda los ciclos de diseño, implementación y evaluación de los compromisos de gestión escolar, como instrumento de política pública, entre los años 2015-2017. Las aproximaciones académicas sobre gestión escolar en Latinoamérica y Perú son escasas. En Latinoamérica, el principal aporte se da en el marco del convenio Andrés Bello, que indica que los factores de eficacia escolar están relacionados a que las escuelas tengan por misión el logro de los aprendizajes, a la participación de la comunidad educativa, al incentivo del debate pedagógico; a un buen clima escolar y que los docentes se sientan comprometidos con la institución educativa (Murillo, 2007). En Perú, destaca el estudio de factores asociados a calidad educativa de Liliana Miranda (2008), la comparación sobre gestión escolar en colegios públicos y privados (Miranda, 2008); el estudio sobre la implementación de los enfoques de autonomía e instrumentos de gestión escolar en un grupo de instituciones educativas (Cuglievan y Rojas, 2008) y el estudio sobre liderazgo directivo (Freire y Miranda, 2014). El objetivo de la investigación fue conocer las dinámicas de implementación de los compromisos de gestión escolar, como instrumento de política pública entre los años 2015- 2017 y los objetivos específicos fueron tres. El primero, orientado a describir las características de los compromisos de gestión escolar durante los años 2015-2017, el segundo encaminado a explicar su proceso de implementación por parte del Ministerio de Educación durante los años 2015- 2017 y el tercero, que buscó describir su proceso de evaluación durante el mismo período. La metodología del estudio fue cualitativa, y se usó dos técnicas de investigación. La primera que consistió en revisión documentaria, mediante la cual se analizó documentos normativos y técnicos asociados al desarrollo de los compromisos de gestión escolar. La segunda técnica fue entrevistas semiestructuradas a diecisiete funcionarios y especialistas del Ministerio de Educación que participaron del diseño, implementación y evaluación de los compromisos de gestión escolar entre el 2015-2017. La investigación aporta al vacío de conocimiento sobre implementación de instrumentos de políticas públicas de gestión escolar en Perú, tema sobre el que no existe bibliografía académica. El estudio concluye que los compromisos de gestión escolar fueron modificándose continuamente entre el 2015-2017. El Ministerio de Educación asumió la tarea de implementarlo, pese a que, de acuerdo a ley, su rol es de carácter normativo y no implementador. Finalmente, no se cuenta con reportes consolidados de avance en la implementación de los compromisos de gestión escolar, pues no se montó un aparato articulado que permitiera medirlos y cuando se intentó hacerlo en el 2017, no pudo culminarse / Tesis

Los programas de transferencias monetarias condicionadas son un componente fundamental de las redes de protección social, por lo que se han extendido en los países en desarrollo. La variante peruana de programa de transferencia monetaria condicionada es el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - Juntos, que tiene por finalidad contribuir a la reducción de la pobreza y evitar la transmisión intergeneracional de la misma mediante la entrega de incentivos monetarios para el acceso y uso de servicios de salud y educación. Una figura sin la que no podría pensarse su implementación es el gestor local, burócrata que lleva a cabo buena parte de los procesos del programa, representa al programa frente a las usuarias e instituciones locales, incluso representa al Estado en el territorio y maneja un nivel de discrecionalidad en su labor que le permite moldear la política en la que trabaja. La presente investigación, se propone responder (1) cómo los gestores lidian con la demanda de cumplir una larga lista de tareas y metas burocráticas para el programa; de brindar un servicio polivalente y de calidad; y a la par, interactuar con las usuarias, lo cual les exige un trato personalizado y ciertas habilidades para asumir una serie de situaciones fortuitas. Junto con lo anterior se indaga (2) qué determina la forma en que los gestores usan la discrecionalidad y cómo afecta ésta a la implementación del programa .Tras una revisión teórica y de evidencia y de un trabajo de campo llevado a cabo en Lima y Cajamarca, la presente muestra que los gestores locales simplifican procesos operativos, estandarizan y controlan a las usuarias y sus hogares. Además, muestra que éstos operan con un nivel alto de discrecionalidad; que puede explicarse por factores organizacionales, factores individuales de los propios gestores y factores de las usuarias. Y que la discrecionalidad afecta de distintas formas a la implementación del programa en los lugares en que se realizó el trabajo de campo. / Tesis

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Nuestra Constitución Política de 1993 no obliga a la Administración Pública a establecer un régimen público único para los servidores públicos, facultando así, la coexistencia de un diversidad de regímenes públicos y privados. El análisis e interpretación de la Función Pública y la Carrera Administrativa -como bienes Constitucionalmente protegidos-, nos permite establecer que el régimen Público laboral de la Administración Pública necesita una unificación; siendo que, uno de los objetivos de la Administración es que, toda aquella persona que brinde un servicio al Estado se encuentre sujeto a un régimen uniforme, con la finalidad de iniciar la modernización del servicio público “elemento fundamental para un adecuado funcionamiento de la Administración Pública”1. Este articulo académico tiene por finalidad analizar la Sentencia 002-2010-PI/TC - desde la perspectiva de la Función Pública- con la finalidad de establecer si el Régimen de Contratación Administrativo de Servicios cumplió con la finalidad pública por la cual fue creada.

El derecho a la negociación colectiva es una herramienta valiosa para la mejora de los beneficios laborales con contenido económico y no económico de los trabajadores en general; sin embargo, el desarrollo de dicho derecho en el sector público ha encontrado serias dificultades normativas, principalmente en las leyes de presupuesto que año a año han venido restringiendo su ejercicio en materia remunerativa, línea que también se siguió en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Ahora, con ocasión de la sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante, TC) conocida como “Caso Ley de Presupuesto Público”, en cuyo numeral 2 de su parte resolutiva exhorta al Congreso de la República a aprobar una nueva regulación sobre negociación colectiva para los trabajadores del sector público, es que el presente trabajo pretende establecer, a partir del análisis de legislación comparada y lo señalado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una propuesta normativa que resulte conforme al deber de fomento por parte del Estado del referido derecho fundamental, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2 del artículo 28 de nuestra Constitución Política.

Quienes ejercen el servicio público tienen el deber de velar por la integridad de sus decisiones y por garantizar la defensa del interés general. Este principio natural de toda actividad pública, se hace mucho más presente para aquellos sectores de alto riesgo, como salud, específicamente, para aquellos actores relacionados con la compra pública de medicamentos. ¿Qué herramientas tienen los funcionarios públicos para cumplir su función libre de un conflicto de intereses? ¿cómo lo identifican? ¿a quién pueden acudir en caso tengan una duda de carácter ético o moral? ¿qué hace el Estado por prevenir situaciones de conflicto de intereses en la compra pública de medicamentos? ¿la regulación vigente es suficiente? Son solo algunas de las interrogantes que se presentan. Con el propósito de contribuir a dilucidar una alternativa de solución, esta tesis propone una restructuración de la infraestructura institucional a cargo de la ética e integridad pública. Esto a partir de la aplicación de una serie de buenas prácticas de prevención y gestión adecuada de los conflictos de intereses al interior de las entidades vinculadas a la compra, enfocadas en el funcionario o servidor público. Arribo a esta conclusión, después de haber revisado los aspectos teóricos de diversos autores, la experiencia en otros países, así como del análisis práctico de una encuesta realizada a los funcionarios y servidores públicos del Perú vinculados a la compra pública de medicamentos. La propuesta permitirá una efectiva mitigación de riesgos de corrupción, así como una herramienta de medición periódica de quienes toman decisiones en el sector materia de la investigación.

La corrupción es uno de los principales flagelos de nuestro país, que debilita la institucionalidad y afecta la credibilidad en el sistema político democrático, generando desinterés y decepción en la población. Y en los últimos años, este fenómeno que aqueja a la sociedad, se ha presentado continuamente en los gobiernos sub nacionales (regionales y locales), basta con dar un vistazo a los casos más sonados en el ámbito nacional. En ese contexto, este estudio se centró en el Gobierno Regional de Apurímac, específicamente durante el periodo de gestión 2011-2014, al analizar la estructura de redes de corrupción, donde se investigó la vinculación directa e indirecta entre los actores involucrados y la relación con el ex gobernador regional apurimeño, quien actualmente, viene siendo procesado por actos de corrupción. Dentro de la investigación, la pregunta a responder fue ¿Cuál es la estructura de las redes de corrupción en la gestión regional 2011-2014 del Gobierno Regional de Apurímac? La cual implica tres sub preguntas, a fin determinar los vínculos generados entre los actores; comprender las formas de corrupción más comunes y debatir las posibles causas que dieron lugar a la formación de estas redes. Finalmente, si bien los hechos realizados por los actores involucrados pueden ser catalogados como formas de corrupción, nos conlleva a analizar que talvez la estructura organizacional del gobierno regional sea propicia para generar éstas redes, como consecuencia de una débil descentralización y falta de meritocracia para designar funcionarios, lo que es un pasivo para el Estado peruano y un problema para las políticas gubernamentales de lucha contra la corrupción. / Corruption is one of the main scourges of our country, which weakens institutionality and affects credibility in the democratic political system, generating disinterest and disappointment in the population. And in recent years, this phenomenon that afflicts society has been continuously presented in sub-national governments (regional and local), it is enough to take a look at the most popular cases in the national sphere. In this context, the study focused on the Regional Government of Apurimac, specifically during the 2011-2014 management period, when analyzing the structure of corruption networks, where the direct and indirect link between the actors involved and the relationship with the former regional governor of Apurimac, who is currently being prosecuted for acts of corruption, was investigated. Within the investigation, the question to answer was: What is the structure of the corruption networks in the regional management 2011-2014 of the Regional Government of Apurimac? Which involves three sub questions in order to determine the links generated between the actors, understand the most common forms of corruption and discuss the possible causes that led to the formation of these networks. Finally, although the facts carried out by the actors involved can be classified as forms of corruption, it leads us to analyze that perhaps the organizational structure of the regional government is conducive to generate these networks, as a result of weak decentralization and lack of meritocracy to designate public officials, which is a liability for the peruvian State and a problem for government policies to fight against corruption.

En el presente artículo, se aborda la discusión relacionada a la admisión de la participación del extraneus en el delito de negociación incompatible y se sostiene que esta sí es posible en determinados supuestos. Para ello, se realiza previamente una breve revisión sobre los elementos del delito en cuestión, advirtiéndose que el medio comisivo indirecto del mismo constituye un primer acercamiento al tema de atañe a este artículo. Ello, en tanto pone sobre la mesa el escenario en el que el funcionario público competente realiza la conducta delictiva a través de otros sujetos. Posteriormente, se procede a analizar los pronunciamientos de la Corte Suprema y trabajos de la doctrina nacional que estudian el delito de negociación incompatible, encontrándose así lo siguiente: un primer grupo posturas que no descarta expresamente la participación del extraneus en el referido delito, un segundo grupo que no la admite y un tercer grupo, que, admitiéndola, lo hace con determinadas particularidades. Habiendo revisado lo anterior, se formulan respuestas y observaciones a cada una de las objeciones y argumentos contrarios o a favor de la postura del artículo. Finalmente, se presenta una propuesta personal sobre los supuestos en los que es posible admitir tranquilamente la participación en el delito de negociación incompatible: aquellos escenarios en los que el extraneus no es el sujeto con el que el Estado negocio en el marco de un proceso de contratación estatal. / In this article, the discussion related to the admission of the participation of the extraneus in the crime of incompatible negotiation is addressed and it is argued that this is possible in certain cases. To do this, a brief review of the elements of the crime in question is previously carried out, noting that its indirect commission constitutes a first approach to the subject of concern to this article. This, because it puts on the table the scenario in which the competent public official carries out the criminal conduct through other agents. Subsequently, the pronouncements of the Supreme Court and works of the national doctrine that study the crime of incompatible negotiation are analyzed, thus finding the following: a first group of positions that does not expressly rule out the participation of the extraneus in the aforementioned crime, a second group that does not admit it and a third group, that admitting it, does so with certain particularities. Having reviewed the above, responses and observations are made to each of the objections and arguments against or in favor of the position of the article. Finally, a personal proposal is presented on the cases in which it is possible to calmly admit participation in the crime of incompatible negotiation: scenarios in which the extraneus is not the subject with whom the State negotiates within the framework of a process state contracting. / Trabajo académico