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El cambio climático generará impactos tanto en la disponibilidad como en el aprovechamiento del recurso hídrico. Chile es vulnerable a estos impactos y es previsible que esta situación tenga consecuencias negativas tanto para las actividades productivas como para el medio ambiente. Para ello, la gestión hídrica deberá adaptarse a nuevas, inciertas y cambiantes condiciones climáticas. Los impactos serán distintos en cada cuenca e incluso podrán diferir entre zonas al interior de éstas, también variarán según el sector de uso. Esto justifica que los análisis se enfoquen en casos delimitados a una cuenca o sección de ésta y a un sector usuario determinado, y que consideren las proyecciones climáticas, vulnerabilidad, características de aprovechamiento y percepciones de los actores involucrados. De esta forma, el objetivo planteado en el presente estudio es analizar los desafíos de la adaptación en el marco de la gestión hídrica frente al cambio climático, usando como caso de estudio el sector agricultura de riego en la tercera sección de la cuenca del río Maipo, comuna de Melipilla. Se utilizó una metodología de investigación cualitativa con un enfoque exploratorio-analítico, desde la mirada de sistemas complejos, en la cual se distinguen dos etapas. La primera, se alimentó con información secundaria de una revisión bibliográfica y datos primarios de entrevistas indagatorias a expertos. En la segunda fase, se levantó información en un trabajo de campo, con entrevistas semiestructuradas a usuarios de agua y funcionarios públicos. Con estos elementos, se analizó la vulnerabilidad del sector con el fin de identificar barreras existentes para la adaptación. Luego se planteó y evaluó una lista de opciones de adaptación, para finalmente desarrollar en forma tentativa una propuesta de política pública que consideró experiencias comparadas de otros países. El río Maipo es la principal fuente de agua de la región Metropolitana y la gran cantidad de usos no agrícolas presentes lo diferencia de otras cuencas del país. Este hecho, unido al surgimiento de competencias y conflictos entre los diferentes usos y usuarios, complejiza aún más la gestión para el sector riego. En la tercera sección, los principales problemas detectados en las organizaciones de usuarios se asocian a deficiencias en aspectos legales, baja participación interna, pocas capacidades técnicas, insuficiente conocimiento del entorno institucional y legal, infraestructura precaria y contaminación del agua. En esta sección, los derechos de agua dependen de flujos de retorno originados en la parte superior de la cuenca que, según se espera, disminuirán en el futuro. Este inminente problema no está contemplado en el marco legal vigente y no tiene vías claras de solución, algo que se ve agravado por la ausencia de una acción estatal de planificación hídrica. Las opciones de adaptación analizadas están dirigidas a fortalecer las organizaciones de usuarios; crear herramientas de capacitación y sensibilización a los impactos de cambio climático para usuarios y funcionarios públicos; incorporar la adaptación a los instrumentos de fomento y focalizar los fondos destinados a estos objetivos; mejorar canales de información meteorológica, de recomendación de cultivos por temporada y de programas de apoyo estatal; establecer mejoras en las labores de vigilancia, control y resolución de conflictos, y en los instrumentos para enfrentar eventos extremos como sequías; elaborar planes para mejoramiento de la infraestructura y aumento de la seguridad hídrica; perfeccionar los mecanismos de participación de usuarios dentro de sus organizaciones y en el sistema estatal de planificación; y crear una institucionalidad en el ámbito de cuencas con funciones de coordinación interinstitucional, sectorial y de planificación hídrica. La propuesta final de política pública, va orientada a mejorar los mecanismos de representación interna de las organizaciones de usuarios, para generar un entorno legal e institucional que incentive a los titulares de derechos de aprovechamiento a una mayor participación. Esto permitirá mejorar la representatividad de los acuerdos internos y otorgarle una mayor legitimidad a la toma de decisiones que llevan a cabo. Esta propuesta incorpora como criterios regidores, la flexibilidad en las reglas y la autonomía organizacional, pero también resalta el rol planificador insustituible que deberá reformular el Estado.

La resolución Nº 56.032 de año 2011 de la Contraloría General de la República establece que la propuesta de modificación Nº 100 al Plan Regulador Metropolitano de Santiago propuesta por el Gobierno Regional y elaborada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo “no se ajusta al ordenamiento jurídico establecido” . De este pronunciamiento inferimos la obsolescencia del instrumento de proyección, que presenta múltiples debilidades que dificultan la producción, gestión y planificación del área metropolitana. Ante la falta de una Política Pública Nacional de Ciudad y Territorio que enmarque la discusión, el proceso de elaboración y aprobación del instrumento regulador permite rangos de discrecionalidad que vulnera la imparcialidad necesaria para el correcto desarrollo de un proceso de toma de decisiones públicas sobre el crecimiento de las ciudades y el mercado del suelo. Diversos actores corporativos se manifiestan y pugnan por sus intereses particulares, sin que el Estado juegue el rol de arbitraje que garantice el bien común, obstaculizando la gobernanza de la ciudad de Santiago. Es durante el curso de la elaboración y aprobación del instrumento, que el Plan pasa a ser el medio por el cual los actores plantean sus visiones sobre la ciudad, determinando así la producción social y urbana de Santiago como resultado de los conflictos e intereses divergentes en disputa. Desde esta perspectiva, este estudio analizó el proceso de toma de decisiones del Plan Territorial, estableciendo la normativa que lo orienta, identificando los actores relevantes, definiendo los momentos claves del procedimiento aprobatorio, y detallando el contenido de la construcción de las distintas visiones sobre la ciudad de Santiago.

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En el Perú y en general en toda América Latina, la delincuencia ha traído consecuencias negativas a nivel social y económico. Pese a que se han ejecutado políticas de seguridad ciudadana, se evidencia que los diseños de dichas políticas públicas carecen de un real diagnóstico lo que ha generado problemas en su implementación. La presente investigación tiene como objetivo analizar los problemas en la implementación de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro en la zona de Barrios Altos, Cercado de Lima, durante el período 2017 – 2020. Para el análisis se tomará en cuenta la propuesta teórica de Jaime, Dufour, Alessandro y Amaya (2013), que propone analizar los problemas en la implementación a partir de la normativa estructural, el presupuesto, la participación de actores involucrados sean políticos y sociales, la voluntad política y eventos coyunturales; conjuntamente con la mirada de Pardo, Dussauge & Cejudo (2018) que sugiere analizar dicha problemática desde la estructura organizacional, objetivos, recursos, capacidades, actores, intereses y las decisiones tomadas. Finalmente se darán a conocer las oportunidades de mejora. La investigación tiene un enfoque cualitativo y el diseño de la investigación es un estudio de caso. La investigación concluyó que los problemas identificados durante la gestión de la implementación de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro en la zona de Barrios Altos, tienen su origen en la falta de un diagnóstico técnico real al momento de diseñar la estrategia. A partir de ello se evidencian que los objetivos son muy generales y no están aterrizados en planes de trabajos y metas dependiendo de la zona, en este caso Barrios Altos, además que, no se cuenta con un presupuesto. Finalmente, no hay respaldo político a la EMBS, se identifica una alta rotación de personal no especializado. Los dirigentes de las juntas vecinales no observan un trabajo articulado entre los diversos actores y sectores que permita la intervención de los programas sociales y mucho menos de la Policía y Serenazgo. / In Peru and in general throughout Latin America, crime has had negative consequences on a social and economic level. Despite the fact that citizen security policies have been implemented, it is evident that the designs of these public policies lack a real diagnosis, which has generated problems in their implementation. The present research aims to analyze the problems in the implementation of the Safe Neighborhood Multisectoral Strategy in the Barrios Altos area, Cercado de Lima, during the period 2017 - 2020. For the analysis, the theoretical proposal of Jaime, Dufour will be taken into account , Alessandro and Amaya (2013), who propose to analyze the problems in the implementation based on the structural regulations, the budget, the participation of political and social actors involved, the political will and conjunctural events; Together with the gaze of Pardo, Dussauge & Cejudo (2018) that suggests analyzing this problem from the organizational structure, objectives, resources, capacities, actors, interests and the decisions made. Finally, opportunities for improvement will be announced. The research has a qualitative approach and the research design is a case study. The research concluded that the problems identified during the management of the implementation of the Barrio Seguro Multisectoral Strategy in the Barrios Altos area, have their origin in the lack of a real technical diagnosis at the time of designing the strategy. From this it is evident that the objectives are very general and are not grounded in work plans and goals depending on the area, in this case Barrios Altos, in addition, there is no budget. Finally, there is no political support for the EMBS, a high rotation of non-specialized personnel is identified. The leaders of the neighborhood councils do not observe an articulated work between the various actors and sectors that allows the intervention of social programs, much less of the Police and Serenazgo.

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El presente estudio exploró los incentivos colectivos como una opción de política hacia el fomento de la calidad educativa con el objetivo de proponer lineamientos de política para una propuesta de esta naturaleza en Colombia. Para ellos, se analizaron cuatro experiencias internacionales (Chile, El Salvador, y los estados de Florida y Carolina del Norte en EU); más los incentivos para el fomento a la calidad dentro de la institucionalidad actual y la herramienta que podría utilizarse para un programa de esta naturaleza. Las principales lecciones de las experiencias internacionales son: i) Se dan señales más claras cuando los incentivos se vinculan a resultados, aunque no deben descartarse otras variables dadas las limitaciones de las pruebas estandarizadas. ii) Lo más adecuado para evaluar el desempeño es el seguimiento por cohortes. De no ser posible hay que combinar opciones que controlen el efecto del nivel socioeconómico y la variabilidad de resultados; iii) La existencia de sanciones también tiene un impacto positivo; iv) Los programas de incentivos no actúan solos y necesitan articularse a políticas de accountability y de apoyo y asistencia a las escuelas más rezagadas. La propuesta para Colombia pretende reconocer el logro de metas definidas; aportar al fortalecimiento del rol de la institución en la gestión de su proceso educativo y fortalecer la planeación educativa local. Se propone un incentivo mixto, cuyos beneficios lleguen a las instituciones, a sus docentes y directivos, pero que involucre al municipio como unidad de asignación.

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El presente es un Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) elaborado a fin de obtener el Título de Licenciado en Economía, en base a los estándares establecidos por la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP. Hace un recuento general sobre mi experiencia como especialista de seguimiento y gestión de compromisos entre los años 2017 y 2022, desenvuelto en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, entidad responsable a nivel nacional de la gestión y solución de conflictos sociales. El TSP presenta los resultados de la sistematización de los compromisos asumidos por el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, a fin de apaciguar los controversias o conflictos sociales en las zonas aledañas al Corredor Vial Sur, también conocido como Corredor Minero. Tarea de suma importancia a fin de contar con cifras certeras sobre la magnitud del costo total adquirido por el Estado a fin de mantener la paz social en lugares propensos a la conflictividad y estratégicos por ser parte del área de influencia directo o indirectas de grandes yacimientos mineros.